¿Y usted cree tener derechos?

Acceso de las mujeres mexicanas a la justicia

Irma Saucedo González y Lucía Melgar
(coordinadoras)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE GÉNERO
DIRECCÓN GENERAL DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL
MÉXICO, 2020

Este libro fue sometido a un proceso de dictamen externo conforme a los criterios académicos del comité editorial del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Primera edición: 17 de octubre de 2011.

ISBN: 978-607-30-3079-3

D.R. Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigaciones y Estudios de Género
Torre II de Humanidades, 7° piso, Circuito Interior,
Ciudad Universitaria, C.P. 10740, México D.R

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Hecho en México

Prólogo

En México la justicia ha sido en gran medida un campo minado para quienes carecen de poder, relaciones o influencias; para quienes no conocen la ley y sus vericuetos, y para quienes no tienen dinero. Lejos de ser ciega ante las diferencias sociales, de género, etnia y clase, la justicia en México es ciega y sorda ante el dolor humano, la queja, la demanda y las exigencias de derechos que muchas veces están consagrados en leyes ejemplares pero rara vez se cumplen.

Para las mujeres, y en particular para las pobres y o indígenas, el de la justicia es un ámbito peligroso si no es que un campo vedado, un espacio que resulta imposible pisar sin exponerse al maltrato o la expulsión. En efecto, ya sea por la misoginia de la letra jurídica, por la corrupción de las autoridades y encargados del sistema, por la falta de ética y empatia y de perspeaiva sensible al género de los funcionarios (o una combinación de estos factores), el sistema judicial, las leyes, las fuerzas del orden e incluso los discursos políticos constituyen un sistema hostil a las mujeres. Aunque sin duda hay profesionales comprometidos y capaces, en términos generales el sistema de impartición de justicia en México le falla a las mujeres, a los niños y jóvenes, a los pobres y a los indígenas; por no decir a casi todos y todas.

Para el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, donde colaboré de 2007 a 2009, la defensa de los derechos de las mujeres ha sido un asunto prioritario. Como instancia académica comprometida con la sociedad, el PUEG impulsó desde su coordinación de investigación y proyectos académicos la iniciativa de llevar a cabo mesas de discusión y análisis sobre los problemas que conlleva el acceso de las mujeres a la justicia. A lo largo de 2007 y 2008, especialistas en derecho, estudios de género, académicas y diputadas, activistas e investigadores reunidos en foros públicos, analizaron las condiciones generales que enfrentan las mujeres mexicanas cuando tratan de resolver en los tribunales problemas de violencia, divorcio y maltrato. También examinaron algunos casos específicos, como el de la violación de Ernestina Ascensión por militares —presuntamente cerrado—; la violación de trabajadoras sexuales en Castaños, Coahuila —cuya resolución llegó a mejor término gracias a la intervención de diputadas y abogadas comprometidas con la defensa de las mujeres—; asimismo abordaron cuestiones relacionadas con la reivindicación de ciertos derechos básicos imprescindibles, como la libertad de expresión y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.

Este libro tuvo su origen en dos mesas de discusión que se llevaron a cabo en 2007 y en donde participó la mayoría de las autoras aquí reunidas. Agradecemos a nuestras colaboradoras y a nuestro colaborador los textos que prepararon especialmente para esta publicación. Asimismo apreciamos las sugerencias del comité editorial del PUEG que nos impulsaron a incluir reflexiones más amplias acerca del problema que representa el acceso a la justicia en nuestro país. Desde luego, dada la magnitud y la complejidad del tema, quedan huecos por cubrir. Ojalá lo que aportamos aquí y no abarcamos estimule a otras instituciones y a colegas cuyo campo de investigación se vincule con los estudios de género, para ocuparse de manera crítica de las aristas más duras de este problema, cuya severidad se advierte en una cifra: 98% de impunidad afecta a hombres y a mujeres, pues ni el peso de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos basta para convencer al gobierno mexicano de que debe cumplir con su obligación de garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia, y no persistir en su incumplimiento en el caso del Campo Algodonero.

Un libro como éste es producto del trabajo colectivo y de la colaboración comprometida de quienes escriben, revisan y discuten los textos. Para las compiladoras el imaginar y preparar este libro ha sido un valioso proceso de aprendizaje. No podemos negar los momentos de desesperanza e indignación que nos provocó releer estos estudios y percatarnos de que son muchos los casos ya conocidos que aún no se han resuelto. A la vez, confirmamos la necesidad de contribuir desde la academia a la discusión de un problema que nos afecta a todas, y esperamos influir en la revisión de un sistema que re-victimiza en vez de reparar el daño y que, por acción y omisión, perpetúa la injusticia y la desigualdad. Nuestra intención es que estos textos estimulen la reflexión, el debate y el cambio.

Lucía Melgar
Diciembre 2010

Introducción

¿Qué es la justicia para las mujeres en un contexto como el mexicano en el cual se ha transitado de un régimen autoritario a una supuesta democracia, pero con un Estado ausente o corrupto? Es fundamental plantearnos esta pregunta al constatar que en los últimos cuatro años los acontecimientos en el país han mostrado que el actual proceso de descomposición de la sociedad mexicana ha afectado doblemente las luchas por garantizar justicia a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Por un lado, las ha vuelto más difíciles; por otro, más urgentes y necesarias.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un acceso de jure y de facto a recursos judiciales idóneos y efectivos resulta indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres. Lo es también el cumplimiento por parte de los Estados de su obligación de actuar con la debida diligencia frente a esos actos de violencia. El diagnóstico elaborado por la CIDH (2007) revela que en nuestro continente las mujeres víctimas de violencia no logran un acceso expedito, oportuno y efeaivo a los recursos judiciales cuando denuncian los hechos que han sufrido, de ahí que éstos permanezcan impunes y, en consecuencia, los derechos de las mujeres queden desprotegidos.

¿Derechos desprotegidos por quién? El análisis de la CIDH plantea que el concepto de protección se basa en la premisa de que el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos constituye la primera línea de defensa de los derechos básicos que deben ser protegidos por los Estados y cuyos principios vinculantes de igualdad y no discriminación representan el eje central del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los instrumentos vinculantes y aplicables, que incluyen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

Estos instrumentos afirman que es un derecho de las mujeres el acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz que les proporcione las debidas garantías cuando denuncian hechos de violencia, asimismo, que es la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos. Sin embargo, como muestra el diagnóstico continental, a pesar del reconocimiento formal y jurídico de los Estados americanos de que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial que han ofrecido.

Aun cuando se han realizado esfuerzos por adoptar un marco jurídico y político que permita abordar con eficacia la violencia contra las mujeres, en el continente persiste una enorme distancia entre la disponibilidad formal de recursos y su aplicabilidad efectiva: en su mayoría, los casos de violencia contra las mujeres no son investigados, juzgados y sancionados formalmente por los sistemas de administración de justicia. Así, el diagnóstico plantea que en el continente se mantiene un patrón de impunidad sistemática.

Entre los factores que identifica el diagnóstico en el procesamiento judicial de los casos destacan: la escasa utilización del sistema de justicia por las mujeres víctimas de violencia; el maltrato a que se exponen las víctimas y sus familiares al intentar acceder a los recursos judiciales, y una persistente desconfianza de las agredidas respecto a que las instancias judiciales sean capaces de remediar los hechos perpetrados en su contra.

Y no podría ser de otra manera: en lo relativo a la administración de justicia en México, al igual que en otros países el Estado carece de una visión y de una política integral institucionalizada para prevenir, sancionar, investigar y reparar los actos de violencia contra las mujeres. La ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los perpetradores de estos actos también se ve afectada por la existencia de patrones socioculturales discriminatorios, lo que influye en la actuación de los funcionarios en todos los ámbitos de la rama judicial, quienes consideran no prioritarios los casos de violencia contra las mujeres, descalifican a las víctimas, no efectúan pruebas que resultarían clave para la identificación de los responsables, priorizan exclusivamente las pruebas físicas y testimoniales, otorgan poca credibilidad a las aseveraciones de las víctimas y brindan un tratamiento inadecuado a éstas y a sus familiares cuando intentan colaborar en la investigación de los hechos.

Es preciso subrayar que, precisamente por la inseguridad que se vive en el país, la denuncia puede representar un riesgo y en muchos casos la muerte, como lo demuestra el asesinato de Marisela Escobedo. Aun cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) señala la obligatoriedad de facilitar órdenes de protección y medidas cautelares, a las víctimas es casi imposible garantizar su cumplimiento y seguimiento debido a las contradicciones propias del sistema de justicia mexicano y a los recursos con que se cuenta o no para atender este tipo de problemas.

Por ello consideramos que de la aprobación de más leyes puede desprenderse un efecto perverso, ya que la victimización secundaria que pueden sufrir las víctimas al intentar denunciar los hechos perpetrados incluye la falta de medidas y garantías judiciales adecuadas para proteger su dignidad y seguridad y la de los testigos; además del costo económico de los procesos judiciales.

Como se advierte en los capítulos que integran este volumen, los factores que limitan la correcta aplicación de las leyes por las autoridades incluyen aspectos tan variados como: la falta de reglamentaciones y procedimientos claros y programas de capacitación destinados a fomentar la adecuada interpretación y aplicación de las leyes en el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres por los funcionarios públicos, así como la sobrecarga de las instancias encargadas de instrumentar la ley y, por supuesto, la corrupción que existe en el sistema.

Siguiendo la lógica del análisis de la CIDH, la problemática del acceso a la justicia de las mujeres mexicanas puede considerarse un caso paradigmático de la falta de acceso a la justicia en el país, dadas las condiciones de vida, la situación de los derechos, el acceso al bienestar y la implosión que experimentan las instituciones de justicia en México. Como bien plantea Lucía Melgar en su reflexión acerca del feminicidio:

Ciudad Juárez no sería entonces una excepción sino un caso emblemático de las agudas contradicciones entre lo local y lo global, entre la sociedad que todavía apela al estado de derecho y el Estado sometido a las presiones del capitalismo global. Ya sea en el patriarcado nacional o en el neohberalismo, las mujeres —sobre todo las pobres o migrantes— llevan la peor parte (véase el capítulo “¿Ni un poquito de justicia?” en este volumen).

Para pasar del reconocimiento formal de los derechos al disífute real y efectivo de los mismos requiere un conocimiento profimdo del contexto en que se les demanda. A 15 años de la promulgación de la Convención Belem Do Pará, la CIDH plantea que todavía se aceptan en nuestras sociedades la violencia y la discriminación contra las mujeres, y esto refleja en la respuesta y en el tratamiento que los funcionarios de la administración de la justicia y de la policía dan a los casos de violencia. Más aún, afirma que a pesar de la proliferación de programas de capacitación orientados a los funcionarios de la administración de la justicia y de la policía, su efecto ha sido heterogéneo y muchos de ellos carecen de la institucionalización y de los mecanismos de responsabilidad necesarios para lograr cambios sostenibles.

La situación no podría ser distinta si consideramos que el sistema de justicia en el continente, y de manera más especifica en México, ha tenido un lento desarrollo en su capacidad para identificar acciones en contra de las mujeres, debido sobre todo a que hasta hace relativamente poco, ellas no tenían el estatuto de ciudadanas en su propio país. Aun cuando la ciudadanía de las mujeres fue reconocida en México en 1953, el proceso para que el sistema penal diera crédito a su palabra e identificara como delitos las faltas (incluso graves) que se cometen en su contra en los espacios público y privado, ha sido lento y muy problemático.

Los tres elementos que se entrelazan en la posibilidad de las mujeres de acceder a la justicia (ciudadanía de las mujeres, tipificación de actos violentos como delitos y reconocimiento del dicho de las mujeres) representan un complicado entramado de relaciones sociales, de pautas culturales, de problemas estructurales del sistema de procuración de justicia, y de la subjetividad de los operadores.

Michel Foucault, en su libro La verdad y las formas jurídicas (2007), plantea que el principio fundamental del sistema teórico de la ley penal que funda el sistema judicial contemporáneo emerge en la sociedad medieval y tiene como fundamento central la disociación del mandato religioso moral y la concepción de la falta como una ruptura de la ley creada para garantizar el orden social. Así, la separación del sistema religioso de creencias y la elaboración de una ley que defina claramente el crimen son elementos sine qua non para el establecimiento del sistema de justicia.

Este autor señala tres elementos más, que nos pueden ayudar a entender por qué es tan poca la probabilidad de que las leyes relacionadas con la violencia contra las mujeres se conviertan en mecanismos de acceso a la justicia en países como el nuestro. En la base del sistema penal occidental, siguiendo a Foucault, se formulan estos principios: i) la ley penal debe representar lo que es útil para la sociedad; ii) definir como reprimible lo que es nocivo, determinando así negativamente lo que es útil, y iii) derivado de los dos primeros, debe existir una definición clara y simple del crimen.

En conjunto, estos tres principios dejan asentado en el proceso penal que el crimen es algo que daña a la sociedad, que “es una perturbación, una incomodidad para el conjunto de la población”, y que el criminal es el enemigo social. Foucault plantea que “la idea del criminal como enemigo interno, como aquel individuo que rompe el paao que teóricamente había establecido con la sociedad, es una definición nueva y capital en la historia de la teoría del crimen y la penalidad” (Foucault, 2007: 97).

¿Cómo podemos entender este proceso de cara a la irrupción de las mujeres en la arena discursiva de la ley y el castigo?

Los trabajos que se presentan en este volumen nos aproximan a las complejidades inherentes a la inclusión de la voz y el discurso de las mujeres en los ámbitos del sistema penal mexicano. Su lectura nos lleva entre otras preguntas, a formular las siguientes:

¿Se puede considerar que es enemigo interno de la sociedad el elevado número de hombres que cotidianamente ejercen violencia contra las mujeres? De ser así, tendríamos que reconocer que hay algo inherentemente dañino a la sociedad en las relaciones de hombre y mujer que hasta ahora han sido normadas por las sociedades contemporáneas.

Si los crímenes de violencia contra las mujeres han sido correctamente tipificados por la ley, ¿qué impide que el sistema avance en el proceso de garantizar justicia a las mujeres? ¿Sería éste el tema que ejemplifica, en última instancia, la implosión del sistema de justicia mexicano? De ser así, ¿qué lecciones deja al conjunto de la ciudadanía la lucha de las mujeres por obtener justicia en México?

De continuar la situación actual de impunidad en el caso de los crímenes que se cometen en contra de las mujeres no quedaría más camino lógico que reconocer que el aaual sistema de justicia es incapaz de garantizar seguridad a la ciudadanía en general, y a las mujeres en particular.

Por tanto, la discusión tendría que centrarse en un serio cuestionamiento y un amplio debate sobre la democracia posible y la utilidad de un Estado que no ha cumplido con su obligación de proporcionar seguridad a la población. Habría que formular y enfrentar una pregunta clave sobre el tipo de democracia posible en México y en muchos otros países del continente:

¿Sigue siendo útil para la sociedad el contrato social que delega en el Estado el monopolio de la violencia legítima? Para Zygmut Bauman (2008) es importante analizar cómo y por qué el Estado se ha vuelto ineficaz para garantizar seguridad a la ciudadanía. Entre otras razones, porque el miedo que está saturando la existencia humana termina siendo una tentación para muchos políticos que desean explotar su caudal “en apariencia inagotable” para construir un capital político elusivo.

El miedo constituye, posiblemente, el más siniestro de los múltiples demonios que anidan en las sociedades abiertas... La inseguridad y la incertidumbre nacen, a su vez, de la sensación de impotencia... Para empeorar aún más la situación, carecemos de las herramientas que puedan elevar la política hasta el lugar en el que ya se ha instalado el poder, algo que nos permitiría reconquistar y recobrar el control de las fuerzas que conforman nuestra condición compartida, y definir así nuestro abanico de posibilidades y los límites de nuestra libertad de elección; un control que, en el momento presente, se nos ha escapado (o nos ha sido arrebatado) de las manos. El demonio del miedo no será exorcizado hasta que encontremos (o, para ser más exactos, hasta que construyamos) tales herramientas (Bauman, 2008; 42).

Los artículos que conforman este volumen nos incitan a reflexionar sobre algunas de las problemáticas que es preciso confrontar todavía en el México del siglo XXI.

En el primer capítulo Francesa Gargallo nos acerca a un debate inicial sobre las ideas de justicia analizadas en su relación con las mujeres. Para esta autora, la relación que intentan establecer las mujeres con el derecho las ha enfrentado siempre a la brecha que existe entre las expectativas de alcanzar un ideal de justicia que atañe al mundo entero, visto desde su realidad sexuada, y la consuetudinaria exclusión de sus cuerpos, saberes y perspectivas, del diseño de las leyes y las instituciones que deberían garantizarles el acceso a la justicia en su vida diaria.

Esta brecha, esta divergencia entre el deseo y el derecho, demuestra la falacia de un sistema legal que se contradice cuando afirma la igualdad de las mujeres pero promulga leyes de protección especial, o peor aún, cuando la afirmación legal de igualdad de las personas —igualdad asexuada o neutra— organiza un sistema sutil de opresión de aquellas personas que no son portadoras de genitales masculinos y de todos los símbolos, obligaciones y comportamientos a ellos asignados.

En sus aspectos prácticos, la igualdad neutra expone a las mujeres a los mismos peligros de la indefensión y la frustración social que la discriminación, sólo tras haberlas situado en un campo de desconocimiento de sí mismas, para ubicarlas en un mundo pensado, pactado, elaborado desde un único sujeto de ciudadanía, el sujeto masculino, que les otorga el derecho de hacer, estudiar, ser juzgadas lo mismo que él, para imposibilitar que rm posible sujeto político femenino se organice y lo cuestione.

En el segundo capítulo Alma Luz Beltrán plantea que, si bien los derechos fundamentales de las mujeres se han reconocido tanto en la Constitución mexicana como en diversos tratados internacionales que ha ratificado el Estado, existen varios cuellos de botella que impiden hacerlos exigibles. El planteamiento de esta autora parte de que los casos que han presentado las mujeres mexicanas ante las instancias judiciales y que han llegado al conocimiento del máximo tribunal de justicia del país representan un buen termómetro del acceso de las mujeres a la justicia.

Beltrán presenta una radiografía de la situación de los derechos humanos de las mujeres en el país, a través del análisis de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Muestra que aun cuando ellas tienen en la Constitución y en los tratados internacionales el fundamento jurídico para hacer valer sus derechos humanos ante los tribunales nacionales e internacionales, enfrentan obstáculos significativos para acceder a la justicia y obtener una adecuada reparación. Estos escollos se derivan tanto de problemáticas estructurales comunes a la región americana, como de la falta de claridad que caracteriza los estándares de protección normativos en México.

En el tercer capítulo, Lucía Melgar analiza las implicaciones que para la sociedad mexicana representan la impunidad y la falta de justicia. El mínimo de justicia exigible es que los culpables de un crimen sean castigados y el agravio sea reparado; cuando eso no sucede no hay elemental justicia, y sin justicia, ¿qué convivencia es posible? Plantea que en el actual contexto de militarización del país y en el marco de una globalización que favorece la violencia contra las mujeres, el significado del feminicidio en Ciudad Juárez y su ocultamiento representan un caso paradigmático de violencia de género, de misoginia oficial y de negación de justicia para las mujeres y las niñas en particular, que puede interpretarse como un proceso de aprendizaje social de la violencia que antecede a la normalización de la violencia extrema.

La segunda parte del libro, más enfocada en casos particulares, comienza con el texto de Iván González Márquez, quien nos muestra cómo el análisis detallado del caso de violación de Ernestina Ascención devela los vínculos entre la estructura discriminatoria y represiva del Estado mexicano y la impunidad en casos de violencia —y en casos de violencia sexual en particular— contra las mujeres en las zonas indígenas del país. Este análisis no sólo expone un caso de enorme relevancia, sino que también lo explica como elemento de ese sistema del que formamos parte.

El autor muestra que es necesario reconocer que el conflicto indígena es una de las cuestiones que urge resolver en nuestro país y ponerla en primer plano. Así, afirma que “es necesario desmantelar las relaciones de dominación y explotación que constituyen los cimientos de nuestro ordenamiento social [...] y abandonar las prácticas de instrumentalización del otro (cuestión ética fundamental) que sostienen su funcionamiento”.

Se trata de un proceso que sin duda ha de empezar por reconocer que el cambio implicará costos como el de la desestabilización de todo aquello que se ha construido sohre los cimientos de las relaciones asimétricas. Quizá éste sea el muro que impide los cambios que urgen en nuestro país, ya que, como se plantea en el siguiente capítulo, lo que parece generar más miedo en la sociedad es la posibilidad de desestabilización.

Irma Saucedo y Guadalupe Huacuz emprenden una aproximación empírica con la intención de exhibir la complejidad del acceso a la justicia para las mujeres mexicanas y muestran cómo se articulan los elementos del sistema social para fortalecer las estructuras que favorecen la impunidad y dificultan o imposibilitan el acceso a la justicia de las mujeres en los diferentes ámbitos del sistema de procuración de justicia.

En el primer nivel de análisis argumentan que la teoría y la doctrina jurídicas constituyen el modelo epistemológico que sustenta la racionalidad androcéntrica de la práctica jurídica; observan que el manejo de casos de violencia de género muestra la ineptitud y la corrupción que rigen un sistema que para mantener el equilibrio promueve el silencio antes que enfrentar el ruido y el desorden que amenazarían invadir la institución a raíz de la denuncia.

En el segundo nivel vinculan el acceso de las mujeres a la justicia con el tipo de democracia que permitiría su ejercicio de la ciudadanía y su real acceso a la justicia. Finalmente, al explorar las subjetividades de los y las servidoras públicas y su relación con factores como el ejercicio del poder, la ignorancia, la apatía para mejorar los servicios, la obediencia incuestionable a las instituciones del Estado y la corrupción, encuentran que todo ello constituye un complejo entramado que limita, si no impide, la aplicación de la justicia.

Mediante el análisis de un caso de divorcio en el Distrito Federal, María Antonieta Magallón plantea la urgente necesidad de contar con una administración de justicia preventiva, pronta y eficaz en el ámbito de las relaciones familiares que resultan violentas bada las mujeres. Al desmenuzar el largo proceso por el que tiene que pasar una mujer que intenta divorciarse de un hombre violento,1 muestra que la promesa de prevención contenida en la Ley General ha resultado una quimera, pues sus objetivos son inaplicables, dado que no hay una real protección federal a la integridad de las mujeres víctimas de violencia familiar, ni atención, sanción o erradicación de todos los tipos de violencia que suele ejercerce en su contra.

El caso que analiza Magallón muestra que las prevenciones especificadas en La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son declarativas y no concretas y aplicables, aun cuando la efectividad y la ejecución de la medida provisional referente a la separación de cuerpos es y debe ser el vértice estratégico que desde el comienzo sí permitirá tutelar de manera eficaz el valor supremo de la convivencia social: la protección de la vida y de la integridad de la mujer ofendida.

En el último capítulo Luciana Ramos Lira plantea que una gran cantidad de obstáculos dificultan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en nuestro país, y observa que al considerar la alta prevalencia de este tipo de actos con base en los datos y las encuestas disponibles, es preocupante la baja proporción de agresores sexuales a quienes se procesa y sentencia.

La impunidad que prevalece en casi todos los casos se hace más evidente cuando se presenta este tipo de violencia. Por ello la autora destaca la importancia de que en los procesos jurídicos se tome en consideración la afectación psicológica que padecen las víctimas de violencia sexual y las dificultades que conlleva su acceso a la justicia debido a que el malestar asociado a este tipo de violencia puede impedirles emprender la de por sí dura tarea de involucrarse en una denuncia legal.

Para Ramos Lira es importante comprender que cada paso que dan en el proceso legal (la denuncia, las presentaciones, los careos, etc.) puede ser estresante para las víctimas y exacerbarles el trauma psicológico que experimentan, de ahí que el procedimiento que se desarrolla en el sistema de justicia se pueda ver obstaculizado tanto por los problemas de salud mental que afectan a las víctimas de violencia que tienen contacto con él, como por los factores mismos de dicho proceso, que tienden a generan estrés.

La autora enfatiza dos factores muy claros que desempeñan un papel fundamental en la recuperación de las víctimas. El primero es el apoyo social, pues las buenas relaciones y el apoyo de sus familiares y amigos ayudan a su recuperación. El segundo factor es el grado y naturaleza de la exposición al sistema de justicia. Dado que éste suele ser muy estresante para las víctimas, si se lograra hacerlo más amistoso, se podría reducir el trauma; además se incrementaría la disponibilidad de éstas para participar como testigos efeaivos en la prosecución del delito y, en consecuencia, se mejoraría la impartición de justicia y se reduciría la impunidad.

Sin duda los obstáculos son pesados, complejos, y más numerosos que los que abarca este libro. Parecen menos inconmensurables e incomprensibles cuando se desmenuza la palabra impunidad y se observan críticamente los diversos factores que la promueven, ocultan, toleran, reproducen y agudizan. En lo que se refiere a las mujeres en particular, es fundamental insistir en la exigibilidad de los derechos, del derecho a ser escuchadas, reconocidas como veces válidas, del derecho a la reparación del daño. En este sentido es evidente que las leyes son perfectibles y que se requiere un sistema de prácticas que las haga valer. De otro modo, las múltiples Patricias a las que las voces oficiales han prometido justicia seguirán desamparadas, y el caso de Ernestina Ascensión será sólo otro más de los ejemplos paradigmáticos de la injusticia que día a día afecta a las mujeres y las niñas en este país.

Bibliografía

Bauman, Zygmiint. 2008. Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre, Buenos Aires, Tusquets.

Foucault, Michel. 2007. La verdad y las formas jurídicas, Argentina, Gedisa.

Organización de Estados Americanos (OEA) y Comisión Inter americana de Derechos Humanos (CIDH). 2007. “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, Washington, en www. cidh.org. Consultada en marzo de 2011.

1 Tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal (LAMVLVDF) pretenden prevenir este fenómeno.

Primera parte

La justicia, las demandas de la ciudadanía y las frustraciones ante los derechos humanos de las mujeres

Francesca Gargallo

A propósito de la ciudadanía de las mujeres y la igualdad ante las leyes

La relación que han intentado establecer las mujeres con el derecho las ha enfrentado siempre a la brecha que existe entre las expectativas de alcanzar un ideal de justicia que atañe al mundo entero, visto desde su realidad sexuada, y la consuetudinaria exclusión de sus cuerpos, saberes y perspeaivas del diseño de las leyes y las instituciones que deberían garantizarles el acceso a la justicia en su vida diaria.

Esta brecha, esta divergencia entre el deseo y el derecho, demuestra la falacia de un sistema legal que se contradice cuando sostiene la igualdad de las mujeres pero promulga leyes de protección especial; o, peor aún, cuando la afirmación legal de igualdad de las personas —igualdad asexuada o neutra— organiza un sistema sutil de opresión de quienes no son portadoras de genitales masculinos y de todos los símbolos, obligaciones y comportamientos a ellos asignados.

En sus aspeaos prácticos, la igualdad neutra expone a las mujeres a los mismos peligros de la indefensión y la frustración social que la discriminación, tras haberlas situado en un campo de desconocimiento de sí mismas, para ubicarlas en un mundo pensado, pactado, elaborado en función de un único sujeto de ciudadanía, el sujeto masculino, que les otorga el derecho de hacer, estudiar, ser juzgadas lo mismo que él para imposibilitar que un posible sujeto político femenino se organice y lo cuestione. A la par, lo que hagan las mujeres igualadas lo harán partiendo de la sospecha de que no son capaces (constantemente deberán demostrar su habilidad para igualarse) y con el estatuto de eternas aprendices.

El conflicto engendrado por las contradicciones prácticas de las expectativas sociales entre una ingeniera y un ingeniero egresados de la misma universidad con la misma preparación pueden ir desde la capacidad matemática hasta la forma de vestir en una reunión, o desde cómo invierten sus ganancias hasta su manera de beber durante un coctel; desde las relaciones sociales con un jefe de empresa hasta el trato con sus subalternos en ésta; desde lo que expresan sobre sus posibles vínculos matrimoniales hasta la importancia que otorgan a la situación ambiental ante la construcción de una presa. En todos los casos la feminidad de la ingeniera será al mismo tiempo un requisito para definirla como agradable y para poderla inculpar de un error laboral. La reflexión que impone esta contradicción remite por lo tanto al punto donde se origina en el sistema liberal moderno: la real o pretendida ciudadanía de las mujeres, entendida como igualdad de todos y todas los ciudadanos ante la ley, y al punto adonde se dirige: el control de la vida de las mujeres en todos los ámbitos de su actuación.

Los derechos humanos de las mujeres, la igualdad ante la discriminación y la universalidad de las garantías universales

Antes de enfrentarnos a otras críticas de los derechos humanos como suma universal de las garantías individuales, sociales y ambientales de las personas del mundo, entendidas desde el derecho occidental de cuños romano, napoleónico y anglosajón, es necesario revisar tres aspectos de la legalidad del Estado moderno que han sido remarcados por el feminismo, en particular por la obra de Luce Irigaray, y en menor medida por la de Lía Cigarini: la existencia de un único sujeto de ciudadanía y de derecho —el masculino— en la cultura política y jurídica; la dificultad para definir los parámetros que permitan la constitución de una subjetividad femenina autónoma; y la inexistencia de condiciones filosóficas, lingüísticas y políticas que conduzcan a una cultura de dos sujetos jurídicos no sometidos el uno al otro (Irigaray, 1992).

Los derechos subjetivos de las mujeres sólo pueden nacer de la afirmación de una identidad humana femenina, de una valoración colectiva y personal de una genealogía femenina (a quién me remito, en quién me reconozco y con quién me alío), por lo tanto sólo pueden existir si las mujeres tienen la posibilidad de afirmar su propia identidad sexual y la autonomía de sus principios del derecho masculino (Cigarini, 1995).

Hasta este momento la ciudadanía de las mujeres no es real, sino el fruto de una confusión entre la igualdad de las personas y la equivalencia de los derechos, donde por igualdad suele entenderse que las mujeres nieguen su identidad y no postulen como fundamentalmente equivalentes en derecho sus formas de hacer política a partir de la seguridad de la inviolabilidad de su cuerpo y, por ende, de su libertad.

La igualdad remite a un modelo, a la imposición de igualarse, y tiene relación con la posesión de bienes y cualidades específicos, mientras la equivalencia supone niveles prácticos de valor positivo atribuidos a identidades diferentes. La ley igual para todos es una injusticia, mientras la equivalencia de los derechos y deberes de las mujeres y los hombres —pobres y ricos, indígenas y blancos, asentados y nómadas, rurales y urbanos, jóvenes y viejos, homosexuales y heterosexuales— corresponde a un acercamiento a la justicia, al reconocimiento de diversas formas de ser.

La costarricense Alda Fado cuestiona que la equidad entre mujeres y hombres —que yo entiendo como una búsqueda de equivalencia de derechos en el ámbito de una desigualdad de hecho, desigualdad que la formulación positiva de una ley universal soslaya— sea realmente más aportadora de caminos a la justicia para las mujeres que la igualdad ante la ley. Para esta abogada que dedica todas sus reflexiones a los derechos humanos de las mujeres, mientras el cuerpo esté de hecho controlado por el sistema de violencias misóginas imperante —guerras, sometimiento, esclavitud sexual y laboral— en el continente más desigual del mundo, América Latina, sólo los derechos a la igualdad de las mujeres con el hombre, entendida como no discriminación, aportados por la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (adoptada por 185 países que sesionaban en la ONU en 1979), pueden poner un límite a la “conspiración conservadora” que actualmente está dando al traste con los tímidos avances en materia de garantías individuales que lograron las latinoamericanas durante el siglo XX (Fado, 2009). No obstante. Fado no trabaja la experiencia concreta de las mujeres y por ello ve que las de diversas organizaciones no gubernamentales que adoptaron algunos postulados feministas se están abocando acríticamente a la defensa de la equidad, pero no puede analizar de dónde proviene esa falta de crítica.

La filósofa argentina Ana María Bach, por el contrario, analiza el aporte cognoscitivo que revisten las experiencias de vida de las mujeres en relación con sus actos, sus obras y sus reivindicaciones (Bach, 2010), pero al ubicar sus experiencias de vida en una América entendida como “lugar de inmigración” no puede siquiera postular las contradicciones entre la igualdad y la equidad en el contexto de una ley que es heredera del colonialismo, es decir, de la no interpelación de los y las sujetos en la formulación de la ley misma.

Seguramente los postulados de igualdad, derechos y ciudadanía han convergido en muchas prácticas políticas y legales desde que el liberalismo decimonónico optó por una tendencia más democrática —de origen lockiano—, que oligárquica —postulada por Guizot y los liberales posrevolucionarios, monárquicos y clasistas franceses—. No obstante, tuvieron siempre por enemigas las corrientes racistas, positivistas, clasistas y eficientistas que se infiltraban en el mismo liberalismo y utilizaban la igualdad como un instrumento de exclusión de quien no podía ser identificado o igualado con el modelo de ciudadano liberal (por pobre, por mujer, por ignorante, por perteneciente a etnias no occidentales, por menor de edad, por extranjero, por tener ideas políticas contrarias, por motivos religiosos, etcétera). Las activistas y pensadoras feministas se vieron enfrentadas desde sus primeras publicaciones y colectivos políticos a la exclusión de las mujeres de la ciudadanía y de la igualdad de derechos. Una parte importante de los feminismos liberal y socialista de finales del XIX y principios del siglo XX se vieron involucrados en el esfuerzo para alcanzarlas.

‘Ciudadanía’ es un término moderno, del Estado liberal, que tiene sus primeras manifestaciones en la Francia posrevolucionaria. La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano fue escrita en 1789 y fundó los principios de todas las constituciones republicanas francesas así como de los derechos humanos de primera generación o garantías individuales. Supuestamente, el término ‘ciudadano’ apunta a algo inherente a la condición humana frente al Estado, algo común a las personas en su afán de protección de y por la autoridad. Sin embargo, en ese mismo año el abad de Siéyés en su panfleto incendiario Qué es el Tercer Estado excluyó explícitamente de la ciudadanía a tres categorías de seres humanos: las mujeres, las y los niños y los y las extranjeros.

La ciudadanía es el derecho inalienable de las personas a ser parte de un colectivo incluyente, pero en la práctica política de la mayoría de los estados liberales la ciudadanía fue considerada en sus inicios (y de varias formas lo sigue siendo) un estatus que un poder confiere a aquellos miembros de la comunidad que poseen determinadas características sexuales (hombres), etarias (adultos), étnicas (las del grupo dominante o mayoritario) o nacionales (es característico que hoy se le niegue la ciudadanía a las personas migrantes). Esta caraaerización de la ciudadanía está en la base de la dinámica de exclusión político-jurídica de las mujeres como sujetos sociales en relación de reciprocidad con los hombres: mujeres excluidas de la ciudadanía, imposibilitadas —dado el impulso que se imprime desde la definición misma de la igualdad, libertad y fraternidad a la constitución del sujeto político en su necesidad política de igualarse con los hombres— a constituirse en sujetos sexuados de la política, y organizadas desde el binarismo de los géneros sexuales o tipificaciones de las personas correspondientes a comportamientos pretedeterminados que la sociedad asigna a los sexos y que los individuos asumen como propios, es decir, organizadas como seres de servicios para el sujeto masculino y no como sujetos mujeres en espacios de comportamiento, deberes, simbolizaciones y expectativas diferenciados rígidamente (jerarquizados) con base en la apariencia externa de sus genitales.

Las mujeres en la modernidad occidental —es decir, en la temporalidad política que corresponde a prácticas (pos)colonialistas, racistas y clasistas— aspiraron y luego fueron ciudadanas (personas con derecho al voto y a la nacionalidad por sí mismas) aunque aún hoy son des-ciudadanizadas por las prácticas políticas de organización social del Estado. Su reclamo por la justicia, por lo tanto, lo construyen para revertir su exclusión y se organizan para reivindicar lo que intuyen les pertenece por derecho propio (siglo XIX y primera mitad del XX en Europa, la América de las naciones dominantes, Australia). No obstante, al no existir aún un sujeto mujer en relación de reconocimiento y reciprocidad con el sujeto masculino (es decir, al no existir dos sujetos de ciudadanía), intentan usar la misma ley que las margina para alcanzar una justicia que, a fin de cuentas, es la negación de toda marginación. En esa reivindicación las mujeres pierden su autonomía jurídica, olvidan representarse a sí mismas e instalan su utopía de justicia en un horizonte de igualdad entre los sexos cuya consecución las desgasta; aniquilando su positiva diferencia se degradan al modelo masculino, se identifican con quien las excluye, y corren el riesgo de negarse como seres en sí.

Según José Manuel Bermudo, el debate clásico sobre la ciudadanía suele situarse en un escenario cerrado (el Estado) y centrarse en su cualidad (derechos que contiene) y su diferenciación interna (tipos de ciudadanos que distingue). Normalmente no se pone en duda ese escenario, de manera que la ciudadanía se considera un bien particular de un Estado a repartir, más o menos igualitariamente, entre sus miembros. La determinación de éstos, es decir, la pertenencia, se considera un privilegio del Estado, que así protege al nosotras/os que lo constituye (Bermudo, 2001). En realidad, la ciudadanía no debería ser tomada como fuente de derechos, sino como el derecho de los seres humanos concretos, de las mujeres y los hombres de todas las edades y procedencias, a pertenecer y a refundar el colectivo las veces que sea necesario.

Experiencias feministas de deconstrucción: cómo aportar derecho a partir de la diferencia

Desde las prácticas feministas de la liberación de las mujeres que acompañaron los movimientos de deconstrucción de los autoritarismos políticos y familiares en la reorganización del capital y de los estados tras los movimientos internacionales de descoloniazación de las décadas de 1960 y 1970, las mujeres empezaron a cuestionar el sujeto de la ciudadanía y de los sistemas de justicia. La igualdad ya no fue su horizonte político, sino el reconocimiento de su subjetividad, su liberación del ser para otro y definida por ese otro. En los momentos de bonanza económica esto dio pie a reflexiones y experimentos interesantes que nutrieron al feminismo y también a las reflexiones jurídicas de los organismos internacionales (por ejemplo, las que desembocaron en la definición de que “los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos” en la Declaración de Viena, 1993, o en la Declaración de Belén do Pará, 1994, en que la Organización de Estados Americanos reconoció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia), a movimientos ambientalistas y pacifistas, a reflexiones sobre la biología y a comunidades espirituales, ensayando práaicas relaciónales distintas. Sin embargo, a partir de la crisis económica que desataron las formas globales de producción industrial y circulación financiera de capitales, crisis que descansa en una brutal depredación ambiental y en la brecha creciente entre un número muy reducido de ricos y una mayoría absoluta de personas de ambos sexos sin privilegios, las mujeres han vuelto a sentir el peso de lo que significa una igualdad legal con un sujeto que puede ejercer múltiples formas de violencia en su contra en un ámbito de pérdida de seguridad, de violabilidad de sus cuerpos y de desaparición de los derechos laborales (Falquet, 2008).

Para hablar de las mujeres frente a la justicia, actualmente es necesario convenir qué es la justicia y cómo se relaciona con el derecho positivo (y con los órganos que garantizan su aplicación y que reprimen las conductas que éste determina qué son transgresoras del bien común). Asimismo, entender de qué manera los estados modernos hacen hincapié en el derecho y relegan la justicia al ámbito de un patrimonio intangible de la ciudadanía, al nivel de aspiración a la buena vida, a la protección de los abusos de autoridad y al derecho a una vida sin miedo. Con ello podremos analizar por qué las mujeres percibimos inmediatamente una fricción entre lo que debería ser y lo que es la ciudadanía afirmada por los estados modernos.

¿Es posible o necesario un contrato social de las mujeres?

Nuestra historia de demanda de la ciudadanía entendida como igualdad con el sujeto masculino ante el Estado se inicia en 1791 con la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana de Olimpia de Gouges —declaración que en 1793 la llevaría a la guillotina sin que se le hubiera permitido subir a la tribuna. Esa historia nos revela que el enunciado que identifica a la mujer como ciudadana es falso: no estuvimos en la elaboración del contrato social que nos hubiera reconocido como ciudadanas de derecho, sólo logramos serlo gracias a una larga lucha que todavía no acaba, y que sólo terminará cuando las mujeres podamos: i) asumir que el contrato social vigente llegó a incluirnos como sujetos, ii) formular un nuevo contrato social entre los sexos, o iii) mantenernos voluntariamente fuera de todo contrato social.

Las mujeres accedimos a ser ciudadanas de manera subsidiaria en el contrato social vigente, pues no se nos consideró tales desde el comienzo de su elaboración estatal moderna liberal-poscolonial (construida en América sobre el modelo de lo posfeudal europeo).

Ahora bien, la idea de ciudadanía remite al ideal de justicia, y éste al concepto de universalidad. Pero, ¿existe algo universal?

¿Acaso plantearnos la justicia como parámetro de lo justo para todas y todos no es metafísica o la imposición de una medida colectiva, represiva, de convivencia? La dimensión relacional de la justicia, su ser puente entre las personas, más que la universalidad implica diferencias constructivas, equivalencias, diálogos intersubjetivos. ¿Cuánto de lo que consideramos universal es en realidad una imposición del grupo de poder que lo elabora como bueno para todos y todas? Si hiciéramos un símil entre la justicia y la educación podríamos afirmar que la definición de una regla universal equivale al deseo de los programas educativos de superar los valores relaciónales que particularizan el aprendizaje social de las niñas, para resaltar las características del sujeto masculino, su relación con el objeto (objetividad) y la adquisición de saberes y capacidades para poder competir con otros hombres.

Ahora bien, las preguntas sobre la existencia de un derecho universal, y en particular en los ámbitos de la política y la justicia, han sido formuladas desde el principio del sistema estatal liberal tanto por los demócratas críticos del sistema, como por el anarquismo y otras corrientes filosóficas. Pero fue desde mediados de la década de 1960, gracias a los aportes teóricos de los movimientos feminista, lésbico gay transexual y bisexual (LGTB), de la negritud, indígena; es decir, de los movimientos sociales que ponen el ser, la propia identidad, en el centro de sus reivindicaciones políticas, que estas preguntas nos han ofrecido la posibilidad de analizar el derecho a las diferencias vitales —legales, económicas, de organización de los afectos, de derechos a la sexualidades— como inherentes al ideal de justicia y a la construcción de una ciudadanía compleja. La intención es hoy ocuparse de la conquista y la conservación de una legislación apropiada para las mujeres que no sea neutra y abstracta, sino abiertamente responsable de respetar al sujeto femenino.

La universalidad tiene una cara positiva, la de la equivalencia de trato; implica el derecho a ser considerada o considerado como cualquier otro, el derecho a no ser discriminada o discriminado por ningún motivo. De ahí que en su propia definición los derechos humanos se asienten como universales: garantías propias de todas las personas sin distinciones de sexo, sexualidad, edad, pertenencia étnica, religión, filiación política.

Y la universalidad tiene un envés negativo, que se hace evidente cuando algo pretendidamente universal no se reparte equitativamente o cuando pone en riesgo la buena vida de quien puede ser excluido de la definición de universal. Cuando a lo universal se le atribuyen calificativos que lo recortan, entonces es muy difícil demostrar que se está excluido o excluida de la universalidad o que la universalidad no es completa. Este recorte de la universalidad es el que otorga a una parte la representatividad del todo. Cuando se utiliza la palabra ‘hombre’ para definir al ser humano, todo lo que no es masculino inmediatamente queda excluido de la humanidad, es una excepción y no lo que la define: la depresión posparto y el derecho a la lactancia materna, la entrega amorosa y la falta de competitividad, la protección legal contra la violencia en el ámbito doméstico y el derecho a la maternidad libre y voluntaria, los cánones literarios de las mujeres y el derecho a decir que la actividad sexual no es relajante (que sólo lo es para los hombres) sino excitante, la libertad del parámetro masculino del ser y la inviolabilidad de un cuerpo para sí que socialmente no es respetado por el colectivo con poder (actual recrudecimiento de la violencia sexual, el femicidio, la tortura y la muerte de mujeres durante los conflictos militares).

Ahora bien, formular, enseñar y repetir que el derecho es universal porque se sostiene sobre la idea de igualdad de todos los ciudadanos, debería implicar la aceptación de que las ciudadanas, las que todavía no lo son por completo o que necesitan serlo desde su subjetividad, no participaron de la construcción de la legalidad, y que hoy la sufren como un marco enajenado de referencia. Detrás de la idea de orden y de la facultad de reprimir las faltas contra ese orden están el cuerpo, la educación, la identidad, la perspectiva social, la expresión de la violencia, la organización de la economía de los hombres como legítimos portadores de la ciudadanía.

Si la ley es igual para mujeres y hombres, debe serlo también la repartición de la riqueza y del tiempo libre, la percepción de la ley (y de quien la imparte) de que gozan de los mismos derechos a la libre circulación y expresión, de la misma responsabilidad del trabajo de reposición de la mano de obra (trabajo doméstico), de idéntica permisividad y restricciones sexuales e iguales proyecciones del propio deber ser. De no ser así, todas las mujeres son presas de consideraciones acerca de una igualdad mediada, de una universalidad construida sobre la particularidad masculina negada o considerada neutra, de una ley que las obliga a portarse de una forma que es, en sí, antitética con el ideal de justicia.

La ciudadanía de la que emanan todos los derechos sigue siendo deudora de una concepción por la cual el ámbito de la vida de las mujeres es privado, es decir, separado y excluido de lo que tiene importancia pública, y abocado al servicio del hombre y al cuidado de las hijas e hijos. Todos los espacios donde la ciudadanía se prepara (escuelas, universidades, familias), se explaya (instituciones políticas, empresas, finanzas) o es castigada (tribunales, cárceles), abundan en esta concepción, y perpetúan el rol de género femenino como algo que no es propio de un sujeto mujer que se afirma a sí mismo y que es jerárquicamente inferior al rol de género masculino, propio de los hombres y abocado al ámbito público con responsabilidades civiles. Las experiencias de sus vidas procuran a las mujeres el conocimiento de una ciudadanía subalterna, sin autoridad propia y sin instituciones que las escuchen y legitimen sus palabras (Spivack, 1992). Ahora bien, una ciudadanía sin autoridad ubica a las mujeres en un lugar de debilidad, a la vez que les otorga un observatorio —discriminado, pero único— para postular una crítica radical al sistema. Ahí donde las mujeres no tuvieron la autoridad para afirmar su presencia ante el derecho, la ley no escuchó sus voces, no conoció su idea del mismo, y por lo tanto no puede ofrecerles ahora la justicia que debería tutelar. Ser incorporadas a un sistema que las invisibiliza ¿es realmente deseado por las mujeres o representa una ulterior violencia de género? Y si no son incorporadas en el sistema hegemónico androcéntrico occidental vigente ¿desde qué noción de ley deberían partir las mujeres para ver reflejadas en la justicia sus experiencias de vida?

La experiencia de vida como base de la autoconciencia y de la crítica a la ley

La observancia de la ley por las mujeres está subsumida en el sistema hegemónico al cumplimiento del rol femenino, experiencia común a la mayoría de ellas que las lleva a la conclusión que no pueden obedecer normas de ciudadanía universal si deben obedecer normas privadas particulares.

Si la ley sigue siendo deudora de la concepción de las mujeres como seres complementarios, no puede considerarlas responsables en la misma magnitud que los hombres, entendidos como seres deflni- torios de la ciudadanía. Si sigue considerando que las mujeres son portadoras de un cuerpo natural a disposición del hombre y del Estado, esperará que procreen y no que se comporten como ciudadanas capaces de aportar al conjunto de la sociedad sus valores de respeto a la vida y a la salud, de cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, de gusto por el diálogo y las artes. Ahora bien, dado que en casi todo el mundo las mujeres tienen hoy día acceso a la vida pública, urge que su identidad civil se reconozca, que su subjetividad femenina, diferente y equivalente, se tome en consideración.

La brecha entre el ideal de justicia de las mujeres y su lucha por leyes que las conviertan en ciudadanas crece cada vez que el Estado afirma su igualdad sin garantizar las posibilidades de que realmente sean libres de tomar decisiones sobre su vida y su futuro en equivalencia de condiciones con los hombres. Sólo las personas libres pueden tomar decisiones éticas, sólo las personas libres pueden respetar las normas de convivencia de cuyo establecimiento participan (Gargallo, 2006).

Asimismo la brecha crece por la frustración que las mujeres experimentan cuando descubren que la ley que las castiga con severidad cuando la infringen en condiciones que no son iguales para ellas y para los hombres, tampoco las defiende de la violencia específica que la sociedad (colectivamente o mediante individuos masculinos) descarga sobre ellas. En particular no castiga a las autoridades que abusan de ellas por considerarlas como miembros de una ciudadanía complementaria al servicio del colectivo masculino.

Por ejemplo, en octubre de 2006 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México formuló una recomendación en donde pedía que las autoridades estatales y federales realizaran investigaciones criminales sobre los numerosos abusos perpetrados durante el operativo policial en San Salvador Ateneo, pero la recomendación no se ha instrumentado eficazmente. Varias mujeres denunciaron que habían sufrido tortruas, entre ellas actos de violencia sexual, a manos de agentes de la policía. Aún no han recibido una respuesta adecuada. Van ya tres años que Amnistía Internacional pide a la Fiscalía Especializada para Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres y la Trata de Personas que investigue los casos. Sin embargo, de los casi 3 000 agentes federales, estatales y municipales implicados en los operativos del 3 y el 4 de mayo de 2006, sólo nueve de la policía estatal han sido sometidos a sanción disciplinaria. Las autoridades federales no han concluido las investigaciones penales correspondientes, de ahí que los responsables no hayan comparecido ante la justicia.

Igualmente, todas las mujeres víctimas de tortura y violación durante los conflictos armados en México, en América y en cualquier parte del mundo, saben que ahí donde una es abusada todas están en peligro, pues la violación sexual como forma de tortura es un atentado contra la dignidad de las personas en su condición de ciudadanas.

Mencionemos también el recrudecimiento de los feminicidios (homicidios de mujeres por ser mujeres, con alevosía y ventaja, en los ámbitos públicos, laborales y privados) en Ciudad Juárez, ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México sin infraestructura para garantizar agua potable, transporte y vivienda digna a sus habitantes, vertedero de desechos industriales, punto de llegada de hombres y mujeres migrantes de todo México, de Centroamérica y de otras regiones del mundo, cuartel de múltiples formas de delincuencia organizada, desde el narcotráfico hasta el tráfico de personas, de armas y de desechos tóxicos, ejemplo de una doble reorganización de la industria de exportación en 1963 y de la industria maquiladora en 1994. El recrudecimiento de los asesinatos de mujeres y la total indefensión en que se encuentran las trabajadoras industriales, pobres y migrantes en esa ciudad, frente a la misoginia imperante que hace de ellas mujeres sin derecho a la protección y la valoración del colectivo masculino, y también frente a las autoridades municipales, estatales y federales que solapan los crímenes contra su vida y contra la inviolabilidad de sus cuerpos y su libertad, demuestran que no son iguales por muchos motivos: su sexo, principalmente, pero también su pertenencia de clase, su pertenencia étnica, su edad. Particularmente violento es, además, el hecho de que la impunidad que gozan los feminicidas en Ciudad Juárez —garantizada por prácticas culturales de protección a la prepotecia masculina, que ejercen hombres, grupos, bandas, familias y autoridades, así como por algunas interpretaciones misóginas de las leyes y de los instrumentos legales y por los prejuicios de las instituciones encargadas de la justicia sobre lo femenino y lo masculino, mezcladas con eventos de corrupción económica y con incompetencias toleradas- ha actuado como incentivo para que los feminicidios se “normalicen” o “naturalicen” en la mayor parte del país y lleguen a alcanzar cifras aterradoras en ciertos municipios del Estado de México, como Chimalhuacán y Toluca, y en Michoacán, Jalisco y Chiapas.

Asimismo, el secuestro en las familias (prohibiciones de salir a estudiar o a trabajar de manera asalariada en nombre de un supuesto deber femenino de cuidados), la violación sexual en las relaciones de pareja (matrimonios, convivencias, noviazgos), la misoginia de los servidores públicos (docentes, policías, magistrados), el control de las instancias sociales (iglesias, sindicatos, círculos), la saña con que los empleadores limitan el acceso al trabajo de las mujeres o las despiden por hechos relacionados con su condición sexual precisa (embarazo, lactancia, dolores menstruales) son equiparables a crímenes contra la ciudadanía de las mujeres, pues representan mensajes de terror para alejarlas cada vez más de la posibilidad de hacer coincidir sus ideales de justicia con la posibilidad de lograr una legalidad que garantice sus demandas y proteja sus intereses como mujeres.

El miedo que controla, la mirada que paraliza, la costumbre que somete, reprimen la libertad de las mujeres y la libertad es una característica de la ciudadanía. Excluir a las mujeres del acceso a la libertad implica permitir abusos que se incrementan según descienden las jerarquías de los ciudadanos en el interior de un estado, jerarquías que alejan a ese mismo estado del derecho. Si las mujeres en general son ciudadanas que deben esforzarse para probar su ciudadanía, las pobres, las indígenas, las negras, las niñas, las ancianas, las iletradas, las discapacitadas suman una discriminación a otra, y están más expuestas a las agresiones del colectivo masculino investido de la titularidad de la ciudadanía. La falsa universalidad de las leyes regula sus comportamientos con base en una realidad ajena a sus vidas.

En las casas, en los autobuses, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la fábrica, en la finca, en los campos deportivos, en los centros de esparcimiento, cuando salimos a la calle, al mercado, o cuando vamos a la siembra, las mujeres experimentamos violencias sistemáticas, solapadas o invisibilizadas por las leyes y sus custodios o custodias, que nos confirman una ciudadanía no plena, y por lo tanto la necesidad de desconfiar de la universalidad de las leyes que se sostienen sobre la universalidad de una ciudadanía que se sostiene sobre un único sujeto masculino. Se trata de un aparato jurídico a la medida de los mismos hombres que ejercen su supremacía sobre los cuerpos de las mujeres de generación en generación, para recluirlas en su rol de género e imponerles un comportamiento de sumisión y obediencia que satisfaga sus intereses, y a través de ellas, para controlar a toda la jerarquía de ciudadanos que no alcanzan la igualdad y la libertad propias de la ciudadanía.

Bibliografía

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Ley de Aceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 2008

Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 2008

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 2007

Radiografía de los derechos humanos de las mujeres en México

Alma Luz Beltrán y Puga

Introducción

El acceso a la justicia es un factor clave para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. El contar con un debido proceso y con la protección judicial constituye la espina dorsal del aparato legal para exigir los derechos humanos. La posibilidad de reclamar ante tribunales competentes e imparciales la violación de derechos fundamentales es, como diría el jurista italiano Luigi Ferrajoli, la ley del más débil. Si bien los derechos fundamentales de las mujeres se reconocen en la Constitución y en diversos tratados internacionales ratificados por México que consagran esos derechos específicos, son varios los cuellos de botella que impiden hacerlos exigióles. En México el paso por los tribunales suele ser un proceso largo y complejo, especialmente para las mujeres, tanto por los propios obstáculos del sistema de justicia como por la condición de ser mujer.

En este capítulo pretendemos mostrar una radiografía de la situación de los derechos humanos de las mujeres en el país valiéndonos del análisis de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre tales derechos o en las que se realizan interpretaciones de género. Tratamos de fotografiar qué derechos están siendo exigidos por las mujeres, cuáles se exigen en menor medida o ni siquiera se reclaman, y cuál ha sido la respuesta de la Suprema Corte al respecto. La hipótesis del trabajo es que los casos que han presentado las mujeres mexicanas ante las instancias judiciales y que han llegado al conocimiento del máximo tribunal de justicia del país representan un buen termómetro del acceso de las mujeres a la justicia.

El análisis de los fallos de la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos de las mujeres y el género resulta trascendental, ya que la Corte, siendo la autoridad judicial de mayor jerarquía en el país, es el máximo garante de los derechos fundamentales de las personas, y sus resoluciones sientan la pauta en la impartición de justicia para los tribunales inferiores. Asimismo, la identificación y el análisis de los criterios de la Suprema Corte resulta importante para determinar si la interpretación constitucional fomenta la igualdad y la no discriminación de las mujeres tanto en el acceso a la justicia como en la defensa de sus derechos. Por otro lado, revela también el conocimiento de las instancias judiciales de los estándares internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres y su aplicación en casos concretos. El análisis de los criterios judiciales y las conclusiones muestra que la interpretación constitucional no siempre ha favorecido los derechos de las mujeres o ampliado su ámbito de protección. Si bien ha habido notables avances jurisprudenciales y criterios con perspectiva de género, las contradicciones de las resoluciones y las lagunas interpretativas que se advierten en algunos casos denotan que los estándares de protección en materia de derechos humanos de las mujeres no están claros.

La definición de los estándares de protección constitucional de los derechos humanos de las mujeres es un elemento esencial para que ellas puedan exigir sus derechos en los tribunales. Para acceder a la justicia y tener éxito en sus reclamos, las mujeres necesitan conocer sus derechos y tener claridad de su contenido y alcance o, en otras palabras, saber cómo se han interpretado los derechos. Esta cuestión compete a los órganos judiciales, que son los encargados de dotar de significado a las normas y de definir su contenido y límites. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano constituyen las principales fuentes notmativas de los derechos humanos de las mujeres, así como de las obligaciones del Estado para protegerlos y garantizarlos. Por ende, este ensayo comienza con una breve descripción de los derechos humanos de las mujeres que se han establecido en el papel. De igual forma, se señalan las obligaciones del Estado mexicano para garantizar dichos derechos de acuerdo con los tratados internacionales.

En segundo lugar, se analizan los derechos humanos de las mujeres valiéndose de las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia (en adelante “la Suprema Corte ” o “la Corte”). Para este análisis se identificaron tesis y jurisprudencias¹ que emitió la Suprema Corte desde el año 2000 hasta el presente, lo que corresponde al trabajo judicial que se realizó en los últimos años de la Novena Epoca del máximo tribunal del país.² Las resoluciones se analizan con un enfoque de género, entendido como ese entramadoo de creencias, normas, valores y conductas que difetencian a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social que afecta la forma de entender qué es lo femenino y qué es lo masculino.³El análisis parte de la interpretación que ha hecho la Corte de la igualdad y la no discriminación y distingue tanto los criterios favorables como los desfavorables a los derechos humanos de las mujeres en los distintos ámbitos de su vida, valorando si constituyen criterios discriminatorios o no, si toman en cuenta los estándares de protección de derechos humanos del derecho internacional, el género como una herramienta interpretativa y las consecuencias en la esfera jurídica de las mujeres que tenga el fallo. Asimismo se identifican las contradicciones que existen entre los criterios y las resoluciones que implican un retroceso en la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres.

Los informes, diagnósticos y recomendaciones de órganos internacionales de supervisión de tratados como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW), así como de las organizaciones de la sociedad civil y otras agencias estatales encargadas de monitorear la situación de los derechos humanos de las mujeres en el país se utilizan cuando son relevantes para el análisis de la jurisprudencia. Finalmente, en la tercera parte del ensayo se recogen las principales tendencias jurisprudenciales de la Suprema Corte al interpretar los derechos humanos de las mujeres y abordar cuestiones de género, así como los principales desafíos para exigir los derechos de las mujeres en México.

Los derechos en el papel

La Constitución y los tratados internacionales4 constituyen el marco normativo para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. La Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales forman la Ley Suprema de la Nación.⁵ Además de comprender un amplio catálogo de derechos fundamentales,6 tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, la Constitución mexicana hace referencia expresa a los derechos de las mujeres en relación con el derecho a la igualdad ante la ley, la no discriminación, los derechos de las mujeres trabajadoras embarazadas y los derechos de las indígenas.

En este sentido, la Constitución reconoce que “el varón y la mujer son iguales ante la ley” (artículo 4); prohíbe la discriminación por razones de género (artículo 1); establece la obligación del Estado de “propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria” (artículo 2); y prevé que “las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación” e incluye licencias de maternidad (artículo 123). La Constitución también establece el derecho de los niños y niñas a la alimentación, la salud y la educación (artículo 4).

México ha ratificado los dos principales tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres: la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo,7 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará),8 así como el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y su Protocolo Final.9 Asimismo, el Estado mexicano ha ratificado casi todos los tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales se encuentran: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos;10 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,11 la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo;12 y la Convención sohre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos;13 y la Convención Americana sohre Derechos Humanos14 y el Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)15 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.16

Obligaciones que emanan de los derechos humanos

Como consecuencia de la adopción de estos tratados internacionales el Estado mexicano tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas en condiciones de igualdad. Los derechos humanos protegen esencialmente la esfera jurídica de las personas frente a casos arbitrarios de las autoridades del Estado y también, de acuerdo con la jurisprudencia internacional, frente a actos de particulares, cuando el Estado no ha actuado con la debida diligencia para evitar que ocurra la violación a estos derechos (Corte IDH, 1988). En la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México se consagran los principios de igualdad y no discriminación, que constituyen principios básicos del derecho y la jurisprudencia internacional en la materia.

En virtud de estos principios, los estados se han comprometido a respetar y garantizar “los derechos sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2.1). Como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho internacional ha establecido el deher de los Estados de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de toda forma de discriminación” (CIDH, Informe sobre los derechos de las mujeres en Chile, 2009: párr. 30).

De acuerdo con la jurisprudencia internacional, el deber de los Estados de garantizar y respetar los derechos humanos sin discriminación alguna

no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales (Corte IDH, 2005; párr. 201).

De igual forma, la jurisprudencia internacional ha sostenido que:

el derecho de protección igualitaria de la ley y no discriminación implica que los Estados tienen la obligación de i) abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en diferentes grupos de una población, ii) eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, iii) combatir las prácticas discriminatorias y iv) establecer normas y adoptar las medidas necesarias para reconocer y asegurar una efectiva igualdad de todas las personas ante la ley (CIDH, 2009; párr. 36).

Específicamente, la CEDAW proscribe la discriminación contra la mujer17 y requiere que los “Estados partes aseguren la igualdad de oportunidades y de resultados, yendo mas allá del concepto formal de igualdad” (OACNUDH, 2008b: 5). Al interpretar la Convención, el Comité CEDAW ha establecido que los Estados tienen las siguientes obligaciones: i) garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes, en el ámbito público y el privado, ii) mejorar la situación de facto de la mujer adoptando políticas y programas concretos y eficaces, y iii) hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos basados en el género que afectan a la mujer (Comité CEDAW, 2009a: párr. 7).

De forma general, el artículo 3 de la Convención obliga a los Estados a tomar en las distintas esferas (política, social, económica y cultural): “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. Asimismo, el artículo 4 prevé la obligación de los Estados de adoptar “medidas especiales de carácter temporal”18 para acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres. Las obligaciones establecidas en la Convención están encaminadas a lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

En este sentido, el Comité CEDAW ha considerado que la consecución de la igualdad sustantiva no siempre requiere que se dé un trato idéntico a hombres y mujeres, sino también un trato no igualitario en virtud de las diferencias biológicas y las creadas por la cultura (Comité CEDAW, 2009a: párr. 8). Por ende, la igualdad sustantiva “demanda que se tome en consideración el impacto que los distintos roles y posición de las mujeres y los hombres en la sociedad, comúnmente denominado género, tiene en la capacidad de las mujeres de exigir y disfrutar sus derechos humanos” (OACNUDH, 2008b: 31). Consecuentemente, los Estados deben monitorear y medir el impacto de las leyes, políticas y programas, por medio de indicadores, para evaluar el progreso hacia la realización de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, (OACNUDH, 2008b: 32).

Por otra parte, los instrumentos internacionales que ha ratificado México consagran el derecho de las mujeres a contar con el debido proceso y con las garantías de protección judicial cuando sus derechos humanos sean violados (Convención Americana, artículos 1.1 y 25). En este sentido, los instrumentos internacionales afirman el derecho de las mujeres a acceder a la justicia en condiciones de igualdad y a contar con recursos efectivos e idóneos para obtener una reparación adecuada frente a las violaciones de sus derechos humanos. Consecuentemente, los Estados tienen el deber de proveer recursos judiciales que “no se limita a ponerlos formalmente a disposición de las víctimas, sino que tales recursos deben ser idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas” (CIDH, 2007: párr. 26).

Respecto de la igualdad en el acceso a la justicia, el Comité de Derechos Humanos ha recomendado a los estados:

determinar si la mujer disfruta en condiciones de igualdad con el hombre del derecho a recurrir a los tribunales y a un proceso justo [...], si la mujer puede rendir prueba testimonial en las mismas condiciones que el hombre y si se han adoptado medidas para que la mujer tenga acceso a la asistencia letrada, particularmente en cuestiones de familia [...] si hay ciertas categorías de mujeres a las que se les niegue la presunción de inocencia (Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 28, 2000: párr. 18).

Asimismo el Comité CEDAW, ha señalado como obligación de los Estados “garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes y que, en el ámbito público y el privado, la mujer esté protegida contra la discriminación [...] por tribunales competentes y por la existencia de sanciones y otras formas de reparación” (Comité CEDAW, 2005: párr. 7).

Por otra parte, los Estados tienen el deber de aauar con la debida diligencia frente a las violaciones de derechos humanos (Convención Interamericana contra la Tortura, artículo 6; Convención Belém do Pará, artículo 7). La jurisprudencia internacional ha señalado que este deber comprende cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos, y opera no sólo en relación con actos de violencia cometidos por agentes estatales, sino que se extiende a actos de terceros y particulares (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, 1988).

Específicamente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres proscribe la violencia de género tanto en la esfera pública como en la privada19 y “afirma que la obligación de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres” (CIDH, 2007: párr. 32). Lo anterior en virtud de la discriminación histórica que han suífido las mujeres y que les ha impedido ejercer sus derechos y acceder a la justicia en igualdad de condiciones que los hombres. Como lo ha señalado la Comisión Interamericana: “La Convención de Belém do Pará reconoce el vínculo crítico que existe entre el acceso de las mujeres a una adecuada protección judicial al denunciar hechos de violencia, y la eliminación del problema de la violencia y la discriminación que la perpetúa” (CIDH, 2007: párr. 33). En este marco, la Convención establece obligaciones a los Estados tanto de cumplimiento inmediato como progresivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.20 Respecto de la obligación de debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres, la Corte Interamericana ha establecido que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir dicho deber; particularmente “deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias” (Corte IDH. Sentencia “Campo Algodonero”: 2009).

El incumplimiento de estas obligaciones puede ser exigido ante los órganos internacionales de supervisión de tratados y cortes internacionales de derechos humanos, como son: los diversos comités de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. Cahe resaltar la figura del Comité CEDAW, que en el sistema universal es el órgano especializado en los derechos humanos de las mujeres y el género. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta con una Relatoría de los Derechos Humanos de las Mujeres cuya lahor es auxiliar en las tareas de promoción y protección de los derechos de las mujeres en la región americana.

Igualdad y no discriminación

A pesar de la consagración del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y la probibición de discriminación por razones de sexo y género en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales ratificados por el Estado, persisten las normas discriminatorias contra las mujeres en la legislación penal y civil estatal. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha notado que:

En los códigos penales de los estados todavía prevalecen delitos que en sí mismos son discriminatorios, como el delito de rapto, y también criterios discriminatorios en delitos como el estupro, aborto, lesiones y homicidio. En el ámbito civil, todavía no se reconocen plenamente los aportes que realizan las mujeres que se encargan de la crianza y atención del hogar (OACNUDH, 2008b; 16).

Por ejemplo, a pesar de que en todas las entidades federativas se permite la interrupción del embarazo (ILE) cuando éste es consecuencia de una violación, las leyes penales estatales varían en las causales de ILE (grave riesgo a la salud o vida de la mujer, inseminación artificial no consentida, malformaciones congénitas o genéticas del feto, razones económicas y por voluntad de la mujer dentro de las primeras 12 semanas de gestación), por lo que las mujeres que se encuentran con embarazos no deseados no reciben un trato igualitario de la ley para acceder a la interrupción legal del embarazo de forma homogénea en el país.21 Por otra parte, algunas leyes penales estatales todavía consideran que la mujer debe ser “casta y honesta” para que se actualice el delito de estupro22 o exoneran de responsabilidad penal al agresor si se casa con ella.23 Estas leyes contravienen el principio de igualdad y no discriminación establecido en la Constitución y en los tratados internacionales.

Radiografia de los derechos humanos de las mujeres en México

En este sentido, el Comité CEDAW ha observado

con preocupación el que no haya una armonización sistemática de la legislación y de otras normas federales, estatales y municipales con la Convención, lo cual tiene como consecuencia la persistencia de leyes discriminatorias en varios estados y dificulta la aplicación efectiva de la Convención (CEDAW. Observaciones Finales a México, 2006: párr. 8).

Consecuentemente, uno de los principales desafíos es revisar la legislación estatal para modificar o derogar las normas que restringen los derechos humanos de las mujeres, sobre todo en materia civil y penal.

En este contexto, los criterios de la Suprema Corte que interpretan los derechos a la igualdad y a la no discriminación contenidos en el artículo 1 constitucional resultan favorables para impugnar leyes discriminatorias hacia las mujeres. La jurisprudencia de la Suprema Corte al respecto está en consonancia con la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos al respecto. La igualdad ha sido considerada por la jurisprudencia de la Suprema Corte como uno de “los valores superiores del orden jurídico”, lo que significa que constituye un principio básico a tomar en cuenta tanto en la creación de las leyes, como en su interpretación y aplicación (SCJN, 2004: 99). La igualdad entendida por la Suprema Corte supone dar un tratamiento igualitario a las personas que se encuentren en una misma situación de hecho, aunque también reconoce que habrá situaciones en que se necesite un trato diferenciado precisamente para lograr la igualdad material y jurídica entre las personas.

En su definición de igualdad, la Suprema Corte ha considerado que “debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido” (SCJN 2006c: 75). Esta concepción coincide con la interpretación que han hecho los organismos internacionales de derechos humanos de los derechos a la igualdad y no discriminación. El Comité de Derechos Humanos ha considerado que “el goce en igualdad de los derechos y libertades no significa identidad de trato en toda circunstancia”(OACNUDH, 2003b: 335). Asimismo, el Comité CEDAW ha señalado que para lograr la igualdad sustantiva, en algunas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar las diferencias biológicas y culturales existentes (Comité CEDAW, 2004: párr.8).

La jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el principio de no discriminación determina que cualquier diferenciación establecida en la ley deberá basarse en criterios razonables, objetivos y proporcionales para ser válida (SCJN: Igualdad, septiembre de 2006:75). En virtud de este criterio, al Poder Legislativo le está vedado establecer distinciones injustificadas en la ley o clasificaciones “sospechosas”24 y el Poder Judicial debe realizar un escrutinio estriao de dichas leyes (SCJN: Igualdad, septiembre de 2004, p. 361). Este criterio coincide con la doctrina de los organismos internacionales de derechos humanos que considera que las distinciones basadas en criterios razonables y objetivos, es decir, aquellas que tienen un objetivo legítimo y emplean medios que son proporcionales al fin que se persigue, no son discriminatorias (CIDH, Informe Anual: 1999, cap. VI).

Consecuentemente, en los casos en que se decida sobre derechos humanos de las mujeres, y específicamente en relación con cualquier discriminación de género, los jueces y juezas deberán hacer un análisis estricto de las categorías legislativas, así como ser especialmente cuidadosos en la interpretación y aplicación de la ley. Asimismo, el Poder Legislativo no habrá de establecer clasificaciones o categorías legales que puedan dar como resultado desigualdades jurídicas desfavorables para cualquiera de los sexos. Únicamente podrá darse un trato diferenciado cuando se justifiquen dichas medidas con bases objetivas y razonables, así como proporcionales a los derechos y bienes que pudieran afectarse. Por otra parte, las leyes y políticas públicas que establezcan medidas especiales de acción afirmativa a favor de las mujeres, tales como cuotas de género electorales para elevar la representación política, partidas presupuestarias destinadas a promover el avance de las mujeres y otras medidas similares que promuevan la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, son constitucionales.25

Vida familiar y derechos patrimoniales de las mujeres

El ámbito familiar es una de las esferas donde se nota una mayor actividad jurisprudencial de la Suprema Corte, lo cual supone también un reclamo significativo de las mujeres de sus bienes y derechos en sus relaciones familiares. Esto no resulta extraño si se considera que ese es el ámbito tradicionalmente relacionado con los roles femeninos y al cual, precisamente por esa concepción cultural, muchas mujeres mexicanas siguen dedicadas íntegramente. En un estudio sobre pensiones alimenticias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos observa que “es sabido, que en los espacios de asesoría y orientación jurídica el servicio se proporciona mayoritariamente a la población femenina; señalando como uno de los principales problemas que enfrentan, el abandono material y económico por parte de sus parejas” (CNDH, 2008: 2).

Si bien esta observación no está lejos de la realidad de muchas mujeres mexicanas que se convierten en cabezas de familia por abandono de sus parejas, la complejidad y dinámica de las relaciones familiares entre los géneros es tal, que demanda una gran sensibilidad tanto de las instancias legislativas, para modificar las normas que refuerzan los patrones culturales discriminatorios hacia las mujeres y no reconocen las desigualdades fácticas que todavía existen en el ámbito familiar, como de los jueces y juezas que interpretan dichas normas. En este sentido, los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte que han dirimido controversias sobre las pensiones alimenticias, el reconocimiento del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos e hijas, así como de los derechos patrimoniales asociados a la reproducción y a las relaciones familiares, han sido en algunos casos favorables a las mujeres y en otros han desconocido sus intereses. También cabe anotar que en algunos casos problemáticos la Suprema Corte ha interpretado el derecho a la igualdad en su sentido formal para no discriminar a los hombres.

En cuanto a los criterios que realizan una interpretación constitucional de los derechos a la igualdad y no discriminación favorable para la protección de los derechos humanos de las mujeres, se encuentran los siguientes.

La Suprema Corte se pronunció en el 2003 en contra de la legislación civil del estado de Hidalgo que establecía que la mujer casada sólo podía administrar la sociedad conyugal con consentimiento del marido, en ausencia o por impedimento de éste, pues la colocaba “en un plano de desigualdad en relación con su cónyuge, al impedirle ejercer un derecho que éste sí puede disfrutar [...] sin que tal distinción tenga base objetiva alguna” SCJN, 2003b: 87). Este criterio concuerda con lo establecido por la CEDAW, que reconoce que la mujer tiene una capacidad jurídica idéntica a la del hombre en materia civil y las mismas oportunidades de ejercerla.26 Asimismo, el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer ha señalado que “cuando la mujer no puede celebrar un contrato en absoluto, pedir créditos, o sólo puede hacerlo con el consentimiento del marido o un pariente varón, se le niega su autonomía jurídica” (OACNUDH, 2006: 240).

En el año 2004 la Suprema Corte determinó que las reformas a la legislación civil del Distrito Federal del año 2000, que establecieron que el cónyuge que se ha dedicado durante el matrimonio preponderantemente a las labores domésticas puede reclamar una indemnización de hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio del cónyuge que trabaja fuera del hogar, deben aplicarse sin importar si el matrimonio se realizó con anterioridad a dichas reformas, (SCJN, 2004c: 107). Aunque en su redacción la ley no hace distinción de sexo, estas reformas benefician principalmente a las mujeres casadas, ya que son ellas quienes se dedican generalmente a las labores domésticas. Esta jurisprudencia es favorable a la igualdad de género al determinar que en dicha norma civil se establece “una compensación que el Juez, a la luz del caso concreto, pueda considerar necesaria para paliar la inequidad que puede producirse cuando se liquida el régimen de separación de bienes” (SCJN, 2004c: 107). En una tesis posterior, la Suprema Corte refrendó que dichas reformas no vulneran los principios de legalidad y justicia imparcial constitucionales (SCJN, 2006b: 258).

Respecto de las pensiones alimenticias, la Suprema Corte ha emitido varias jurisprudencias que favorecen los derechos patrimoniales de las mujeres. En 2005 resolvió que el cálculo de las pensiones alimenticias debía realizarse con base en el monto total de las percepciones del deudor alimentista, incluido además del ingreso, el pago de horas extras, aguinaldo, prima vacacional, bonos y otras percepciones extraordinarias (SCJN, 2005: p.37). Lo anterior favorece a las mujeres puesto que son las que en su mayoría reclaman pensiones alimenticias y promueve que dicha pensión se fije con base en los ingresos totales del deudor alimentario. La Corte también interpretó favorablemente para las mujeres los supuestos legales en los que las mujeres divorciadas pueden reclamar una pensión alimenticia. Al analizar la legislación civil de Puebla, estableció que las mujeres pueden ejercer este derecho cuando: i) carezcan de bienes, ii) durante el matrimonio se hayan encargado de las tareas del hogar o; iii) se hayan encargado de los hijos o; iv) estén imposibilitadas para trabajar. La pensión puede reclamarse si concurren uno o varios supuestos (SCJN, 2007b).

Este criterio reconoce el valor del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos e hijas que realizan las mujeres y está en consonancia con los señalamientos del Comité CEDAW de “dar la misma importancia a todas las contribuciones, económicas o no” al dividirse la propiedad conyugal, (OACNUDH, 2006: 202). Asimismo, en otra jurisprudencia se determinó que en caso de que la mujer tenga bienes éstos deben ser suficientes para su subsistencia, “de manera que no basta que aquélla tenga bienes para descartar a priori su derecho a percibir una pensión alimenticia pues aún así puede tener la necesidad de recibirla si los bienes y los frutos resultan insuficientes para su manutención” (SCJN, 2007b). Estas jurisprudencias favorecen económicamente a las mujeres en una situación de divorcio.

Por otra parte, la Corte ha resuelto que las prestaciones sociales a las que tienen derecho las mujeres trabajadoras, como el seguro de maternidad y las guarderías, son constitucionales (SCJN, 2001: 185; SCJN, 2002b: 387). Estos criterios favorecen los derechos humanos de las trabajadoras de gozar de prestaciones sociales que reconozcan y protejan sus derechos reproductivos. Cabe resaltar que los criterios se originaron en amparos promovidos por empresas que alegaron la inconstitucionalidad de dichas prestaciones sociales por violar las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV de la Constitución, así como las garantías de seguridad social establecidas en el artículo 123 constitucional. Por lo tanto, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia no realizan una interpretación sustantiva de los derechos a la seguridad social de las mujeres.

No obstante las interpretaciones favorables a los derechos de las mujeres en las esferas familiar y patrimonial, también se han emitido jurisprudencias que no garantizan la igualdad entre hombres y mujeres en estos ámbitos. En relación con la distribución de cargas del hogar y el cuidado de los hijos, la Suprema Corte realizó un análisis poco cuidadoso del tema al resolver en el año 2004, que no se viola la igualdad entre el hombre y la mujer si en un juicio de divorcio el juez decide, a falta de acuerdo entre los cónyuges, que la mujer se quede con la custodia de los hijos menores de 7 años, ya que “en circunstancias normales, el cuidado de la madre es lo más conveniente para los menores dadas las necesidades y limitaciones inherentes a su edad” (SCJN, 2004b: 266). Aunque en principio este criterio parece favorable a las mujeres, en realidad refuerza la concepción tradicional de que son ellas quienes se encargan del cuidado de los hijos. En este sentido, el Comité CEDAW ha recomendado a los Estados “velar porque conforme a sus leyes, ambos padres, sin tener en cuenta su estado civil o si viven con sus hijos, compartan los derechos y las obligaciones con respecto a ellos en pie de igualdad” (Comité CEDAW, 2009b: párr. 20).

En otra jurisprudencia de ese mismo año, la Suprema Corte estableció que las mujeres casadas que perciben un sueldo tienen derecho a recibir rma pensión alimenticia, pero deben acreditar que “éste no es suficiente para cubrir todas sus necesidades alimentarias y que su consorte está en posibilidad de proporcionarle alimentos, otorgando rma pensión equitativa en relación con sus ingresos” (SCJN, 2004: 9). Este criterio deposita en las mujeres la carga de la prueba para recibir los alimentos y complica en la práctica el ejercicio de este derecho cuando el sueldo es insuficiente. Además, existe una contradicción con otra jurisprudencia de la misma Corte en la que sostiene que la carga de la prueba en estos casos recae en la persona deudora alimenticia y no en quien reclama dicha pensión, pues de lo contrario se estaría obligando a la persona acreedora alimenticia a probar un hecho negativo (SCJN, 1999: 100).

Por otra parte, en el año 2005 la Primera Sala de la Corte determinó que no existe el deber jurídico entre los cónyuges de proporcionarse alimentos cuando la causa del divorcio fue la separación de éstos por más de dos años, ya que no se emite en este caso una declaratoria de cónyuge culpable. (SCJN,: Alimentos entre cónyuges, marzo de 2006: 17). Sin embargo esto afeaa con más frecuencia a las mujeres, puesto que son ellas quienes generalmente se encuentran en rma situación económica desventajosa respeao de sus exmaridos y, además, obvia la situación de las mujeres que se han dedicado preponderantemente al hogar y cuyas necesidades económicas pueden subsistir aun cuando la causa del divorcio sea una separación de mutuo consentimiento.

Entre los casos problemáticos figura la resolución de la Suprema Corte que consideró contraria a la igualdad una norma del Código Civil del Estado de Aguascallentes que establecía mayores cargas probatorias para el hombre en la obtención de una pensión alimenticia en los juicios de divorcio necesario. La Suprema Corte consideró que la norma discriminaba al cónyuge varón en los casos de divorcio necesario sin haber una justificación razonable, ya que “el derecho de la mujer inocente a percibir alimentos —decretados como sanción para el marido culpable— se genera por el solo hecho de que aquélla resulte inocente en el divorcio”, mientras que el hombre que resultara inocente debía acreditar su necesidad alimenticia (SCJN, 2007c: 266). Este caso resulta problemático porque el artículo del Código Civil de Aguascalientes está basado en estereotipos de género culturales discriminatorios bacia las mujeres y que las encasillan en el ámbito doméstico.27 Por lo tanto, en estos casos se deberá atender al supuesto concreto y analizar si efectivamente es el hombre quien está en una situación de desventaja económica o es la mujer quien saldrá desfavorecida con el pago de la pensión alimenticia debiendo asumir las mayores cargas económicas como consecuencia de la disolución del vinculo matrimonial.

El cajón de los derechos reproductivos

En México los derechos reproductivos de las mujeres encuentran su fundamento jurídico como derechos humanos en el artículo 4° constitucional que establece el derecho de “toda persona de decidir de forma libre responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. Por lo tanto, tienen un cajón específico en el armario constitucional y son exigibles mediante el juicio de amparo. A pesar del amplio espearo que abarcan los derechos reproductivos, como el acceso y prestación de servicios de salud reproductiva, la obtención y utilización de métodos de planificación familiar, el derecho a la información para tomar decisiones en materia reproductiva y el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo, la Suprema Corte solamente ha analizado la cuestión de la despenalización del aborto.28

En este sentido, las dos resoluciones de la Corte sobre la constitucionalidad de la interrupción del embarazo han tenido consecuencias importantes en la protección de los derechos humanos de las mujeres. En 2002, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 10/2000,29

la Corte analizó la constitucionalidad del aborto por malformaciones congénitas o genéticas del producto de la concepción, de donde se derivó una serie de jurisprudencias (Aguinaco, 2002).30

Esta sentencia, que fue denominada por los mismos ministros un fallo histórico, presentó varios desaciertos en detrimento de los derechos reproductivos de las mujeres. Por una parte, se estableció que la vida del producto de la concepción está protegida en todo el orden jurídico mexicano, desde la Constitución hasta los ordenamientos locales, sin ponderar tal disposición frente a los derechos humanos de las mujeres a la vida, la salud, la libertad y la integridad personal contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Sin embargo, estas argumentaciones no llevaron a la Corte a declarar inconstitucionales las reformas a la legislación penal del Distrito Federal que establecían supuestos legales en materia de aborto (SCJN, 2002).

Por otro lado, se argumentó que los supuestos de interrupción del embarazo no eran excluyentes de responsabilidad penal sino excusas absolutorias, por lo que seguía configurándose el delito de aborto y la ley únicamente consideraba no imponer la pena a quien practicara el aborto en dichos casos, ya fuera el médico o la mujer (SCJN, 2002). Consecuentemente, a las mujeres que se practicaran abortos, aun en los supuestos legales, se les debía considerar delincuentes y únicamente se les perdonaban la cárcel y la multa. Asimismo, al defender esta argumentación con base en la teoría penal, se evitó reconocer y discutir los derechos fundamentales de las mujeres contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Las únicas consideraciones relacionadas con los derechos de las mujeres se expresaron en el voto concurrente del ministro Gudiño Pelayo y en el voto de minoría de los ministros Silva Meza, Góngora Pimentel, Román Palacios y Gastro y Castro.31

En 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Procurador General de la República promovieron una nueva acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas legislativas que despenalizaron en el Distrito Federal el aborto por voluntad de la mujer en el primer trimestre del embarazo.32

En agosto de 2008, tras un proceso de audiencias públicas donde se escucharon las diversas posturas de personas expertas, de académicos y organizaciones de la sociedad civil sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia resolvió a favor de la constitucionalidad de las reformas y estableció consideraciones importantes para los derechos reproductivos de las mujeres (SCJN,: Sentencia definitiva acerca de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, agosto de 2008: 150-189).

En primer lugar, la Suprema Corte validó la definición de embarazo que estableció en el Código Penal del Distrito Federal la Asamblea Legislativa. Asimismo la Corte consideró que de acuerdo con la Constitución, que no establece el derecho a la vida de forma expresa, éste no es un derecho absoluto. Y respeao de su protección en los instrumentos internacionales de derechos humanos señaló que “sí garantizan y protegen el derecho a la vida, pero no como un derecho absoluto y que la garantía se dirige de manera particular a la privación arbitraria de la vida y a la pena de muerte” (SCJN,: Sentencia definitiva acerca de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, agosto de 2008: 164).

Otra consideración relevante de la sentencia para los derechos humanos de las mujeres fue el reconocimiento de las obligaciones estatales en esta materia. En tal sentido la Corte estableció que la despenalización del aborto por la Asamblea Legislativa no fue una decisión aislada, sino que tomó en cuenta las obligaciones constitucionales del Estado en relación con la salud, con la información y con la responsabilidad en la toma de decisiones de las mujeres. De acuerdo con la resolución, estas obligaciones deben además estar respaldadas con sanciones a las autoridades que las incumplan o a quienes incurran en conductas indebidas relacionadas con el tema (SCJN,: Sentencia definitiva acerca de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, agosto de 2008: 180-181).

Asimismo se estableció que las reformas penales tuvieron justificaciones válidas, ya que la Asamblea Legislativa, en uso de sus facultades democráticas, tomó en cuenta tanto la etapa de gestación como la realidad social y las consecuencias para la salud de las mujeres. Por lo tanto, la Corte consideró que la despenalización del aborto fue una medida idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres como la libertad para decidir sobre su cuerpo, su salud física y mental y su vida. En palabras de la Corte:

Este Tribunal considera que la medida utilizada por el Legislador resulta de este modo idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e, incluso, respecto de su vida, pues no podemos desconocer que aun en la actualidad, como lo refiere claramente el legislador del Distrito Federal en su exposición de motivos, existe mortandad matspan (SCJN,: Sentencia definitiva acerca de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, agosto de 2008: 182-183).

En su análisis constitucional la Corte también consideró que las reformas siguen la tendencia legislativa en el derecho comparado de prever supuestos de interrupción voluntaria del embarazo. Finalmente, la Corte reconoció la diferencia sexual que existe en esta materia y el impacto diferenciado que tiene el embarazo en la vida de las mujeres, lo que justifica la primacía de los derechos reproductivos de la mujer sobre los del padre potencial. Al respecto la Corte señaló que:

La continuación del embarazo no deseado tiene consecuencias distintivamente permanentes y profundas para la mujer, con independencia de que cuente con el apoyo de otras personas en su continuación y después en el cuidado y la educación del niño, y es esa afectación asimétrica al plan de vida lo que establece la base para el trato distinto que el legislador consideró al otorgarle a ella la decisión final acerca de si el embarazo debe o no ser interrumpido, y lo que no hace irrazonable negar al participante masculino la capacidad para tomar esta decisión (SCJN,: Sentencia definitiva acerca de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, agosto de 2008; 188-189).

A pesar de estas consideraciones favorables a los derechos humanos de las mujeres, ni en esta resolución, ni en la pasada la Suprema Corte realizó una ponderación de derechos por el confliao de intereses que hay entre la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo (quien de lo contrario ve afectados sus derechos a la vida, la salud, la integridad personal y la igualdad) en contraposición con la protección jurídica del producto de la concepción. Esto abre la posibilidad de que, ante nuevas reformas en la legislación de los estados, se impugnen las normas que despenalizan o penalizan el aborto en supuestos distintos de los que ha analizado hasta ahora la Suprema Corte (aborto por malformaciones congénitas o genéticas del producto de la concepción y por voluntad de la mujer en el primer trimestre del embarazo).

Sin embargo, las consideraciones de esta sentencia constituyen un avance en relación con la resolución anterior de la Corte y son un precedente importante para la protección de los derechos humanos de las mujeres a la igualdad, la salud, la vida, la integridad personal y, especialmente, a su libertad reproductiva. Tal resolución abre la posibilidad de que otros estados despenalicen el aborto en los mismos términos que el Distrito Federal. Asimismo, las resoluciones de la Suprema Corte en materia de aborto siguen la tendencia internacional de considerar que su penalización afecta negativamente a las mujeres e impone riesgos a su salud y a su vida. En este sentido, los organismos internacionales de protección de los derechos humanos han expresado su preocupación por las consecuencias negativas de las leyes restriaivas sobre el aborto en la salud de las mujeres, por lo que han recomendado enmendar la legislación que lo penaliza y las medidas punitivas impuestas a las mujeres que se hayan sometido a abortos, así como mejorar la las condiciones médicas y sanitarias para su práctica (Comité CEDAW, 1999d: párr. 43; Comité desc, 2004a: párr. 56; 2004b: párr. 25; 2004c: párr. 43; 2003: párr. 63).

Libertad sexual e integridad personal (o del derecho a vivir una vida libre de violencia)

A raíz de la emisión de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 21 entidades federativas adoptaron leyes con ese propósito (Inmujeres, Legislación, 2010). Asimismo en la legislación de las 32 entidades federativas se ha establecido la violencia familiar como una causal de divorcio, y en 30 de ellas se considera un delito la violación sexual por parte del cónyuge (Inmujeres, 2008: 11). A pesar de estos avances las estadísticas revelan que en México la violencia contra las mujeres es un episodio cotidiano. De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2006) el 43% de las mujeres del país declaró haber sufrido violencia por parte de su pareja; el 30% de las mayores de 15 anos manifestó haber sido víctima de algún incidente de violencia en el ámbito laboral, como acoso, hostigamiento o abuso sexual y el 16% reportó haber sufrido discriminación o violencia en la escuela. En los espacios comunitarios (calles, mercados, transportes, cine, iglesias, tiendas y hospitales), el 40% de las mujeres manifestó haber enfrentado algún tipo de violencia (ENDIREH, 2006).

No obstante los altos porcentajes de mujeres que enfrentan violencia en sus distintas modalidades en el país, ellas no suelen acudir a denunciar tales actos y los procedimientos administrativos y judiciales siguen siendo ineficaces en la prevención, investigación y sanción del fenómeno. De acuerdo con las observaciones de Amnistía Internacional, “los índices de denuncias, procesamientos y sentencias condenatorias por estos delitos son extremadamente bajos” y “a menudo las autoridades se muestran reticentes a tramitar formalmente las denuncias de violencia doméstica y a investigarlas de manera efectiva” (Amnistía Internacional, 2008: 6).

En este contexto, si bien existe un reconocimiento de la Suprema Corte de la libertad sexual de las mujeres, especialmente en casos de violaciones y abusos sexuales cometidos en contra de mujeres adolescentes y niñas, resultan preocupantes las resoluciones en materia de violencia familiar y en algunos casos que versan sobre la protección de la libertad sexual y la integridad personal de las mujeres con discapacidad. Por una parte, un avance significativo en la protección de la libertad sexual de las mujeres fue la modificación de la jurisprudencia que establecía que no constituía un delito la violación sexual entre cónyuges, ya que se determinó que el marido ejercía indebidamente su supuesto derecho al “débito carnal”. La resolución dejó sin efeao las tesis jurisprudenciales antiguas de la Corte que refrendaban una moral conservadora respeao de la sexualidad, promovían estereotipos de género discriminatorios y supeditaban los derechos sexuales a los reproductivos.33

Asimismo dicha resolución determinó que el bien jurídico tutelado en el delito de violación es “la libertad sexual, que reconoce en el ser humano su derecho a la autodeterminación sexual” y concluyó que se integraba el delito de violación cuando se impusiera la cópula de forma violenta aun cuando existiera un vínculo matrimonial entre las personas (SCJN, 2006d: 658). La Corte también emitió otra jurisprudencia que protege la libertad sexual de las niñas al determinar que para que se configure el delito de violación equiparada basta con que se imponga la cópula a una persona menor de 14 años, ya que “es un becbo real, indiscutible y notorio y que no admite prueba en contrario, consistente en que la persona menor de catorce años no ha alcanzado el desarrollo físico, mental, emocional y psicológico que le permita decidir con libertad y plena conciencia sobre su vida sexual” (SCJN, 2000: 115).

Además, la Suprema Corte ha considerado que los delitos de violación y abuso sexual se agravan cuando el sujeto activo se aprovecha de la confianza de la otra persona para imponer la cópula, interpretando la confianza en su sentido literal sin que tenga que acreditarse alguna calidad especial entre el agresor y la persona ofendida (SCJN: Abuso sexual y violación, agosto de 2003: 59). Estos criterios siguen la tendencia internacional de reconocer que la violación y el abuso sexual son graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que incluso pueden constituir tortura cuando los cometen agentes estatales (CIDH, 1996; 2001; 2006).

Hay por otro lado jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia que son desfavorables a los derechos humanos de las mujeres relacionadas con la violencia sexual. Una jurisprudencia que emitió la Corte en 2005 estableció que la imposición de la cópula por diversas vías no genera un concurso real de delitos, sino sólo un hecho delictivo, debido a que la intención del agresor es siempre la misma: menoscabar la libertad sexual de la víctima (SCJN, 2005d: 268). Sin embargo, al imponer la cópula por distintos medios se transgrede varias veces la libertad sexual de la mujer, y se debe considerar un concurso de delitos porque se trata de conductas distintas, lo cual, además, traería aparejada una sanción mayor para el agresor. Razones similares se expresaron en un voto minoritario.34

De igual forma, en otro criterio la Corte estableció que para que se actualice el delito de violación, cuando se comete en contra de una persona sordomuda, es necesario que se acredite mediante pruebas periciales psiquiátricas y psicológicas “las repercusiones de dicha discapacidad con la facultad para decidir razonablemente respecto de su conducta sexual” (SCJN: Violación, 2008c: 423). Esta resolución resulta desfavorable para los derechos de las mujeres porque no toma en cuenta que la discapacidad es una condición que las coloca en una situación de mayor riesgo frente a la discriminación y la violencia. Además, otorga un mayor valor a la prueba pericial que al testimonio de la víctima. Asimismo, en una jurisprudencia reciente sobre la actualización de la violencia física en el delito de violación sexual, la Suprema Corte ha dado mayor relevancia a la cuestión de la resistencia de la persona ofendida a la fuerza física y a la prueba de estos actos de violencia, que a la falta o anulación del consentimiento de la agredida (SCJN, 2009c: 396). En virtud de que es difícil probar la fuerza física, este criterio puede obstaculizar que se judicialicen los casos en los que no haya un peritaje que demuestre la comisión de dicha violencia.

En cuanto al abuso sexual, en 2008 se emitieron dos criterios en que se avala la constitucionalidad de la sanción por abuso sexual establecida en la legislación penal federal. Dicha sanción consiste tanto en una pena de prisión en la suspensión del agresor en el ejercicio de su profesión por cinco años. La Corte consideró que la ley “tomó en cuenta a los sujetos activos que llevaban a cabo esos ilícitos (profesionistas y profesores, entre otros) y, principalmente, el bien jurídico que tutelan los tipos penales, que es la libertad sexual de las personas”, avalando la constitucionalidad de las sanciones establecidas en la norma (SCJN, 2008). Asimismo, la Corte consideró que la legislación penal del estado de Aguascalientes que sanciona el abuso sexual en contra de personas menores de 12 años es constitucional aunque no se establezca la necesidad de hacer uso de la violencia física o moral en la definición del tipo penal, ya que lo que se protege es la calidad especial de la persona ofendida (SCJN, 2008b: 123). Esta resolución favorece los derechos de las niñas, quienes son las mayormente afectadas por estas conductas.

Sin embargo existe una jurisprudencia anterior, emitida en 2006, que interpreta de forma restringida el tipo penal de abuso sexual y dificulta la prueba del delito. La Corte estableció que para determinar si se cometió dicho delito se debe valorar principalmente “la acción dolosa con sentido lascivo que se le imputa al sujeto aaivo, de tal manera que un roce o frotamiento incidental ya sea en la calle o en alguno de los medios de transporte, no serían considerados como actos sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual” (SCJN, 2006: 11). Esta interpretación del abuso sexual deja fuera cualquier otra conduaa sexual que no tenga un fin lascivo, como la intención de someter, dominar y afectar la integridad de la persona abusada. Además, la acreditación del fin lascivo dificulta probar el abuso sexual en lugares públicos y resulta fácil argumentar que el acto sexual se cometió por accidente.

Derechos políticos

En lo relativo a los derechos políticos, las reformas de 2008 a la legislación electoral establecieron que “de la totalidad de las solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados, como senadores [...] deberán integrarse con al menos cuarenta por ciento de candidatos de un mismo género, procurando llegar a la paridad” (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 219).35

Pese al establecimiento de las cuotas de género en la legislación electoral, la representación política de las mujeres en el Congreso y en los espacios de poder continúa siendo baja. De acuerdo con estadísticas recientes, en la Cámara de Diputados las mujeres ocupan 27.6% de los escaños, en el Senado 19.5%, y en la administración pública federal el 27.4% del los cargos medios y superiores (Unión-Interparlamentaria, 2010; Inmujeres, 2008: 15).

En este sentido, la Suprema Corte se pronunció en 2005 respecto de la constitucionalidad de las cuotas de género al analizar la legislación electoral del estado de Coahuila. Dicha legislación establece que no se puede exceder de 70% de participación de candidatos de un mismo género en el registro a cargos de elección popular. A pesar de que dicha norma se declaró constitucional, la argumentación de la Corte se basó en un análisis del sistema de porcentajes establecido en la ley (SCJN, 2005c: 21). No obstante que la Corte consideró que estas normas respetaban el principio de igualdad establecido en la Constitución, no avanzó en la interpretación de la igualdad sustantiva. En este caso la Corte pudo argumentar que las cuotas de género constituían una medida de acción afirmativa a favor del sexo femenino para promover la igualdad de facto de las mujeres en la vida política, como lo ha recomendado el Comité CEDAW para garantizar la representación de las mujeres en esta área (Comité CEDAW, 1997c).36

Tendencias jurisprudenciales y desafíos en la exigibilidad de los derechos

Los criterios y las jurisprudencias de la Suprema Corte sobre derechos humanos de las mujeres que hemos analizado son el reflejo de varias problemáticas. En primer lugar, denotan que el litigo de casos sobre derechos humanos de las mujeres es simbólico. Como se puede inferir del análisis, no son muchos los casos de mujeres que llegan a la Suprema Corte, lo cual atiende a varios factores. Por una parte, siendo que la mayoría de las jurisprudencias analizadas provienen de contradicciones de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito, esto hace suponer que la mayoría de las demandas de amparo promovidas por mujeres (o que versan sobre cuestiones de género) son resueltas por los tribunales constitucionales inferiores —Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito—, y sólo llegan al conocimiento de la Corte cuando se detectan criterios contradictorios entre dichos tribunales (para el análisis de la jurisprudencia de los tribunales inferiores se requeriría otra investigación, lo que excede las fronteras de este ensayo). No obstante, destaca el bajo porcentaje de amparos sobre derechos humanos de las mujeres que ha revisado la Corte.

Destaca también que en las áreas de derechos reproductivos y derechos políticos la interpretación que ha realizado la Suprema Corte proviene de acciones de inconstitucionalidad promovidas por órganos políticos que han cuestionado los derechos humanos de las mujeres en esos ámbitos. Destacan también los amparos por empresas que cuestionaron la constitucionalidad de las cuotas que tenían que pagar por concepto de prestaciones sociales, como el seguro de maternidad y las guarderías. En otras palabras, no han sido las mujeres quienes han reclamado sus derechos en estas áreas. Son dignos de anotarse también los derechos humanos de las mujeres que no han llegado a las puertas de la SCJN, como los derechos a la salud, la educación y el trabajo (que se aborda únicamente en su aspecto de prestaciones de seguridad social) y otras libertades fundamentales (expresión, asociación y reunión). La falta de pronunciamiento de la Corte en estos ámbitos refleja de igual forma el poco reclamo de las mujeres en dichas áreas.

El bajo porcentaje de amparos promovidos por mujeres refleja también las problemáticas estructurales de acceso a la justicia que existen en la región americana, y su significativo impacto en las mujeres. Ellas constituyen uno de los grupos históricamente discriminados que enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia en las Américas. Este hecho ha sido constatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, si bien ha reconocido los obstáculos estructurales que aquejan a los sistemas de justicia en la región americana, tales como la fragilidad del Poder Judicial, los ataques contra su independencia e imparcialidad, y su insuficiencia presupuestaria, también ha reconocido que dichos problemas estructurales afectan “en forma más crítica a las mujeres, como consecuencia de la discriminación que han sufrido históricamente” (CIDH, 2007: párr. 7-8).

Asimismo, la Comisión ha observado que los patrones socio-culturales discriminatorios hacia las mujeres han sido uno de los principales obstáculos que enfrentan para acceder a la justicia y que impide la correaa interpretación y aplicación de la ley (CIDH, 2007: párr. 8). En este sentido, el análisis jurisprudencial muestra que a pesar de los criterios que realizan un análisis más profundo de la ley y los roles tradicionales de género que favorece los derechos de las mujeres, en muchos casos, persisten los estereotipos y comportamientos socioculturales tanto en las mismas normas como en la interpretación constitucional que se hace de ellas. En tal sentido constituye un desafío que los jueces y juezas en el análisis constitucional integren la perspectiva de género como una herramienta interpretativa para detectar cuándo el contenido de la ley o su aplicación, aparentemente favorable a las mujeres, no lo es en la práctica.

Otro de los obstáculos estructurales que afectan el acceso a la justicia de las mujeres en México es su propio desconocimiento de sus derechos y de las vías jurídicas para hacerlos exigibles. La Ofícina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha observado que esta situación, “especialmente en las zonas rurales, se traduce en un bajo nivel de empoderamiento para hacer exigibles y justiciables sus derechos humanos” (OACNUDH. Diagnóstico de la situación de derechos humanos en México, 2003: 143). Consecuentemente, representa un reto incrementar el conocimiento de las mujeres sobre sus derechos, sobre todo en las zonas rurales y marginadas, y promover su acceso a asesoría jurídica profesional para que sean capaces de exigir sus derechos y puedan tener éxito en el proceso jurídico.

Por otra parte, las contradicciones en las jurisprudencias y tesis compiladas reflejan que los casos no suelen resolverse interpretando de forma sustantiva los derechos de las mujeres, de manera que se defínan su contenido y alcance. Tampoco se hace referencia a las obligaciones del Estado para garantizar y promover sus derechos humanos. Por lo tanto, los estándares constitucionales de protección de los derechos de las mujeres no están claros y sólo se pueden identifícar ciertas tendencias jurisprudenciales. Estas tendencias, que se detallan a continuación, muestran que a pesar de los avances en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres, hay interpretaciones que difícultan la exigibilidad de los mismos.

En materia familiar, se aprecia una tendencia de la Suprema Corte a reconocer la autonomía de las mujeres en la administración del patrimonio y los bienes familiares, así como a reconocer sus desventajas económicas en este ámbito, el valor del trabajo doméstico y las labores asociadas a la reproducción, como denotan las jurisprudencias que han avalado el derecho de las mujeres a obtener una pensión alimenticia después del divorcio cuando se han dedicado preponderantemente a tales labores o cuando carecen de bienes suficientes para su manutención. Sin embargo, han puesto cargas probatorias en las mujeres para su obtención, lo que les genera mayores obstáculos procesales durante el juicio y les dificulta el goce efectivo de sus derechos en la práctica. La jurisprudencia que impone mayores cargas a las mujeres que las establecidas en la propia legislación civil para probar la violencia familiar como causal de divorcio es otro ejemplo de lo anterior.

También se aprecia una tendencia en la jurisprudencia de la Suprema Corte a desmantelar estereotipos de género discriminatorios para las mujeres y a reconocer y proteger su libertad sexual, como se desprende de la modificación de la jurisprudencia para aceptar la violación sexual entre cónyuges y de los criterios que establecen que el bien jurídico protegido en el delito de abuso sexual es la libertad sexual y la calidad especial de la víctima cuando es menor de edad. No obstante, algunas interpretaciones de estos delitos establecen requisitos probatorios que imponen mayores cargas procesales a las mujeres en situación de violencia y dificultan la persecución y sanción efectiva del agresor. Consecuentemente, uno de los principales retos que deben enfrentarse es sensibilizar a los jueces y juezas sobre la situación crítica que obstaculiza el acceso a la justicia particularmente de las víctimas de violencia y fomentar que en la interpretación de la ley no se impongan mayores cargas probatorias a las mujeres en los procesos penales y civiles para acreditar conductas de terceros que menoscaban sus derechos.

Por otro lado, se observa que la jurisprudencia constitucional avanza hacia el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, como el derecho a interrumpir un embarazo no deseado. Las resoluciones de la Corte que resolvieron a favor de la constitucionalidad de la despenalización del aborto en casos de malformaciones congénitas o genéticas del producto de la concepción, y por voluntad de la mujer en el primer trimestre del embarazo, son prueba de ello. La consideración de la Corte en la última resolución de que el embarazo afecta en distinta forma a las mujeres y a los hombres, es un primer paso al reconocimiento de las diferencias sexuales que pueden dar lugar a un tratamiento jurídico diferenciado para lograr la igualdad sustantiva. La resolución que avala las cuotas de género, aunque sin realizar una interpretación amplia de la igualdad sustantiva, avanza también en este sentido.

Por otra parte, en la jurisprudencia se aprecia muy poca alusión a la normativa internacional en materia de derechos humanos. Una de las razones puede ser que los litigantes no estén haciendo valer en las demandas de amparo argumentos fundados en las normas del derecho internacional, por lo que los tribunales constitucionales inferiores y la Suprema Corte no se pueden pronunciar al respecto, ya que la litis se forma con los argumentos de las partes. Otra razón es la persistencia en el ámbito judicial de la interpretación y la aplicación tradicionales de la ley, en que la jurisprudencia y la doctrina de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos se ven como derecho extranjero o ajeno a la protección de las garantías individuales, término que se utiliza en la doctrina e interpretación constitucional mexicana para denominar a los derechos fundamentales. Por lo tanto, constituye un desafío que en la enseñanza del derecho se tomen en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos y los estudios de género y se promueva la formación académica de jueces y juezas en estas materias.

Conclusiones

Si bien las mujeres en México tienen en la Constitución y en los tratados internacionales el fundamento jurídico para hacer valer sus derechos humanos ante los tribunales nacionales e internacionales, enfrentan obstáculos significativos para acceder a la justicia y obtener una adecuada reparación. Tales obstáculos resultan tanto de problemáticas estructurales comunes a la región americana, como de la falta de claridad que prevalece en los estándares de protección normativos en México. Como máximo intérprete de los derechos fundamentales en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desempeña un papel fundamental para definir estos estándares, allanar el paso infernal de las mujeres por los tribunales y avanzar en la construcción de una jurisprudencia de género.

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Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2004. “DIVORCIO, LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULÓ 289 BIS DEL CÓDIGÓ CIVIL PARA EL DISTRITÓ FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2000, PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA”, tesis lª./J.78/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre, p. 107.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2004. “IGUALDAD, CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULÓ 1° DE LA CÓNSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)”, tesis 1ª CXXXIII/2004, Novena Epoca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre, p. 361

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2005. “ALIMENTOS. CUANDO SE FIJAN CON BASE EN LAS PERCEPCIONES SALARIALES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, DEBEN TDMARSE EN CUENTA TODAS AQUELLAS PRESTACIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS QUE OBTENGA COMO PRODUCTO DE SU TRABAJO QUE CONSTITUYAN UN INGRESO DIRECTO A SU PATRIMONIO, EXCLUYÉNDOSE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN”, tesis 1ª./J. 114/2005, Semanario Judicial de la Federación y s\x Gaceta, tomo XXII, octubre, p. 37.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2005. “Contradicción de tesis 46/2003- PS. Voto minoritario que formulan los ministros José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero”, Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2005. “INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. LOS ARTICULOS 20, PÁRRAFO SEGUNDO, 21, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, Y 26, FRACCIONES VII Y VIII, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER UN PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE CANDIDATOS DE UN SOLO GÉNERO EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, NO CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD”, tesis P./ J.58/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio, p. 21.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2005. “VIOLACIÓN, NO SE ACTUALIZA EL CONCURSO REAL DE DELITOS CUANDO SE IMPONE LA CÓPULA POR DIVERSAS VÍAS DURANTE EL MISMO LAPSO Y SIN HABER CESADO LOS MEDIOS COMISIVOS RESPECTO DEL MISMO SUJETO PASIVO”, tesis; la./J. 58/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, agosto, p. 268.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2006. “ABUSO SEXUAL, ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN”, tesis N./J. 151/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, enero, p. 11.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2006. “ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGUES. NO SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO FUNDADO EN LA CAUSAL ESTABLECIDA EN EL ARTICULO l4l, FRACCIÓN XVII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ”, tesis N./J.4/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo, p. 17.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2006. "DIVORCIO NECESARIO, CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN RELATIVA CON BASE EN LA CAUSAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN LA DEMANDA DEBEN EXPRESARSE PORMENORIZAD AMENTE LOS HECHOS, PRECISANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR”, tesis IVJ.69/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXTV, diciembre, p. 1.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2006. “DIVORCIO, EL ARTÌCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2000, QUE PERMITE AL JUEZ FIJAR UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A ALGUNA DE LAS PARTES CUANDO SE CUMPLEN CIERTOS REQUSITOS, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE JUSTICIA IMPARCIAL”, tesis 1ª. CXX/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXTV, agosto, p. 258.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2006. “IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL”, tesis; la./J. 55/2006, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre, p. 75.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2006. “VIOLACIÓN. SE INTEGRA ESE DELITO AUN CUANDO ENTRE EL ACTIVO Y PASIVO EXISTA EL VÍNCULO MATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”, tesis l./J.10/94, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero, p. 658.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2007. “ALIMENTOS DERIVADOS DEL DIVORCIO NECESARIO. LA HIPÓTESIS EN LA QUE LA EX CÓNYUGE ‘CAREZCA DE BIENES´ PARA TENER DERECHO A PERCIBIRLOS, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE SI POSEE BIENES ÉSTOS NO SEAN SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR FRUTOS SUFICIENTES PARA SUFRAGAR LA NECESIDAD ALIMENTICIA (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA)”, tesis N.CV/2004, tesis jurisprudencial 37/2007, marzo.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2007. “PENSIÓN ALIMENTICIA EN CASO DE DIVORCIO NECESARIO. EL ARTICULO 310 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE LA PREVÉ, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD CONTENIDA EN EL ARTICULO 4°, PRIMER PARRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, tesis 1ª.CLI/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, julio, p. 266.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2007. “TRATADOS INTERNACIONALES, SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis P.IX/2007, tomo XXV, abril, p. 67.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2007. "ALIMENTOS DERIVADOS DEL DIVORCIO NECESARIO. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL DERECHO DE LA EX CONYUGE INOCENTE A RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”, tesis jurisprudencial 36/2007, marzo.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2008. “ABUSO SEXUAL. EL ARTICULO 266 BIS, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL DISPONER QUE TRATÁNDOSE DE DICHO DELITO, ADEMÁS DE LA PENA DE PRISIÓN, EL CONDENADO SERÁ SUSPENDIDO POR EL TÉRMINO DE CINCO AÑOS EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN, NO INFRINGE LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN”, tesis aislada XX/2008, aprobada el 16 de enero.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2008. “ABUSO SEXUAL. EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASÓ ALIENTES, QUE ALUDE A LA LOCUCIÓN ‘SIN HACER USO DE LA FUERZA FÍSICA O MORAL’, NO CONTIENE UNA CONDUCTA IMPOSIBLE, POR LO QUE NO INFRINGE LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE LEGALIDAD PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 14 CONTITUCIONAL”, tesis lª. XXVII/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, marzo, p. 123.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2008. “VIOLACIÓN EQUIPARADA. PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE ESE DELITO CUANDO EL SUJETO PASIVO PADECE SORDOMUDEZ, ES MENESTER QUE EL ÓRGANO ACUSADOR ACREDITE MEDIANTE LOS DICTÁMENES PERICIALES CORRESPONDIENTES, LAS REPERCUSIONES FÍSICAS Y MENTALES DERIVADAS DE ESE PADECIMIENTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y BAJA CALIFORNIA)”, tesis: 1a./J. 56/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, julio, p. 423.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2008. Sentencia definitiva acerca de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, pp. 188- 189, en <http://informa.SCJN.gob.mx/sentencia.html>, consultada el 15 de agosto de 2009.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2009. “VIOLENCIA FÍSICA COMO MEDIO ESPECÍFICO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE VIOLACIÓN. SE ACTUALIZA ESTE ELEMENTO NORMATIVO CUANDO EL SUJETO ACTIVO SUMINISTRA UN AGENTE QUÍMICO O BIOLÓGICO (MEDICAMENTO O DROGA) AL PASIVO CON LA FINALIDAD DE ANULAR O VENCER SU RESISTENCIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DURANGO)”, tesis la./J.123/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo, p. 396.

Unión Interparlamentaria. 2010. “Las mujeres en los parlamentos, Situación al 28 de febrero de 2010”, disponible sólo en inglés en <http://www.ipu.org/ wmn-e/classifhtm>, consultado el 12 de abril de 2010.

1 El término ‘tesis’ significa que se hace referencia a una tesis aislada, es decir, es un criterio que nace de la resolución de un caso específico. Cuando se habla de ‘jurisprudencia’ se hace referencia propiamente a los precedentes judiciales, ya sea por reiteración de criterios (el fallo de cinco casos en el mismo sentido), por contradicción de tesis (resolución de dos criterios contrapuestos de los Tribunales Colegiados de Circuito) o por proceder de una acción o de una controversia constitucional.

2 La Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta comenzaron el 4 de febrero de 1995 y continúan hasta la época actual, según lo establecido en el Acuerdo 5/1995, emitido el 13 de marzo de 1995, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación nos referiremos a éste como Novena Epoca.

3 Para un análisis más detallado del significado del género y su diferencia con el sexo, y de cómo la cultura ha influido en ambos, véase Lamas, 2002.

4 Cuando se usa el término los tratados internacionales, se aplica únicamente a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, que son los que contienen en su mayoría los derechos de las mujeres y de donde emana la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos. Los tratados comerciales o de otra índole, aun cuando pueden contener derechos fundamentales de las mujeres, no son parte de este análisis.

5 De acuerdo con el artículo 133 constitucional, ‘los tratados internacionales’ y las leyes generales que emite el Congreso forman parte de la Ley Suprema de la Nación, aunque no hay un consenso sobre su jerarquía normativa. El último criterio de la Suprema Corte de Justicia establece que los tratados internacionales (sin hacer distinción entre tratados de derechos humanos y de otro tipo) se encuentran por debajo de la Constitución, al mismo nivel que las leyes generales y por encima de las leyes federales y locales. Este criterio no constituye jurisprudencia (SCJN: Tratados internacionales, abril de 2007, p. 6).

6 La Constitución mexicana reconoce los derechos de las personas, tanto de hombres como mujeres, a la libertad (artículo 1); la igualdad y no discriminación (artículos 1 y 4); la educación (artículo 3)> la protección de la salud y los derechos reproductivos (artículo 4); vivienda digna y medio ambiente adecuado (artículo 4); libertad de trabajo (artículo 5), derecho a la libertad de expresión, derecho de réplica y derecho a la información (artículo 6); libertad de imprenta (artículo 7), derecho de petición (artículo 8); derecho de asociación (artículo 9); libertad de circulación (artículo 11); debido proceso y protección judicial (artículos 14 y 16); garantías en el debido proceso penal (artículos 19 y 20); la integridad personal (artículo 22); la libertad de creencias (artículo 24); derechos políticos (artículo 35); derecho al trabajo y seguridad social (artículo 123).

7 La CEDAW fue adoptada en Nueva York, el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por México el 23 de marzo de 1981. En virtud de su Protocolo Facultativo se pueden presentar peticiones individuales ante el Comité CEDAW, que es el órgano de supervisión del cumplimiento de los Estados de dicha Convención.

8 La Convención “Belém do Pará” fue adoptada por los Estados americanos en Brasil el 9 de junio de 1994 y ratificada por México el 12 de noviembre de 1998.

9 El Convenio fue adoptado en Lake Success, en Nueva York el 21 de marzo de 1950. México se adhirió el 21 de febrero de 1956.

10 El Pacto fue adoptado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966. México se adhirió el 23 de marzo de 1981 y también es parte de los Protocolos. El primer Protocolo se refiere al reconocimiento de la competencia del Comité de Derechos Humanos, reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción del Estado parte. El segundo Protocolo, que se refiere a la abolición de la pena de muerte.

11 El Pacto fue adoptado en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966. México se adhirió el 23 de marzo de 1981.

12 La Convención contra la Tortura se adoptó en Nueva York el 10 de diciembre de 1984. México la ratificó el 23 de enero de 1986, y también es parte de su Protocolo Facultativo (adoptado el 18 de diciembre de 2002).

13 La Convención fue adoptada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. El primero de sus protocolos se refiere al tema de la participación de niñas y niños en conflictos armados y el segundo a la pornografía infantil. México es parte de los dos, adoptados ambos el 25 de mayo de 2000.

14 La Convención Americana fue adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. México se adhirió el 24 de marzo de 1981.

15 El “Protocolo de San Salvador” fue adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y ratificado por México el 16 de abril de 1996.

16 La Convención fue adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 y ratificada por México el 22 de junio de 1987.

17 El articulo 1 define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

18 Estas medidas se conocen en la literatura sobre derechos de las mujeres como medidas afirmativas o de acción positiva y suponen un rol activo del Estado y las instituciones en su diseño e instrumentación.

19 La Convención define la violencia contra la mujer en su artículo 1 como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

20 Entre las primeras se encuentran medidas negativas como abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y positivas, por ejemplo, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar las medidas apropiadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, incluyendo las medidas legislativas y las medidas jurídicas necesarias para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer; modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia; establecer procedimientos legales eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, y asegurar que la mujer tenga acceso efectivo al resarcimiento y la reparación del daño (artículo 7 de la Convención Belém do Pará). Las segundas comprenden, entre otras, fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia; modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, por medio de programas educativos, de sensibilización sobre la problemática y cursos de capacitación al personal de administración de justicia, policial y de aplicación de la ley; proveer servicios especializados de atención a las mujeres en situación de violencia y programas de rehabilitación (artículo 8 de la Convención Belém do Pará).

21 En este sentido, 29 estados permiten la interrupción del embarazo por grave riesgo a la vida de la mujer, 14 por malformaciones congénitas o genéticas graves del producto, 11 por grave daño a la salud de la mujer y 10 por inseminación artificial no consentida. En Yucatán existe la causal de razones económicas y el Distrito Federal es la única entidad donde se puede realizar por voluntad de la mujer dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Véase Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), 2010.

22 El delito de estupro consiste en tener relaciones sexuales con una persona menor de edad (generalmente entre 12 y 18 años) obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño. Actualmente, cinco códigos penales de la República consideran que la mujer debe ser “casta y/o honesta” en su tipificación del delito de estupro (véase, la legislación penal de Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, y Veracruz).

23 Véase, Código Penal del Estado de México, Nayarit y Quintana Roo.

24 Las categorías “sospechosas ” son clasificaciones establecidas por el poder legislativo que pueden surgir de prejuicios o estereotipos en detrimento de ciertas personas o grupos sociales. Las categorías sospechosas por antonomasia son la raza, el sexo y la religión. De ahí que se prohíban expresamente en el artículo 1° de la Constitución mexicana. La Suprema Corte de Estados Unidos fue la primera que desarrolló este criterio respecto de las categorías legislativas que podrían implicar discriminación racial (Rey Martínez, 2005).

25 El Comité CEDAW en su interpretación de la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha recomendado a los Estados adoptar medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Asimismo, el Comité ha señalado que estas medidas están en consonancia con el objeto y fin de la Convención y no se consideran discriminatorias hacia los hombres. Las medidas especiales de carácter temporal, como han sido definidas por el Comité, abarcan lo que comúnmente se conoce en la teoría jurídica como medidas afirmativas o de acción positiva. Véase Comité CEDAW, 2004.

26 Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Artículo 15: párr. 2.

27 El artículo 310 de dicho Código, analizado por la Corte, establece que: “En los casos de divorcio, la mujer inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva honestamente. El marido inocente sólo tendrá derecho a alimentos cuando esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes propios para subsistir”.

28 El amparo que promovió el Presidente del Comité Pro-Vida en 2004 en contra de la inclusión de la anticoncepción de emergencia en la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar fue declarado improcedente por la Suprema Corte, argumentando que el quejoso carecía de interés jurídico, ya que la norma no afectaba su esfera jurídica. Por lo tanto, la Corte no realizó un análisis de fondo del asunto. Véase Cabal y Motta, 2006: 374.

29 En el año 2000, 33% de los diputados de la Asamblea Legislativa impugnó ante la Suprema Corte la validez del aborto por malformaciones genéticas o congénitas del producto de la concepción y las facultades del Ministerio Público para autorizar la interrupción del embarazo en casos de violación, alegando que transgredían el derecho a la vida, los principios de igualdad y la garantía de certeza en materia penal contenidos en la Constitución. Véase SCJN, 2002.

30 Las jurisprudencias derivadas de esta acción tienen una validez jurídica cuestionable, ya que de acuerdo a la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, por ser una acción de inconstitucionalidad, las argumentaciones de la sentencia en su totalidad son lo que constituye un precedente y no sólo extractos de la misma.

31 El ministro Gudiño consideró que de las normas constitucionales no podía inferirse alguna garantía o protección específica del producto de la concepción frente a la mujer, sino que ésta devenía de la legislación ordinaria. Además argumentó que había un conflicto de intereses entre la mujer y el nuevo ser porque la continuación del embarazo afectaba negativamente el proyecto de vida de la mujer, problemática que no contempla la Constitución. Véase SCJN, 2002. En el voto de minoría se argumentó que las normas procesales penales regulaban una realidad social y un problema de salud pública, reconocían la dramática situación de las mujeres embarazadas como consecuencia de una violación y protegían su derecho a una maternidad libre y consciente (SCJN,, 2002).

32 Las reformas del 2007 al Código Penal del Distrito Federal despenalizaron el aborto definiendo el tipo penal como: “Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación” y definieron el embarazo para efectos del Código Penal como “el proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio” (artículo 144). Además redujeron las penas para las mujeres que interrumpieran el embarazo fuera de los supuestos legales (artículo 145). Asimismo se estableció el tipo penal de aborto forzado para sancionar la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación sin el consentimiento de la mujer (artículo 146). Por otra parte, en la Ley de Salud del Distrito Federal se estableció que la atención de la salud sexual y reproductiva es de carácter prioritario y que los servicios en esta materia tienen como finalidad la prevención de embarazos no deseados.

33 Algunos de estos criterios establecían, por ejemplo, que la finalidad del matrimonio era la procreación de la especie, en virtud de lo cual “sólo se concibe la práctica de la cópula normal”, constituyendo la imposición de la cópula sexual anormal y violenta del hombre a la mujer el delito de violación; o señalaban que si el acto sexual entre cónyuges se llevaba a cabo en público, en contra de la voluntad de la mujer, ofendiendo gravemente su moral y su derecho a la intimidad, se configuraba el delito de violación (SCJN, 1994: 17-18).

34 En el voto minoritario se argumentó que sí existe un concurso real de delitos homogéneos, puesto que el delito de violación es de consumación instantánea y al cometerse por diversas vías constituye una pluralidad de actos, sin importar que el agresor persiga el mismo propósito. Véase SCJN, 2003b: 284.

35 Anteriormente la legislación electoral establecía que los registros de dichas candidaturas no podían constituirse con más de 70% de candidatos o candidatas de un mismo género, lo que suponía una cuota mínima de género de 30 por ciento.

36 El Comité CEDAW recomienda la adopción de medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos, entre las cuales se encuentran las medidas de acción afirmativa. Véase la nota 15 supra.

¿Ni “un poquito de justicia”?
El feminicidio en Ciudad Juárez y la Sentencia del caso “Campo algodonero”

Lucía Melgar

Preámbulo

¿Qué significa vivir en un país donde sólo 1% de los crímenes se castiga? ¿qué significa vivir en una ciudad donde se mata a mujeres y niñas con saña y en total impunidad? ¿Qué pasa cuando se busca “un poquito de justicia” y transcurre el tiempo sin recibir siquiera un poquito de verdad?

Hace unos años, una de las mujeres de Ciudad Juárez que fueron agraviadas por los asesinatos de sus hijas, todavía impunes, explicaba que seguía en la lucha porque quería “un poquito de justicia”. Hoy ha dejado la ciudad. Algo de su indignada desesperanza puede oírse a través de la carta en donde la familia de Sagrario González anuncia que la Fundación que llevaba su nombre “suspenderá actividades por tiempo indefinido” y expone:

es en nuestro gobierno en quien recae la mayor parte de la responsabilidad de lo que aquí sucede, nuestros gobernantes dicen que necesitan más participación ciudadana, pero cómo denunciar ante una autoridad desconocida, ante una autoridad corrompida y vulnerable, si hemos sido amenazados, o víctimas de cualquier delito, ése será nuestro secreto, porque desafortunadamente en Juárez no hay garantías para una persona civil.1

La imposibilidad de denunciar forma parte del nudo de fallas y vicios que cierra las puertas de la justicia en Ciudad Juárez y otras zonas del país. Tener acceso a la justicia implica poder tocar a la puerta de la Ley y que ésta se abra; entrar al recinto judicial sin temor y con la confianza de que se podrá presentar la demanda, denunciar el agravio y esperar una resolución apegada a derecho. O simplemente saber que se tiene dónde acudir y hay alguien de quien se puede esperar una respuesta. El acceso a la justicia no implica que sólo se castigue que a los culpables de un crimen y se repare el agravio, pero si ni siquiera eso sucede, no hay elemental justicia. Señalar que no hay dónde acudir y dejar la ciudad en la que tanto se ha luchado es, pues, la denuncia más clara de que (ya) no hay esperanza. Sin justicia, ¿qué convivencia es posible? ¿qué vida es digna? De ahí la necesidad de marcharse de una ciudad “que pronto será un desierto” (Fundación Sagrario, 2010).

Vivir en la ciudad más violenta y una de las más peligrosas del mundo es toparse con la quiebra de la ley, arriesgar la vida y la seguridad. Es tener miedo, vencer el miedo y reclamar el “derecho a vivir con dignidad” (Mujeres libres y seguras, 2010). Vivir en el país de la impunidad y de la violencia extrema es saber que cuatro años de guerra han ocasionado la muerte violenta de 30 000 personas, la misma cifra que las desaparecidas bajo la diaadura argentina. Y es haber sumado antes otros números: los brutales asesinatos de mujeres y niñas que acaecieron en Ciudad Juárez por más de 15 años, antes de que la “nueva guerra” y sus discursos de muerte encubrieran con más cadáveres los anteriores.

Ante esa brutal acumulación de asesinatos y agravios, el discurso oficial criminaliza a las víaimas y condena a quienes exigen justicia. En el discurso social surgen nuevas palabras: “feminicidio”, “juvenicidio”; éstas, por un momento, rescatan los cuerpos de las mujeres y los jóvenes que desaparecen entre los “daños colaterales” del double-speak bélico.2

La actual espiral de muerte sigue una dinámica propia. Sin embargo, como se expondrá en este ensayo, el grado de tolerancia a la violencia extrema y el grado de impunidad que padecemos en México no pueden entenderse sin la recurrente y persistente impunidad de los crímenes atroces que, como los de hoy, se negaron y trivializaron por más de una década. El proceso de instituciona- lización de la impunidad, y en particular, la sistemática negación de justicia a las mujeres, vivas y muertas, son, desde esta perspectiva, antecedentes y parte integrante de la actual crisis del “estado de derecho” y de la primacía de la injusticia.

México 2010 ¿La vida (¿de quién?) no vale nada?

Desde 2007, cuando se inició la “guerra contra el narco”, han muerto asesinadas en México más de 30 000 personas.3 Resultado de una guerra civil no declarada, estas muertes suelen atribuirse a “enfrentamientos” entre delincuentes ligados al narcotráfico, por lo que no se investigan y quedan sin castigo.

El escenario es sombrío: a estas cifras alarmantes se añaden una tasa de impunidad que hace irrisorio el sentido de justicia y una gradual pero obvia normalización de la violencia en el país. La intensificación y expansión de la violencia contra individuos y comunidades ha vuelto recurrentes las decapitaciones, las mutilaciones y los asesinatos múltiples. En la frontera norte aumentan las extorsiones y los secuestros, se repiten las masacres de jóvenes, y se perpetran violaciones tumultuarias de mujeres y niñas que, como han manifestado varias organizaciones de mujeres, por lo general no se denuncian (Mujeres libres y seguras, 2010).

En lo que se refiere al acceso de las mujeres a la justicia y a una vida sin violencia, resulta grave y muy preocupante que estas “nuevas violencias” —que así suelen percibirse aunque tengan antecedentes en la “guerra sucia” de los años 70—4 oculten e incluso borren las persistentes manifestaciones de violencia de género.

La violencia doméstica o intrafamiliar afecta a más de la mitad de la población femenina, con tasas de 47% entre las mujeres de más de 15 años según las encuestas oficiales (ENDIREH, 2006). Si bien se han logrado algunos avances legales, como la Ley de Igualdad (2005) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), el ámbito jurídico es hostil a las mujeres. El sistema judicial es ineficaz, carece de perspectiva de género y tiende a revictimizar a quienes han sufrido un delito, en particular, pero no únicamente, cuando hay violencia sexual; o a castigar a quienes no tienen dinero ni medios para defenderse, dejando libres en cambio a quienes pueden urdir estratagemas para burlar la ley.5 El acceso a la justicia para las mujeres es muy problemático y requiere medios económicos que ellas no siempre tienen o pueden conseguir. Además las propias leyes son defectuosas: en algunos códigos todavía subsisten huellas de una cultura machista en que se castigaba más duramente el robo de una vaca que un rapto, o en que, como en otros países, se pretende ocultar la violencia sexual y letal bajo el velo del crimen “sexual” o “pasional”. Otras leyes pueden ser novedosas pero insuficientes; por ejemplo la ley contra la violencia (LCIAMVLV), contiene figuras muy innovadoras como “la alerta de género” o el concepto de “violencia feminicida”, pero no siempre incluye los mecanismos y recursos necesarios para proteger a las mujeres de la violencia machista, valiéndose de órdenes de protección efectivas, estableciendo refugios suficientes e impidiendo o castigando la desidia de algunos funcionarios que las dejan desprotegidas en casos de divorcio por violencia, por ejemplo.6 Los casos de violencia “intrafamiliar” no reciben la atención necesaria y con mucha frecuencia quedan sin castigo; lo mismo que ocurre con los asesinatos de mujeres por sus parejas.

A esa violencia general se añaden los brutales asesinatos de mujeres y niñas pobres que desde 1993 han llamado la atención internacional sobre Ciudad Juárez, aun antes de que se convirtiera en “la ciudad más peligrosa del mundo”. Esos crímenes, que hoy continúan, se han extendido a Chihuahua y a otras ciudades y regiones del país, incluso con mayor intensidad, como sucede en el Estado de México.7 Así, aunque las autoridades hayan pretendido dar por cerrado el mal llamado caso de “las muertas de Juárez” en 2006, persisten allí y se extienden en todo el país las demandas de “verdad y justicia” por esos crímenes pasados y por los de hoy.

En el anual contexto de militarización de México y en el marco de una globalización que favorece la violencia contra las mujeres, es preciso destacar que el feminicidio en Ciudad Juárez y su ocultamiento, como un caso paradigmático de violencia de género y “misoginia oficial” cuyos efectos aún no se han calibrado del todo. Desde mi perspectiva, una consecuencia cada vez más evidente de estos crímenes sin castigo, y de la negación de justicia para las mujeres y las niñas en particular, es la trivialización de la violencia de género y la generalizada normalización de la impunidad. Por ello propongo entender el el feminicidio de Ciudad Juárez, específicamente, como un proceso de aprendizaje social de la violencia que antecede y refuerza la normalización de la violencia extrema anual.

La persistencia de asesinatos brutales de mujeres que quedan impunes demuestra, en efecto, una profunda crisis del estado de derecho y conlleva una honda degradación de la vida política y social. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso del “Campo algodonero” emitida en 2009 corrobora la responsabilidad del Estado en estos crímenes y propone medios concretos para hacer justicia y reparar el daño. En ello radica su importancia histórica. Sin embargo, si desde un principio podía dudarse de la viabilidad de que el gobierno mexicano cumpliera con las disposiciones de la colDH, a lo largo de 2010 se ha hecho evidente que el acceso a la justicia en México es un camino espinoso. Es difícil pero no imposible acceder a la justicia internacional; en cambio, lograr su cumplimiento en un país donde la impunidad se ha institucionalizado requiere más que demandas ciudadanas, promesas, o amables presiones de organismos internacionales.

El feminicidio en Ciudad Juárez: años de violencia e impunidad

En Ciudad Juárez han sido brutalmente asesinadas cientos de mujeres. Entre 1993 y 2003, según diversos organismos nacionales e internacionales, se contaban más de 500, de las cuales por lo menos un tercio había sufrido muertes atroces.8 Estos asesinatos crueles, precedidos por secuestro, tortura, violación, y la posterior aparición del cadáver semidesnudo o desnudo en un terreno baldío, son los que más claramente ilustran una violencia misógina. Por su saña y gratuidad y por atentar contra mujeres “por el hecho de ser mujeres” se han caracterizado como “crímenes de odio” (Monsiváis) y se han definido también como “feminicidio sexual serial” (Monárrez).

Por feminicidio entiendo aquí un conjunto de asesinatos dolosos de mujeres por el hecho de ser mujeres, caracterizados por una crueldad extrema, que quedan impunes por acción u omisión del Estado y que por ello pueden considerarse “crímenes de Estado” o de “lesa humanidad”. Con esta definición más restringida que el término femicide (acuñado por Russell, 1992) del cual se deriva, o que “femicidio”,9 me interesa destacar el grado extremo de violencia misógina que suponen tales crímenes, así como la impunidad en que quedan pese a su alto impacto social y a las denuncias de la sociedad civil. La impunidad, en efecto, da a estos asesinatos un carácter por demás ominoso porque supone una “misoginia estatal”, “expresión agravada de la misoginia social, que niega a las mujeres el derecho inalienable a la vida, la libertad, la autonomía, y que en definitiva justifica la violencia contra las mujeres en sus formas más extremas” (Carcedo, 2010: 43). En el uso del término recojo también las reflexiones de Ana María Martínez de la Escalera acerca de la eficacia política de la palabra “feminicidio”: “cuando se la usa para hacer visible un tipo de violencia praaicada en nuestra sociedad con efectos necropolíticos, es decir de muerte” (Martínez de la Escalera, 2010:9). Desde otra perspectiva, se advierte la proximidad conceptual con “genocidio” que, partiendo de la reflexión antropológica, ha planteado y desarrollado Segato (2010).

El número de asesinatos en la frontera norte de México ha aumentado drásticamente desde 2007 con el inicio de la guerra contra el narco y la militarización del país. Según fuentes gubernamentales e independientes, sólo en Ciudad Juárez se cuentan más de 6 000 en este periodo. Por otra parte, en los reportes de los organismos de derechos humanos también se han disparado las cifras desde 2007. En el estado de Chihuahua los asesinatos de mujeres aumentaron 300% en los últimos tres años según “Justicia para Nuestras Hijas”. En Ciudad Juárez, sólo en 2009 hubo 164 y ya en la primera mitad de 2010 se contaron más 100.10

Entre enero de 2008 y octubre de 2010 llegaron a 567 en esta ciudad, según Julia Monárrez (Díaz, 2010). La escalofriante multiplicación de homicidios, sobre todo de hombres, ha contribuido a situar la muerte violenta de mujeres en segundo plano: para algunos sería una tragedia menor contar 800 o 1 000 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en más de 15 años.

Más allá de que ninguna muerte violenta puede tolerarse ni quedar impune, la tendencia actual a minimizar los asesinatos de mujeres coincide con la ya usual práctica del gobierno mexicano de negar el feminicidio en Juárez y trivializar el significado social y político de la violencia de género en el país. Si hoy las voces oficiales subsumen los asesinatos de mujeres más brutales en la masa de homicidios dolosos que se atribuyen a la mafia, antes se pretendió neutralizar su horror adscribiéndolos a la esfera de la violencia “intrafamiliar”, sin explicar por qué ésta adoptaría semejantes grados de crueldad. Por ello es preciso recalcar que el feminicidio (en particular en Ciudad Juárez y Chihuahua) es un fenómeno específico que antecede al comienzo de la militarización del país y al auge de la violencia extrema. Sin duda desde 2007 se han ampliado las zonas de guerra y de “estado de excepción” de facto, donde la vida humana se devalúa y donde las mujeres y las niñas son vistas como “botín” por los distintos grupos de hombres armados. Sin embargo, el feminicidio y la impunidad ya se habían denunciado años atrás: recordemos que en 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos expidió una recomendación al Estado mexicano sustentada en la falta de procuración de justicia en esos casos.

Por falta de investigación policiaca, se carece de información confiable acerca de tales crímenes entre 1993 yl994, justo cuando se ponía en marcha el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), lo que ha llevado a interpretarlos como signo de una reacción de los grupos de poder locales —incluyendo al cartel de Juárez— contra esa intervención del centro (y de la globalización) en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Al cabo de varios años de impunidad estarían involucrados también muchos policías y funcionarios y algún asesino serial (González Rodríguez, 2002; Washington, 2005). Los cuerpos femeninos serían usados por los grupos mafiosos como espacios de inscripción del poder masculino mediante la violencia, por lo que Segato los ha llamado “crímenes de segundo estado” (2007).

Desde esta perspectiva, aunque la guerra haya traído nuevas violencias contra las mujeres, restar importancia a la brutalidad pasada impide comprender el significado específico del feminicidio y el proceso de tolerancia a la violencia extrema que ha propiciado su impunidad. Martín-Baró plantea en relación con la guerra civil en Centroamérica que un contexto violento favorece la violencia y amplía la tolerancia hacia ella (1983: cap. VIII); asimismo la impunidad favorece la proliferación de la violencia. Cuando el crimen no se castiga queda abierto el camino a nuevos crímenes. Por un lado, esto puede dar pie a la búsqueda de justicia “por propia mano”, algo que afortunadamente hasta ahora sólo se ha visto en algunos intentos de linchamiento, de cualquier modo son graves. Por otro, y lo que es más evidente, la falta de sanción deja suponer (o ya demuestra) que el crimen “no cuesta”, que se puede matar sin riesgo o con un riesgo muy menor. La impunidad que favoreció la socialización del crimen primero en Ciudad Juárez y luego en otras zonas, ha ampliado la brecha de injusticia y ha contribuido a la quiebra del estado de derecho en Chihuahua y en el país. También ha sido determinante en la normalización y trivia- lización de la violencia de género en particular, y en la ampliación de la tolerancia social hacia todo tipo de violencia.

La normalización de la barbarie

A la actual tolerancia de la violencia extrema antecedió en efecto un largo proceso de normalización de la barbarie contra mujeres y niñas en que se entretejieron la criminalización de las víctimas, la negación de justicia y la política de simulación.

Cabe recordar que desde que comenzaron los asesinatos brutales de mujeres, precedidos por el secuestro y la tortura, y seguidos por la post-victimización que implica tirar a un baldío el cadáver, desnudo o semi desnudo, mutilado y a veces quemado, las autoridades locales y estatales optaron por culpar de su muerte a las propias víctimas y a sus familias. Hubo voces oficiales que aludieron a la supuesta “doble vida” de las empleadas de maquiladoras11y a la irresponsabilidad de los padres (1994-2000), actualizando así los prejuicios sexistas e iniciando una especie de privatización de la

violencia que conduciría después a atribuir la mayor parte de los asesinatos a la violencia “intrafamiliar” (2005-2006), eliminando las fundamentales diferencias entre los distintos tipos de agresiones contra las mujeres12 Este tipo de discurso oficial se deriva de una visión machista y tradicional que ya en los años noventa pretendía negar los cambios socioeconómicos provocados por el auge de las maquiladoras y la primacía de la mano de obra femenina a partir de los años ochenta. Además de soslayar que el Estado debe garantizar la seguridad y la libertad de movimiento, quienes acusaban a las mujeres de “tomar riesgos” olvidaban que las obreras tenían que ir a trabajar, aun de madrugada, y que los secuestros también se daban de día y en pleno centro de la ciudad.

Esa criminalización de las víctimas en el discurso oficial se asienta en una ideología patriarcal obsoleta y en ella subyace una visión de las trabajadoras (y, por extensión, de las mujeres pobres, jóvenes, migrantes) como mano de obra sustituible, como cuerpos desechables. Alicia Schmidt-Camacho (2007) explica que ésta es la lógica del neoliberalismo globalizado que opera en la frontera entre México y Estados Unidos. Ciudad fronteriza donde se desarrolló una industria ensambladura trasnacional foco de inmigración continua y lugar de paso, Juárez ha experimentado una crisis de la ciudadanía. El Estado nacional ya no puede proteger los derechos de sus ciudadanas: las condiciones para el desarrollo de la ciudad como polo industrial en la era del Tratado de Libre Comercio (TLCAN, 1994) se contraponen a los conceptos de soberanía y ciudadanía nacional. Ciudad Juárez no es entonces una excepción sino un caso emblemático de las agudas contradicciones entre lo local y lo global, entre la sociedad que todavía apela al estado de derecho y el Estado sometido a las presiones del capitalismo global. Ya sea en el patriarcado nacional o en el neoliberalismo, las mujeres —sobre todo las pobres o migrantes— llevan la peor parte.

En Ciudad Juárez y Chihuahua, ante la desidia de los agentes del sistema de justicia, que ni siquiera fueron capaces de buscar a tiempo a las muchachas desaparecidas, que luego aparecían asesinadas, las familias a menudo tuvieron que iniciar sus propias indagaciones. Al darse cuenta de que enfrentaban el mismo drama y los mismos problemas, se unieron en organizaciones como “Nuestras bijas de regreso a casa”, “Voces sin eco”, o “Justicia para nuestras bijas”. Aunque tenían pocos recursos, vivían en barrios alejados, y basta ir a levantar un acta de denuncia era oneroso para ellas, lograron mantener una acción constante. No sólo pusieron en las calles anuncios de búsqueda, organizaron rastreos, aprendieron a leer expedientes y dar entrevistas, resistieron a la impasibilidad, a las amenazas y agresiones de los funcionarios y persistieron en su búsqueda de justicia. Así lograron incidir en la opinión pública nacional e internacional. Sus demandas de justicia y verdad recibieron el apoyo de varios medios de comunicación, de organizaciones sociales, de académicas y políticas feministas, y se vieron reforzadas por reportes muy críticos de instancias como Amnistía Internacional (2003), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2003), y Relatoras Especiales de Naciones Unidas o la CIDH (2002, 2006).

Gracias a esta presión, entre 2003 y 2006 se multiplicaron en México las instancias oficiales, encargadas de dar segrdmiento a los casos para esclarecerlos y hacer justicia. Comisiones, fiscalías, procuradurías y comités recibieron abundantes fondos para llevar a cabo investigaciones judiciales, prevenir y sancionar la violencia, investigar la corrupción y la colusión oficial, estudiar las causas del feminicidio en Ciudad Juárez y otras zonas del país. Sin embargo, ni aun así fue posible obtener cifras confiables acerca de los asesinatos y desapariciones de mujeres o del número y calidad de los funcionarios negligentes o corruptos. La falta de confiabilidad en las cifras, las investigaciones y expedientes oficiales que se ha dado desde un principio, ha sido a la vez indicio y parte de la gravedad y complejidad del problema.

Ante el feminicidio en Ciudad Juárez se suele preguntar: ¿por qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿para qué? Hasta hoy, por falta de datos sólo se puede responder con hipótesis. No se han determinado la identidad de los culpables ni sus móviles, lo que llevaría a explicar las causas de los asesinatos, a sancionarlos y a prevenirlos. No se han preservado las pruebas, ni se han armado bien los expedientes, ni se han seguido líneas de investigación coherentes. Por el contrario, por más de una década se fabricaron culpables mediante la construcción de historias estrafalarias,13 el recurso a la tortura y al asesinato de chivos expiatorios; se quemaron o perdieron evidencias. En vez de hacer justicia y reconocer y garantizar los derechos de los familiares que la reclamaban, se les maltrató con dilaciones, con amenazas y hasta con la entrega de restos de identidad dudosa.14 Luego, en vez de reparar el daño conforme a derecho, se intentó comprar a familias y organizaciones; se buscó dividirlas, e incluso se les acusó de “lucrar con el dolor”; todo con el fin de acallarlas. Además de las dificultades que conlleva el mero intento de acceder a la justicia en un medio hostil, en particular para mujeres de escasos recursos, la indignante acusación de lucro que se ha esgrimido contra las familias ha sacado a la luz, como advierte Melissa Wright (2007), los riesgos y paradojas que enífenta quien ha de exponer su dolor privado en la esfera pública para exigir una respuesta pública.

Ante la imposibilidad de acallar a las madres y a las organizaciones sociales, hubo voces oficiales que llegaron a sostener que el feminicidio era un “mito” inventado por feministas, periodistas y académicos,15 a la vez que se acusaba a las organizaciones sociales de “dañar la imagen” de Juárez con sus necios reclamos de justicia (2005-2006). Los grupos de poder locales promovieron una campaña para mejorar la imagen, no la realidad.

Lo mismo que las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, las madres de Juárez y Chihuahua ocuparon con sus voces y cuerpos un espacio que, en una sociedad tradicional, les estaba vedado. En este caso la pobreza agudizó su vulnerabilidad ante una sociedad machista y clasista. Su persistencia resulta por demás admirable, y la falta de respuesta a sus demandas es aún más significativa.

La incapacidad o corrupción recurrente de policías y funcionarios, la multiplicación de instancias oficiales carentes de facultades para cumplir sus tareas, así como la falta de sanción a los funcionarios negligentes o sospechosos de complicidad, no son circunstanciales: forman parte de un proceso de institucionalización de la impunidad. Esta ha sido sin duda un punto álgido en los reiterados informes críticos nacionales e internacionales que documentan la falta del debido proceso, la debida diligencia, y la reparación del daño. De ellos se han derivado recomendaciones internacionales a las que México ha respondido con reportes oficiales de avances ficticios cuya vacuidad quedó demostrada por la Sentencia de la colDH por el caso “González y otras vs. México”, mejor conocido como caso del “Campo algodonero”.

Como plantearé a continuación, esta condena tiene un doble valor simbólico y contradictorio. Por un lado convalida las demandas de justicia y verdad de las familias de las víaimas y de la sociedad, por otro, ilumina el impasse al que ha llevado al gobierno su propia política de simulación y muestra algunos de los límites de la justicia internacional ante los crímenes contra mujeres y niñas.

La sentencia del caso “Campo algodonero”: hito histórico y triunfo ciudadano

La condena de la COIDH contra el Estado mexicano, cuyos linea- mientos inmediatos deberían cumplirse en 2010, vuelve a poner el dedo en la llaga del feminicidio e ilumina la profundidad de la crisis aaual del estado de derecho. Recordemos primero los hechos.

El caso del “Campo algodonero” es uno de los episodios más macabros en la ominosa historia del feminicidio en Ciudad Juárez. En 2001 hizo evidente que, contra lo que afirmaba la versión oficial, las desapariciones y asesinatos de niñas y mujeres no eran hechos aislados sino que i) respondían a un patrón en cuanto al tipo de víaimas y al tipo de asesinatos, ii) implicaban cierta forma de organización y sugerían la existencia de grupos o redes delictivas y iii) incluían algún tipo de mensaje o alusión a un valor simbólico territorial.

La escena completa del campo algodonero es dantesca: en un terreno baldío de la ciudad aparecieron el 6 de noviembre de 2001 cinco cuerpos de mujeres y niñas semidesnudas, con claras marcas de violencia sexual y mutilación. Al día siguiente se encontraron tres cadáveres más. Lo que revelaba el hallazgo era atroz: los cuerpos correspondían a jóvenes y niñas que habían desaparecido hasta dos meses antes,16 lo que significaba que, o se habían tirado juntos los cadáveres que se guardaron en distintos momentos por separado, o que las víctimas habían permanecido durante semanas o meses en cautiverio antes de que las asesinaran, ¿juntas o separadas? La pregunta evidente era: “¿quién estaba detrás de esas desapariciones que culminaban en macabra conjunción en el mismo lugar y el mismo tiempo.

Lo que sucedió para no responder a esa pregunta es lo que llevó a la COIDH a condenar a México. En efecto, pese a la magnitud de esta “siembra de cadáveres” el gobierno siguió el guión acostumbrado: la simulación. Se fabricaron culpables;17 se manipuló y buscó amedrentar a las familias, se equivocaron los indicios y pruebas al grado que once familias (no sólo ocho) fueron involucradas en el errático proceso de identificación y afectadas por éste.

Lo particular en este caso (además del horror) fue la persistencia de las familias que, tras agotar todas las instancias nacionales, acudieron en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH de la OEA). De los casos que se presentaron se aceptaron tres: Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 años, Irma Esmeralda Herrera Montiel, de 15 y Claudia Ivette González, de 20. Tras un largo proceso, en noviembre de 2009 la Corte corres(COIDH) condenó al Estado mexicano por violar convenciones internacionales (Belém do Para, CEDAW, Derechos de la infancia) y por no cumplir con su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres al no actuar con la debida diligencia en casi ninguna etapa del proceso de investigación, sanción, y reparación del daño.18

La sentencia marca un hito en la lucha por los derechos humanos de las mujeres en cuanto reconoce la gravedad del “homicidio de mujer por razones de género” “también conocido como feminicidio”, y enuncia las responsabilidades del Estado al que se condena por no cumplir con su obligación de hacer justicia. La Corte establece por ello disposiciones que México debe cumplir para evitar la repetición de los actos delictivos y para reparar el daño. Esto incluye llevar a cabo la investigación que conduzca a castigar a los culpables, pagar la reparación del daño y los costos legales a las familias, con lo cual se reconoce que no tuvieron acceso a la justicia y que sufrieron violencia institucional. Contra la usual política de ocultamiento de datos y negación del problema, se estipuló que el gobierno debería publicar la Sentencia (lo cual hizo) y hacer pública la información sobre todas las mujeres asesinadas o desaparecidas desde 1993 en un portal de internet (que se creó pero no tiene información suficiente ni actualizada). Asimismo se incluyeron actos simbólicos de memoria y petición de perdón, en gran medida a solicitud de los abogados de las familias (se aceptó establecer que debía erigirse un monumento y una ceremonia pública en el campo algodonero a más tardar el 10 de diciembre de 2010, pero no que debía instituirse el día nacional contra el feminicidio).

En el contexto de militarización, violencia extrema, impunidad del crimen y trivialización de las muertes de jóvenes, niños, mujeres y hombres, la menor de las preocupaciones del gobierno exicano ha sido cumplir esa sentencia. Para fines de noviembre de 2010 casi no había avances.19

Desde que se dictó la sentencia, la sociedad, el congreso federal y la academia orientaron sus esfuerzos a darla a conocer y promover su cumplimiento. Se crearon comisiones de seguimiento, una de ellas en el Congreso federal,20 se publicaron libros acerca de la Sentencia (Medina, Red por la Vida, 2010), y las organizaciones de familiares y de derechos humanos reiteraron que debía cumplirse.

En estricto derecho y en estricto sentido de justicia todas estas demandas y acciones llevan la razón. Sin embargo en términos políticos el cumplimiento de la sentencia implicaba complicaciones y contradicciones éticas y simbólicas, que expondremos brevemente.

El in-cumplimiento de la Sentencia: impasse del Estado ¿y de la sociedad?

Lo que la Sentencia de la Corte estableció en 2009 puede considerarse una hoja de ruta para un regreso a la “normalidad” legal, a la restauración de la Ley y del Estado de derecho, una vez reconocida la responsabilidad del Estado respecto al feminicidio (aunque no se le llame así en el documento). A finales de 2010 la violencia se ha disparado, la legalidad se ha deteriorado y el estado de derecho subsiste penosamente sólo en algún oasis. Sin contar las atrocidades cotidianas del crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por policías y militares han aumentado drásticamente, como han denunciado Amnistía Internacional (2009), Human Rights (2009), WOLA y el Centro Prodh (Meyer, 2010), instancias de Naciones Unidas y organizaciones civiles mexicanas.

¿En qué medida el mismo gobierno que ha militarizado el país y que se desentiende de los asesinatos de ya 30 000 personas decidiría apegarse a la legalidad por cumplir con algunas de las medidas que le impuso la COIDH ¿Qué sentido tendría el cumplimiento de la sentencia en esta realidad?

Desde mi perspectiva, el gobierno llegó a un callejón sin salida y puso también a la sociedad en una situación muy complicada. Es difícil romper con la política de simulación; reconocer la urgencia de aplicar las medidas preventivas, de reparación y sanción (como establece la sentencia) implicaría —en términos lógicos, simplemente— la necesidad de detener la normalización y expansión de la violencia generalizada en el país, en contraposición con lo que sucedió en 2010.

La justicia legal, meollo de la Sentencia de la COIDH, seguía pendiente a fines de 2010. En términos legales y materiales esto implica, como ya se ha dicho, llevar a cabo investigaciones sistemáticas, científicas y coordinadas, que conducirían a castigar a los culpables (autores inteleauales y materiales, y funcionarios negligentes) y a la reparación del daño por el Estado. Aun cuando el cumplimiento de alguna de estas acciones favorecería la imagen del gobierno ante la opinión pública, hacer justicia (empezando por investigar) implicaría el rompimiento de las redes de complicidad, negligencia, manipulación y violencia institucionales. En este sentido, una abstracta “voluntad política” del gobierno no sería suficiente. Ni siquiera se trata de eso: a las familias, como en noviembre de 2010 reiteró con claridad Irma Monreal, madre de Esmeralda Herrera, no les interesa la reparación (material), aunque la merezcan, sino el castigo a los culpables, es decir, la justicia y la verdad (Cruz Jaimes, 2010). Esto va más allá de las formas y los formalismos y se contrapone a la política de simulación y a la imposición de la “verdad legal” que “cierra las puertas a la búsqueda de información auténtica” (González Rodríguez, 2010).

Por otra parte, ¿quiénes son los encargados de cumplir con esta Sentencia? No los diplomáticos que intentaron convencer a la COIDH de que sus informes anteriores no eran producto de su imaginación, sino los procuradores de justicia, los jueces, los encargados del sistema penal, que entre muchos otros son quienes deben investigar, dar la información de los casos, hacerla pública, etc. Aquí es donde la realidad parece rebasar los delirios de la ficción, pues en

México no se ha investigado siquiera a los funcionarios sospechosos de colusión, corrupción o negligencia; al contrario, se les ha ascendido. En septiembre de 2009,21 por ejemplo, el Ejecutivo propuso y el Senado ratificó como titular de la Procuraduría General de la República a quien fuera procurador de Chihuahua entre 1996 y 1998 (la peor época del feminicidio), pese a que fue señalado en la recomendación 98/44 de la CNDH como funcionario que debería ser investigado. Aunado al total desprecio por las protestas ciudadanas e internacionales en este caso, dicho gesto venía a corroborar que la impunidad del feminicidio era una política de Estado.

En este contexto, aunque los primeros plazos de cumplimiento hayan pasado, cabe plantear—como preguntas que no se han explicitado pero se han ido contestando con hechos— algunas dificultades que presenta el cumplimiento de la Sentencia en términos simbólicos y éticos: 1) ¿qué significaría o habría significado que el 10 de diciembre se inaugurara un monumento a las víctimas del feminicidio en el campo algodonero?, 2) ¿qué significaría que ese mismo día o el 25 de noviembre, por ejemplo, el gobierno hubiera pedido perdón y que a ambos aaos hubieran asistido funcionarios del más alto nivel, como lo especificaba la Corte Interamericana?

Los agentes del Estado no se han distinguido por su interés por la legalidad o su respeto a los deudos de las mujeres asesinadas, por lo que su presencia en esos actos los habría convertido en farsa y nuevo agravio para las familias de las víctimas y la memoria de éstas. En el mismo sentido, un Estado cuyos agentes, hoy como ayer, trivializan la violencia y criminalizan a las víctimas, no tiene autoridad moral para pedir perdón.22

La conmemoración más sincera que nace del dolor y el ansia de justicia como parte de un duelo y de una búsqueda de verdad existe desde hace tiempo en el caso del feminicidio en Ciudad Juárez y se ha ido resignificando de hecho sin la intervención estatal: son las cruces rosas que desde hace años nos recuerdan a las mujeres y a las niñas asesinadas; son las marchas que han organizado y los testimonios que han dado las madres y las familias; son también las bibliotecas, las ludotecas y los programas de lectura que las propias familias y organizaciones han creado para trascender la impotencia y el dolor.

En el mismo sentido, al acercarse el noveno aniversario del hallazgo de los cadáveres en el Campo algodonero, en un gesto de congruencia por demás inspirador, las propias organizaciones y familias decidieron por su cuenta convocar a un acto ciudadano en ese lugar para el 6 de noviembre. Allí leyeron un manifiesto que declara esa fecha como “Día por la erradicación del feminicidio y la desaparición de mujeres”23 con la intención de no olvidar, para “denunciar que la violencia feminicida es una realidad”, y para exigir el cumplimiento de la Sentencia y “afirmar que es posible vivir en una sociedad sin violencia feminicida” (Manifiesto del Campo algodonero, 2010).24 Combinando el duelo, la memoria y la denuncia, dichas organizaciones refrendaron su afán de lucha por la justicia y por una vida digna, y dieron respuesta a rma demanda propia, que la COIDH no había aceptado.

Puede interpretarse como un segundo acto de protesta (o de respuesta independiente) ante la parálisis o incapacidad del Ejecutivo, la convocatoria que lanzaron la Comisión Especial del Legislativo y algunas organizaciones sociales para celebrar un foro internacional en Ciudad Juárez donde se hizo un balance de la respuesta a la Sentencia, que crdminó con un “llamado a la solidaridad nacional e internacional” para exigir al gobierno mexicano que cumpla con sus recomendaciones. Este foro, que fue precedido por rm informe de la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana en que se refirió la intensidad y magnitud de la violencia de género que arrasa diversas zonas del continente (Díaz, 2010), puede verse también como un recordatorio del significado emblemático de Ciudad Juárez en ese mapa de violencia misógina. Estas y otras iniciativas con que se busca denunciar al gobierno mexicano ante la comunidad internacional como “omiso” o “culpable” tienen un gran valor simbólico e indican la vitalidad de algunos sectores de la sociedad que no se conforman con quedar paralizados en el laberinto de la impunidad. Cabe recordar, sin embargo, que la solidaridad internacional sirve más para preservar el derecho a la información o para proteger hasta cierto punto a quienes defienden los derechos humanos, que para hacer u obligar a hacer justicia.

Por tanto, aunque parezca pesimista o resulte incómodo, quizá en vez de preguntar si cumplirá el gobierno mexicano con la Sentencia de la coiDH y cuándo lo hará; habría que cuestionar qué significa que no la haya cumplido hasta ahora (2010), no la cumpla y no pase nada. Es decir, que no pase nada en cuanto a costos políticos reales para el Estado mexicano fuera de su mala imagen ante los organismos internacionales de derechos humanos.

Una discusión pendiente: Los límites de la justicia internacional

La realpolitik, como se sabe, es más consistente que las declaraciones bien intencionadas. El acceso a la justicia internacional es un logro de la sociedad que debemos reconocer y aplaudir. Al mismo tiempo, el in-cumplimiento de la Sentencia de la COIDH demuestra que la ciudadanía y las organizaciones enfrentan un reto enorme para pasar de la letra de la ley al cumplimiento de la ley cuando ésta carece de medidas coactivas o sanciones para imponerse.

Si bien es cierto que algunas instancias como el Parlamento Europeo han expedido condenas o expresado su preocupación por la impunidad del feminicidio (2009 y 2010), o se ha mencionado en Estados Unidos la posibilidad de retener fondos del Plan Mérida para el combate al narcotráfico (2010) ante las denuncias de derechos humanos vulnerados por militares, el hecho es que ni los países de la Unión Europea ni Estados Unidos han modificado su política internacional hacia México en favor de los derechos humanos. Resulta difícil imaginar en estas condiciones que la Unión Europea, por ejemplo, recurriera a ciertas clausulas de derechos humanos incluidas en los tratados comerciales para presionar efectivamente a México, como podría hacerlo.

Por otra parte, es preciso considerar también las limitaciones propias del sistema internacional de justicia ante los ciudadanos de un país y en particular ante las mujeres. El recurso al sistema internacional es una opción límite en la búsqueda de justicia; en el caso de la COIDH se recurre a ella sólo tras agotar todas las instancias nacionales. Además del Campo algodonero, el caso Radilla25 (2009) y la condena a México por el caso de dos mujeres indígenas violadas por militares en 2002 (2010),26 confirman la impunidad de delitos graves durante años y décadas, la consecuente ausencia de justicia y la persistente violencia institucional que enfrentan los ciudadanos, en particular los disidentes, los defensores de derechos humanos, las mujeres y los indígenas. En este sentido, como se afirma en la Sentencia del Campo algodonero, el propio texto legal que contiene la determinación de la Corte es una forma de reparación (moral por lo menos). Sin duda cada una de las condenas al Estado mexicano reivindica a quienes han denunciado la negación de justicia y la violencia institucional.

No obstante, la propia Sentencia del caso Campo algodonero, como han expuesto otros observadores, deja ver algrmos límites del sistema interamericano, pues es imperfecta o incompleta en cuanto a dos temas que son centrales para la justicia con perspectiva de género o, dicho con más claridad, para las mujeres de estos tiempos violentos. Primero, la COIDH no reconoció el uso del término “feminicidio” para referirse a los crímenes del Campo algodonero y Ciudad Juárez, debido en parte, según la Juez Cecilia Medina Quiroga, presidenta de la Corte, a que esa palabra tiene múltiples definiciones (Segato, 2010). En segundo lugar, la mayoría de los jueces se negó a considerar como “tortura”, en su acepción legal, los tormentos físicos, psicológicos y sexuales a los que fueron sometidas las víctimas antes de matarlas. Esto llevó a la juez presidenta Medina Quiroga a presentar un voto concurrente en que expresa su desacuerdo y señala que en este tema la Corte ignoró o desechó la tendencia que en otras instancias de justicia internacional incluye ese tipo de aaos como tortura, con las consecuencias penales correspondientes (COIDH, 2009).

La discusión sobre la definición y uso de estos dos importantes conceptos en el derecho internacional, en las leyes mexicanas y en relación con la Sentencia en particular, es un asunto complejo que no se desarrollará aquí pero que amerita una atenta reflexión y una amplia discusión. Baste referir para los fines de estas reflexiones que, respecto al primer punto, Rita Laura Segato ha planteado ya la necesidad de que las definiciones del término “feminicidio” se unifiquen de modo que se facilite su uso legal. También ha sugerido que se considere un nuevo término para su incorporación en el sistema penal internacional, el de “femi-geno-cidio” que por sí mismo indica la intención de situar este crimen a la altura del genocidio. Comparto su preocupación por destrivializar el uso de “feminicidio” (que han favorecido los medios y la privatización de la violencia misógina en definiciones demasiado amplias o demasiado centradas en la violencia “doméstica”) y por reconocer la amplitud y gravedad de un crimen que conlleva la impunidad y la responsabilidad del Estado. Coincido con ella en que es tarea tanto de los juristas y abogados como de las feministas de distintas profesiones y disciplinas reflexionar sobre este asunto y discutirlo con el propósito de lograr la incorporación en las leyes internacionales y nacionales de este relato del sufrimiento de las mujeres con nombre, concepto legal y castigo.

Respecto a la tortura y al uso del aspecto sexual de la tortura y de la violación como velos para ocultar la violencia y la destrucción física, emocional y psicológica sistemáticas contra las mujeres y niñas, es preciso reconocer el valor de los argumentos de la propia juez Medina Quiroga, quien se refiere a las decisiones de instancias como la Corte Penal Internacional. Asimismo habría que recordar que los diversos casos de violaciones masivas como arma de guerra en esta década y a fines del siglo pasado, han dado lugar a una bibliografia amplia que devela la destrucción de cuerpo y espíritu que buscan e imponen la brutalidad sexual y otros actos inhumanos y degradantes que acompañan esas violaciones y abusos sexuales (véanse entre otros los testimonios de las mujeres de Bosnia, las denuncias de Congo, los artículos de Jean Franco y compárense con las descripciones de Sergio González Rodríguez, de Diana Washington o de la propia Segato acerca de las huellas de tortura en los cadáveres de las mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez). Sin duda esta omisión del reconocimiento de la tortura en el caso del Campo algodonero es más que deplorable: muestra la incapacidad de los intérpretes de la ley para responder a los horrores de su época con más sentido ético y menos prejuicios.27

La codificación del “feminicidio” o del “femi-geno-cidio” en la legislación internacional es un tema pendiente que interesa no sólo a las feministas y los expertos en derecho sino a todas las mujeres. La mayor visibilidad de las formas de violencia que se cometen en el mundo contra comunidades de mujeres y niñas, contra cientos de miles de personas del sexo femenino, mediante la violación, las violaciones tumultuarias masivas, la trata para fines de explotación laboral (sexual o no), la misoginia violenta y el feminicidio, entre otras atrocidades, puede percibirse como el reconocimiento de un problema y como un medio necesario para la toma de conciencia y un llamado a la acción. No se ha de pasar por alto que esa avalancha y repetición de datos puede conllevar el riesgo de reducirse a un instrumento más de brutalización y promoción del miedo si no se crean mecanismos efectivos internacionales (y nacionales) para sancionar a los estados que consientan actos de barbarie como los de Congo o Ciudad Juárez y no promuevan cambios económicos, culturales y sociales que favorezcan un descenso real de las manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. Sin sanción a los culpables no hay ni un poquito de justicia.

Por último, al examinar el presente y el futruo inmediato, observamos la gradual pero evidente institucionalización de la impimidad en México, que es una afrenta a la tenacidad de las familias, los activistas y las organizaciones, sobre todo en el caso del feminicidio, y es un desafío a la inteligencia y la imaginación de quienes defienden los derechos humanos y en particular los de las mujeres. En efecto, a la vez que se requiere reafirmar y reclamar el sentido del estado de derecho y exigir la garantía y elrespeto a los derechos humanos, es preciso reconocer los límites del discurso y de las acciones basadas en el supuesto de que al Estado mexicano le preocupa responder a las demandas ciudadanas, hacer justicia y actuar con la debida diligencia. Tal vez haya llegado el momento de reconocer que el emperador está desnudo. Tal vez sea necesario ahondar en lo que significa que la fachada de las leyes sólo dé cobijo a unos pocos y pocas, que se use contra otros y otras (cada vez con más frecuencia y en más ámbitos),28 y se remoce de vez en cuando para modernizar la imagen del gobierno o de los gobernantes en turno. El reto, finalmente, es reivindicar un sentido concreto, efectivo y justo de la ley en un país con una gran tradición legal y una enorme injusticia.

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1 Carta abierta que enviaron a amigos y compañeros en noviembre de 2010, los familiares de Sagrario González Flores, quienes crearon dicha Fundación (copia recibida vía electrónica) .

2 Las palabras que develan el horror sólo subsisten en esa transgresión por un momento pues el aparato mediático pronto las tritura y vacía de sentido.

3 En julio de 2010, según cifras oficiales dichos asesinatos rondaban datos del CISEN (Centro de inteligencia nacional) o 24 826, según la Procuraduría General de la República (pgr). La explicaciónde la diferencia de cifras nunca ha quedado clara. Extraoficialmente se calculaban 30 000 o más a fines de noviembre de 2010.

4 Así se conoce el periodo, hasta hace poco callado, de la represión gubernamental contra las guerrillas urbana y rural y los movimientos sociales, caracterizada por violaciones a los derechos humanos por el ejército.

5 Basta contrastar las cifras de mujeres indígenas que no saben español encarceladas por delitos menores o acusadas sospechosamente de crímenes que aseguran no haber cometido o los casos no resueltos como el asesinato de la niña Paulette en el Estado de México en 2010, las muertes de defensores de derechos humanos y periodistas que no se resuelven, entre otros.

6 Desde que se expidieron la Ley General y las leyes locales se señalaron estos y otros defectos. Apenas en noviembre de 2010 la Asamblea Legislativa del DF ( ALDF) reformó la ley local para incluir el acceso a refugios especializados, pero en este mbro los recursos son insuficientes. Un punto clave que suele dejarse en el aire en la imposición de sanciones a los funcionarios que no dicten órdenes de protección inmediatas o en tiempo y forma.

7 El Estado de México es hoy día una de las zonas con cifras más altas de mujeres asesinadas; se habla ya de 900, con una tasa de impunidad superior a 90% (véase Díaz, 2010). Aunque parece difícil comparar cifras por la falta de sistematicidad en la clasificación, sin embargo sería preciso un estudio comparativo de las posibles causas de dicho feminicidio y el de Juárez, ya que si bien esta zona no es fronteriza, el desarrollo industrial y la desigualdad, así como el paso de migrantes hacia el norte sugieren algunas semejanzas en cuanto a su contexto socio-económico.

8 Las cifras por sí mismas no hablan de las vidas truncadas y del impacto social de la violencia, y sobre todo las oficiales deben tomarse con sospecha. Conviene conocer, sin embargo, los informes de Aministía Internacional y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros.

9 Los términos “feminicidio” y “femicidio” no son necesariamente equivalentes. En México se usa más “feminicidio”, adaptado por Lagarde a partir del concepto femicide (Radford y Russell, 1992) y que en la prensa denota cualquier asesinato de mujer; en Centroamérica Carcedo acuñó el uso de “femicidio”. Para una discusión del tema, véase Carcedo, 2010.

10 Datos del Observatorio Ciudadano del Feminicidio y de la prensa entre julio y octubre de 2010. Hoy se habla de más de 800 mujeres asesinadas, más de 400 en los últimos 4 años. Muchos de los asesinatos recientes son resultado de balaceras, pero persisten los perpetrados con crueldad y las desapariciones. Las imprecisiones en las cifras obedecen a que no hay una base de datos generalizada ni todas las procuradurías dan informaciones similares, etcétera.

11 La maquiladora es una industria trasnacional de procesamiento para la exportación: se ensamblan insumos importados para reexportarlos (proceso de electrónicos, por ejemplo); suelen emplear mano de obra femenina.

12 Esta tendencia culmina en 2010 con la atribución de 90% de los asesinatos al narco, sin investigación que lo pruebe (Diario de Ciudad Juárez, agosto de 2010).

13 La historia del hombre encarcelado en Santa Teresa, la ficticia Juárez de la novela 2666 de Roberto Bolafio se inspira en el caso real de Sharif Sharif, acusado de varios asesinatos y de pagar a bandas de criminales desde la cárcel. Murió en la prisión en 2006.

14 Este patrón es recurrente y se dio claramente en torno al caso del “Campo algodonero” (2001) por lo que la Sentencia de la COIDH (2009) es una fuente muy útil.

15 Un alto funcionario del gobierno federal lo aseguró en una reunión de funcionarios con el Grupo de Trabajo Alternativas, del que fui cofundadora e integrante de 2004 a marzo de 2003. Este Grupo interdisciplinario propuso un “Plan alternativo para esclarecer el feminicidio en Ciudad Juárez”, básicamente mediante el establecimiento de una sola instancia que coordinara el proceso desde la investigación hasta la reparación del daño. La iniciativa no prosperó y el grupo se disolvió, aunque varias de sus integrantes seguimos trabajando hasta la fecha en la investigación y la acción sobre el tema.

16 De los tres casos aceptados por la Corte, Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 años, desapareció el 22 de septiembre; Claudia Ivette González, de 20 años, el 10 de octubre; Irma Esmeralda Herrera Montiel, de 15 años, el 29 de octubre.

17 Cuatro días después de encontrar los ocho cuerpos, se detuvo y acusó como “asesinos seriales” a Víctor Javier García Uribe y a Gustavo González Mesa. Este último murió en la cárcel en 2003. A García Uribe se le condenó a 50 años de prisión, pero en 2006 se le absolvió tras probarse que había sido torturado para confesarse culpable.

18 Por ejemplo, se violaron los derechos de la infancia al no buscar de inmediato a las menores, aun cuando se suponía que había ya un protocolo para buscar de inmediato a las

víctimas con perfil de alto riesgo (uno de los logros de la lucha contra el feminicidio).

19 No se ha puesto orden en el sistema judicial estatal. Se hizo antes una reforma estatal para establecer juicios orales, sistema que hace unos meses permitió que saliera en libertad el asesino confeso de una joven de 16 años. Aunque se creó la página sobre el feminicidio, no tiene datos.

20 Es una nueva “Comisión Especial para dar Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidio registrados en México” de la Cámara de Diputados.

21 Ya se sabía entonces que la Sentencia de la COIDH estaba por dictarse y que probablemente sería condenatoria.

22 Cabe recordar que el acto de pedir y dar perdón tiene un valor simbólico que no debe

reducirse a la hipócrita confesión católica de un “pecado” que se limpia con una penitencia o un rezo ad hoc.

23 Ojalá que por su origen ciudadano esta fecha quede fuera del repertorio y la retórica oficiales que todo contaminan, como puede observarse en la transformación del 8 de marzo y el 25 de noviembre en fechas del calendario oficial en que las funcionarlas y funcionarios “encargados de temas de género” desfilan por foros diversos o los promueven para difundir cifras y hacer promesas, elogiar logros (aunque luego no resulten tales) o desgarrarse las vestiduras por todo lo que no se ha hecho (como si fueran otros los responsables).

24 Comunicado de la Red de Mesa de Mujeres de Juárez.

25 Rosendo Radilla Pacheco, un opositor a quien desapareció el ejército en 1974 en el marco de la “guerra sucia”. El caso presentado ante la CIDH y COIDH por familiares y diversas organizaciones. En la Sentencia, también de 2009, la COIDH señala que el Estado no ha hecho lo suficiente en cuanto a justicia, verdad y reparaciones.

26 El 1° de octubre de 2010 la coIDH exhortó a México a reabrir los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, tlapanecas violadas en 2002, y a enviarlos a la justicia civil; asimismo a reformar el código de justicia militar de modo que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares no queden en el marco del fuero militar.

27 En relación con esta incapacidad de los jueces y en general con los problemas que representa el acceso a la justicia para las mujeres, niñas y víctimas de abuso sexual y violación o torturas sexuales, habría que ahondar en el impacto de la cultura machista y los múltiples prejuicios que “impiden” ver la violencia en la violencia sexual o, peor, que contribuyen a erotizar la violencia cuando un cuerpo femenino o feminizado está de por medio. Este sería tema para otro ensayo.

28 Desde 2007, casi a la par de la expansión de la muerte violenta por el país, se reformaron las constituciones y/o códigos penales de 16 estados para “proteger la vida” desde la concepción o la fecundación “hasta la muerte natural” y sancionar a las mujeres que abortaran (incluso en caso de violación en algunos estados) ya con cárcel, ya con “tratamientos integrales” , médicos o psicológicos.

Segunda parte

Autopsia de un copo de nieve
El caso de Ernestina Ascensión: paradigma de la falta de acceso a la justicia para las mujeres indígenas en México*

Iván González Márquez

Como metáfora de mi investigación en torno a la muerte de Ernestina Ascensión1 me gusta el título de la obra del dramaturgo mexicano Luis Santillán: Autopsia de un copo de nieve. Retomo con esto la analogía que planteara Lorenzo Meyer para destacar la complejidad del caso: la estructura física de un copo de nieve es en sí misma tan compleja como la totalidad del universo; utilizando un microscopio y la teoría disponible sobre el mundo físico, una explicación a fondo de esa pequeña estructura requeriría volúmenes. “En nuestro universo social, el incidente que tuvo lugar [en Zongolica] el 25 de febrero, es el equivalente al copo de nieve: bien observado, el ‘pequeño caso’ resulta un reflejo bastante puntual de toda la problemática de nuestras relaciones sociales y de poder” (Meyer Cossío, 2007).

La muerte de Ernestina Ascensión exige intentar una explicación a fondo. La controversia sobre sus causas es tan compleja que, efectivamente, bastaría para escribir volúmenes enteros. En este texto intentaremos reunir los elementos necesarios para formular una interpretación sustentada sobre el caso, en un esfuerzo que semeja una autopsia en tanto que buscaremos esclarecer las causas de su muerte, comenzando con una especie de disección de la controversia. Como se verá, en pos de esa explicación deberemos mirar a través de lentes con distintas gradaciones, como si usáramos un macroscopio para enfocar diferentes niveles de la realidad. Este análisis nos permitirá exponer un caso cuya relevancia va más allá de la gravedad de un terrible crimen cometido contra una persona concreta: como caso paradigmático de la falta de acceso a la justicia de las mujeres indígenas constituye una ventana privilegiada a través de la cual es posible observar un aspecto velado e inadmisible de nuestra sociedad, una profunda problemática que continúa plenamente vigente y de la cual inevitablemente somos partícipes de diversas maneras.

Primer enfoque. La muerte de Ernestina Ascensión

En febrero de 2007 fallece Ernestina Ascensión Rosario, indígena nahua de 73 años de edad, en Zongolica, Veracruz. Las causas de su muerte son el centro de una fuerte controversia que en su momento llegaría a constituir un verdadero escándalo. En un principio las declaraciones de sus familiares, los médicos, las distintas autoridades y medios de comunicación señalaban que Ernestina Ascensión había muerto como consecuencia de una brutal violación múltiple durante la que fue golpeada y torturada; los culpables señalados eran soldados del ejército mexicano que acampaban en su comunidad. Después de un contradictorio proceso, la conclusión oficial de las averiguaciones sobre el caso fue que el mencionado crimen nunca ocurrió, y que en realidad la señora murió por complicaciones de salud: fue un deceso natural. Las autoridades dieron por cerrado el caso, pero muchas personas consideran que hay fuertes razones para sospechar de la versión oficial. La controversia continúa.

A los observadores externos nos resulta inaccesible lo que verdaderamente ocurrió ese día en Zongolica. Carecemos de evidencias directas, sólo contamos con informaciones de segunda mano que plantean versiones totalmente contradictorias sobre los hechos. ¿Significa esto que no tenemos ninguna manera de aceptar o rechazar una u otra versión? Pensamos que no es así. Consideradas en el vacío, la versión de la muerte natural y la de la violación-homicidio parecerían corresponder a dos mundos igualmente posibles, y nuestra toma de postura podría considerarse una arbitrariedad subjetiva condicionada únicamente por nuestros prejuicios y presupuestos ideológicos (en un sentido peyorativo). Sin embargo —y como veremos— tales versiones no han aparecido en el vacío: surgen en un complejo contexto social, político e histórico y se desarrollan dentro de un complicado proceso de confrontación entre quienes sostienen una versión o la otra. Conforme incluimos más y más elementos en nuestro relato sobre el caso (considerando ya no sólo aquello que unos y otros dicen que ocurrió, sino también quién dice qué, cómo lo ha dicho, cuándo y de qué modo lo argumenta, etc.) vamos encontrando pequeños detalles que, contextualizados y considerados en relación unos con otros, adquieren gran peso para inclinar la balanza de la verosimilitud. De aquí la importancia de formular un relato de este caso. La información que nos han proporcionado los medios de comunicación se presenta altamente fragmentada y contiene un gran número de contradicciones. Para poder hacer inferencias y sacar conclusiones (sustentadas) sobre el mismo es necesario contar con un relato integral donde se vuelva comprensible lo que a simple vista es un caos de contradicciones. Quizá sea pertinente prevenir a aquellos lectores que puedan incomodarse con un recuento de la violencia. Consideramos importante hacerlo, pues el contexto de silencio, olvido e impunidad en que se ha sumido este caso hace necesario que lo saquemos a la luz nuevamente.

La controversia sobre su muerte; un relato2

En un primer momento diversas declaraciones coincidieron en denunciar un crimen, y todo apuntó hacia la culpabilidad de los soldados. Varias personas afirmaron que cuando encontraron a la señora agonizante, la tarde del 25 de febrero de 2007, y le preguntaron qué le había ocurrido, Ernestina Ascensión declaró que “los soldados se le echaron encima”, amarrándola de pies y manos. Su estado era muy grave, por lo que fue penosamente trasladada hasta el distante hospital Río Blanco, donde murió la madrugada siguiente. Ahí, distintos médicos documentaron que habían observado lesiones indicativas de una brutal violación sexual múltiple, con señales de tortura y violencia extrema: se reportó la presencia de “abundante líquido seminal”, la existencia de desgarres anales y vaginales; se observó que el intestino se hallaba perforado (lo cual, se indicó, sólo podría ser resultado de la violenta penetración con algún objeto desconocido, distinto del pene de los violadores) y esto ocasionó una intensa hemorragia por el recto y la contaminación de órganos internos, lo cual se consideró una de las principales causas de la muerte. Se documentó además un traumatismo cráneoencefálico, fracturas en las vértebras cervicales, fracturas de la cadera y las costillas, además de otras marcas de golpes y raspaduras en el cuello, las rodillas y la parte interior de los muslos; se registraron marcas en las manos y los pies que coincidían con su declaración de que había sido amarrada. Se iniciaron los procedimientos legales correspondientes a los delitos de violación y homicidio.

En los días siguientes miles de indígenas nahuas provenientes de toda la región se movilizaron en respuesta a lo que no dudaron en considerar un terrible acto criminal y una gravísima aífenta en contra de todo el pueblo nahua. Algunos reportes hablan de al menos 3 000 indígenas en protesta, otros daban cifras de hasta 7 000. Las autoridades locales y estatales alertaron sobre un inminente “estallido social” en la región, situación que permaneció latente durante varias semanas y se concretó en múltiples movilizaciones masivas, concentraciones alrededor de campamentos militares, cierres de carreteras y otras manifestaciones de protesta. Se exigía justicia contra los soldados violadores y la expulsión inmediata y definitiva de todos los campamentos militares asentados en la región.

Ante esto reaccionaron con prontitud algunas autoridades de primer nivel. En un acto inusitado, el propio gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, viajó de manera urgente para hacer acto de presencia en Zongolica, donde reconoció la gravedad del crimen y se declaró comprometido con la justicia en este caso. Así comenzó una serie de insistentes declaraciones —entre otras en voz del procurador de justicia estatal, Emeterio López Márquez— en las que se reiteró públicamente el compromiso del Estado contra la impunidad de los violadores; poco después se dio a conocer que había al menos cuatro militares detenidos como sospechosos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ordenó el retiro de varios campamentos militares que estaban instalados en la región y lanzó una serie de comunicados a través de los medios de comunicación locales. Ahí también reconocía la ocurrencia de la violación-homicidio y se declaraba comprometida con la investigación de los hechos y el castigo de los culpables. Sin embargo, también se adelantó a sugerir que los soldados eran inocentes. En el comunicado 019 leemos que “La Sedena confirma que el personal militar no tiene responsabilidad en los hechos” y también se afirma que los violadores habían sido “delincuentes que utilizaron prendas militares [...] buscando inculpar a integrantes de esta dependencia”. A las pocas horas de haber entregado dicho comunicado a los medios, la comandancia intentó sustituirlo con otro comunicado con el mismo número (como si el anterior no hubiera existido) pese a que el primero ya había sido difundido. En el nuevo 019 también exculpaba a los soldados, pero de manera menos drástica: señalaba que luego de una “revisión minuciosa de los genitales” de todos los militares del campamento acusado, no se había encontrado “ningún tipo de lesión en dicha área, indicativo considerado como una prueba para establecer que no han tenido actividad sexual, cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan”. Y por si este argumento pudiera resultar poco convincente, se informó también que se llevaría a cabo una prueba “consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar. Los resultados que arrojen estas investigaciones constituirán una prueba irrefutable, la cual no dará lugar a dudas y objeciones cuando se presenten los resultados de las mismas”.

El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, también reconoció públicamente el crimen, y desde la Comisión Nacional de los derechos humanos (CNDH) envió una comisión de visitadores a Zongolica. Según Julio Ateneo —líder de una importante organización indígena de la región—, después de una semana de investigaciones los visitadores afirmaban que “todo apuntaba hacia el ejército.”3 Para este momento, la inusual atención que habían brindado al caso tan altas autoridades consiguió que los familiares de la víctima y los líderes de las organizaciones que los apoyaban fueran adquiriendo cierta confianza en que el proceso legal podría conducir al castigo de los violadores. Aceptaron esperar los plazos establecidos para la resolución oficial del caso, y colaboraron con lo que las autoridades solicitaban para ello. Así se explica que, contraviniendo gravemente sus creencias religiosas, los familiares finalmente hayan permitido que el cuerpo de Ernestina Ascensión fuera desenterrado para realizar una segunda autopsia, luego de que la CNDH argumentara que había “inconsistencias” en el informe original.

Fue entonces cuando —en una entrevista que concedió al periódico La Jornada con motivo de los primeros 100 días de su mandato— el presidente de la República, Felipe Calderón, aseguró:

he estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron en Zongolica. La CNDH intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esta información (Gallegos y Herrera, 2007).

Esta declaración llama la atención en primer lugar porque —campante y confiada— contradice todo lo que se había dicho antes. En segundo lugar porque si bien el comentario parece implicar que tal información proviene de la CNDH, esto sigue sin aclararse hasta la fecha. Los visitadores de la CNDH habían anunciado que los análisis científicos de la segunda necropsia (realizada el 9 de marzo de 2007) tardarían entre 15 y 20 días para arrojar algún resultado,4 por lo que sorprende que en aquella entrevista publicada tan sólo cuatro días después el presidente Calderón haya podido asegurar que Ernestina Ascensión no había sido violada. Además, si en verdad fue la CNDH quien antes de hacer públicas sus conclusiones proporcionó al presidente tal información, al hacerlo habría quebrantado uno de los fundamentos en que se basa su autonomía como organismo vigilante de los abusos cometidos por las autoridades: no tiene por qué consultar sus conclusiones con servidor público alguno ni recibir indicaciones. Al verse cuestionada, la CNDH negó haber dado dicha información al presidente y se deslindó sugiriendo que quizás los peritos de la Sedena lo hubieran hecho. Hasta la fecha no ha sido aclarado este punto: meses después, la Presidencia todavía no pudo responder de dónde obtuvo tal información cuando, por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), un ciudadano demandó que se publicara el documento en que se basó esa declaración; la respuesta fue “inexistencia del documento”. Pero independientemente de la fuente, resulta extraño que Felipe Calderón haya asumido una versión tan radicalmente contraria a todo lo que se había dicho antes, actuando como si no hubiera nada de qué sorprenderse. En tercer lugar, la mencionada declaración presidencial estaba fúera de lugar, dado que siendo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE-V) la única instancia facultada legalmente para determinar los resultados de una investigación de este tipo, las demás autoridades debieron haber guardado silencio, en espera de la resolución oficial.

De cualquier modo, la versión de la muerte natural pronto fue respaldada por otras autoridades. A pesar de haberse deslindado en cuanto al origen de la información que expuso Felipe Calderón, fue precisamente la CNDH —encabezada por José Luis Soberanes— quien se encargó de presentar, argumentar y defender públicamente la versión de la muerte natural. Una vez cumplidos 20 días tras la exhumación, la CNDH publicó su informe final sobre el caso, con sus propias conclusiones a partir de la segunda autopsia. En dicho pronunciamiento —que una vez más se adelantaba a la conclusión de las investigaciones judiciales y, por lo tanto, estaba fuera de lugar— la CNDH “descartó definitivamente” la posibilidad de una violación sexual como causa de la muerte de Ernestina Ascensión, con lo cual asumió infundadamente el papel de tribunal. Ese mismo día José Luis Soberanes afirmó en una entrevista televisiva que “la violación y tortura por militares había sido un invento, pues las pruebas demuestran que murió a causa de una anemia aguda derivada de un mal gástrico”. En dicho “informe final”, la CNDH contradijo punto por punto todo lo que se había especificado en la primera autopsia; indicó que se había dictaminado falsamente una violación y homicidio en donde sólo había ocurrido una muerte natural. La CNDH aseguró que no se corroboró perforación alguna en el recto ni se observaron los múltiples desgarros anales y vaginales que se habían documentado en la autopsia original. Se argumentó que algunas de las lesiones observables en las fotografías en realidad eran “cortes de bisturí” hechos post mortem. Así, la profusa hemorragia que presentaba la señora en el momento en que fue encontrada no se debía a una violenta penetración por “vía inconveniente” —como se había explicado anteriormente—, sino que había sido un “sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna [cáncer]”, sangrado que habría ocasionado la “anemia aguda” que se establece aquí como principal causa de la muerte (aunada a un “proceso neumónico en etapa de resolución”). La CNDH “concluyó terminantemente” la inexistencia del traumatismo cráneoencefálico anteriormente señalado, tampoco corroboró fractura alguna en vértebras, y sugirió que las fracturas en las costillas pudieron haber sido ocasionadas durante las “maniobras de reanimación” que se realizaron en el hospital en el momento del fallecimiento. Señaló que el tipo de equimosis encontrada en los brazos y las piernas no correspondía con las lesiones producidas por maniobras de sometimiento, y sugirió que dichas marcas pudieron producirse cuando la anciana fue cargada y trasladada bada el hospital.

La Sedena también cambió —una vez más— el sentido de sus declaraciones. Informó oficialmente que nunca tuvo en su poder el líquido seminal que antes había dicho que utilizaría para probar de manera irrefutable la culpabilidad o inocencia de los soldados. Se deslindó argumentando que dicho comunicado se había hecho bajo el supuesto de que dicha muestra existía, dadas las declaraciones emitidas por los peritos de la PGJE-V al respecto. Contrario a lo que se había asegurado antes, anunció que no había elementos militares detenidos ni arraigados como sospechosos de crimen alguno.

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, María del Rocío García Gaytán, también hizo declaraciones a favor de la versión de la muerte natural. Dijo que las últimas palabras de Ernestina Ascensión, al haber sido pronunciadas en náhuatl y moribunda, no tienen el crédito de una denuncia: “estaba moribunda, balbuceaba; entonces, se me quita la certeza [sic] de lo que dijo” (Morales, 2007). Además de coincidir con la versión del presidente, consideró que no cabía sospechar de lo adelantado de las afirmaciones de Felipe Calderón, pues “él es el presidente; tiene información privilegiada, tiene que estar enterado, y no es sospechoso de que haya adelantado un dictamen”. Y para acabar de invalidar las declaraciones de las quince personas que afirmaban que antes de morir doña Ernestina había dicho que los soldados “se le habían echado encima”, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Talía Pedroza de la Llave, aseguró que cuando los testimonios de los familiares fueron analizados por un “especialista en náhuatl” se descubrió que la persona que realizó la traducción original puso palabras que nunca dijeron los familiares (Ballinas, 2007). Según Pedroza de la Llave, “la señora Ernestina Ascensión Rosario no dijo en náhuatl que la violaron, ni que la amarraron, ni que la golpearon. Ella expresó más bien que los soldados se le acercaron”.

De esta manera se contradijeron todos los elementos que originalmente sustentaban la versión de la violación-homicidio, con lo que se anularía toda acusación contra los soldados. En cambio, se introdujeron acusaciones contra quienes “inventaron” la versión del crimen: el ombudsman calificó como “un cochinero” el trabajo de los médicos forenses de la PGJE-V, a quienes acusó de “manipular los hechos y las pruebas, pues [actuaron] con errores, omisiones y falta de profesionalismo”. “¿Qué se intentaba mostrar o demostrar con esta imperdonable patraña?”, preguntó José Luis Soberanes, y amenazó con presentar una denuncia penal contra funcionarios de la procuraduría estatal. Los médicos legistas que participaron en la autopsia original fueron suspendidos de sus cargos y se inició un proceso de investigación en su contra.

Los familiares de doña Ernestina, respaldados por los líderes y las organizaciones de Zongolica, desde un principio rechazaron tajantemente la hipótesis de que ella hubiera muerto por causas naturales. Afirmaron que ella era era persona sana, que no padecía de enfermedades gástricas, y sostuvieron como verdadera la interpretación original de sus últimas palabras. Manifestaron su repudio e indignación ante la versión de la CNDH y demandaron la destitución de Soberanes “porque miente a la población al decir que la muerte de nuestra madre fue por enfermedad”. Acusaron de encubrimiento y mentira a las autoridades que defendían esta versión, y sin embargo, los noticieros de algunos de los principales medios de comunicación no hicieron caso de su dicho y asumieron la versión de la muerte natural como la conclusión final del caso, casi sin cuestionamiento alguno y sin que importara —nuevamente— que las investigaciones oficiales aún no habían concluido.

La controversia alcanzó los niveles de un verdadero escándalo político cuando Fidel Herrera, en nombre del gobierno de Veracruz, contradijo a Calderón y a Soberanes cuando declaró públicamente que la muerte de Ernestina Ascensión “fue un crimen, no un deceso natural”. Reiteró amenazante: “este crimen, como ninguno que se cometa en Veracruz, quedará impune”. Anunció que respaldaba los peritajes de los médicos originales, con lo que se inició una muy fuerte y prolongada confrontación entre el gobierno de Veracruz (cuya Procuraduría de Justicia era la única instancia con la facultad legal para establecer la conclusión oficial y final sobre el caso) y la CNDH (que se vio en fuertes dificultades para defender la versión adelantada por Calderón).5 Uno de los médicos responsables del dictamen original, el doctor Pablo Mendizábal —quien hasta la fecha ha sostenido lo que originalmente declaró—, no sólo aseguró que su trabajo se apegaba a los procedimientos científicos y jurídicos reglamentarios para dictaminar una violación sexual, sino que incluso presentó nuevas evidencias del crimen6 Julio Ateneo, en nombre del pueblo nahua declaró: “Le tomamos la palabra al señor gobernador [Fidel Herrera], que ha ratificado que lo que se perpetró contra la señora Ernestina fue un crimen y no ocurrió por muerte natural [...] Eso ha marcado un paso muy importante de congruencia del gobierno veracruzano, que queremos reconocer” (Petrich, 2007a).

Después de varias semanas de una muy tensa y encarnizada “guerra de declaraciones” (como la calificó Soberanes), la PGJE-V presentó un “avance detallado” de sus investigaciones en donde sostenía que “sí hubo actividad sexual violenta en contra de la señora indígena”. Funcionarios de alto nivel declaraban que “están plenamente demostrados los desgarres anales y vaginales”, y Fidel Herrera se proclamaba “comprometido con el pueblo de Veracruz”. Finalmente —y sin importar las vehementes y numerosas declaraciones que habían proferido en las cuatro semanas precedentes—, el procurador de justicia de ese estado y el fiscal especial para el caso hicieron pública la conclusión de la investigación que se iniciara tras el deceso de Ernestina Ascensión Rosario, aceptando repentinamente que “la indígena no fue violada ni asesinada”: caso cerrado. El Ministerio Público no ejercitaría acción penal. No aceptaron preguntas de los periodistas ahí presentes y se limitaron a explicar que las pruebas periciales derivadas de los análisis “químicos,7 genéticos, histopatológicos, criminalísticos y psicológicos ” se concatenaron para obtener “la verdad histórica de los hechos”. Contrario a los desafiantes desplantes públicos de Fidel Herrera durante la confrontación (todavía a finales de abril), la súbita aceptación de la versión de la muerte natural se dio a conocer en un furtivo acto (convocado de última hora) que se realizó la noche del lunes 1° de mayo (día de asueto nacional).

La ley otorgaba todavía la posibilidad de que los familiares directos de la difunta —y sólo ellos— impugnaran el veredicto si no estaban conformes con la resolución oficial (inconformidad que ya antes habían manifestado). Pero ocurrió que justamente después de que se hizo público el veredicto final de la PGJE-V, los familiares de Ernestina Ascensión fueron sacados de su comunidad a bordo de vehículos oficiales y perdieron todo contacto con su parentela, sus vecinos, los líderes comunitarios y la prensa. Se desconocía su paradero. Ya anteriormente se habían denunciado amenazas anónimas y actos de hostigamiento contra los familiares y autoridades comunitarias de Zongolica (entre los que se cuenta un disparo de arma de fuego realizado a escasos 15 metros de las casas de la familia Inés Ascensión la madrugada del sábado 21 de abril). En relación con hostigamiento y las amenazas que habían recibido dichos familiares y líderes indígenas en esas fechas, Julio Atenco afirmó: “hay una mano negra atrás de todo esto, viene de cualquier lugar menos de la zona; es muy probable que venga del gobierno federal”. Días después de su desaparición y ante la alarma que ésta había suscitado, las autoridades afirmaron que la familia de Inés/Ascensión estaba “haciendo un recorrido” por la ciudad de México, donde visitarían la Basílica de Guadalupe acompañados por personal del Área de Comunicación Social del estado de Veracruz. Ante esta información los medios de comunicación se trasladaron al lugar para intentar entrevistarlos, pero los familiares “evitaron hacer declaraciones” ante la prensa. El 15 de mayo concluyó el plazo legal para la impugnación sin la presentación formal de la inconformidad y así, el caso quedó jurídicamente cerrado.

Sin embargo, la controversia sobre la muerte de Ernestina Ascensión continúa. Gracias a la labor de reconocidos periodistas, intelectuales y medios de comunicación críticos —entre los que destacan Carmen Aristegui, Sanjuana Martínez y muchos otros—, la opinión pública tuvo la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información que da pie a muy serias sospechas sobre el proceso con el que se determinaron oficialmente las causas de la muerte, aunque esto ciertamente ocurrió a contracorriente de lo que hicieron con el caso los medios de comunicación mayoritarios. Para importantes sectores de la opinión pública nacional la “gastritis” del caso Ernestina Ascensión se ha convertido en paradigma del engaño, la injusticia, la impunidad y la falta de escrúpulos de las autoridades, lo cual ha ocasionado una enorme pérdida de legitimidad y credibilidad para ellas y para las instituciones que representan.

Sobre la balanza

El relato precedente, aunque incompleto, reúne importantes elementos sobre el desarrollo de la controversia cuyo peso es suficiente para inclinar la balanza de la verosimilitud de la que hablábamos antes: ya no tenemos dos versiones flotando en el vacío. Comencemos observando que cada versión no sólo incluye una serie de afirmaciones sobre lo que ocurrió aquel día y resultó en la muerte de Ernestina Ascensión. Dentro de la controversia, el conjunto de enunciados correspondiente a cada versión ha requerido la inclusión de explicaciones sobre la existencia de las versiones contrarias: el aceptar la versión de la muerte natural implica explicar de algún modo por qué hay quienes sostienen que Ernestina Ascensión fue violada-asesinada; y viceversa, para defender la versión de la violación-homicidio deberíamos explicar por qué las autoridades concluyeron que fue una muerte natural. En el primer caso, no ha quedado claro si el invento de la violación-homicidio se habría debido a un insólito malentendido, a que familiares y vecinos se confundieron o entendieron mal, y los médicos que dictaminaron las lesiones indicativas de un crimen también se equivocaron; o si por el contrario se trató de una mentira, una patraña que, con mala fe, quiso utilizarse con algún propósito (que queda por establecer). Quizá, como sugirió la Sedena, se trató de incriminar al ejército para sacarlo de ese territorio y así poder continuar con actividades delictivas en la región (se ha propuesto que detrás de dicha posición estarían los intereses de grupos guerrilleros, de narcotraficantes o de talamontes). ¿Sería creíble que incluso los hijos de la señora hubieran participado (tan convincentemente, además) en semejante artificio? Por el otro lado, quienes aún sostienen la versión de la violación-homicidio han denunciado una estrategia de encubrimiento que poco a poco fue imponiendo la versión de la muerte natural para proteger al ejército, acallando una a una todas las voces y evidencias que lo inculpaban. Se estaría denunciando un impresionante (aunque imperfecto) esfuerzo institucional en que las más altas autoridades resultarían cómplices por encubrimiento; ¿sería creíble que incluso el propio Felipe Calderón hubiera participado en el encubrimiento de semejante crimen? Hasta aquí ambas situaciones parecerían difíciles de creer. ¿Tenemos otros elementos con peso suficiente para inclinar hacia algún lado la balanza?

Podríamos observar el desarrollo general de la controversia de la siguiente manera: se comienza con múltiples declaraciones que reconocen la ocurrencia de un crimen (incluyendo, en un principio, a las autoridades). Tales declaraciones se fundamentan en evidencias procedentes de diversas fuentes (las últimas palabras de Ernestina Ascensión, atestiguadas por varias personas, y las lesiones documentadas por varios médicos, por separado unos de otros) que convergen entre sí. Tiempo después aparece una nueva versión radicalmente opuesta —defendida inicialmente por una única fuente— cuyas “evidencias” (a las cuales sólo ella ha tenido acceso) gradualmente se propagan hacia otros actores. Una de las versiones surge de elementos múltiples que convergen, y la otra se origina en un elemento único, que se extiende ¿Cuál parece un invento?

Resulta muy difícil sostener que los familiares de la señora y los otros testigos hubieran malinterpretado sus últimas palabras, dado que no sólo son hablantes nativos de su lengua, sino que compartían con ella —como nadie más— todo su contexto de vida social e intimidad. Y más difícil aún es pensar que ante la situación de emergencia en que encontraron a la señora, se hubiera podido armar un preciso y coordinado montaje (en improbable alianza con los médicos) para utilizar su grave estado de salud (que hasta después se convirtió en fatal) como eje principal de una farsa premeditada con intenciones políticas. Además, en caso de que hubiera sido así, ¿cómo explicar que los familiares aceptaran que se realizara la segunda autopsia? Justamente ahí habrían estado las pruebas que echarían abajo aquella farsa, y ellos tenían el pleno derecho a no aceptar la exhumación (contraria a sus creencias religiosas), algo nunca antes permitido en sus comunidades.

En cambio consideramos que hay fuertes elementos para sospechar que las autoridades inventaron la versión de la muerte natural. Además de que acumularon entre sus argumentos una larga serie de puntos dudosos e inverosímiles (empezando por la controversia en torno a la existencia de las lesiones y al sentido de las últimas palabras), los tropiezos, precipitaciones y retractaciones con los que fue defendida tal versión parecen revelar un complejo, discontinuo y desafortunado —pero aplastante— esfuerzo de encubrimiento. La intención de exculpar a los soldados quedó manifiesta desde que la Sedena elaboró —casi como una tarea rutinaria— la versión de que se trató delincuentes disfrazados de soldados (que quiso desechar en un burdo intento de arrepentimiento). Esta y otras notables contradicciones e irregularidades parecen transparentar una muy reprobable intencionalidad de engaño. La declaración del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa en La Jornada constituye uno de los principales elementos de sospecha, pues parece un indicio de que la versión de la gastritis fue instaurada como una verdad que se dictó “desde arriba”. Aun conforme a los criterios internos que siguió esta presunta estrategia de encubrimiento (dejando por un momento de lado la reprobación moral por su puesta en marcha y las irregularidades procedimentales ya mencionadas), dicha declaración —articulada en una forma y un momento equivocados— constituiría una tremenda equivocación táctica, pues con ese paso en falso la mismísima figura presidencial habría quedado descubierta y vulnerable a las acusaciones por encubrimiento del crimen, error que podría alcanzar un altísimo costo político. Por todo ello debe atenderse la necesidad de que se aclaren los motivos que llevaron a Felipe Calderón a anticipar ese dictamen y no debe quedar irresuelta.

Del mismo modo es necesario revisar la participación en el caso de José Luis Soberanes Fernández, presidente de la CNDH por entonces. Quien debió ser el máximo vigilante encargado de denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades en nuestro país fue precisamente quien actuó como el principal defensor de la inocencia de los militares en Zongolica, respaldando y protegiendo con ello también a Felipe Calderón. Como líder y vocero del equipo articulador de la versión de la muerte natural, recaen sobre su persona muchas de las sospechas. La forma en que presentó la supuesta verdad sobre el caso, que consideró innegable por el simple hecho de que (él dijera que) se basaba en “evidencias científicas” (a las que, sin embargo, sólo ellos tenían acceso), es más una muestra de la posición de poder desde la que se pretendió imponer dicha versión (contraria a la posición de igualdad necesaria para un diálogo) que una prueba de la veracidad de sus enunciados. En su afán de arrogarse el papel de revelador de la verdad absoluta (mediante un supuesto método científico) contra las patrañas y las creencias sin fundamento, recurrió a los imaginarios de la mitología cientificista, como si por imbuirse de sus simbologías utilizando lenguajes crípticos y explicaciones incomprensibles se le debiera atribuir ipso facto una credibilidad incuestionable. Esta imagen, por supuesto, se vino abajo cuando los médicos que defienden la versión de la violación-homicidio alzaron nuevamente sus voces, debatiendo con argumentos científicos sobre la interpretación de las evidencias científicas, cuando no sobre la existencia de las propias evidencias, con lo que la objetividad del dictamen de Soberanes quedó más que entrecomillada. De acuerdo con el doctor Mendizábal, incluso el doctor Ignacio Gutiérrez, perito independiente que realizó la segunda autopsia a petición de la CNDH, concluyó que la muerte de Ernestina fue traumática, no patológica, por lo que dicho caso “fue el fraude más grande de la administración de Soberanes” (citado en Godínez, 2010).

La versión de la muerte natural, considerada a la luz del desarrollo de la controversia, acumula una larga lista de puntos que por sí mismos son sumamente improbables. Piénsese simplemente en la equivocación respecto a la fractura cráneoencefálica y el semen, a los “falsos positivos” de las pruebas de proteína P-30, a la traducción de las últimas palabras, etc., de donde se desprende que la verosimilitud del conjunto es extraordinariamente baja. Debido a que tantos cuestionamientos e irregularidades son suficientes para sospechar fuertemente sobre la honestidad de dicho dictamen, y debido a que la inverosimilitud sería insuficiente para determinar culpabilidades, sería indispensable realizar una nueva investigación que arrojara más elementos para respaldar o refutar definitivamente el dictamen de la muerte natural.8 Si bien el tiempo transcurrido impide confirmar la mayoría de las lesiones, la discusión en torno a los peritajes médicos continúa, pues tiene una importancia crucial. Sería fundamental, por supuesto, oír la palabra de los familiares y líderes de Zongolica, quienes pese a la terrible situación que han enfrentado posiblemente aceptarían hablar si se abriera un proceso creíble y confiable de investigación y diálogo en el que se garantizara su seguridad, para intentar reparar los daños que les ocasionó tan traumático episodio. ¿Y quién podría encargarse de vigilar y denunciar las violaciones que cometieron los pretendidos máximos defensores de los derechos humanos en México? Se ha apelado a organismos internacionales para este caso, pero sin duda la sanción más transformadora será la que surja de la sociedad civil organizada. De haber actuado como defensor de las autoridades contra el descrédito que una denuncia de abuso de poder les podría ocasionar. Soberanes habría desempeñando la función antitética de un ombudsman, garantizando la impunidad de los violadores de derechos en contra de los intereses de ciudadanos altamente vulnerables. Pero incluso el merecido cumplimiento de su destitución por semejante hecho no habría sido suficiente, pues sin duda este caso ha constituido una de las mayores fuentes de descrédito para la propia CNDH como institución, al revelar no sólo su incapacidad y falta de autonomía para denunciar abusos como éste, sino su activa participación en complicidad con las autoridades que debería denunciar.

En este punto, también es necesario buscar una explicación para la contradictoria actuación de Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz. Siguiendo la versión oficial, tendríamos que creer que después de semanas de presunta investigación durante las cuales él y su equipo realizaron numerosas declaraciones en que aseguraron con certeza que Ernestina Ascensión había sido violada-asesinada (como al afirmar que “están plenamente demostrados los desgarres...”), de un momento a otro todas las pruebas que tenían desaparecieron o se revelaron inválidas, y súbitamente encontraron las evidencias de que todo lo que habían negado (y su contrincante afirmaba) era verdadero. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Cuando se vio cuestionado, Fidel Herrera adujo que la CNDH tiene mayores recursos, lo que le permite realizar mejores investigaciones. Esto no constituye una explicación aceptable ni suficiente. No es suficiente para explicar su comportamiento y el de los funcionarios de las demás instituciones de su gobierno, los cuales manifestaron prolongada y reiteradamente su certidumbre sobre el dictamen de violación-homicidio (dictamen que después de semanas de investigación aún no estaba listo), pero casi de un día para otro se convencieron del dictamen opuesto. ¿Sería aceptable que una Procuraduría de Justicia abandonara su propia línea de investigación para aceptar las evidencias, interpretaciones y conclusiones que le ofrece otra institución, por muchos recursos que ésta tenga? ¿Qué significa entonces que la Procuraduría haya sido la única instancia con facultad legal para determinar la conclusión oficial sobre el caso? La balanza de la verosimilitud nuevamente nos lleva a sospechar que aquí hay gato encerrado.

¿Tenemos hipótesis alternativas? Siguiendo con la idea de que la verdad se dictó “desde arriba”, conforme a la cual fue gradualmente impuesta una versión a modo habría por encima de todas las voces que originalmente sostenían otra (una versión incómoda), podríamos pensar que incluso el gobernador de Veracruz (quien había ganado simpatía en Zongolica por su “compromiso” con el caso) fue obligado a modificar su postura para alinearse con la versión de la muerte natural. Sin embargo al observar algunos detalles en el desarrollo de la controversia tenemos elementos para aventurar una hipótesis un tanto distinta. Dado que la PGJE-V tenía la facultad exclusiva de determinar la conclusión oficial sobre el controvertido dictamen, cuando Felipe Calderón junto con la CNDH adelantó la versión de la muerte natural se produjo una situación crucial para el posterior desarrollo de la controversia. Simplificando la escena, en términos de la confrontación de Felipe Calderón (y la CNDH) con Fidel Herrera (y la PGJE-V) diríamos que con su primera declaración Calderón se puso a sí mismo en jaque. Si Fidel Herrera y la PGJE-V ratificaban el dictamen de violación-homicidio como la conclusión oficial del caso, Calderón y Soberanes quedaban en la dificilísima situación de enfrentar acusaciones por encubrimiento del crimen (un potencial jaque mate). Por lo tanto, Fidel Herrera participó en la controversia encumbrado en una posición ventajosa, lo que no encaja con la idea de que se le hubiera podido obligar a su posterior alineamiento. Al proferir aquellas promesas de castigar a los culpables, lanzaba implícitamente una poderosa amenaza para Calderón y Soberanes. Así, por debajo y a través de esta controversia se desarrolló una formidable confrontación política entre figuras muy prominentes del PRI y el PAN, dos de los tres principales partidos políticos de nuestro país, en la que estuvieron en juego intereses de enormes magnitudes. Sanjuana Martínez (2008) sostiene que “el gobernador priísta Fidel Herrera obtuvo una partida de más de 300 millones de pesos de la Federación a cambio de su vergonzosa retractación”. El “compromiso” de Fidel Herrera con Veracruz y contra la impunidad pareció haberse esfumado al final, pero con esta afirmación daríamos por sentado que dicho compromiso alguna vez existió. Al observar con detalle algunos de los elementos discursivos que desplegó durante la controversia tenemos bases para sospechar que su compromiso inicial no fue genuino; en sus contundentes declaraciones (“fue un crimen, no un deceso natural” o “este crimen, como ninguno que se cometa en Veracruz, quedará impune”) encontramos intercalado un conjunto de enunciaciones discordantes, cuando no contradictorias: al tiempo que defendía una versión radicalmente contraria, exponía que había “coincidencias” y “enorme identidad” entre las investigaciones de la CNDH y las de la Procuraduría de Veracruz, y al tiempo que lanzaba aquellas poderosas amenazas implícitas, decía que la postura del ombudsman nacional “merece respeto”. La ambigüedad de esta actuación en que forzaba la conjunción de elementos contradictorios sugiere que ya desde entonces el gobernador dejaba abierta la posibilidad de retractarse. Fidel Herrera evitó confrontar abiertamente a la CNDH y menos aún a Calderón, quien no figuró como contrincante interpelado. Demostraba que contaba con elementos para asestar un golpe político con una acusación, pero se abstenía de hacerlo y sólo se limitaba a hacer presión con sus amenazas implícitas. Suponemos que durante ese periodo de enfrentamiento en que la CNDH atravesó por una situación crítica ante . un escándalo que amenazaba fuertemente su legitimidad se negoció, el precio de la retractación del gobernador, proceso en que las declaraciones de “compromiso” funcionarían para presionar por la aceptación de un precio que debió ser altísimo. Según esta hipótesis, por lo tanto, tales declaraciones no constituirían muestras de un genuino compromiso con la justicia, sino indicios de un velado proceso de extorsión en una confrontación en que nunca se buscó la verdad, sino la obtención de ganancias políticas y poder, así como la protección de ciertos intereses y de la imagen pública de algunas autoridades e instituciones. Fidel Herrera no sólo traicionó la confianza que en él depositaron los familiares de Ernestina Ascensión y el pueblo de Zongolica, sino que además se encargó de impedir que impugnaran el veredicto con aquella sospechosa desaparición que después fue referida como un paseo. ¿Cómo no sospechar de la renuencia de los familiares a hablar (y a impugnar el veredicto) luego de las enérgicas y conmovedoras declaraciones públicas que habían realizado con anterioridad?

La lista de personajes cuya participación en el caso convendría investigar es larga; lo aquí expuesto es sólo un comienzo. Pero quedémonos por ahora con que, por la acumulación de tantas sospechas y de tal peso en torno a la versión de la muerte natural, nuestra balanza se ha inclinado. Y sin embargo quedan varias interrogantes fundamentales e ineludibles que, de no ser resueltas, nos impedirían aceptar que un caso como el de Ernestina Ascensión pudo ocurrir en nuestro país en 2007. ¿Cómo entender que unos soldados mexicanos violaran con tal brutalidad a una anciana indígena como Ernestina Ascensión? ¿Por qué razón se habría optado por encubrir un crimen tan aberrante? ¿Cómo entender ese grado de violencia contra una mujer indígena, y tan imponentes obstáculos en su acceso a la justicia?

Segundo enfoque. El conflicto en Zongolica

En nuestro afán de responder estas preguntas cambiaremos el lente con el que observamos hacia un enfoque más abarcador. Obtendremos más elementos para comprender este relato en la medida en que incluyamos partes del contexto social, político e histórico en que se desarrolló. Los pueblos nahuas constituyen el más extenso y numeroso grupo étnico entre los más de 60 que existen en México. Con presencia en los 32 estados de la República, este grupo está conformado por una vasta colección de subgrupos, hablantes de numerosas variantes de la lengua náhuatl. Los estados con mayor presencia nahua son Puebla y Veracruz, y en este último se localiza la sierra de Zongolica, uno de los más importantes territorios indígenas del país. En este frío y boscoso paisaje se asientan numerosas comunidades nahuas, pequeñas y dispersas por las montañas. Aquí más de 90% de los pobladores son indígenas (con un total de aproximadamente 16 000 habitantes), y muchos de ellos son hablantes monolingües de náhuatl.

Las condiciones de vida que se enfrentan en este lugar son de extrema marginación y miseria: algunos de los municipios de esta región han sido considerados entre los más pobres no sólo de México, sino de toda América Latina. Sus comunidades han carecido históricamente del acceso a los servicios básicos indispensable. La mayoría de las casas son de madera y láminas de metal o cartón, con piso de tierra. Carecen de drenaje, de energía eléctrica y de agua, que acarrean desde el riachuelo más cercano. Son muchas las madres que padecen anemia y muchos los niños que enferman de marasmo por falta de nutrientes, lo cual corresponde a una situación de hambruna (Castro Medina, 2007a). Los servicios médicos son escasos e insuficientes. Casi no hay fuentes de empleo para los habitantes de la región. Las ganancias que obtienen en los cultivos de café o caña resultan insuficientes para el mantenimiento de las familias. Esta situación de falta de empleo lleva semanalmente a alrededor de 500 indígenas a intentar emigrar hacia Estados Unidos. Muchos de ellos mueren en el intento; otros más quedan prisioneros en las cárceles de Estados Unidos o de los estados fronterizos de México, acusados de diversos delitos. Sin embargo, a pesar de las duras condiciones, el envío de remesas desde el extranjero constituye la principal manera de responder a las contradicciones de un sistema que excluye del desarrollo económico a grandes sectores de la población.

Esta fuerte y constante migración hacia el norte ocasiona que la mayoría de los habitantes de Zongolica sean mujeres, niñas, niños y ancianos. Cada vez hay menos hombres en edad productiva en la sierra, lo cual conlleva procesos de fractura comunitaria y pérdida de cohesión social. Para numerosas familias, muchas de las cuales han quedado al mando de mujeres solas, una de las únicas fuentes de ingreso asequibles es la venta de leña o la construcción y venta de muebles rústicos de madera; pese a que mucha gente no tiene a su alcance mejores alternativas productivas, la tala de madera se castiga ahora como un delito. Lo anterior se relaciona con el hecho de que en las últimas décadas la desmedida explotación de los recursos naturales de la sierra ha ocasionado un severo deterioro del medio ambiente de la región, en detrimento del patrimonio natural de los pueblos nativos. Sin embargo, el grueso de las ganancias económicas ha sido acaparado por minorías blancas y mestizas, no por los grupos indígenas, quienes viven en situaciones de pobreza extrema mientras continúa la explotación irracional de las riquezas naturales de su territorio. Y es que el control de las principales fuentes productivas en la región se encuentra en poder de los caciques locales (mestizos), quienes ejercen una autoridad abusiva amparados por su poder político y económico, por la fuerza pública y el poder judicial. No hay justicia para los indígenas que reclaman contra el abuso de dichas autoridades. Algunos de los ministerios públicos de la región ni siquiera brindan atención a quienes no saben hablar español. Sus necesidades y demandas no se atienden porque aún en la actualidad los sectores indígenas de nuestro país no cuentan con una representación política adecuada para incluirlas en la agenda pública, con lo que quedan excluidos de la toma de decisiones.

Los principales programas de apoyo que brinda el gobierno consisten en medidas asistencialistas que no constituyen soluciones estructurales a la pobreza y en muchas ocasiones se limitan al reparto de víveres, materiales de construcción y otro tipo de “ayudas”. La distribución de dichos recursos se realiza por medio de operadores políticos que forman parte de las mismas redes de poder de los caciques, por lo que se les suele utilizar para establecer relaciones de clientelismo político y así mantener el pacto de lealtad de la gente con dichas autoridades, al tiempo que dividen y confrontan entre sí a las comunidades en una competencia por la asignación de recursos. Estas acciones funcionan como mecanismos de control político en la región. Además, debido a la dependencia que se crea en relación con las mencionadas “ayudas”, el reparto de las mismas puede condicionarse para imponer a la población medidas que favorecen a intereses externos a las comunidades. Por ejemplo, la Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica (OCISZ) denunció ante organismos nacionales e internacionales que la entrega de despensas condicionaba a que las mujeres indígenas presentaran constancias de que habían acudido a unas consultas ginecológicas en que, secretamente y sin su consentimiento, se practicaban medidas de control natal forzado para lograr las metas demográficas que fijan ciertos proyectos financiados por organismos como el Banco Mundial (Castro Medina, 2007a). Se les colocaban dispositivos intrauterinos y si acudían por un segundo parto se les esterilizaba quirúrgicamente sin su consentimiento. Con estas estrategias se vulneraron los derechos reproductivos de las mujeres y los hombres indígenas al violar su derecho al control de su propia fecundidad y se ocasionaron además múltiples conflictos familiares y religiosos en el interior de las comunidades. Medidas impositivas y antidemocráticas como ésta, que operan al margen de las leyes escritas y violan los derechos de toda una población, son un buen ejemplo de la discriminación etnorracial que practican las instituciones en contra de los grupos indígenas.

Frente a las severas condiciones de vida que se sufren en estos municipios, frente al acaparamiento de la riqueza por las minorías mestizas y la consecuente miseria de la población indígena, frente a los abusos constantes de los caciques y las autoridades, frente al incumplimiento de los derechos de los habitantes de la sierra de Zongolica y su falta de acceso a la justicia, éstos han respondido a lo largo de las últimas décadas con su lucha por la creación de organizaciones indígenas con las cuales puedan defender sus intereses y trabajar en pos de la construcción de una realidad distinta. Dicho proceso se ha nutrido con la fuerte tradición de lucha social que existe en la región, articulando esfuerzos en un arduo proceso que ha conseguido importantes logros desde la década de los setenta hasta la actualidad. Se ha recuperado en gran medida la unidad de los pueblos nahuas de Zongolica, que anteriormente se encontraban divididos por conflictos políticos y religiosos. Gracias a la unión y la cooperación, sus voces han adquirido mayor fuerza política en la defensa de sus intereses. Actualmente los pueblos nahuas de esta sierra están fuertemente organizados: en una gran cantidad de asociaciones productivas, de gestión social y de defensa de los derechos humanos. En algunos casos estos esfuerzos se han dirigido hacia la construcción de municipios indígenas autónomos. Ciertos municipios (como en el de Soledad-Atzompa, donde murió Ernestina Ascensión) han conseguido recuperar el control de la explotación de recursos forestales mediante la gestión de las organizaciones indígenas. Con medidas como ésta se abre un camino para la construcción de formas sustentables de desarrollo comunitario autogestionado. Por otro lado, la unión de las comunidades también se manifiesta en su autoidentificación como pueblo nahua, en la recuperación de la identidad indígena y en la defensa de la cultura y la lengua, que son pasos fundamentales en los procesos de restauración comunitaria. Respecto a este punto, conviene mencionar la aparición de Radio XEZON, La Voz de Zongolica, primera radiodifusora que trasmite en náhuatl en la región. Fundada como parte del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, y al igual que otras radiodifusoras dependientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, enfrenta restricciones en cuanto a los temas que divulga, por lo que usualmente se concentra en cuestiones culturales más que en la situación política o económica de las comunidades. No obstante sus limitaciones, es un elemento importante contra la pérdida de la lengua, la tradición y las expresiones culturales, y ahí la participación de las mujeres nahuas ha sido muy importante.

El discurso gubernamental en México asegura que se defiende el multiculturalismo como principio de una democracia incluyente y proclama que se están tomando medidas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de este modo saldar la deuda histórica de la nación con sus pobladores originarios. De acuerdo con esto, los esfuerzos democratizadores que se han emprendido en la sierra de Zongolica deberían encontrar el respaldo y el apoyo de las autoridades e instituciones del Estado. Sin embargo, como denuncia Laura Castro Medina (2007a), el movimiento indígena en Zongolica ha debido enfrentar una continuada represión a manos de la policía, de las guardias blancas y, más recientemente, del ejército mexicano. En 1982 apareció la pionera Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM, por sus siglas en náhuatl), que fue duramente perseguida por el entonces gobernador Agustín Acosta Lagunes. Desde entonces han surgido numerosas organizaciones más, muchos de cuyos líderes han sido abiertamente perseguidos y encarcelados ante el temor de las autoridades del supuesto peligro de que se vinculen con “grupos radicales”. Por debajo del agua han sido desaparecidos o asesinados muchos otros. Como respuesta a esta represión las mujeres nahuas han encabezado en diversas ocasiones movilizaciones de apoyo a sus esposos, hijos y padres. En 1997 más de 5 000 indígenas, en su mayoría mujeres, sitiaron la ciudad de Orizaba por más de 48 horas para exigir la liberación del dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), Julio Ateneo Vidal, que había sido encarcelado tras un enfrentamiento con policías estatales que pretendían decomisar un cargamento de madera. A partir del levantamiento zapatista en Chiapas en 1994 la presencia del ejército mexicano se intensificó en gran medida, lo mismo en Zongolica que en otros “focos rojos” a lo largo del país. A veces con el pretexto de que realizan labores sociales, a veces en operativos organizados para desarticular supuestas células guerrilleras, las fuerzas armadas entran en las comunidades y se asientan en ellas, haciendo cotidiana la violencia. A los líderes de Zongolica se les ha intentado relacionar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), aunque las autoridades comunitarias han rechazado tales vinculaciones.

Un expresidente municipal panista de Zongolica, Crispín Hernández Romero, junto con otras autoridades políticas, solicitó que se incrementara la presencia de contingentes del ejército mexicano en la sierra, argumentando que era necesario inhibir a las organizaciones populares que “tienden a incitar a la violencia” y “podrían ser semillero de movimientos subversivos”; aclaró que la finalidad de la intervención militar era “infundir temor” a las mismas (Castro Medina, 2007b). Las organizaciones indígenas reprobaron esta acción de inmediato, se opusieron a que se les señalara como delincuentes, como terroristas o como peligro social y se reivindicaron como luchadores contra la miseria y la segregación. En los últimos años la militarización de estas regiones ha continuado intensificándose, lo que en los hechos constituye una respuesta de respaldo a los poderes locales en su afán de neutralizar los elementos desestabilizadores del statu quo en la región. Al comienzo de 2006 la presencia militar en Zongolica fue nuevamente reforzada luego de la detención de presuntos miembros del EPR, lo que significó la incursión de centenares de soldados a bordo de vehículos de guerra en varios puntos de la zona. A esto ha de sumarse que uno de los primeros movimientos de la administración calderonista fue la militarización de diversas regiones del territorio nacional (o su reforzamiento), entre las que figuran las principales regiones indígenas del país.

Las organizaciones indígenas de Zongolica han calificado la presencia militar en la sierra y al estado de derecho en general como una violación a los derechos de los pueblos indígenas, y lo han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Además de los violentos operativos militares que suelen realizarse en la zona, los habitantes de la sierra se quejan de los abusos cotidianos de los soldados, quienes se relacionan con los indígenas de una forma abiertamente despectiva y degradante y cometen tropelías sin miramiento alguno. “Entran a las tienditas y se llevan lo que quieren, nunca pagan nada porque son del ejército. Hasta gallinas y leña se llevan a sus campamentos”, denunciaron mujeres de Tequila y Astacinga. María de la Cruz Jaimes García, presidenta del Colectivo Feminista Ciuahtlatolli, afirma que en comunidades como Tequila —integradas casi en su totalidad por mujeres y personas mayores debido a los altos índices de migración— la presencia de los militares provoca altos grados de violencia psicológica. En esos lugares las mujeres sufren diariamente el robo de sus cultivos o leña y son prácticamente esclavizadas por los soldados para que ejecuten las tareas domésticas en los campamentos militares (Castro Medina, 2007a).

Pero la violencia no es sólo psicológica; es también física y sexual. Cuando van al monte a traer leña, cuando salen por los caminos a pastorear, o cuando las más jóvenes se trasladan a la escuela (para lo que deben caminar hasta dos horas), las mujeres de Zongolica se ven casi totalmente indefensas frente a los militares. Carlos Mezhua Campos9 informó que a pesar de que oficialmente se documentaron por lo menos 20 casos de mujeres violadas por soldados en Tequila, Astacinga y Tlaquilpa, las denuncias nunca fueron atendidas (Castro Medina, 2007a). Entre ellos se incluye la violación cometida por varios soldados contra una niña de 12 años que resultó embarazada. Apoyados por la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica OINSZ los familiares presentaron la denuncia; pero aunque el gobernador les ofreció protección, más de 20 militares acudieron violentamente a su casa para intimidarlos en la madrugada del tercer día después de la denuncia; la familia tuvo que huir para refugiarse en Puebla (Castro Medina, 2007a). Por casos como éste resulta evidente que la cantidad de violaciones sexuales que no llegan a denunciarse debe ser mucho mayor. Estos patrones de conducta parecen adoptarlos los soldados de una manera cínica. Esto ha sido ilustrado con una anécdota del agente municipal de Mexcala, Modesto Antonio Cruz, quien relató que en una ocasión, al expresar sus reclamos contra los soldados, un cabo de infantería de nombre Edwin Martínez respondió: “nosotros venimos con instrucciones superiores y aquí hacemos como queremos” (Petrich, 2007b). La sistemática impunidad con que se cometen estos crímenes y la absoluta falta de acceso a la justicia que padecen los pobladores son expresiones alarmantes de las pronunciadas asimetrías que existen entre los grupos mestizos y los indígenas de nuestro país. Tales asimetrías generan una tensión que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida y se concentran especialmente en los diversos puntos de confrontación entre las fuerzas sociales que defienden la conservación de dichas asimetrías (y de todo el sistema que se cimienta sobre ellas), y las que luchan por su desestabilización y transformación intentando modificar la posición de opresión, exclusión y explotación que enfrentan las comunidades indígenas en el camino hacia el disfrute de una verdadera ciudadanía.

Este es el contexto en donde ocurrió en la primera mitad de 2007 el levantamiento de miles de indígenas en protesta por el brutal crimen contra Ernestina Ascensión. Exigían la desmilitarización de toda la región y otras cuestiones más generales en pro de la “dignificación de la mujer indígena” y del mejoramiento de las condiciones de vida en Zongolica. Como hemos visto, esta movilización obligó a las autoridades a responder de una manera inusitada: se retiraron algunos campamentos militares y se prometió justicia. Llama la atención que el gobernador Fidel Herrera enviara 500 platillos de comida que se repartieron entre los asistentes al entierro de Ernestina Ascensión y que en los meses siguientes se construyera una casa para cada uno de los cinco hijos de la señora, se distribuyeran cientos de despensas, cobertores, colchonetas, camas, cemento y láminas entre las casas de las comunidades, así como picos, palas, carretillas, bicicletas, dos autobuses escolares y más de dos millones de pesos para la construcción de una gasolinera que había demandado la población desde varios años atrás. Todo ello tuvo un sensible efecto de pacificación en la región y coadyuvó a la aceptación de la palabra de las autoridades. Dicha confianza, como vimos, fue finalmente traicionada: los familiares fueron silenciados y el pueblo nahua de Zongolica enfrentó un nuevo ultraje, una violación más que se agrega a toda una historia de abuso, humillación y violencia. Y así como el caso Ernestina Ascensión no fue el primero, tampoco ha sido el último. El 14 de julio de 2007, a menos de dos meses del carpetazo al caso Ernestina Ascensión, fue denunciado el brutal asesinato de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, mujer indígena integrante del Consejo Consultivo de Radio XEZON; crimen que no ha recibido atención satisfactoria del gobierno estatal ni de la sociedad en general. Su cadáver desnudo fue encontrado en un camino vecinal, tenía atado al cuello un cinturón de hombre y trapos en el interior de la boca; se observaron cuatro cuchilladas y otras señales de que había sufrido violencia extrema, sin embargo, las autoridades (como el subprocurador de justicia de la zona Orizaba-Córdoba) y los medios de comunicación difundieron la versión de que su muerte habría sido ocasionada por un aborto clandestino mal practicado (Castro Medina, 2007c). Más adelante se hizo pública la denuncia del asesinato de Susana Xocohua10 Tezoco, mujer indígena de 64 años de edad cuyo cadáver fue localizado en un maizal el 25 de mayo de 2008 (Morales, 2008). Los familiares de la víctima aseguran que el cuerpo fue encontrado desnudo y con las piernas separadas, con marcas de golpes en las piernas, cuello y brazos. Sin embargo el agente del Ministerio Público, Alejandrino Arroyo Martínez, afirmó que la señora había muerto por causa de un “tumor maligno” y se negó a iniciar una investigación por homicidio. Ante la insistencia de los familiares, el funcionario los amenazó con “meterlos al bote”, según manifestó el hijo de la víctima. Días antes, cientos de campesinos indígenas de Zongolica habían realizado un plantón frente al palacio municipal para exigir la renuncia del mismo Alejandrino Arroyo, quien solía humillar y maltratar a quienes acudían a sus oficinas sin saber hablar español. En enero de 2009 se registró el asesinato de otra mujer indígena: Marcelina Panzo Chipahua de 40 años de edad, quien fue acribillada por hombres al parecer encapuchados —cuya presencia se ha denunciado como una constante fuente de terror—; no obstante, las autoridades judiciales atribuyeron el crimen a “viejas rencillas” del marido (Castro Medina, 2009).

Cómo entender la violencia

Es evidente que el caso de Ernestina y los de las demás mujeres asesinadas se insertan dentro de un muy amplio y complejo contexto de conflicto social. No estamos hablando de hechos aislados y extraordinarios, sino de un fenómeno extenso y continuado en el cual lo ocurrido con Ernestina Ascensión fue solamente un punto álgido. Retomemos ahora las preguntas que planteamos anteriormente. ¿Cómo entender una violencia de tal brutalidad contra mujeres indígenas como Ernestina Ascensión? Podríamos suponer que los soldados agresores estaban psicológicamente enfermos o drogados, que el crimen obedeció a motivaciones personales y se perpetró como un acto de insubordinación que quebrantó las normas de conducta que ellos deberían acatar como integrantes del ejército en servicio y como ciudadanos regidos por el código penal vigente. Aquí podríamos suponer que se trata de crímenes con motivaciones meramente sexuales, con un grado de brutalidad que nos obliga a incorporar la noción de crímenes de odio11 La recurrencia impune de este tipo de actos constituiría un problema muy grave, comparable al de los feminicidios de Ciudad Juárez.

El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino e incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como tortura, esclavitud sexual [...] golpizas físicas y emocionales [...] operaciones ginecológicas innecesarias [...]. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se transforman en feminicidios (Caputti y Russell, 1992).

Sin embargo, además de su inobjetable carácter misógino, el sombrío contexto de represión contra el pueblo nahua de Zongolica revela que el móvil de estos crímenes tiene un importante componente de violencia etnorracial. La inexcusable impunidad en que han permanecido estos crímenes parece ir más allá de la mera incompetencia de la autoridad para procurar justicia o para controlar a los elementos militares durante el servicio: apunta hacia una utilización intencional y estratégica de la violación sexual. Como manifiesta Aída Hernández, al conocer las elevadas cifras de casos de violaciones sexnales por parte de militares contra mujeres indígenas en nuestro país nos damos cuenta de que más que ante casos aislados cometidos por enfermos mentales, nos encontramos frente a una “política de intimidación que utiliza la violencia sexual como arma de desmovilización política” (Hernández Castillo, 2007). Desde el estallido de las guerras de Bosnia y Ruanda se ha empezado a comprender la utilización sistemática de la violencia sexual como arma de guerra; se trata de un elemento que ha sido constante en la guerra a lo largo de la historia de la humanidad, cuya motivación no es primordialmente el placer o la satisfacción sexual del agresor, sino que tiene que ver con el poder, el control, la dominación y la humillación (Consorcio Actoras del Cambio, 2003). El objetivo de estos crímenes como instrumentos de control social es infundir terror en una población mediante esa técnica “tendiente a inhibir la participación o el apoyo a las organizaciones guerrilleras” (Consorcio Actoras del Cambio, 2006). En situaciones de conflicto interétnico, el sentido de estos brutales actos de violencia se comprende como violencia contra otro grupo étnico en su conjunto; entonces “la violación [se lleva a cabo] como una forma de tortura que con frecuencia culmina en la muerte y que tiene como meta el destruir una comunidad” (Franco, 2008). Se ha analizado el uso de la expresión violencia selectiva cuando el objetivo no es la eliminación de un enemigo sino el control de una población, en ocasiones atacando selectivamente no sólo a los individuos más fuertes y visiblemente movilizados, sino también a los más débiles e inocentes (mujeres, embarazadas, ancianos, niños y bebés, etc.) con el propósito de abrir un espectro de terror que cubra a la totalidad de los individuos de la población por controlar. De acuerdo con Arturo Neri Contreras, los ataques contra las mujeres mayores en Zongolica se explican:

porque los soldados saben muy bien lo que significa una mujer mayor para las comunidades indígenas: ellas simbólicamente representan no sólo la autoridad, también la tradición, la fuerza moral, son las madres de todos. Los miembros del Ejército mexicano lo saben, porque lo aprenden bien en sus entrenamientos militares, en su aprendizaje de la guerra de baja intensidad contra las comunidades indígenas [...] Atacándolas, están enviando un mensaje claro a los pueblos indios, a los sublevados y a los inconformes del país: ésta es una guerra (Citado en Castro Medina, 2007b).

Así, desgraciadamente, el crimen contra Ernestina Ascensión se va haciendo más comprensible conforme nos movemos de la hipótesis de un crimen por insubordinación hacia la de un crimen con (algún grado de) intencionalidad estratégica, con utilidad en un contexto de conflicto. Al comprender lo que está ocurriendo en Zongolica desde esta perspectiva podemos responder otra de las preguntas que antes planteamos. El sorprendente esfuerzo institucional por negar el crimen contra Ernestina Ascensión y bloquear a toda costa su acceso a la justicia deja de parecer una elucubración absurda cuando nos damos cuenta de que lo que se está encubriendo aquí no es la culpabilidad de un grupo de soldados descarriados (lo que no ameritaría semejante esfuerzo) sino que se está encubriendo una política institucional criminal bajo cuya lógica se han efectuado estos y tantos otros abusos. Se está encubriendo una guerra sucia como la de los años setenta y ochenta, una guerra no declarada que se intenta llevar a cabo en la invisibilidad. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿No es México una nación pacífica y democrática?

Tercer enfoque. La cuestión indígena en México

En nuestro esfuerzo por comprender lo ocurrido habremos de cambiar nuevamente nuestro lente de observación. La muy difícil situación social que existe en la sierra de Zongolica es sólo un ejemplo de la profunda y generalizada problemática indígena en México y América Latina. Después de siglos de adversidad, hoy día los pueblos indígenas continúan enfrentando unas condiciones de vida extremadamente difíciles e injustas, así como bloqueos sistemáticos a los procesos organizativos con que intentan transformar su situación, en los que se incluye todo tipo de violencia.

En términos económicos, los pueblos indígenas viven excluidos del goce de los beneficios del sistema capitalista, carentes de condiciones favorables para participar exitosamente en las dinámicas de libre mercado. Sin fuentes de empleo con remuneración suficiente, soportan la excesiva explotación de su fuerza de trabajo y la de los recursos naturales de sus territorios, mientras agentes externos a las comunidades acaparan las ganancias; muchas veces se trata de empresas trasnacionales que, además de todo, les externalizan los costos de dicha explotación en una dinámica injusta de enriquecimiento de unos mediante el empobrecimiento de otros, que constituye una continuación del saqueo histórico que han enfrentado los pueblos indígenas tras la colonización europea.

En términos políticos, viven excluidos de los procesos de toma de decisiones, sin una participación política adecuada y sin una representación efectiva de sus intereses. Sin estos elementos, su relación con el Estado posee los rasgos de una dominación política en donde los sistemas operantes de cacicazgos y clientelismo permiten la subsistencia de relaciones de poder semejantes al señorío sobre siervos o esclavos. Viven excluidos del goce de una ciudadanía plena, sin acceso a servicios básicos adecuados, sin garantías para el respeto y cumplimiento de sus derechos fundamentales, sin acceso a la justicia, vulnerables ante todo tipo de abusos. Y si bien ha habido avances en términos legislativos, falta mucho para incorporar la gama completa de los derechos colectivos de pueblos, etnias y minorías étnicas, así como los mecanismos para su efectivo cumplimiento.

En términos sociales, enfrentan la profunda marginación, discriminación y segregación que les imponen otros grupos sociales mediante distinciones basadas en la etnicidad o en las diferencias lingüísticas —cuando no abiertamente racistas—, lo que implica una situación de enorme desigualdad social que se hace patente tanto en el interior de sus territorios como en las ciudades y en otros países a donde se ven forzados a emigrar.

En términos culturales, enfrentan la desvalorización de sus identidades —históricamente subordinadas a la llamada identidad nacional (mestiza, occidental)—; la extinción de sus lenguas maternas, tradiciones y costumbres; la desacreditación de sus saberes tradicionales y sus formas de vida y de entender el mundo, y la trivialización, folklorización y utilización indigna de sus expresividades culturales y artísticas. Además de la desigualdad en el reparto de los bienes materiales, del poder y del cumplimiento de derechos, enfrentan la desigualdad en la distribución de lo que se ha llamado el “poder de definición” (Goffinan, 1959: 254), la facultad de plantear o discutir públicamente conceptos y el significado de éstos, las formas de describir las identidades de sí mismos y de los otros, la naturaleza de las relaciones entre grupos sociales, los mecanismos mediante los que se produce tal o cual fenómeno, las narrativas de la historia nacional y, en general, las formas de describir la realidad. Enfrentan las definiciones de sus propias identidades y de su situación que les impone desde la cultura dominante sin posibilidad de réplica. Enfrentan lo que Gayatri Spivak (1988) denomina violencia epistémica, la cual —en palabras de Marisa Belausteguigoitia— consiste en “la alteración, negación, y en casos extremos, como las colonizaciones, extinción de los significados de la vida cotidiana, jurídica y simbólica de individuos o grupos” que puede efectuarse como “la prohibición de explicarse el mundo con códigos y referencias propios” o como “la prohibición de la lengua materna en tierra ocupada” (Belaustegoitia, 2005: 69). Esto es lo que está en el fondo de las duras medidas institucionales, legislativas, policiacas y paramilitares que se emprendieron en contra de las radiodifusoras indígenas autónomas, las cuales son actualmente criminalizadas, hostigadas y atacadas.12

Gran parte de la desigualdad entre los diferentes grupos sociales de nuestro país existe como continuación de las relaciones sociales asimétricas que se establecieron hace cinco siglos con el proceso de colonización europea en las Américas. Las relaciones que entonces se pusieron en marcha entre los grupos europeos y los sobrevivientes de los grupos nativos han ido evolucionando hasta la situación actual entre los grupos mestizos o ladinos y los grupos indígenas sin que hayan desaparecido el componente de dominación, ni las tensiones y conflictos que lo acompañan, lo que González Casanova describe como colonialismo interno13 Actualmente el derecho internacional moderno incluye al colonialismo dentro de la categoría de crímenes internacionales, junto con el racismo, el apartheid y el genocidio (Ordóñez, 1996: 21); sin embargo los procesos colonialistas (en sus diferentes facetas) no sólo perviven como remanentes de un pasado salvaje, sino que aún continúan intentando expandirse y profundizarse, buscando el acaparamiento de la riqueza. Los intereses de los grupos dominantes siguen estando en juego como lo estaban hace siglos, por lo que existen grandes fuerzas que se resisten a la desestabilización y transformación de aquellos ordenamientos sociales.

Entre otras cosas, está en juego el control de regiones con recursos naturales estratégicos. Cuando observamos que en el planeta los pueblos originarios están asentados en las regiones que poseen 60% de los recursos naturales (Toledo, 2003: 69-73), nos resulta claro que el desplazamiento, la dispersión y el desmantelamiento de las ya diezmadas comunidades indígenas que todavía las habitan facilita el aseguramiento de dichas regiones para su aprovechamiento exclusivo por parte del sector dominante. En el ámbito local los grupos dominantes intentan preservar la continuidad de esas relaciones (mediante las que obtienen grandes beneficios) procurando su inserción en sistemas de dominación-explotación progresivamente más abarcadores (neocolonialismo), estableciendo y manteniendo alianzas con grupos hegemónicos trasnacionales, permitiendo a éstos el acceso y la capitalización de los recursos y mercados locales a cambio de otros beneficios,14 como por ejemplo el apoyo para el mantenimiento del orden y de la “paz social”.

En el origen y la base de estas dinámicas se encuentra el propósito de instrumentalizar al otro, de disponer de él en beneficio de los intereses propios y a costa de los suyos, aun de su propia vida. Con la llegada de los conquistadores europeos y el establecimiento de las colonias se instauraron las relaciones de superioridad-inferioridad y las posiciones de dominante-oprimido que han caracterizado desde su nacimiento a la dualidad criollo-mestizo-indígena. Múltiples discursos de superioridad racial o cultural han servido para justificar una situación que progresó hacia la constitución de sociedades etnocráticas en que un grupo cultural domina al resto. Con la fundación del México independiente, la dominación del grupo mestizo fue respaldada por las ideologías etnocéntricas en que se basó el proyecto de construcción de la nación, proyecto cuya consolidación —se creía— dependería del éxito de establecer una identidad nacional única que diera sustento a la nación mexicana como unidad monocultural. Si se partía de ese razonamiento se advertía que la construcción de la nación enfrentaba la pluriculturalidad de la población como un obstáculo, el cual se superaría mediante la fusión racial y la homogeneización cultural, de ahí que se adoptara el mestizaje como símbolo fundacional. Sin embargo, la idea de mestizaje como ideología de la salvación, como proceso de síntesis conciliatoria que daría lugar al surgimiento de una coexistencia armónica, oculta la naturaleza conflictiva del proceso, ignora el peso de las asimetrías sociales que se instauraron en el contacto inicial y niega la (verificada) pervivencia de las diferencias y tensiones intergrupales (Cornejo Polar, 2004).

En los hechos, la homogeneización cultural conlleva la búsqueda de la extinción de los otros grupos étnicos, proceso que ha comprendido múltiples modalidades de violencia: desde la discriminación y la segregación, hasta los intentos de exterminio. En el México posrevolucionario el nuevo régimen puso en marcha políticas construidas bajo la lógica indigenista, que buscaba mejorar la situación de las poblaciones indígenas mediante la aplicación de programas orientadas a lograr su integración al grupo cultural nacional. Esta manera de abordar el problema indio dio lugar a lo que Olivia Gall (2004) describe como un racismo asimilacionista de Estado que de manera sintética expresaba un mensaje: para ser mexicano hay que mestizarse. Esto derivó en lo que Bonfil Batalla (2006) denominó la desindianización de las poblaciones indígenas, el proceso de abandono (forzado) de sns identidades étnicas. Paralelamente se desarrolló el contundente proyecto encubierto de depuración racial que ba descrito y demostrado Beatriz Urías Horcasitas (2007).

Sabemos que el Estado mexicano se vio obligado a intentar cambiar su discurso asimilacionista a partir de los años setenta y a avanzar hacia el planteamiento de la plurietnicidad y el multiculturalismo como base de la nueva actitud, legislación y política hacia los pueblos indios de nuestro país. Sabemos también que ese cambio de discurso no se ha traducido en una política clara que haga mínimamente honor a los nuevos términos plasmados en el artículo 4° constitucional (Gall, 2004: 243).

Observamos que después de algunas décadas con el sistema neoliberal vigente su efecto ha sido la profundización de las desigualdades y asimetrías entre los indígenas y los mestizos (Castellanos y López, 1997: 148); las condiciones de explotación que éste impone han correspondido con una continuidad del decrecimiento poblacional de las minorías étnicas, que al enfrentar condiciones de vida insostenibles constituyen el grueso de los movimientos migratorios, con el consecuente despoblamiento de sus territorios originales (Ordóñez Cifuentes, 1996). Así, tras un examen retrospectivo podemos observar que desde hace siglos no hay lugar para que los pueblos indígenas se desarrollen como tales en nuestro país. La histórica negación de su derecho al desarrollo, a disfrutar y transmitir su identidad, su cultura y su lengua, con la consecuente desaparición progresiva de los pueblos indios en México y América Latina, ha sido calificada como etnocidio, una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos (relacionada con el llamado genocidio cultural) que conduce a la destrucción de sus civilizaciones (Ordóñez, 1996: 25-28).

Éste es un somero panorama de la amplia y profunda problemática que enfrentan los pueblos indígenas. Sin embargo, el movimiento indígena en México y en América Latina está vivo, latente:

no todo ha sido aniquilamiento, rompimiento, sofocamiento, desaparición de miles de años de historia civilizatoria previa. Desde luego, tampoco se trata de sobrevivientes de museo [...] más bien nos encontramos ante resultados de complejos procesos de resistencia, adaptación, selección, combinación, recreación, “camuflaje” y “huida”, casi siempre gestados aprecios altísimos y siempre en condiciones terriblemente desventajosas (Krotz, 1993).

Como explican Castellanos y López y Rivas (1997), a lo largo de siglos de dominación fueron innumerables los casos en que los pueblos indígenas de América lograron altos niveles de organización y pusieron en jaque al poder establecido mediante distintos tipos de lucha. La defensa de territorios, tierras, autogobiernos, formas de organización social y representación política es tan antigua como los sistemas de dominación y subordinación de los pueblos indios. Por diversas razones esas rebeliones fueron sofocadas tarde o temprano con “una violencia que buscó siempre romper la memoria de los pueblos y destruir su voluntad de lucha” (Castellanos y López y Rivas, 1997: 156). Sin embargo esa voluntad no ha sido destruida, y continúa avanzando por terrenos inéditos. La progresiva articulación de las demandas que han formulado los pueblos indígenas en torno a los conceptos de autonomía y libre determinación plantea una perspectiva integral (considerando la interrelación de lo social, lo cultural, lo económico y lo político) por donde es posible atender el conflicto. En el México contemporáneo el impacto del movimiento zapatista ha sido insoslayable en este proceso. Tras su sorpresiva insurrección consiguió inaugurar un espacio de reflexión y debate público en torno a la cuestión étnica, donde los pueblos indígenas, como sujetos políticos activos, expresaron sus demandas, sus definiciones de la situación y sus propuestas de solución, desbloqueando un impostergable proceso de diálogo con el gobierno y con diversos sectores de la sociedad civil. Rompe una asfixiante inmovilidad e irrumpe con recursos novedosos y con poderosos planteamientos para cuestionar nociones tan fúndamentales como las de modernidad, progreso, tradición, política, democracia, nación y ciudadanía, modificando radicalmente a la vez su propia identidad y su posición en la sociedad. Como movimiento intercultural, consigue sentar unas bases aceptables para un amplio proceso de articulación que ha permitido la consolidación de vínculos nacionales e internacionales entre diversos sujetos en resistencia (donde destaca el Congreso Nacional Indígena), proceso en el cual desde un principio se abrieron paso las mujeres indígenas con sus demandas específicas; su activa participación ha propiciado también difíciles transformaciones en el interior de sus propias comunidades.

Como observa Aída Hernández (2006), es sabido que las mujeres indígenas han estado presentes en las luchas de resistencia desde la época colonial. En América Latina se observa actualmente que dicha participación está derivando en una inclusión explícita de demandas que cuestionan específicamente la desigualdad y la exclusión entre hombres y mujeres. Según refiere la misma autora, estas experiencias fueron el antecedente necesario para que en la década de los noventa algunos grupos aún minoritarios de mujeres indígenas comenzaran a plantear en distintos puntos del continente la agenda política de sus luchas, donde combinanban sus demandas específicas de género con las demandas autonómicas de sus pueblos. A partir de ahí comenzó la construcción de un espacio de lucha propio y específico de las mujeres indígenas, que ha ido autonomizándose y distinguiéndose de los movimientos indígenas nacionales y de los movimientos feministas de sus países.

La respuesta gubernamental a este proceso pese a haber representado una oportunidad histórica para rectificar la relación entre los grupos sociales intervinientes, con dirección a una verdadera paz social, ha sido decepcionante y muy desafortunada. Que el llamado “gobierno del cambio” panista haya optado por rechazar las demandas del movimiento indígena, negándose a aceptar la experimentación de una propuesta de autonomía (esfuerzo que en varios casos se ha demostrado viable en el mundo entero), constituye una muestra de la distancia entre el discurso oficial, pretendidamente incluyente, multicultural y democrático, y el proyecto político gubernamental. El rechazo de esos puntos de vista y la incongruencia de su actuación dieron pie a la interrupción de dicho proceso de diálogo. La reactivación de la violencia de Estado (militar y paramilitar) contra las comunidades indígenas significó una verdadera traición al (potencial) proceso de paz que había comenzado. Las masacres de Acteal y Aguas Blancas, y tantos otros ataques permanecen en la memoria no como recuerdos funestos de una guerra pasada, sino como referentes para interpretar la miríada de amenazas y agresiones que enfrentan constantemente hoy día. Los ejemplos abundan.

Pero las poblaciones indígenas no son los únicos grupos sociales que han recibido la violencia del Estado como respuesta a su inconformidad en los últimos años. Los múltiples ejemplos recientes de uso de la fuerza pública para enfrentar movimientos sociales han hecho que se desvanezca aquel supuesto punto de quiebre que se alcanzó en las urnas en el año 2000, lo que ha marcado una lamentable continuidad con el régimen anterior. Esta respuesta del llamado gobierno “de la alternancia” a los reclamos de diferentes grupos sociales demuestra la continuidad de un manejo antidemocrático del descontento social en donde la llamada gobernabilidad supone no la ampliación del ejercicio democrático y de ciudadanía de la población, sino un programa de control y contención que opera haciendo uso de diversas formas de violencia política y terror contra los ciudadanos y las comunidades que se han organizado y planteado demandas que resultan amenazantes para la supervivencia del sistema (Sosa Elízaga, 2000).

En los últimos años, ante el agravamiento de la situación económica de la gran mayoría de la población en el país, la creciente desigualdad, la acelerada acumulación de la riqueza, la amplificación de la efervescencia social, la notable pérdida de credibilidad social en las instituciones democráticas (luego de la irresuelta polémica electoral de 2006), la enorme impopularidad del sistema político en general y la evidente fractura y confrontación al interior de las élites políticas, la presidencia de Calderón enfrenta un momento histórico de coyuntura social y política cuya magnitud no puede aún ser dimensionada. Las cartas fuertes con las que inició su presidencia parecían ser dos: por un lado, su cercanía con las fuerzas armadas: la criticada militarización de importantes zonas del territorio nacional fue uno de sus primeros movimientos, con el argumento de que emprendía una guerra contra el narcotráfico; por otro lado, su alianza con los sectores con mayor poder económico en el país, vinculados a su vez con grupos extranjeros, entre quienes figuran los monopolistas de los medios de comunicación, que han prosperado en una situación de privilegio inaudita, inaceptable para un país democrático.

Así las cosas, hoy día la mencionada gobernabilidad parece sostenerse sobre dos pilares: el uso de la fuerza y la regulación de la información. Éste es el interlocutor con quien dialogan actualmente los movimientos indígenas y los amplios sectores desposeídos y excluidos de la repartición de ganancias en México: un gobierno que se ha mostrado dispuesto a utilizar la fuerza contra las movilizaciones sociales y que dispone del apoyo (histórico, aunque inestable y no incondicional) de los medios de comunicación masiva, quienes concentran un enorme poder para regular lo que se sabe y lo que no se sabe, lo que se dice y lo que se calla, es decir, las versiones de los hechos que pueden circular en el espacio de la opinión pública como representaciones válidas de la realidad, y las que no.

Conclusiones. ¿Dónde se encuentra la justicia?

En nuestra disección de la controversia sobre la muerte de Ernestina Ascensión encontramos un cúmulo de elementos que nos impiden aceptar la versión de la muerte natural. Las contradicciones y la falta de transparencia en la actuación de las autoridades en este caso despojan de toda credibilidad al dictamen oficial, por lo que resulta necesaria una nueva investigación del caso por agentes independientes. Mirando a través del macroscopio encontramos un contexto de conflicto social con muy altos niveles de violencia estatal, en donde la hipótesis del crimen-táctico-encubierto resulta verosímil. A la luz de nuestro análisis podemos concluir que lo que trató de explicarse como un caso de falla orgánica intraindividual aparece más bien como manifestación de una muy profunda, extensa y urgente problemática social.

Como hemos visto, el de Ernestina Ascensión no es un caso aislado, constituye una dramática demostración de la situación que enfrentan las mujeres indígenas de nuestro país en la actualidad: una situación especialmente grave en cuanto a los niveles de violencia y la falta de acceso a la justicia. Para comprender la especificidad de dicha situación —diferente de la que enfrentan las mestizas o blancas— es necesario percibir la magnitud del conflicto interétnico en el México contemporáneo: una sociedad etnocrática en que el colonialismo y el etnocidio se encuentran plenamente vigentes, y en donde los procesos democratizadores surgidos de los pueblos indígenas se siguen reprimiendo con usos de violencia que corresponden a lo que se denomina “guerra sucia”. Las mujeres indígenas sufren mayormente la violencia con que se mantiene un orden social injusto; sobre ellas recae el enorme peso de la resistencia al cambio, el cual se traduce en tremendas dosis de violencia contra sus cuerpos ante la cual están casi absolutamente desprotegidas en una situación de vulnerabilidad extrema. Favorecen esta violencia los mecanismos necesarios para que pueda realizarse en la impunidad y la invisibilidad, mecanismos que en este caso entraron en crisis y enfrentaron sus propios límites, pero que finalmente condujeron a reproducir lo que constituye una pauta histórica: la falta de acceso a la justicia para las poblaciones indígenas, especialmente para las mujeres.

Como principio elemental de justicia, se debe realizar una nueva investigación sobre la muerte de Ernestina Ascensión y exigir que, en su caso, desemboque en los correspondientes procesos contra quienes resulten responsables. Los culpables tanto del crimen como de su encubrimiento deben ser castigados. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y como primer vocero de la versión de la muerte natural, Felipe Calderón Hinojosa encabeza la lista de los involucrados. Sus posibles responsabilidades se deben investigar en un proceso que habrán de emprender por las siguientes administraciones si en verdad se proponen llevar a cabo un cambio de régimen, o en su defecto deberán hacerlo los tribunales internacionales.

Dicho procedimiento cuya trascendencia difícilmente podría exagerarse sería, sin embargo, sólo el principio de un largo camino hacia la verdadera justicia. La continuidad de la violencia que se ha venido ejerciendo contra las mujeres indígenas y sus comunidades es absolutamente inadmisible y debe detenerse de forma inmediata y definitiva. El ejército debe salir de los territorios indígenas; debe revertirse el amplio proceso de militarización en el país: no es ése el camino rumbo a la solución de los grandes problemas de la población. Igualmente es preciso emprender una serie de acciones y medidas para avanzar hacia un verdadero acceso a la justicia para las mujeres y los hombres indígenas frenando la impunidad de quienes cometen crímenes y abusos en perjuicio suyo. Resulta fundamental modificar y reformar las leyes y los sistemas judiciales poniendo especial atención en la procuración de mecanismos para su correcta aplicación, pues en nuestro país suele ser allí donde surgen las fallas. Destaca lo relativo a la falta de acceso a la justicia para los hablantes de lenguas indígenas, ya que la escasez de traductores y mecanismos adecuados es una carencia de la cual son víctimas especialmente las mujeres indígenas, entre quienes la proporción de monolingues es mucho mayor. De igual manera es urgente eliminar el fuero militar y conseguir que los militares que cometen crímenes sean juzgados por tribunales civiles. También es necesario fortalecer y descentralizar la vigilancia de los derechos humanos, pues este caso comprueba que aun las más altas instituciones pueden ser corrompidas; también éstas deben ser vigiladas. En última instancia, como hemos sugerido ya, para lograr una verdadera vigilancia del comportamiento de las autoridades será indispensable que ésta surja de una sociedad civil despierta y organizada.

Por otro lado, éste no es el único caso reciente en el que se sospecha una manipulación de la información respecto a las dinámicas de opresión y violencia de las autoridades para preservar la imagen de un Estado democrático (y sus efectos de pacificación social). Si se comprobara la falsedad de la versión de la muerte natural de Ernestina, se demostraría que se trata de un gravísimo caso de mentira política15 armada para encubrir un crimen en el que, como se vio, muchos agentes resultarían implicados. Este tipo de mentira y encubrimiento revelaría niveles de corrupción gubernamental realmente perturbadores,16 niveles pasmosos de ilegalidad y falta de escrúpulos que dan origen a una situación absolutamente inaceptable. En un país verdaderamente democrático estos actos de ninguna manera podrían quedar en la impunidad; un caso de encubrimiento como éste tendría condicho episodio, el caso se convertiría en un poderoso elemento para la disconfirmación de la versión oficial sobre la realidad nacional en general: el discurso según el cual México es un país democrático se vería gravemente cuestionado. ¿Hasta qué punto el relato de la transición a la democracia representa una realidad y hasta cuál es ficción? Buena pregunta. ¿Qué condiciones serían necesarias para construir y mantener una ficción política semejante? Para posibilitar una manipulación de la información continuada y eficiente es necesario antes que nada que exista un monopolio de la información.

el régimen de los medios de comunicación es tan decisivo políticamente que se presenta como elemento constitutivo de los diversos tipos de sistemas políticos; el pluralismo de las fuentes de información y la posibilidad efectiva de la impugnación pública son un requisito fundamental de los sistemas liberal-democráticos y poliárquicos, y el monopolio de los medios de comunicación es un requisito necesario de los sistemas totalitarios (Bobbio, Mattenca, et. al., 2006: 927).

Como sabemos, la situación de los medios de comunicación en nuestro país corresponde más a un sistema totalitario,17 por lo que la vulnerabilidad de la población ante la manipulación de la información y la mentira política es muy alta. No podremos aspirar a emprender un verdadero proceso de democratización en nuestra sociedad mientras no desarticulemos esos poderosos monopolios, mientras no abramos paso a una pluralidad informativa suficiente para anular la posibilidad de que los crímenes que cometen las autoridades permanezcan impunes, protegidos por su alianza con los medios de comunicación mayoritarios. Por lo tanto, además de investigar y castigar la mentira política es necesario romper los mecanismos que la hacen posible, en beneficio del derecho a la información y a la libre expresión de nuestra sociedad.

Interpretamos en términos de conflicto social que la controversia alrededor de este caso constituye uno de los más recientes episodios de confrontación entre un pueblo indígena organizado (junto con varios otros agentes y grupos solidarios) y los grupos mestizos que están en el poder, junto con las fuerzas armadas y los agentes e instituciones cómplices. Este episodio demuestra una vez más que el discurso, los medios de comunicación y la opinión pública constituyen actualmente uno de los campos de batalla fundamentales. En buena parte de la confrontación, el objetivo central fue establecer como verdadera ante los ojos de la opinión pública una versión de los hechos. Para ello se pusieron en juego múltiples recursos, alianzas y estrategias, en donde el poder y la violencia desempeñaron un papel crucial.

Sin embargo, además de observar los alcances del poder y el control que se ejercieron mediante la violencia, la manipulación y la mentira, en este caso también podemos apreciar sus límites. Podemos percibir hasta dónde llegan y a partir de dónde se vuelve problemático su dominio, se desestabiliza, se tambalea. Podemos observar momentos en que se desbordaron esos límites, y por lo tanto, demostraciones de la posibilidad de transgredirlos. Observamos los límites del control de la información, las fisuras en el cerco informativo a través de las cuales pudieron filtrarse los elementos de la versión antioficial sobre la muerte de Ernestina Ascensión. Observamos el admirable trabajo de los periodistas honestos, críticos y comprometidos que desde diferentes medios dieron seguimiento al caso, presentando mucho más información que los medios de comunicación mayoritarios, transgrediendo valientemente los límites de la censura, demostrando que existen espacios verdaderos para la pluralidad y la libertad de expresión en nuestro país. Observamos los límites de su poder de silenciamiento cuando las últimas palabras de una anciana indígena agonizante, casi susurradas al oído de sus familiares en una comunidad pobre y marginal cuya voz suele ignorarse o silenciarse, cuya lengua resulta ininteligible para los circuitos de comunicación mayoritarios, encontraron una vía para hacerse escuchar por un número cada vez mayor de personas, rompiendo densas y pesadas capas de silencio hasta llegar a las primeras planas, a los noticieros radiofónicos y televisivos (apareciendo en algunos de ellos sólo por un instante, posicionándose en otros por semanas, por meses, como temática de primer orden) perturbando poderosamente el orden discursivo. Esas últimas palabras de la anciana han conseguido llegar muy lejos para comunicar un mensaje que muchas personas, cada vez más, aceptan como verdadero, logrando con esto vencer la palabra rival que provino de las máximas figuras de poder en nuestro país, quienes desde las posiciones más privilegiadas no han podido acabar de desacreditar, anular y silenciar la voz de Ernestina.

Observamos los límites de su habilidad para mentir en los numerosos tropiezos, errores y torpezas que cometieron. La precipitación de sus intervenciones, lo errático de sus estrategias y declaraciones, y el exceso de palabras con que intentaron saturar los medios para hacer inaudibles a sus oponentes, nos permiten ver a través de la opacidad y falta de transparencia con que intentaron cubrir la turbiedad de sus manejos. Observamos los límites de su autoridad, observamos la inquietud y preocupación que demostraron al ver amenazada su posición de poder —tan dependiente de la protección de su imagen pública, tan vulnerable a la pérdida de legitimidad ante la sociedad civil—. Observamos los límites de su capacidad de coordinación, pues al mismo tiempo que se exhibió un evidente pacto de complicidad, se hizo patente el grado de confrontación interna que existe entre los diversos grupos de la clase política, cuya fractura como sistema (si bien está lejos de la democracia) le dificulta funcionar eficientemente como un bloque unificado que apuntara en una sola dirección, como un aparato unitario en que los diferentes elementos estuvieran alineados en cadenas de mando convergentes dentro de una estructura piramidal. Esta notable fractura de las élites entorpece la continuidad eficaz de los rasgos totalitarios que caracterizaron al régimen priista en buena parte del siglo pasado, trastoca los mecanismos mediante los cuales se estabilizaba el orden, lo que nos habla de que el sistema político ambiguo o ambivalente de la actualidad —en algún punto intermedio entre lo democrático y lo totalitario, pues ciertamente ha debido responder a un incompleto pero innegable proceso de democratización en la sociedad mexicana— es un sistema cuyas contradicciones estructurales lo hacen comparativamente endeble e inestable. Observamos, pues, los límites del funcionamiento de los mecanismos para mantener el orden, los límites de la estabilidad del statu quo.

La desestabilización de las posiciones relativas de poder durante este conflicto fue en ambos sentidos: unos vieron su poder amenazado al tiempo que otros desafiaron su posición de opresión y sometimiento. Se observaron los límites de la contención social mediante el terror y la violencia, los límites del control militar. Se demostró la posibilidad de revertir las correlaciones locales de fuerza valiéndose de la unidad, aun a pesar de la obvia disparidad entre los civiles que además eran pobres y marginales, y los batallones militares. Se demostró la efectividad de los procesos de organización social de base y la de su coordinación y articulación en redes que facilitaron la pronta movilización con que el pueblo nahua de Zongolica respondió de forma masiva, unida y decidida en protesta por el crimen, medida que fue suficiente para obligar al ejército a replegarse y retirarse de su territorio. Ellos demostraron la posibilidad de moverse de una posición de miedo, debilidad y vulnerabilidad, hacia una de valentía, poder y acción. Con dicha manifestación de protesta también consiguieron alterar los perímetros de esa región de invisibilidad y silencio en donde históricamente han sido confinados, irrumpiendo en la escena nacional al abrir espacios y canales por donde pudieron ser vistos y escuchados. Asimismo, al atraer la atención de los medios de comunicación lograron obligar a algunas autoridades de alta jerarquía a reaccionar de manera urgente, exponiendo con ello los límites de la despreocupación con que mantienen su irresponsabilidad.

Por otro lado, la muerte de Ernestina sirvió como catalizador para concentrar la atención del movimiento en Zongolica sobre la problemática específica de las mujeres indígenas, como un movimiento “por la dignificación de la mujer indígena”. Esto constituye un paso significativo en el proceso de incorporación de sus demandas específicas, pues enfrentan una opresión múltiple dada la pronunciada inequidad de género que existe en el interior de sus propias comunidades, que en este punto muchas veces oponen fuertes resistencias al cambio. Este paso puede ser un avance todavía más importante en la medida en que promueva que se aborde la problemática de género en el ámbito interno de las comunidades y no se limite a un reclamo contra el desprecio, la degradación y la violencia que reciben las mujeres desde el exterior, como el abuso de los militares o mestizos. La notable participación de las mujeres nahuas de Zongolica en las movilizaciones masivas y en los proyectos comunitarios habla de un proceso de transformación que tiene el potencial de seguir desarrollándose hacia una participación social cada vez más activa y autónoma. Todo lo anterior demuestra la vitalidad, la actualidad y lo multifacético de esas fuerzas que tienden a desestabiltzar y transformar las relaciones asimétricas que se manifiestan en el movimiento indígena en nuestro país, una fuente copiosa de esfuerzos de cambio social.

Además, una vez que el movimiento de protesta en Zongolica alcanzó cierta difusión a través de los medios de comunicación, numerosos grupos, organizaciones e individuos de muchos puntos del país y de otros países se sumaron a la demanda de justicia, y con ello la protesta por el crimen contra Ernestina pasó de ser solamente local a adquirir tintes de protesta nacional e internacional. Hubo pronunciamientos de organizaciones de mujeres indígenas de México y otros países así como de otros movimientos sociales, de organizaciones de abogados, de centros independientes de derechos humanos, de organizaciones de estudiantes, académicos e investigadores, de colectivos de activistas y de grupos políticos de izquierda, entre muchos más. Y como vimos antes, durante la controversia fue muy importante la participación de diversos individuos que argumentaron en defensa de la versión del homicidio, entre quienes destacaron los médicos forenses que realizaron la autopsia original —algunos de los cuales han sostenido valientemente su palabra a pesar de la presión y los procedimientos iniciados en su contra—, así como los periodistas, analistas y otros personajes que reunieron e hicieron públicos diversos elementos de sospecha sobre la versión oficial. El caso Ernestina Ascensión ha provocado poderosos efectos sobre las audiencias hasta las que ha llegado. El interés que despertó en la opinión pública, cuya sensibilidad fue conmovida por la atrocidad del crimen, la suspicacia y la desconfianza sobre el dictamen final, y el convencimiento y compromiso que demostraron todos aquellos que se movilizaron en solidaridad con la protesta fortaleciendo vínculos entre muy diversos sectores de la sociedad para dar respaldo al pueblo nahua de Zongolica, son demostraciones de que se han rebasado los límites de la indiferencia y el desinterés, el adormecimiento y la inacción de la sociedad civil. El desbordamiento de estos límites muestra el enorme poder transformador que conlleva la aparición de interpretaciones alternativas sobre la realidad en el espacio discursivo nacional. La irrupción de versiones desautorizadas de una realidad como la del caso Ernestina Ascensión acarrea poderosos efectos de agitación sobre la sociedad civil. La difusión de la versión que inauguraron con las últimas palabras de Ernestina —una descripción de la realidad proveniente de las regiones más excluidas y marginales de nuestra sociedad— constituye la transgresión de un límite, con lo que se revela aquello que ocurre en la invisibilidad, con lo que se hace oír la palabra de los sin voz. Constituye la develación de un rostro negado y rechazado, la revelación de un funcionamiento oculto de nuestra sociedad que, al exhibirse, levanta cuestionamientos de manera radical. Y en ese efecto de agitación social reside un enorme potencial transformador: el descubrimiento de algo que está terriblemente mal, y la experiencia de repudiarlo es un paso necesario para que surjan las fuerzas que se encargarán de transformarlo. Así, la perturbación del orden discursivo, rompiendo los límites del silencio, es también una alteración del orden social: constituye el desbordamiento de los límites de su funcionamiento, proceso en donde se encuentran las simientes de un profundo cambio social.

Sin embargo la movilización en Zongolica y la solidaridad de los diversos sectores que se sumaron a la protesta no bastaron para lograr justicia en el caso de Ernestina Ascensión. No fueron suficientes para que se impusiera un castigo a los culpables. La alteración en las correlaciones de fuerza no logró la duración necesaria para alcanzar la resolución que se buscaba: justicia y no impunidad. El hecho de que ante la resolución final no estallara una reacción de protesta similar a la del principio permitió que se cerrara el caso con las inaceptables irregularidades que lo caracterizaron. Hizo falta una nueva y más enérgica movilización de protesta en que se sumaran todos los grupos de la sociedad civil que estaban enterados del conflicto para impedir el carpetazo en el caso de Ernestina. Toda esa solidaridad no se manifestó suficientemente en el momento necesario. Las voces de protesta de los familiares fueron silenciadas, y aunque algunos líderes de Zongolica se mantuvieron en pie de lucha, por ejemplo llevando el caso ante organismos internacionales de derechos humanos, el asunto perdió espacio en los medios de comunicación y el movimiento social de protesta, intensidad y poder de coacción. Lo sucedido tampoco fue suficiente para detener la violencia, pues pronto se perpetraron otros asesinatos de mujeres que llevaban el mensaje de que las cosas seguían como antes... hizo falta más. Hace falta más para detener esa violencia, que es sólo uno de los muchos rostros de la problemática extrema que enfrentan los indígenas, mujeres y hombres, en Zongolica y en tantos otros lugares. Es preciso terminar de desenmascarar esa violencia, denunciar su magnitud y sus objetivos, para poder encararla como sociedad, dejar de ignorarla y tomar las medidas indispensables para detenerla definitivamente.

Es necesario reconocer que este conflicto es una de las cuestiones que más urge resolver en nuestro país; es necesario colocar la problemática de las mujeres indígenas en un primer plano, sacar nuevamente a la luz las injusticias que sufren y continuar con la discusión amplia, abierta y a cabalidad que es indispensable para avanzar en la construcción de una solución efectiva. Queda claro que se trata de un problema estructural en nuestra sociedad, de ahí que una solución de fondo necesariamente implicará transformaciones estructurales. Es preciso desmantelar las relaciones de dominación-explotación que constituyen los cimientos de nuestro ordenamiento social (en sus varios ejes: hombre-mujer, mestizo-indígena, rico-pobre, etc.) y abandonar las prácticas de instrumentalización del otro —cuestión ética fundamental— buscando formas de establecer relaciones equitativas que sirvan como base para construir de una sociedad más justa. Un verdadero reconocimiento de la equidad entre las personas es el punto de partida y el centro de una lucha hacia órdenes sociales más justos, y en esa dirección se encuentra el camino de una verdadera democratización al que como sociedad no podemos renunciar. Para avanzar hacia allá deberemos asumir los costos de esta transformación, pues el proceso conllevará la desestabilización de todo aquello que se ha construido sobre los cimientos de las relaciones asimétricas. Esto es válido tanto para las relaciones entre hombres y mujeres como para las que se establecen entre diversos grupos culturales. Como expone Héctor Díaz-Polanco, es necesario “un replanteamiento de la nación en cuanto comunidad humana, que implica concretamente recomponer las relaciones entre los grupos socio-culturales que están incluidos en el Estado nacional” (1989: 47). Lo anterior correspondería con el planteamiento de un proyecto de nación que trascienda la simple multiculturalidad (concepto meramente descriptivo) en dirección hacia el ideal de la interculturalidad, donde las diversas culturas y pueblos no sólo coexistan, sino también convivan en un marco de respeto, tolerancia y equidad (Maldonado, 2008: 6).

Hemos visto la magnitud de las fuerzas sociales que se oponen actualmente a estas transformaciones en defensa de la ilusión de la egoísta búsqueda de su beneficio mediante un sistema insostenible de acaparamiento y depredación sin límite, y nos hemos percatado de los alcances del control y la violencia que son capaces de ejercer con la intención de mantener esa situación. Sin embargo también hemos percibido los límites de esos alcances, más allá de los cuales se encuentran los caminos hacia la realidad que anhelamos. Asimismo hemos constatado que los esfuerzos múltiples atraviesan esos límites con valentía, vitalidad y entrega—buscando esos caminos. Atravesar es posible, encontrarlos es posible. Tan es así, que quienes se oponen necesitan intervenir en los conflictos locales para impedirlo, introduciendo fuerzas extralocales para volver a inclinar la balanza a su favor. ¿Qué pasaría si en ese momento los diversos sectores nacionales e internacionales que simpatizan con esos esfuerzos locales de cambio intervinieran también ahí? ¿Qué pasaría si los diferentes grupos sociales que buscan rebasar esos límites estuvieran suficientemente vinculados entre sí para actuar de manera coordinada ante las eventualidades? ¿Qué pasaría si la búsqueda de caminos hacia formas de vida justas, equitativas, incluyentes, respetuosas y sostenibles fuera asumida como una necesidad vital por las mayorías en nuestro país y en el mundo? Eso no lo hemos visto aún.

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* Este texto es una segunda versión (revisada y aumentada) de otro con el mismo título que fue premiado con el 1er lugar (Categoría A) del Concurso Nacional de Ensayo Político Juvenil 2008, “México: las luchas por la liberación, la emancipación y la independencia en el siglo XXI”, organizado por el Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica http://www.filos.unam.mx/CNEPJ/.

1 Si bien se ha difundido el caso como el de “Ernestina Asencio”, el apellido correcto es Ascensión, como consta en la credencial del IFE y en el acta de defunción de la señora.

2 Este relato se basa en un corpus de cientos de artículos periodísticos (un archivo de más de 1 500 páginas proveniente de distintas fuentes), con información de noticieros radiofónicos, televisivos y por Internet, así como de conferencias y mesas redondas sobre el tema. Aunque no sería posible citar a cada uno de ellos, expreso mi admiración y reconocimiento hacia todos los que han trabajado para sacar a la luz este caso.

3 Tiempo después Pedro Rey Armendáriz Enríquez, visitador adjunto de la CNDH, negó “categóricamente” haber formulado las aseveraciones que Julio Ateneo le atribuyó, señalando que nunca coordinó el grupo de visitadores de la CNDH para este caso.

4 De hecho, según informó la Procuraduría de Justicia de Veracruz, que también participó en la segunda autopsia, los resultados estarían disponibles hasta después de 40 o 30 días.

5 Ante todas estas contradicciones, la CNDH fue blanco de múltiples cuestionamientos. Varios legisladores de diversos partidos políticos citaron a Soberanes para que compareciera ante la Cámara de Diputados con el propósito de que “informara verazmente” sobre las investigaciones realizadas al respecto, acreditando la seriedad y profesionalismo de su desempeño, pues en este caso “se han despertado fuertes dudas”.

6 Presentó los resultados positivos de un análisis de química forense para la presencia de fosfatasa ácida prostática y proteína P-30 en las cavidades anal y vaginal del cadáver, sustancias que solamente son producidas por hombres en actividad sexual.

7 Para refutar las nuevas pruebas que había presentado el doctor Pablo Mendizábal, el ombudsman argumentó que las pruebas realizadas para determinar la presencia de la proteína P-30 “pueden dar resultados conocidos como "falsos positivos”

8 Sería necesario solicitar la intervención de peritos independientes, con credibilidad suficiente para investigar nuevamente el caso. En Zongolica se ha recomendado a la UNAM para que intervenga de esta forma en un caso muy semejante; y en el “Encuentro Nacional: Ernestina, reclamo de justicia, derechos humanos, autonomía indígena y municipal” (realizado en el Museo de la Ciudad de México en mayo de 2007) se recomendó para esta tarea al Equipo Argentino de Antropología Forense (que ha investigado sobre las desapariciones forzadas durante el régimen militar argentino y otros asesinatos en Kosovo, Africa, América Latina, y Asia, y últimamente ha destacado su intervención en nuestro país en el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez).

9 Secretario de asuntos indígenas del Partido de la Revolución Democrática.

10 Algunas fuentes manejan el apellido Xocua, en vez de Xocohua. Se desconoce cuál es el correcto.

11 Para profundizar en la relación entre los crímenes con motivación sexual y los crímenes de odio, véase Segato (2007).

12 Véase, por ejemplo, el caso del asesinato de las jóvenes triquis Felicitas Martínez y Teresa Bautista, comunicadoras de la radiodifusora comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, del municipio autónomo de San Juan Cópala en Oaxaca, ocurrido el 7 de abril de 2008. Fueron emboscadas y asesinadas con armas de alto calibre cuando se dirigían a participar en el Encuentro Estatal por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca.

13 En palabras del autor: “la definición de colonialismo interno está originalmente ligada a fenómenos de conquista, en que las poblaciones de nativos no son exterminadas y forman parte, primero, del Estado colonizador y, después, del Estado que adquiere una independencia formal [...]. Los pueblos, minorías o naciones colonizados [...] habitan en un territorio sin gobierno propio; se encuentran en situación de desigualdad frente a las élites de las etnias dominantes y de las clases que las integran; su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes [...] la mayoría de los colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una lengua distinta de la ‘nacional’” (González Casanova, 2006).

14 Esto, por supuesto, implica la conformación de redes de corrupción en donde los servidores públicos actúan ilegalmente en beneficio de intereses diferentes de los de sus gobernados.

15 Es la mentira que utilizan los gobernantes para conseguir que prevalezcan sus propios intereses sobre los de sus gobernados (Diccionario Político de la República Constitucional).

16 Al servicio de lo que acertadamente debería denominarse intereses siniestros, concepto político que desarrolló Jeremy Bentham para aplicarse en situaciones en que “los gobernantes, más que estar motivados por conseguir la mayor felicidad para el mayor número de sus súbditos, intentaban promover su propia felicidad por encima y a costa del bienestar de la comunidad” (Diccionario Político de la República Constitucional).

17 México no sólo se distingue en el mundo por la enorme concentración de los medios de comunicación en un puñado de familias monopolizadoras, también ocupa el primer lugar mundial en ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

Guardianes de la justicia
Acceso a la justicia de mujeres en situación
de violencia de género

Irma Saucedo González y Guadalupe Huacuz Elias

Introducción

En este capítulo planteamos algunas consideraciones sobre las posibilidades y los límites de intervención en la violencia contra las mujeres del sistema de procuración de justicia en México. Para ello analizamos la problemática con tres perspecivas: primero, en relación con el cuestionamiento al modelo epistemológico que sustenta las premisas de una racionalidad androcéntrica; al respecto proponemos buscar el diálogo con base en la propuesta de los estudios de la complejidad y la teoría crítica feminista como paradigmas epistemológicos que proporcionan argumentos para revisar e interrelacionar algunos elementos que obstaculizan el acceso de las mujeres al sistema de procuración de justicia en México. Conforme a una segunda perspectiva nos referimos a la democracia y la ciudadanía como condicionantes del acceso de las mujeres a la utopía de la no violencia en una compleja estructura social y, en tercer lugar, rescatamos empíricamente, valiéndonos de la información que hemos obtenido en algunos procesos de capacitación a servidores públicos, las contradicciones inherentes a la idea de que la justicia es ciega; la voz de las y los servidores públicos ha motivado esta reflexión.

Consideramos que el acceso a la justicia para las mujeres que se encuentran en una situación de violencia debe ser objeto de un

debate que rebase el análisis de las leyes y normativas específicas y tienda a integrar todos los factores que interactúan en el ámbito de procuración de justicia mexicano: desde los aspectos teóricos basta las subjetividades de los operadores del sistema, porque son estos actores quienes, de facto, detentan la función de guardianes que deciden si las mujeres entran, y bajo qué condiciones, al largo proceso de búsqueda de justicia en el sistema.

Nuevos paradigmas

La propuesta teórica que planteamos en este capítulo se basa en algunos presupuestos del paradigma de la complejidad, método (antimétodo)¹ tomado de la física cuántica por las ciencias sociales que ha sido producto de rupturas epistemológicas o concepciones ligadas al surgimiento de nuevos paradigmas (Morin, 1990; Vilar, 1997).² La propuesta epistémica derivada de los estudios de la complejidad es sumamente amplia, de ahí que en este artículo retomemos sólo algunos de sus aspeaos que nos permiten cuestionar nuestro enfoque al intervenir en la problemática de la violencia contra las mujeres. Debido a ello comenzaremos formulando algunas preguntas:

¿Qué significa que la violencia de género sea un fenómeno complejo?

¿Cuáles son las razones por las que, a pesar de que en nuestro país se cuenta con recursos punitivos contra la violencia de género, ésta parece no disminuir, sino, por el contrario, se hace cada vez más evidente?

¿Cómo explicar la complejidad de la violencia de género contra las mujeres en el ámbito de procuración de justicia?

¿Cuáles son las limitantes para el acceso a la justicia penal de las mujeres en situación de violencia?

En la mayoría de los estudios sobre violencia de género la palabra complejidad’ parece referirse al momento en que el problema desborda el entendimiento, el momento en que las investigadoras carecen de respuestas y la lógica de la problemática lo lleva casi de manera natural a otro de los elementos del sistema complejo. En cualquier caso el término aparece casi siempre en las reflexiones sobre la violencia social cuando se advierte que la violencia es un problema complejo. Por esta razón consideramos necesario determinar cómo auxiliarnos del método de la complejidad para aplicarlo al estudio de la violencia de género.

El paradigma de la complejidad comparte con la teoría crítica feminista algunas propuestas que han recogido los movimientos de mujeres para: i) explicar la subordinación ífente a las prácticas y representaciones androcéntricas —véase las establecidas por el sistema penal mexicano— que resultan en actos que reproducen la violencia de género; ii) mantener un lugar crítico en cuanto a la relación entre el discurso y la realidad.

Al respecto, retomamos las propuestas feministas que en sus análisis de la violencia de género enfatizan la importancia de la transformación de las relaciones sociales y las relaciones de poder, y consideramos que carecen de sentido los esfuerzos de prevención, intervención y sensibilización que no incluyen una crítica radical a la producción del conocimiento, al actual terrorismo de Estado,³ que avalan y ejercen por las instituciones en contra de los ciudadanos, así como una crítica a las estructuras sociales y familiares que también garantizan los mecanismos de control como representación del patriarcado.

Estamos convencidas de que tanto la teoría crítica feminista como el paradigma de la complejidad son recursos teóricos que debemos retomar al analizar en este momento histórico el debate que ha surgido alrededor de la violencia de género. Los análisis simples de la realidad social no nos han permitido comprender cabalmente por qué, a pesar de que se han aprobado leyes y programas contra la violencia, son evidentes su continua reproducción y el vacío de los discursos éticos para hacerle frente.

Algunos de los presupuestos propios del método de la complejidad que nos permiten entender la lógica de pensamiento del sistema de justicia penal (en cuanto a la elaboración de leyes y jurisprudencia, el aprendizaje de la argumentación y la práctica jurídica) son:

El paradigma de la complejidad parte del cuestionamiento a la epistemología, ciencia occidental fundada bajo los parámetros de la objetividad del observador, lo que nos lleva a cuestionar ¿de dónde proviene y por qué ocurre la violencia de género y quién decide lo que causa daño y lo que no, y a quién?; de igual manera, ¿quién o quiénes aplican las normas jurídicas y conforme a qué racionalidad de pensamiento se aplican?

La complejidad como método (antimétodo) de pensamiento se opone a las concepciones simplificadoras de la realidad y al aplicarse a los fenómenos sociales introduce la inestabilidad vinculada a la transformación profunda del análisis social. La semántica de la palabra complejidad, de la misma manera que la violencia, nos enfrenta con una suerte de turbación, confusión e incapacidad para definir de manera simple, para nombrar de manera clara y poner en orden nuestras ideas.

La doctrina jurídica⁴ que guía el sistema de procuración de justicia tiende a la simplificación de la racionalidad de los sujetos que aplican las normas, lo que conduce a que los servidores públicos busquen de manera reiterada la simplificación de los eventos. Esa lógica deriva del razonamiento que ha venido generando el pensamiento simple construido a partir de la racionalidad occidental.

La violencia contra las mujeres es un problema complejo, un término que alude a la confusión, la incertidumbre y el desorden y pone en crisis al sistema (incluyendo a la pareja, familia, las instituciones y aun al Estado) que tratamos de mantener en equilibrio a pesar de la inestabilidad de otras partes del complejo sistema social; con la violencia de género contra las mujeres también se mantiene el orden social. En esencia, el derecho es un discurso que perpetúa la ilusión de equilibrio en los sistemas sociales básicos.

Estamos convencidas de que ninguna definición de violencia contra las mujeres puede clarificar totalmente el problema porque, como explica Morin, “es complejo aquello que no puede resumirse en una palabra o frase maestra, aquello que no puede reducirse a una idea simple” (Morin 1990: 22). Así, el aporte de la complejidad aplicado a nuestra reflexión nos sugiere que emprendamos un análisis crítico de los principales discursos sobre los que se basan los trabajos y las acciones encaminadas a intervenir en la violencia contra las mujeres en el ámbito de la procuración de justicia.

Si por ejemplo examinamos el supuesto de que las mujeres podemos “vivir una vida libre de violencia”, como afirma un eslogan gubernamental derivado de la publicación de leyes, advertimos que parte de un pensamiento simple e inacabado que se sustenta en un punto ciego frente a la actual realidad social. Esto es, sin mirar que en el contexto de depredación humana mundial es casi imposible edificar sociedades sin violencia.

Democracia, ciudadanía y acceso a la justicia

Con base en los supuestos teóricos derivados del paradigma de la complejidad que mencionamos en el acápite anterior, en este apartado nos referiremos a los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia de género que optan por acudir al sistema de procuración de justicia. Reiteramos que pretendemos partir de varios enfoques que en la cotidianidad se entrelazan para obstaculizar el real acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia. Por lo anterior, en este segundo enfoque, basamos la argumentación en algunas reflexiones generales sobre la ciudadanía de las mujeres y en las que derivan de nuestra experiencia en el diseño e instrumentación de currículos en el nivel de posgrado para especialización a servidores públicos en los ámbitos de la salud y la procuración de justicia.

El debate sobre el proceso democrático en México ha oscurecido buena parte del conflicto relacionado con la construcción de ciudadanía en un país donde los mediadores en el acceso a los recursos públicos y las diferencias de sexo, clase, preferencia sexual y etnia, entre otras, merman las posibilidades de bienestar y acceso a la justicia de los mexicanos. Si concebimos la democracia como el “reconocimiento de la participación, del diálogo de todos con todos, para resolver la vida en común” (Izquierdo, 2000), cabe preguntar cómo construir ese tipo de democracia con una visión feminista.

Varias autoras feministas han discutido ampliamente los límites de la democracia deliberativa desde diferentes campos. Algunas consideran que la deliberación puede servir como máscara para la dominación; otras, como Nancy Fraser, piensan que la democracia deliberativa podría mejorarse si se examinaran los problemas en la construcción de la misma, y propone revisar algunos de los aspectos más problemáticos, como las exclusiones tanto formales como informales para la participación en el debate público (Fraser, 1997).

Amy Gutmann, directora del University Center for Fiuman Valúes de la Universidad de Princeton,⁵asegura que las sociedades cada vez más interdependientes, con cultura, gobierno y religión notablemente diversos, enfrentan con frecuencia importantes controversias en torno a si las instituciones públicas deben reconocer —y cómo— la identidad de las minorías culturales que están en desventaja; además explica que “el desafío es endémico a las democracias liberales porque están comprometidas, en principio, con la igual representación para todos” (Gutmann, 2001: 14).

Al plantear el contexto de la discusión en la arena de la política y lo público, espacio de confrontadón y disputa en las democracias modernas, surgen varias preguntas de las cuales tomaremos dos que pueden ejemplificar la argumentación del feminismo respecto al recurso de elaboración interminable de leyes para normar problemáticas asociadas a la injusticia y a la violación de derechos humanos:

¿Qué implica para las y los ciudadanos con diferente identidad cultural, a menudo basada en la etnicidad, la raía, el sexo, la preferencia sexual o la religión, el reconocernos como iguales en la forma en que se nos trata en la política?

Aparte de conceder a cada uno de nosotros los mismos derechos que a los demás ciudadanos, ¿qué significa respetar a todos como iguales? ¿En qué sentido importa públicamente nuestra identidad como hombres y mujeres?

Para la primera pregunta Gutmann plantea que si, como indica Taylor, la identidad humana se crea y constituye dialógicamente, entonces “el reconocimiento público de nuestra identidad requiere de una política que nos dé margen para deliberar públicamente acerca de aquellos aspeaos de nuestra identidad que compartimos o potencialmente podemos compartir con otros ciudadanos” (Gutmann, 2001: 19).

De ahí la importancia de mantener el debate en la contienda de las ciudadanas y los ciudadanos que actúan sobre la base de que tienen derecho a participar en la construcción de una sociedad cada vez más cercana al ideal de democracia planteado por los teóricos de la sociedad de hombres. Sin embargo, las exigencias de los ciudadanos iguales en la esfera pública resultan más problemáticas y conflictivas de lo que algunos hubieran querido y ponen de relieve las dificultades que hay en el reconocimiento público cuando la igualdad humana (ciudadanía) se convierte en identidad. (Taylor, 1993: 52).

Nancy Fraser y Linda Gordon (1992)⁶ refieren que desde un principio la ciudadanía y la democracia se construyeron sobre la base de la diferenciación y jerarquización de los seres humanos. Mediante un análisis del ensayo deT.H. Marshall, Citizenship and Social Class, reformulan aspectos que no tocó este analista en relación con la exclusión que se hace de la ciudadanía de las mujeres y de ciertos grupos de hombres. Las tres fases de ciudadanía que identifica Marshall son:

1) La ciudadanía civil construida en el siglo XVII, que estableció los derechos necesarios para la libertad individual.

2) La ciudadanía política, que se desarrolló fundamentalmente en el siglo XIX y abarcó el derecho a participar en el ejercicio del poder político, ya fuera desempeñándolo directamente o mediante el voto.

3) La ciudadanía social que se construyó en el siglo XX y que según Marshall abarcaría el derecho a un mínimo de seguridad económica y otro derecho de mayor alcance: “a compartir todo el patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado según los patrones que prevalezcan en la sociedad” (Marshall 1992: 22-23).

Para Fraser y Gordon, la periodización de las tres fases de ciudadanía que identificara Marshall se adecúa sólo a la experiencia de los hombres trabajadores blancos, ya que sus distinciones conceptuales entre los tres tipos de ciudadanía presuponen, sin cuestionarla, la jerarquía de género y raza.

Al poner en duda la ciudadanía de las mexicanas en tanto identidad de género y frente al discurso patriarcal, se cuestiona de manera directa su posibilidad de compartir todo el patrimonio social y gozar de la protección de su identidad física, sexual y psicológica de acuerdo con los patrones que prevalecen en la sociedad; cabe también preguntar si las estructuras del sistema penal mexicano pueden responder a las demandas de las mujeres simplemente por adición.⁷

Fue casi 140 años después de la fundación de México cuando se reconoció a las mexicanas como ciudadanas mediante el derecho al voto que les otorgó el Estado mexicano en 1953. Esta ciudadanía sigue estando limitada, como pone en evidencia la falta de protección contra la violencia de este sector de la ciudadanía mexicana, principalmente por la exclusión que socialmente se ha construido alrededor de su derecho a la integridad física, psicológica y sexual.

No es casual, por tanto, que varios organismos internacionales destaquen en la mayoría de los programas que han formulado a partir del año 2000, la problemática que deriva de la resistencia que oponen los operadores de justicia encargados del tema y la necesidad de crear programas permanentes de capacitación en género (OEA-CIDH, 2002). Éste es uno de los temas centrales que deberían debatirse respecto a lo que significa elaborar leyes e instrumentar programas que verdaderamente garanticen a las mujeres la no violencia en los diversos países del continente.

Estamos convencidas de que la construcción de la evidencia empírica, junto a la reconstrucción del modelo epistemológico de racionalidad androcéntrica y patriarcal, son fundamentales para enriquecer el debate sobre el acceso de las mujeres a la justicia, ya que evidencian la necesidad de integrar en la discusión y en la práctica jurídica lo relativo a la identidad y la ciudadanía. Pasemos ahora al tercer enfoque del análisis, la práctica jurídica.

Análisis empírico del sistema de procuración de justicia penal

Buscaglia (s.f) sostiene que “las deficiencias que impiden la efectividad de los sistemas de justicia en su lucha contra delitos de alta complejidad obedecen a causas interrelacionadas que afectan a todos los eslabones del sistema (policías, fiscalías, juzgados y sistemas penitenciarios)”. No solamente no se avanza en la mejora del sistema si se responsabiliza a un solo eslabón, sino que varios aspectos fundamentales de la capacidad y subjetividad de los operadores del sistema quedan en la oscuridad.

Precisamente porque necesitamos emprender análisis que nos aproximen al funcionamiento del sistema a partir de un ejercicio de aplicación empírica basado en algunos presupuestos de la complejidad que reconozcan la ciudadanía y la justicia deliberativa para las mujeres en situación de violencia de género, en este apartado presentaremos brevemente una parte del análisis de un proceso de observación etnográfica⁸ que realizamos durante el Diplomado de Especialización en la Investigación de Delitos Sexuales en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.⁹

Dicho material nos permitirá ejemplificar el tipo de barreras de género cuya presencia es frecuente entre los servidores públicos que laboran en los espacios de atención especializada en violencia sexual. Mediante esta experiencia confirmamos que la interpretación legal nunca es neutra e imparcial (al igual que los discursos científico y jurídico cuestionados desde la complejidad), que subyace en ella un contenido de género, y que la aplicación del derecho penal lleva una sobrecarga de discurso patriarcal aun cuando esté formulada en términos neutros, de manera que los valores de imparcialidad, objetividad e inquisitorialidad imperantes en el derecho penal son esencialmente androcéntricos.

Consideramos que este ejercicio es necesario porque el acceso a la justicia de las mujeres, las niñas y los niños que han sido víctimas de algún tipo de violencia (a pesar de la desnaturalización que ha sufrido este fenómeno en nuestro país y de los avances significativos en cuanto a la aprobación de leyes y marcos jurídicos), enfrenta todavía las resistencias de quienes están facultados para abrir la puerta del sistema a las mujeres: los agentes del Ministerio Público.

Sistema de procuración de justicia y Ministerio Público

De acuerdo con la Constitución Mexicana los agentes del Ministerio Público (MP) son directamente responsables de dirigir la averiguación previa penal, siempre a favor de la parte ofendida.10 Sin embargo varios especialistas en el tema, como Ana Laura Magaloni (2007), aseguran que los problemas que enfrentan las procuradurías del país son mucho más agudos de lo que se puede imaginar. Esta investigadora sostiene que el MP es ineficaz y autoritario, lo cual apunta de manera clara a uno de los problemas nodales en el acceso a la justicia de la ciudadanía mexicana:

Ya no hay forma de continuar disimulando; en México no existen sistemas de investigación criminal profesionales que utilicen la inteligencia policial, y no la coacción ni la intimidación, para detectar y acusar a quien comete un delito [...] Los problemas que enfrentan las procuradurías del país, que son las que tienen a cargo la investigación de los delitos, son mucho más agudos de lo que se puede imaginar. Una agencia del Ministerio Público prototípica se parece más a una oficina pública mediocre en donde los ciudadanos realizan trámites burocráticos que a una entidad gubernamental que lleva a cabo investigaciones crintinales. Toda la gestión interna de una agencia está diseñada para producir un expediente (averiguación previa), no para encontrar a un presunto responsable. Este ritual de “producción del expediente” es, en realidad, nuestro sistema de investigación criminal, si es que se puede llamar así (Magaloni, 2007).

Como pudimos constatar, perviven una especie de funcionamiento kafkiano y una enorme distancia entre la disponibilidad formal de ciertos recursos legales y su aplicación efectiva. Algrmos de los problemas que detectamos dtuante el proceso de capacitación al personal de la Fiscalía Especialiiada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fueron:

La resistencia de los directivos y los mandos medios a romper con las viejas formas de coordinación y autoridad dentro de la institución, así como a aceptar nuevos conocimientos y a reconocer liderazgos emergentes.

La incapacidad de las y los agentes del Ministerio Público, de las instancias periciales y de los cuerpos policiales para valorar ética e imparcialmente la mayoría de los casos de violencia sexual contra las mujeres, las niñas y los niños.

Los retrasos injustificados en las diligencias necesarias ocasionadas por las instancias comisionadas para efeauar la investigación.

Prácticas de diligencias innecesarias, vicios e irregularidades que obstaculizan el proceso.

Carencia de instancias de administración de justicia en las zonas más pobres y marginadas, y mala ubicación geográfica de las oficinas del Ministerio Público.

Falta de abogados¹¹ que apoyen a las víctimas, entre otros.

En el caso que nos ocupa, algunos servidores públicos que están conscientes de las deficiencias del sistema prefieren no ventilar los actos de ineptitud o corrupción a fin de mantener su trabajo (procuran la estabilidad del sistema para no enfrentar las consecuencias de romper el silencio, en una actitud similar a la que suelen adoptar las víctimas); gozar de privilegios frente a sus jefes inmediatos; no convertirse en traidores de sus colegas, acto que implicaría desavenencias con el grupo de referencia; o porque también están implicados en los actos de corrupción. Todo ello muestra una gran brecha entre la existencia de los preceptos jurídicos, la práctica del derecho y las posibilidades reales del ejercicio de la ley con que cuentan las mujeres en situación de violencia.

Analizaremos ahora, en los distintos niveles de ese complejo sistema, los obstáculos que enfrentan las víaimas (¿ciudadanas?) de violencia de género cuando se acercan a la institución del Ministerio Público en el Distrito Federal.

El contexto

Para valorar de manera realista las posibles dificultades para la operación de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia (2007) y las que se derivan de ésta en los ámbitos estatales, es necesario identificar el contexto en que se aprobó y destacar que apareció en un ámbito social de politización del tema en que se reivindicó un discurso políticamente correcto que promueve la doble victimización de las mujeres al simular que el Estado proporciona recursos eficientes para llevar a cabo una denuncia (como si las mujeres, para resolver su problemática, sólo tuvieran que acudir a una instancia de procuración de justicia a recibir la protección y la atención que requieren).

La realidad muestra que hasta ahora es poca o nula la posibilidad de obtener protección tras una denuncia penal, y que los servicios funcionan con recursos insuficientes para proveer atención en condiciones mínimas de decoro, pues lo hacen con personal no especializado e incapaz de aplicar las normas internacionales y nacionales ya existentes. Durante la capacitación se observó que, en la mayoría de los casos, los servidores públicos enfrentan graves problemas de síndrome de burn-out,12 razón por la cual practican las diligencias con insensibilidad hacia las víctimas.

En las sesiones de contención13 del Diplomado, algunos servidores públicos descubrieron tanto el maltrato que ellos/as propiciaban a las víctimas como la violencia institucional que reciben de sus jefes o superiores cuando los obligan a trabajar horas extras sin retribución monetaria o reconocimiento simbólico; o sin los recursos logísticos indispensables o arriesgando su integridad física en las calles. También analizaron cómo muchas de sus actitudes tienen origen en sus propias historias vividas como agresores/as o víctimas (“Diario de observación”14 elaborado durante la capacitación al personal de las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la Procuraduría del Distrito Federal).

Por otra parte, a pesar de los avances que representan las leyes y los servicios que funcionan actualmente en el país,15 en las diversas entidades son heterogéneos y complejos. La ciudad de México ha sido pionera en perfeccionar sustancialmente los mecanismos para que las mujeres accedan a una justicia pronta y expedita; sin embargo, todavía estamos a la espera de un diagnóstico nacional que identifique las prioridades que es preciso resolver en cada uno de los estados de la República donde se han aprobado leyes contra la violencia hacia las mujeres. Dicho diagnóstico permitiría establecer sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de las instancias que operan la normatividad ya existente, como los institutos de la mujer, las procuradurías de justicia, y las fiscalías especializadas, entre otras.

Como se observa en un documento de la OEA, “Los sistemas de información para obtener estadísticas sobre incidentes de casos de violencia contra las mujeres, indispensables para examinar sus causas y tendencias, son un tema pendiente en la mayoría de los países de Latinoamérica; México no es la excepción”16.Registramos en el diario de campo:

Las coordinadoras estamos interesadas en analizar los registros de casos de violencia sexual en la Procuraduría, sin embargo no hemos tenido acceso a ellos; suponemos que las estadísticas confiables son uno de los problemas que más se presentan en la Procuraduría del Distrito Federal. En el mejor de los casos, cada una de las unidades de atención tiene su propia forma de registrar los casos atendidos, pero no existen registros públicos de información confiable (“Diario...”).

Los retos

En un análisis que podría ser similar al del caso mexicano, la Organización de las Naciones Unidas y los especialistas en el tema han subrayado que las leyes vigentes no funcionan cabalmente ni cumplen sus objetivos debido a que se presentan problemas en su operación que deben analizarse y resolverse. El mencionado reporte de la OEA indica que más allá del texto de algunas disposiciones jurídicas operan múltiples factores que limitan la correcta aplicación de las leyes. Entre los más frecuentes destacan:

La reglamentación de la ley y la adecuación de los procedimientos penales

La falta de reglamentación de procedimientos claros y de programas de capacitación (especializados) destinados a fomentar la adecuada interpretación y aplicación de las leyes por los funcionarios públicos encargados del procesamiento de los casos. Sobre este tema, los funcionarios que ejercen profesionalmente como agentes del Ministerios Público que recibieron capacitación durante el Diplomado manifestaron que “La legislación no es adecuada y las jurisprudencias arcaicas, por eso no hay manera de acreditar algunos delitos aunque tengamos disposición, por eso tendríamos que analizar el sistema en su totalidad” (“Diario...”).

A pesar de ello los agentes del MP insisten en que para acreditar los delitos tienen que basarse en la ley, que para ellos se circunscribe casi exclusivamente al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales. En este aspecto detectamos que hay confusión respecto al significado de los distintos tipos penales; algunos de los participantes sugirieron que en cada tipo de delito tendría que verificarse el significado del tipo penal, y plantearon que para proponer cambios legislativos convenía partir de la experiencia de los servidores públicos de procuración de justicia. Aseguraron que de esta manera se podrían resolver las contradicciones entre la propuesta legislativa y la aplicación de la ley.

Sobrecarga de trabajo y subjetividad de los operadores de las instancias encargadas de instrumentar la ley

Sobre este tema, uno de los agentes del Ministerio Público comentó:

Tenemos una sobrecarga de denuncias, mucha gente en las agencias y todas demandan ser atendidas, aunque la mayoría de las denuncias son falsas, o sea que no es cierto lo que van a denunciar [...] hay personas que utihzan a otras para sus fines personales, como hacer una denuncia falsa sobre abusos sexuales (“Diario...”).

Lo relativo a las denuncias falsas fue recurrente durante el proceso de capacitación; pudimos constatar que los agentes del Ministerio Público solían organizar la validación de la demmcia que presentaban las mujeres ante la autoridad conforme a sus representaciones de género. Para estos funcionarios públicos, debido a la falta de información sobre las características del síndrome de violación o sobrevivencia de abuso sexual, las narraciones de las víctimas que mostraban vacíos de información de facto se interpretaban como falsa declaración de hechos debido a su desconocimiento sobre el impacto de los hechos traumáticos en la memoria de las personas.

El desconocimiento de los operadores de servicios sobre la legislación que existe y sobre los tratados internacionales

Durante el trabajo de capacitación comprobamos que la mayoría de estos servidores públicos desconocía los tratados internacionales e incluso algunas leyes nacionales reglamentarias secundarias (como la norma de salud). Los códigos penales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eran las únicas fúentes de derecho a las que solían acudir para elaborar la averiguación previa penal. Como justificación manifestaron que “los jueces nos van a revocar la demanda porque no está bien fundamentada”.

Al respecto un abogado ministerial refirió durante el proceso de capacitación que “un jurista decía que si en México litigáramos con tratados internacionales siempre ganaríamos los casos, porque éstos se aprovechan de los defectos de nuestras leyes ” (“Diario... ”).

Justifican su ignorancia de las leyes y tratados internacionales atribuyéndola a la sobrecarga de trabajo que impide la actualización en el uso de instrumentos, y afirman: “nosotros como instimción tenemos que usar el Código Penal”. Para estos servidores públicos, la aplicación de los tratados internacionales y otras normas jurídicas mexicanas fomenta el “concurso o conflicto de normas”, situación que debería analizarse a detalle en la práctica jurídica.

La mayoría de estos profesionales desconocía las reflexiones teóricas acerca del impacto y las manifestaciones de la violencia, especialmente de la relacionada con la violencia sexual y psicológica; y tampoco estaban enterados de las características de las diversas afectaciones que ban sido identificadas con la violencia de género (como el trastorno de estrés postraumático y el síndrome de Estocolmo, entre otros).

Todo lo anterior complica un real acceso de las mujeres a la justicia, dado que son diversas las formas en que interpretan la ley los abogados ministeriales, quienes en su mayoría carecen de recursos de interpretación jurídica para sustentar las averiguaciones previas penales y, como consecuencia las revocan los jueces y magistrados.

Por otra parte, el referido documento de la OEA plantea que en los programas de gobierno son evidentes algunas fallas, que también fueron atribuidas a las Agencias del Ministerio Público del Distrito Federal:

falta de coordinación y colaboración entre quienes encabezan los programas;

deficiencias en la provisión de los servicios interdisciplinarios que requieren las víctimas;

falta de recursos para hacer sostenible su funcionamiento y limitada cobertura geográfica, lo cual afeaa de manera particularmente crítica a las mujeres que habitan en zonas marginadas, rurales y de escasos recursos.

En términos generales podemos decir que en esta experiencia de capacitación e investigación detectamos al menos dos tipos de problemáticas asociadas al acceso de las mujeres a la justicia: la primera está relacionada con las fallas estruaurales del sistema, y la otra con la subjetividad de los encargados de la procuración de justicia. Ambas crean una barrera que resulta casi imposible de sortear para las mujeres que han sufrido una situación de violencia en su comunidad a manos de sus vecinos, de sus familiares, de sus parejas o de las fuerzas del Estado, como la policía y el ejército.

Fallas estructurales

El papel del Ministerio Público

Entre los encargados de la procuración de justicia existe la creencia generalizada de que los abogados y abogadas que prestan servicios como agentes del Ministerio Público son los únicos responsables de construir las pruebas necesarias para desarrollar la averiguación previa penal, lo que se manifiesta en su fuerte resistencia a funcionar en equipos multidisciplinarios. En las intervenciones de estos funcionarios en las sesiones del referido diplomado se expuso que esto está reglamentado en la Constitución. El comentario de uno de los abogados ministeriales nos revela la situación:

El Ministerio Público [se refiere a las y los abogados que prestan servicios en el MP] somos lo más cercano a Dios, aunque ustedes no lo puedan creer, tenemos poder de vida o muerte sobre la víctima, restituir vida donde se puede acabar, mandar al agresor al matadero; está cabrón... pero también tenemos la justicia y por estar atendiendo lo urgente se nos olvida lo importante (“Diario...”).

Dicho abogado interpreta que en la ley se establece que un sujeto es quien tiene el poder de decisión y acción para desarrollar la demanda y que los demás integrantes de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales (policías, peritos psicólogos o médicos, agentes judiciales y trabajadoras sociales) son sólo auxiliares del Ministerio Público que aportan las pruebas necesarias. Como consecuencia las investigaciones se realizan de manera desarticulada en vez de que el trabajo de un verdadero equipo constituido a partir de una concepción multidisciplinaria beneficie a las víctimas del delito. Los casos en que esto resulta más evidente son los relacionados con la violencia sexual, especialmente los que sufren menores de edad y perpetran sus familiares cercanos.

Uno de los elementos de resistencia al funcionamiento como equipo se identificó en el espacio de poder jerárquico donde los abogados ministeriales temen perder su autoridad frente a los otros servidores públicos que laboran a su cargo. El control de todos los elementos que componen la averiguación previa penal les asegura la posibilidad de ejercer estrategias de poder valiéndose de la información.

Falta de comunicación intrainstitucional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Otra de las problemáticas que identificamos durante la capacitación en el diplomado en cuestión fue la relacionada con las divergencias entre las diversas áreas de la Procuraduría del Distrito Federal. Las dinámicas propias de cada área, la personalización de diferencias conceptuales y programáticas y las discrepancias sobre el manejo de los casos ocasionan una comunicación deficiente entre las fiscalías especializadas y las áreas de atención a las víaimas, lo cual influye negativamente sobre el manejo de la averiguación previa y la calidad de la atención.17

Por ello quizá uno de los ostáculos más importantes para el acceso de las víctimas de violencia de género a la justicia sea el manejo fragmentado de los casos de violencia sexual, pues en muchas ocasiones los datos y evidencias que recaban las áreas de atención no solamente no son validados por las fiscalías, sino que son rechazados. Así la víctima queda en medio de un campo institucional conflictivo que la priva del acceso a la justicia y a una atención eficiente y oportuna.

Las subjetividades de los operadores de justicia

Las investigaciones críticas del sistema penal han denunciado de manera reiterada la inconveniente aaitud de los servidores públicos que representan al Estado en el ámbito de procuración de justicia, y son cada día más enfáticas al asegurar que estas instituciones examinan la moralidad de cada mujer para saber si se trata o no una víctima apropiada y valoran en la investigación de lo ocurrido la resistencia de la víctima a un hecho violento como elemento para verificar su confiabilidad; por esta razón suelen mostrarse reticentes a continuar con un caso o a condenar a un perpetrador basándose en el testimonio de las mujeres, lo que implica que dudan de la credibilidad de las víctimas.

Los análisis sobre el manejo de casos han puesto énfasis en que algunas prácticas de los prestadores de este tipo de servicios pueden resultar humillantes para las mujeres, con lo cual se revierte el proceso en contra de ellas de modo que terminan siendo las inculpadas (La rrauri, 1994: 1-16). Durante las sesiones de capacitación a las y los procuradores de justicia fue común escuchar argumentos cargados de estereotipos de género, como:

Las mujeres van a poner una demanda porque tienen otros problemas con el agresor; hay muchas víctimas falsas, las víctimas no pueden aportar pruebas a la averiguación previa ¿por qué?, las mujeres también violentan y a veces más que los hombres, los menores no acreditan al Ministerio Público el abuso sexual porque no acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Nosotros tenemos que aplicar la ley independientemente de que sea hombre o mujer, como siempre lo hemos hecho, no puedo interpretar la ley como yo quiera porque la ley es neutra (“Diario...”).

Como se advierte en este comentario, en la subjetividad de estos servidores públicos hay un problema central: rechazan su obligación de realizar las investigaciones pertinentes y esperan que las víctimas “acrediten” las circunstancias o “aporten pruebas”. Por esta razón en muchas ocasiones la averiguación previa “descansa” sobre el cuerpo de las mujeres, niñas y niños, creando así una espiral interminable de violencias.

Estamos conscientes de que sólo hemos presentado una muestra de las representaciones de estos servidores públicos para analizar los valores de imparcialidad y objetividad que imperan en el derecho penal, de ahí la conveniencia de regresar al cuestionamiento de las dificultades que conlleva la aplicación de la ley y, por otra parte, aceptar que con más leyes no se brinda mayor protección a las mujeres, y que sería absurdo seguir acumulando leyes cuando éstas no se aplican o cuando se hace en circunstancias inapropiadas. Los hechos nos demuestran la complejidad del problema de la violencia contra las mujeres, pues de manera clara vemos que los elementos del sistema social se articulan para fortalecer las estructuras que posibilitan la impunidad de los agresores y obstaculizan el acceso de las mujeres a la legalidad en los diferentes estratos del complejo sistema de procuración de justicia.

Reflexiones finales

Algunos de los puntos ciegos en relación con el acceso de las mujeres a la justicia en México son precisamente los que ha detectado la Corte Interamericana de Derechos Humanos e indican que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad y perpetúan la aceptación social del fenómeno. Por esta razón la Corte reitera que es necesario mejorar la respuesta judicial de los estados para cumplir plenamente con su obligación de debida diligencia.18

En las siguientes líneas trataremos de vincular los tres niveles de la problemática a los que hicimos referencia al principio de este ensayo con la intención de develar los límites de acceso de las mujeres a la justicia penal en México. Concluimos con algunas sugerencias que en el contexto de nuestra propuesta reconocemos limitadas.

En el primer nivel de análisis, la teoría y la doctrina jurídicas constituyen el modelo epistemológico que sustenta la racionalidad androcéntrica de la práaica jurídica, al igual que lo hiciera el discurso científico con la medicina. Con base en lo anterior, podemos afirmar que la atención a la violencia de género es un problema complejo porque en el análisis de sus componentes estructurales del sistema de procuración de justicia nos damos cuenta de que adolece de dispositivos que integren y relacionen la mayoría de los elementos en beneficio de las mujeres en situación de violencia. Es también un problema complejo porque en el interior del sistema predomina la ineptitud y la corrupción, y ante ellas la mayoría de quienes lo integran optan por guardar silencio (mantener el equilibrio) antes de enfrentar el ruido y el desorden en la institución derivados de la delación.

En el segundo nivel de análisis de la problemática demostramos que la democracia deliberativa y el ejercicio de la ciudadanía para todas las mujeres serían condiciones necesarias para su real acceso a la justicia. Hasta el momento la ciudadanía sigue estando limitada para este sector de la población como consecuencia de la exclusión que socialmente se ha construido alrededor de su derecho a la integridad psicológica, física y sexual.

En el tercer nivel de análisis dimos cuenta de cómo externan en la prácica jurídica los servidores públicos sus representaciones derivadas de la construcción de subjetividades patriarcales y estereotipos de género que al unirse con otros elementos como el ejercicio del poder, la ignorancia, la apatía para mejorar los servicios, una obediencia incuestionable a las instituciones del Estado y la corrupción, constituyen un complejo entramado que limita la aplicación de la justicia.

Al reflexionar sobre esto consideramos que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los reglamentos que de ella emanan podrían considerarse excelentes propuestas para instrumentar la política pública y servir de guía para que el Estado mexicano cumpla con los compromisos internacionales que ha adquirido, y con las leyes y normativas que han promulgado la Federación y los diferentes estados.

Si bien hemos de congratularnos por los avances logrados en términos discursivos en relación con el tema, debemos reconocer también que es peligroso, o cuando menos perverso, seguir emitiendo más leyes en un contexto como el mexicano en donde el Estado ha mostrado su ineficiencia para esclarecer los crímenes más aberrantes (e incluso podría estar involucrado en muchos de ellos), como han revelado la información sohre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez19 y otros lugares del país, los casos de pederastía que ha ventilado la periodista Lydia Cacho o el caso de Zongolica en Veracruz,20 del cual ofrece un excelente análisis otro capítulo de este libro.

Mientras no existan equipos expertos que apliquen mecanismos de supervisión y seguimiento a las fiscalías especializadas que se han creado para resolver los crímenes contra las mujeres, ni una política pública que garantice la instrumentación de los programas que se requieren para hacer efectivas las leyes ya existentes, se corre el peligro de aumentar la desesperanza aprendida socialmente.21 Es prioritario garantizar los recursos para la instrumentación y permanencia de programas, para la capacitación y especialización del personal que atiende cara a cara los casos de violencia, así como para desarrollar los procesos de monitoreo y evaluación externa (por expertas sin intereses partidistas o institucionales) de los programas existentes.

Resulta indispensable poner en práctica iniciativas de recopilación de información, entre ellas estadísticas verídicas, investigaciones y estudios que reflejen las necesidades especiales de las mujeres que se hallan en situación de violencia en el interés de facilitar el ejercicio y la garantía de sus derechos dentro de la administración de la justicia.

Para finalizar este documento puntualizaremos dos de las recomendaciones del mencionado informe de la CIDH que especifican aspectos fundamentales para enfrentar la problemática que hemos expuesto: i) El diseño de una política estatal integral, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que las víctimas de violencia logren un acceso adecuado a la justicia y que los aaos de violencia se prevengan, investiguen, sancionen y reparen en forma adecuada y ii) Crear las condiciones necesarias para que las mujeres puedan valerse del sistema de administración de la justicia para remediar los actos de violencia que hayan sufrido y reciban de los funcionarios un trato digno cuando acudan a las instancias judiciales.

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1 Para algunos de sus seguidores la complejidad es más que una teoría acabada, es una forma de pensamiento que se opone a los modelos mecánico y estadístico que buscan la simplicidad organizada (explicativa) cuya perspectiva de objeto es la sintética deductiva. El modelo sistémico de la complejidad organizada, en cambio, pretende una inferencia bolista-descriptiva (Reynoso, 2006: 31).

2 Para conocer más a fondo la propuesta de la complejidad en las ciencias sociales, véanse los seis tomos del método de la complejidad de Edgar Morin: La vida de la vida; El conocimiento del conocimiento; La naturaleza de la Naturaleza; Las ideas; La humanidad de la Humanidad y La ética, todos publicados en español por editorial Cátedra.

3 Sabemos que la frase podría sonar demasiado fuerte, sin embargo insistimos en utilizarla al considerar que la violencia de género tiene innegables consecuencias políticas para la relación entre los sexos y que el término terrorismo permite puntualizar la dimensión política de este tipo de violencia. El Estado patriarcal reproduce por medio de sus instituciones la lógica del terrorismo frente a las mujeres en situación de violencia de género cuando acuden en busca de la procuración de justicia como víctimas de este tipo de delitos (Huacuz, 2009).

4 La doctrina jurídica surge principalmente en las universidades que estudian el derecho vigente y lo interpretan dentro de la ciencia del derecho; que a pesar de no ser una fuente oficial, como la jurisprudencia, constituye una fuerza de convicción para quien interpreta la ley, el legislador y para el derecho consuetudinario, dado que la opinión y la crítica de los teóricos influye en la formación de quienes crean o aplican las normas; se podría decir que es la opinión de los juristas prestigiosos sobre una materia concreta.

5 Rectora de la Universidad de Pennsylvania desde 2004.

6 Fraser y Gordon plantean que Marshall situó la primera ciudadanía en los inicios de la Inglaterra moderna, donde hacia finales del siglo XVII se había abolido la servidumbre permanente y hereditaria. En ese momento la ciudadanía se veía como sinónimo de un estatus libre, el derecho a acceder a los tribunales, la libertad personal, y después de la revolución inglesa, la libertad de expresión, pensamiento y credo religioso (Fraser y Gordon, 1992: 65-82).

7 Una pregunta similar a la que se planteó la comunidad afroamericana cuando fue integrada al sistema de educación pública de EU en la década de los sesenta y que dio lugar a un sinnúmero de medidas para prevenir la discriminación.

8 La observación se realizó como una técnica científica de recolección de datos empíricos en función de los lineamientos propuestos por Anguera, es decir, con un objetivo claro de investigación-acción, la observación fue planificada sistemáticamente, controlada y relacionada con propósitos específicos utilizando instrumentos de validez y fiabilidad (1989: 21); para la recolección de datos aplicamos un cuestionario semiestructurado que respondían el observador o la observadora(seis profesionistas de las ciencias sociales) y que contenía cuatro indicadores generales; i) desempeño en equipo; ii) actitud en la sesión; iii) desempeño en grupo, y iv) observaciones generales.

9 Este diplomado se llevó a efecto gracias al interés y compromiso del C. procurador Bernardo Bátiz y de la subprocuradora jurídica de Derechos Humanos, la licenciada Margarita Espino del Castillo. Su instrumentación abarcó de marzo a noviembre de 2006 con un número total de 160 horas en aula, y su objetivo general fue capacitar a agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, agentes de la Policía Judicial y peritos, a fin de que se sensibilizaran y entrenaran para enfrentar profesionalmente la problemática jurídica, la de derechos humanos, la de salud y la social en la comisión de delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y contra el normal desarrollo psicosexual. De manera paralela se desarrolló una propuesta de protocolo multidisciplinario para el trabajo en la Fiscalía basada en datos empíricos que a manera de investigación participativa (OEA, 1983) se recolectaban durante las sesiones de trabajo, para lo cual se privilegió la observación como técnica de investigación científica.

10 El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato”.

11 En el sistema penal mexicano se garantiza la asesoría de un abogado a las personas que son acusadas de un delito, no así a las víctimas, quienes muchas veces se tienen que enfrentar a las actuaciones corruptas de agentes del Ministerio Público, por desconocimiento de la operatividad de la ley, o a abogados pagados por los acusados que, en ocasiones, llegan a adjudicarse el derecho de hostigarlas, intimidarlas o amenazarlas.

12 El síndrome de burn-out es un tipo de de desgaste emocional que incluye una gran variedad de síntomas, como un cansancio persistente, impaciencia cuando la víctima cuenta su historia, o la disociación cuando se escucha a la víctima, todo lo cual impide una intervención ética y eficiente.

13 Las sesiones de contención fueron integradas al programa del diplomado para que el impacto de los nuevos conocimientos no provocara ansiedad y burn-out en el personal.

14 El trabajo de campo y la observación participante son la base de estudio de la etnografía. Requieren la permanencia del investigador durante un periodo de tiempo prolongado en contacto con los sujetos que observa. El diario de campo, una de las herramientas fundamentales para garantizar la recopilación de datos, consiste en el registro diario y sistemático de lo que la gente hace, dice, dice que hará y lo que realmente hace (entre otras cuestiones); es la base de la observación etnográfica. Para más información se recomienda acceder a la página de Internet: <http://www.conchadoncel.com/Contenidos/Materials_ docents/Antropologia_social/Apuntes/AntropoMetodo.pdf> o revisar autores como Blaxter y Hughes (2003); Taylor y Bogdan (1987).

15 En México actualmente se cuenta con leyes como la de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Distrito Federal y en la mayoría de las entidades federativas existe una Fiscalía especializada en la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres.

16 Las leyes federales son: Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2000), Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia(lgamvlv) (2007), Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2008), Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007).

17 Información extraída del Diplomado en la Investigación de los Delitos Sexuales en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Informe Final de Actividades, 4 de diciembre de 2006.

18 Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, Secretaría General, OEA, CIDH, Washington, 2007.

19 Patricia Ravelo y Rafael Bonilla realizaron un documental en el que se analizan de manera detallada las relaciones perversas entre los distintos sectores involucrados en los crímenes:La batalla de las cruces: una década de impunidad y violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, México, CIESAS y Campo Imaginario, 2003.

20 Lo anterior termina convirtiéndose en lo que Baudrillard denomina una simulación, es decir: “una estrategia de lo real, de neo-real y de hiperreal, doblando por doquier una estrategia de disuasión” (2007).

21 “Desesperanza aprendida” es un término que ha propuesto Irma Saucedo para mostrar que el problema de desestructuración de la violencia está asociado a los comportamientos de las víctimas; pero de manera más acuciosa al comportamiento de los operadores de los servicios del Estado mexicano (procuración de justicia y salud) que responden de manera similar a las mujeres maltratadas, no haciendo uso de sus recursos y conocimientos ante la cormpción y la ineficiencia porque consideran que nada de lo que hagan cambiará la situación.

La protección cautelar prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

María Antonieta Magallón Gómez

El día que pueda tocar una estrella, ese día
dejaré de vivir en un país tan injusto.

Mahatma Gandhi

Introducción

Uno de los grandes temas del estudio de la estimativa jurídica ha sido la atención del elemento axiológico en el actuar de la humanidad, el cual se ha expresado como el fundamento de todo deber ser e, incluso, como el fundamento último del derecho al valor y de la realización de la justicia.

De ahí que en el presente ensayo intentemos referir los conflictos técnico-jurídicos que impiden la aplicación plena de las medidas cautelares ordenadas por las leyes para proteger en forma eficaz a las mujeres víctimas de violencia familiar —que personalmente hemos detectado en el transcurso de nuestra labor profesional al atender litigios de esta índole en los tribunales familiares y consecuentemente, la dificultad de probar la violencia familiar psicológica en los tribunales y la conveniencia del divorcio incausado.

La conflictiva legal que se estudia la enfrentan dichas mujeres tanto en los procesos de divorcio necesario (antes de la reforma del 3 de octubre de 2008) como en los de divorcio incausado y en las controversias del orden familiar que se dirimen en el Distrito Federal; asimismo la encaran los juzgadores que deben aplicar medidas cautelares para la protección de las víctimas con el rigor que ordena el sistema legal vigente. Por último, se refiere la lucha que debe enfrentar el abogado para conseguir la protección requerida por su representada. Al efecto, y sólo como ejemplo, relato brevemente los escollos que tuvo que trasponer una mujer víctima de violencia familiar para lograr la aplicación de dichas medidas cautelares en un caso práctico de divorcio contencioso, debido a dichos tecnicismos legales.

Para el análisis en cuestión examinaremos ciertos artículos específicos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal (LAMVLVDF) y la normatividad que trata del divorcio, del concubinato y de la violencia familiar en el Código Civil para el Distrito Federal (CCDF) los cuales prevén la instrumentación de medidas cautelares y protectoras de las mujeres víctimas de violencia familiar, sujetas a la competencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Intentamos describir el conflicto técnico-jurídico que se ha presentado en el marco de las competencias legislativa y jurisdiccional para la ministración de justicia, mediante la aplicación —por la judicatura de lo Familiar del TSJDF.— de las medidas preventivas y cautelares, y referir algunos de los criterios jurisprudenciales que han regido en la materia familiar probatoria de la violencia, para lo cual hacemos una alegoría o metáfora de los procesos legislativo y jurisdiccional que pretenden y procuran la protección de las mujeres víctimas, y que al efecto se han dividido en los tres estratos del sistema jurídico que el doctor Cipriano Gómez Lara ha conceptuado como paraíso, purgatorio e infierno.

Prevención de la violencia. Paraíso

A fin de adentrarnos en el tema de la violencia conviene examinar someramente los códigos civiles que en México y en otros países han regulado históricamente el divorcio contencioso para conocer cómo se han definido las amenazas, las injurias graves y la sevicia como causales de divorcio y como ilícitas y violentas. Estas tres conductas o causales no son ni han sido históricamente iguales para el legislador, ya que cada una le ha correspondido una entidad jurídica específica. Conforme a mi experiencia profesional la sevicia es la más atroz y la que menos identifican de manera inmediata las mujeres víctimas de violencia, ya que implica crueldad, dureza excesiva, frecuente y consecutiva y en ocasiones se realiza ocultamente para infligir despiadadamente sufrimiento a la víctima sin que ésta se dé cuenta de que cada evento de crueldad hacia su persona fue planeado por el victimario (de ahí que se hahle de deseos torcidos del ofensor). La injuria, por otro lado, es un ilícito que implica la pretensión de ofender y humillar a la víctima de manera franca, abierta y directa. La amenaza, por último, es una conducta que procura infundir temor o alarma grave en la mujer amenazada.

Para el ejercicio efectivo de la sevicia el verdugo debe mantener a la mujer en un estado de inferioridad autovalorativa, provocando con la crueldad que despleiga el resultado esperado: que la mujer no sólo sufra, sino que se sienta culpable y se obligue a pedir perdón, o que crea que es tonta, que se está volviendo loca o que tiene la peor de las suertes y que jamás podrá lograr éxito por sí misma y, por tanto, que depende de la falsa ayuda y apoyo de su pareja. La sevicia suele impidirle identificar las causas reales del problema e incluso reconocer al propio autor de dichos hechos o conductas ilícitos y perversos.

Con el interés de distinguir las tres conductas citadas, referiremos algunos ejemplos de sevicia, que en su momento se han litigado. Van desde los casos más leves, como la destrucción de objetos de valor e importancia para la víctima, por ejemplo el vestido que usaría ese día en una aaividad importante para ella (en este caso el perpetrador culpa a la mascota, al niño o a la mala suerte); la desaparición de objetos, instrumentos imprescindibles en ese momento para la víctima, como documentos que había preparado escrupulosamente para algún asunto importante de trabajo, haciendo creer a la mujer que realmente se está volviendo loca; la pinchadura de llantas del automóvil, etc. Pueden mencionarse también casos más crueles, como descuartizar viva a la mascota, porque los hijos de la mujer no cumplieron algún deseo del victimario. No debe perderse de vista que la sevicia trata de conductas crueles reiteradas que comienzan casi de manera imperceptible y cuya crueldad aumenta con el transcurso del tiempo; es decir, dichas conductas no son aisladas, como puede ser la comisión del delito de injurias o amenazas graves, que también son conductas violentas.

Las dificultades históricas para acreditar tales causales de divorcio propiciaron que se sistematizara legislativamente la debida protección a las mujeres, que se erigiera la violencia familiar como causal de divorcio y que fungiera como pauta de decisión judicial en las controversias familiares conforme a la perspectiva social de brindar amparo a las mujeres y a la familia, ampliándose el espacio técnico científico para prevenir y tratar la problemática. Sin embargo al mismo tiempo se generó la necesidad de eliminar la idea de represión estatal garantizando los derechos del agresor, con lo que técnicamente se dificulta la instrumentación inmediata de medidas cautelares de protección a las mujeres cuando alguna situación aconseja al juzgador respetar el derecho de audiencia del demandado.

Violencia

Respecto a la violencia en sentido lato, el Diccionario de la Lengua Española la explica como “lo que tiene la calidad de violento, como aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo, que obra con ímpetu y fuerza”. A la vez, sobre la muerte violenta refiere que “aplica al genio arrebatado e impetuoso que se deja llevar fácilmente de la ira; agregando la figura de lo falso, torcido y fuera de lo natural que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia” (Real Academia Española, 1970: 1354, 1355). En este punto, se puede referir que la sevicia se ajusta a la conducta que se realiza por un deseo torcido y fuera de lo natural

En cuanto a la violencia familiar, el título II de la LGAMVLV publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1" de febrero de 2007 se refiere a diversas modalidades de violencia que ocurren en los ámbitos familiar, laboral, docente, comunitario, institucional, feminicida y de alerta de violencia de género contra las mujeres, de las cuales nos interesa y destacamos la primera:

Artículo 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho (sic).

Del mismo modo el Código Civil para el Distrito Federal (CCDF) en su libro primero: De las personas, título sexto: Del parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar, capítulo III: De la violencia familiar, precisa:

Artículo 323 Quáter. La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser cualquiera de las siguientes clases:

Violencia física: a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro;

Violencia psicoemocional: a todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona;

Violencia económica: a los actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, la retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia. Así como, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que de conformidad con lo dispuesto en éste Código tiene obligación de cubrirlas, y

Violencia sexual: a los actos u omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser: inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño.

No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas y niños.

Para efectos de éste artículo, se entiende por integrante de la famifia a la persona que se encuentre unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato, o por un lazo de parentesco consanguíneo, en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, así como de parentesco civil (sic.).

Vistos los conceptos sobre violencia del Diccionario y los de violencia familiar legislados, se puede colegir que ésta acontece en la pareja cuando menos entre dos sujetos (hombre-mujer) ligados por un vínculo jurídico familiar en el momento en que el agresor, sustrae abierta (de manera impetuosa e iracunda) u ocultamente (como efecto de los deseos torcidos, falsos y antinaturales del agresor), sustrae o pretende despojar a la mujer de su condición de dignidad humana mediante actos abusivos de poder para dominarla, someterla y causarle daño intencionalmente, degradándola en el objeto de su eliminación, manipulación, protagonismo, apropiación, maltrato y muerte subjetiva u objetiva.

Prevención

El reclamo social sobre la necesidad de que las mujeres víctimas de violencia familiar cuenten con una protección oportuna obligó a legislar en materia de prevención. Al efecto, del Diccionario de la Lengua Española citado tomamos la explicación sobre el significado de “prevención”:

acción y efecto de prevenir, preparar y disponer anticipadamente para evitar un riesgo o ejecución de cosa. Preparar, aparejar y suponer con anticipación las cosas necesarias para un fin; Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. Precaver, evitar, estorbar o impedir una cosa. Ordenar y ejecutar un juzgado las diligencias iniciales o preparatorias de un juicio civil o criminal; señaladamente las que por ser urgentes no se deben demorar, aunque no esté definida todavía la competencia. Instruir las primeras diligencias para asegurar los bienes y las resultas de un juicio (Real Academia Española, 1970: 1072).

Ahora bien, en las disposiciones generales contenidas en el título I, capítulo I de la LGAMVLV se especifica que su objeto es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación y garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se establece, además, que todas sus medidas garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida, para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.

Es incontrovertible que el elemento que surge como sedimento de la expedición de la LGAMVLV, y que se refleja claramente en el plano de los conceptos, es la intención de proteger el mayor valor que posee todo ser humano: la vida. En la exposición de motivos dicba ley especifica que cuando la integridad física y mental de una mujer se encuentra en riesgo o peligro inminente, el Estado debe “garantizar su protección”, y agrega que es un instrumento técnico-jurídico de gran pragmatismo "que permite a las autoridades ministeriales y judiciales, otorgar las medidas precautorias y cautelares con la inmediatez" y efectividad que la atención a la violencia familiar y el delito de violación requieren. Por otro lado, expresa con firmeza que el espíritu de la misma es, sobre todo, preservar la vida y la seguridad de las mujeres, prometiendo así “el cielo o paraíso terrenal”. Sin embargo el alcance de esta ley marco es limitado, pues se sujeta a las legislaciones estatales el cumplimiento de los objetivos y criterios que refiere, cuando en éstas consideren procede su desarrollo y aplicación, y sin que les esté permitido exceder o desbordar los parámetros trazados de modo general por el legislador federal. Es decir, se faculta a los estados a legislar en dicha materia y se les obliga a expedir sus leyes locales, únicas que sí sujetarán al juzgador familiar del fuero común a dictar las medidas precautorias de mérito, no así la ley marco expedida por el Congreso Federal.

Administración de justicia

En cuanto a la explicación obligada de “procurar revelar, definir o delimitar al sistema jurídico y la consecuente administración de justicia”, recurrimos a la tesis que formuló el brasileño Miguel Reale (2005: 302), quien para conceptuarlo expuso que su construcción surge a partir de tres elementos: el hecho, la norma y el valor. Para justificar la alegoría que utilizamos en la presente labor acudiremos a la correlativa del notable procesalista mexicano Cipriano Gómez Lata (Saíd, 2004: 137), quien expuso que los elementos del Derecho (valor, norma y hecho) pertenecen a tres estratos o planos jurídicos; indicó que el plano de los conceptos se asemeja al cielo o paraíso y que en la especie corresponde al del valor. Estimó el segundo plano como el mundo normativo fáctico, es decir, el de la norma, a la cual ubicó como el purgatorio. Al tercer estrato lo refirió como el hecho o aplicación de la norma; es decir, la jurisdicción o administración de justicia —en donde se encuentra la cruda realidad—, que el precitado catedrático consideró atinadamente como el plano del infierno.

En este punto cabe mencionar que para Rafael de Pina la jurisdicción es la potestad para administrar, declarar y ejecutar justicia aplicando la norma general al caso concreto (De Pina, 1994: 339). Debe precisarse además el concepto de norma strictu sensu, que es “aquella que impone deberes o confiere derechos” (García Maynez, 1992: 4), y mencionar que la norma se clasifica desde muy diversos puntos de vista, uno de los cuales es el de su jerarquía, rango o grado (García Maynez, 1992: 83) y se puede agregar el de categoría o alcance. La clasificación se formula en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Respecto a la jerarquía de las normas, los criterios jurisprudenciales indican que la doctrina jurídica ha enunciado persistentemente interrogantes sobre el tema, y de los mismos ha surgido unanimidad de votos respecto a que la Constitución Federal es la norma fundamental y los tratados deben estar de acuerdo con ella. Así, la Constitución es la ley suprema, y hay supremacía del derecho federal frente al local y una misma jerarquía de los dos (en sus variantes lisa y llana). Asimismo señalan que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y del local. Por último, refieren que los siguientes grados de prelación (de las normas que derivan de los anteriores) se desprenden de las disposiciones de los artículos 42, 43, 44 y 48 también constitucionales, las cuales —en orden jerárquico descendente— se siguen como las ordinarias, después las reglamentarias y por último las individualizadas. Visto lo anterior señalaremos el orden jerárquico de la normatividad que analizamos en la presente exposición.

En primer lugar está la LGAMVLV, que al haber sido decretada por el Honorable Congreso de la Unión es federal y es una ley marco, que en su numeral segundo establece que la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios —en el ámbito de sus respectivas competencias— expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuéstales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado mexicano. Esta ley general cuenta con su reglamento.

En un segundo orden de prelación, y en acatamiento a la disposición ordenada en la LGAMVLV, en el Distrito Federal se decretó la ley ordinaria LAMVLVDF. En la misma jerarquía obligatoria para el fuero común están las normas contenidas en el CCDF.

La LAMVLVDF fue decretada el 13 de diciembre de 2007 y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2008. Establece que sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en el Distrito Federal; y en el artículo 2 especifica que su objeto es establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En su artículo 70 faculta la intervención del juez familiar para dictar únicamente órdenes de protección en materia civil que tengan por propósito salvaguardar el patrimonio de la víctima. Se ha expedido ya el reglamento de esta ley.

El CCDF hace saber en su artículo primero que su contenido conforma el cuerpo normativo que rige en el Distrito Federal, y en el numeral tercero detalla que las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general para el Distrito Federal obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial

De lo anterior se colige que la jurisdicción familiar en el Distrito Federal aplica —en los asuntos que ante ésta se dirimen, tanto en primera como en segunda instancia— forzosa y únicamente la legislación correspondiente a la norma ordinaria; es decir, el juez familiar utiliza el CCDF y extraordinariamente puede aplicar la LAMVLVDF para la protección patrimonial de la mujer víctima de violencia, no así para dictar las medidas de protección de emergencia. Cuando el juicio sea conocido por la jurisdicción federal en materia de amparo directo, indirecto o de cualquier otro recurso —que ante la jurisdicción garantista o constitucional se haga valer— será revisado el criterio que adopten los juzgadores del fuero común o del federal respecto a lo decretado en materia de prevención, y hasta entonces será procedente la invocación de los lincamientos de la LGAMVLV para efeaos interpretativos, argumentativos y, en fin, de debida fundamentación de la norma ordinaria aplicada a la luz de la LGAMVLV.

Medidas de prevención. Purgatorio

El paraíso jurídico que ofrece la LGAMVLV para el logro de una convivencia familiar estable y democrática tiene su primer desencuentro cuando las mujeres son violentadas en sus derechos y los activistas y luchadores sociales se percatan de que ésta es una ley marco y por tanto no habrán de aplicarse directamente los juzgadores familiares de primera y segunda instancias del fuero común, ya que lo conducente para el tribunal local es lo que se establece en el CCDF y —como ya se indicó— únicamente en materia de protección civil le es aplicable la LAMVLVDF. Es pertinente traer a colación que el artículo 40 de la ley suprema establece que los estados que constituyen la República son libres y soberanos, y que dicha libertad y soberanía se refieren a los asuntos concernientes a su régimen interno (en tanto no vulneren los mandatos de la Carta Magna y el Pacto Federal), de manera que sólo cuando las leyes expedidas por las legislaturas de los estados resulten contrarias a los preceptos constitucionales deberán predominar las disposiciones del código supremo y no las leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la constitución local correspondiente¹ De lo contrario, prevalecerán las ordinarias.

Ahora bien, tratándose de controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales, el artículo 104 fracción I de la Constitución Federal dispone que cuando se afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas —a elección del actor— los jueces y tribunales del orden común de los estados y del Distrito Federal, así como que las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.²

Estamos ahora frente al segundo plano o elemento de la norma que se califica como purgatorio, ya que el CCDF legalmente ordena la aplicación de su normatividad en el Distrito Federal; es decir, a los juzgadores de lo familiar en el Distrito Federal no les obliga la LGAMVLV ya que están sujetos a lo expresamente ordenado en la preceptiva ordinaria. Recordemos además, que para la debida ministración de justicia, la LCIAMVLV en su artículo 2° faculta a las entidades federativas a expedir las normas legales necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Código Civil para el Distrito Federal

Las disposiciones preliminares contenidas en los artíctdos 1" y 9“ del ordenamiento sustantivo establecen:

Artículo 1.- Las disposiciones de este Código regirán en el Distrito Federal.
Artículo 9.- La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.

Estos preceptos ordenan que el juez familiar habrá de acatar lo establecido en la normatividad civil local CCDF y sólo se aplicará una legislación de expedición posterior si abroga o deroga expresamente la que estaba vigente o si contiene disposiciones que se opongan a ésta; es decir, que en el caso de que se ejerza violencia familiar contra una mujer, el juez familiar del Distrito Federal deberá aplicar únicamente el CCDF. En este punto debe agregarse que el propio ordenamiento en su artículo 282 fracción III regula la protección patrimonial preventiva de los cónyuges, por lo que el juzgador sólo podrá invocar la LAMVLVDF para los casos en que ordene dicha protección para la concubina víctima de violencia.

Ahora bien, antes de la reforma del 3 de octubre de 2008 el CCDF ordenaba al juzgador que en los casos de violencia familiar aplicara las medidas provisionales que contenía en el artículo 282 fracción VI, inciso a), el cual señalaba:

Artículo 282.- Desde que se presenta la demanda y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes conforme a las disposiciones siguientes;

VII. En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las causales invocadas en la demanda, tomará las siguientes medidas, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, que tratándose de violencia familiar deberá siempre decretar:

a) Ordenar la salida del cónyuge demandado de la vivienda donde habita el grupo familiar.

Con la reforma a este artículo del 3 de octubre de 2008, el mismo numeral inciso a) ordena:

Artículo 282.- Desde que se preséntala demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes;

A. De oficio:

En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia famihar, donde tendrá la más ampfia fibertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas.

En este punto cabría felicitar al asambleísta local por las medidas provisionales que decretaron, ya que —tanto antes como después de la reforma de mérito— parece que el legislador otorga al juez la más amplia libertad para dictar aquellas medidas que protejan a las víctimas de violencia familiar y consecuentemente le da el poder de ordenar la salida del presunto agresor de la vivienda donde habitan la mujer y el grupo familiar, desde el momento en que se presenta la demanda de cualquier juicio. Es decir, según el texto dicha provisión debe decretarse en la primera resolución judicial. Los dispositivos antes transcritos parecen estar en concordancia con los lincamientos de la LGAMVLV, la cual en seis fracciones de su numeral octavo ordena diversas medidas de prevención de violencia, de las cuales destacamos la contenida en la fracción V:

Artículo 8.- Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración:

V. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la victima,

Debe agregarse que las órdenes de protección previstas en los artículos 27 y 28 de la misma LGAMVLV pretendieron regular la salida inmediata del domicilio del presunto agresor y ordenan se giren éstas dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos. Recordemos que sólo se trata de lineamientos:

Artículo 27.- Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o dehtos que impHquen violencia contra las mujeres.

Artículo 28.- Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser:

De emergencia;

Preventivas, y

De naturaleza civil.

Las órdenes de protección de emergenciay preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Asimismo, agregamos de manera específica la orden incluida en el artículo 29 de la misma Ley General referente a la desocupación del domicilio por el agresor:

Artículo 29.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:

I. Desocupación por el asesor del domicilio conyugal o donde habite la victima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo;

Ahora bien, en este punto corresponde aclarar la apreciación sobre la “apariencia” de la protección de mérito que se halla tanto en el articulado marco como en el local, ya que la LGAMVLV no obliga al juzgador familiar local, y el CCDF en su artículo 282 (ahora derogado) ordenaba que a la presentación de la demanda y sólo mientras durara el juicio se debían dictar, en primera instancia, las medidas provisionales pertinentes conforme a las disposiciones siguientes:

I. La separación de los cónyuges. El Juez de lo Familiar determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar.

Estas medidas provisionales se dictaban en los juicios de divorcio contencioso y en las controversias del orden familiar anteriores al 3 de octubre del 2008, y subsisten hasta el diaado de la sentencia.

El mismo artículo 282 inciso “B” (reformado el 3 de octubre de 2008) que también fue aplicable al divorcio contencioso y a las controversias familiares que se iniciaron con la vigencia de la reforma y que ahora norma en el divorcio incausado, ordena lo siguiente:

B. Una vez contestada la solicitud:

L- El Juez de lo Familiar determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su residencia.

Así, el juzgador familiar de oficio está facultado en los casos en que lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos “y las documentales exhibidas”, para dictar las medidas de protección preventivas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de la mujer víctima de violencia familiar. Sólo en los asuntos en que se cumpla la exigencia de exhibición de documentales que acrediten fehacientemente los hechos de violencia expuestos, el juzgador familiar dictará las medidas preventivas, de lo contrario está obligado a decretar “con audiencia de parte” la medida provisional a que se refiere el inciso “B” del mismo artículo 282 del Código Civil. Es decir, no lo hará inmediatamente, sino cuando se haya dirimido con exhaustividad dicha conflictiva.

En este punto cabe precisar que la experiencia profesional de quien esto escribe le ha permitido reconocer que aunque no es imposible que existan documentos fehacientes que prueben la violencia familiar que se ha ejercido en contra de una mujer, como pueden ser los certificados médicos que acrediten la existencia de lesiones calificadas, en la gran mayoría de los casos consultados las mujeres no tienen documentados que prueben los hechos violentos y consumados en su contra (especialmente si se perpetró sevicia), razón por la que la víctima debe continuar expuesta para documentar directamente (y con posterioridad a la consulta profesional) las conductas violentas por acontecer, a fin que el juzgador esté en posibilidad legal de decretar las medidas protectoras necesarias sin audiencia de parte. De lo contrario, dicha prerrogativa garantista para el presunto ofensor hace nugatorias de manera tácita las medidas proteaoras que ordenan el CCDF y los lineamientos de la LGAMVLV artículos 8, 27, 28 y 29 transcritos, al obligar al juez familiar a oír el parecer del demandado antes del dictado protector, es decir, de quien debe salir del hogar familiar (con las excepciones mencionadas en cuanto a la evidencia de las lesiones y la plena acreditación de la violencia). Por tanto es difícil, aunque no imposible, lograr prontitud en la ejecución de las medidas provisionales protectoras. Abundaré en la explicación al respecto en el tercer punto del presente trabajo.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal

Visto que al juez local no le corresponde aplicar las medidas provisionales previstas en la ley marco, y que es difícil aplicar lo ordenado en el inciso B del artículo 282 del CCDF, porque es complicado documentar debidamente la violencia, para muchas mujeres se hace nugatoria la protección real cuando se requiere la salida del agresor del domicilio en que habita el grupo familiar. Se podría pensar que entonces cabría recurrir a la LAMVLVDF, ya que en el artículo 66 ordena al juzgador penal (no así al familiar) que emita las órdenes de protección de emergencia que tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la consumación de un delito o que se aaua- lice un supuesto en materia civil o familiar, a saber:

Artículo 66.- Son órdenes de protección de emergencia y serán otorgadas por el juez penal

I. La desocupación por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la victima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo, y en su caso el reingreso de la víctima una vez que se resguarde su seguridad. Esta orden implica la presunción de la posesión, uso y goce de los bienes que se encuentren en el domicilio;

De lo anterior se colige que conforme a esta ley el juzgador familiar no está facultado para ordenar la desocupación, y por tanto la víaima tendrá que recurrir además de la vía familiar para dirimir su litigio a la vía penal, que (cierto o falso) en la consulta profesional parece ser siempre la más amarga o complicada, puesto que la mujer, quien en la gran mayoría de los casos tiene hijos de su presunto agresor, sabe que tendrá que explicar a éstos por qué intentó encarcelar a su progenitor. Es decir, en consulta algunas mujeres han manifestado a quien esto escribe que moralmente esta vía penal les resulta una afrenta más y se preguntan por qué no se les brinda la posibilidad de obtenerla con el juez familiar.

Es decir, una vez que el juez familiar reciba la demanda de protección de justicia de una mujer que ha sufrido injurias, amenazas graves o sevicia, a menos que dichas conduaas estén documentadas debidamente —lo que es poco probable— no será protegida. Si la mujer fue golpeada y maltratada es más probable que tenga la posibilidad de acreditar plenamente con certificados médicos que no hayan caducado o con documentales fotográficas etc., que ya fue golpeada, mutilada, violada, etc. “de conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas... Sólo entonces el juez podrá tomar las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de las partes interesadas. Ahogado el niño se tapa el pozo. No se debe olvidar que para dictar dichas medidas de protección en contra de la violencia familiar, el juez tendrá la más amplia libertad en los casos “que lo considere pertinente”, lo cual, contrario sensu, implica que en los que no lo considere pertinente, o aun considerándolo no tenga suficientes elementos de convicción, no proveerá las medidas de salvaguarda de rigor.

Violencia de Estado

Cuando se presenta ante nosotros, los abogados litigantes que pertenecemos a un despacho privado, una mujer que ha sido violentada en su integridad y que en medio de su dolor emocional manifiesta que está enterada de que existen leyes que ofrecen protegerla y pregunta si hay esperanza para ella, debemos comunicarle primero que si bien está vigente la LGAMVLV, por ser una ley marco no puede aplicársele a ella ni a Patricia.³ Que respecto de la LAMVLVDF y a lo dispuesto en el artículo 282 del ccdf, aunque ambas regulaciones ordenan que de inmediato se diaen medidas cautelares para protegerla, en realidad no hay certeza de que se aplicarán de manera inmediata, a menos que se encuentre visiblemente golpeada y maltratada, puesto que las órdenes preventivas de ambas normatividades están sujetas a tecnicismos jurídicos que forman parte de la ciencia del Derecho y que dejan a la discrecionalidad del juez familiar la decisión de diaar o no dichas medidas; además la LAMVLVDF sólo obliga al juez penal a separar al agresor del domicilio común. Asimismo, debemos informarle sobre la erogación económica que acarreará su defensa y hacerle saber que el proceso incluye un cúmulo de trámites sumamente lentos y engorrosos.

Cuando el abogado o abogada defensora es claro y veraz con la mujer sobre la dificultad que sorteará para defenderla, la víctima pasa del paraíso de una esperanza prometida —entre conceptos y políticas públicas engañosos— al purgatorio. Si cuenta con la posibilidad de pagar los honorarios y confía en la abogada le encarga su asunto; si duda o, como ocurre casi siempre, no puede pagarle, recurre a la asistencia jurídica gubernamental o a las diversas comisiones de derechos humanos. En fin, busca asistencia y diversos consejos que no siempre simplificarán su problema. Sabemos por propia experiencia que con mayor desgaste en su ser y su haber regresa con el abogado o abogada que le inspiró más confianza y entonces, como último recurso, decide promover una demanda familiar o una denuncia penal y comienza así su peregrinar por el estrecho sendero del oscuro, espinoso e incomprensible infierno por donde la conducirá el abogado, ambos con la esperanza de llegar finalmente a una puerta de luz y justicia.

Burla en el infierno

Aunque es un punto difícil de explicar, en realidad los abogados y abogadas litigantes somos los encargados de vigilar la legalidad del procedimiento, de soportar la burocracia jurisdiccional y, sobre todo, de darle la cara a la víctima y explicarle que las medidas provisionales que en el CCDF ordenan la salida del agresor del domicilio conyugal, en realidad no se aplican de manera inmediata como está ordenado, a menos que ella esté visiblemente lesionada o que acabe de salir de algún nosocomio con un certificado médico correctamente suscrito para cuando menos avalar su dicho. Es decir, en caso de contar con alguna prueba documental, ésta debe demostrar la existencia de lesiones y no haber caducado, de conformidad con la ahora derogada causal de divorcio por violencia familiar en el Distrito Federal (2008), o prescrito por el delito de mérito.

No se debe olvidar que las pruebas documentales que aporte la víctima deberán apoyarse y relacionarse con otras probanzas, como son las testimoniales de los hechos (sin que éstos hubiesen ocurrido en la intimidad del dormitorio o domicilio conyugal y de madrugada, como le ocurrió a Elizabeth),⁴ puesto que de ser así, el agresor fácilmente, valiéndose de testimoniales falsas u otras probanzas, se ubicará en circunstancias de tiempo, modo y lugar que difieran de las narradas por la víctima; quedan así como únicos testigos las paredes o los hijos, quienes al declarar ante los juzgadores pueden o no decir la verdad. Inicialmente los hijos de Elizabeth encubrieron a su progenitor. También deberán aportarse las pruebas periciales basadas en diversas ciencias del comportamiento humano y la salud mental del agresor para corroborar la condena en la sentencia definitiva, sin embargo éstas no se desahogarán a tiempo para el dictado de las medidas provisionales urgentes.

No debe dejar de señalarse que este último y tercer estrato infernal también lo enfrentan a diario los juzgadores, a quienes pese a que soportan cargas de trabajo sobrehumanas se les exige la exacta, pronta y expedita aplicación de la ley: con audiencia de parte. Además, quienes laboran en el Tribunal pueden percatarse de que muchas demandas no suelen cubrir los requisitos mínimos de congruencia y procedencia, lo cual junto con otros hechos, impide su actuación inmediata.

". .determinación, con audiencia de parte"

Al hablar de justicia pronta, completa, imparcial y expedita se habla de la garantía constitucional de eficacia legal y judicial. El término “eficacia” se define como: “(Del lat. efficacla). R Virtud, actividad, fuerza y poder para obrar. Eficaz” (Real Academia Española, 1970: 508, ni). Ahora bien, respecto a la eficacia de las medidas provisionales que mencionamos, y en virtud de que la cultura popular acierta al decir que para muestra basta un botón, referimos muy brevemente, con autorización de Elizabeth, el infierno que vivió en el juicio de divorcio necesario que tramitó ante un juzgado de lo familiar del TSJDF.

Veintidós de abril de 2005

Elizabeth solicitó la protección de la justicia y el divorcio de su cónyuge mediante demanda de divorcio necesario. Al efecto invocó la comisión de violencia familiar psicológica o emocional ejecutada en su contra con arma de fuego, y exhibió, entre muchas otras pruebas, documentales públicas originales expedidas tanto por la Oficina Coordinadora de los Tribunales Calificadores del Departamento del Distrito Federal, como por el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Sub-Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad del Distrito Federal (CAVI) y solicitó que como medida provisional se ordenara la salida del cónyuge demandado de la vivienda familiar.

10) Solicito respetuosamente, de oficio evaluar la seguridad de la suscrita víctima de violencia intrafamiliar, y no minimizar el riesgo al cual la violencia intrafamiliar, le adjudica una denominación de “crímenes pasionales” con carga romántica y detonantes de “impulsividad y locura” y que en la especie es la culminación de un proceso de larga data, y resolver que existe causa excluyente de responsabilidad de la salida de la suscrita del domicilio conyugal, por el temor fundado y miedo grave del mal futuro que reiteradamente anunció causarme mi cónyuge, y que responde a una actitud defensiva, como reacción lógica y natural de auto-conservación para poner a la suscrita fuera de peligro, respecto de la alevosa intención de mi cónyuge de matarme y luego suicidarse.

La Juez de lo Familiar a quo (inferior jerárquico) se declaró incompetente (por territorio) del conocimiento del juicio y desechó la demanda inicial. La Sala del TSJDF ad quem (superior jerárquico) fijó el dos de junio de 2005 la competencia jurisdiccional de su inferior y dictó sentencia interlocutoria en la cual tuvo a Elizabeth por presentada con la demanda de divorcio, dictó algunas medidas provisionales y, a pesar de que en dicha interlocutoria tuvo por acreditada la violencia familiar, no decretó la salida del cónyuge demandado de la vivienda familiar solicitada como medida provisional.

En este punto conviene advertir que el rubro de la tesis aislada localizada en la Novena Época de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII de enero de 2003, página: 1892, tesis IV.3o.T.34P en materia penal, explica que la medida provisional solicitada para prevenir los efectos de los actos de violencia familiar se justifica por sí sola y, por tanto, no es materia de prueba para que se acredite la necesidad de su mandamiento; a saber: “Violencia Familiar: Medida provisional que prohíbe al activo acercarse a la víctima. Para decretarse no se requieren pruebas (Legislación del estado de Nuevo León) ” (véase el Anexo 1). Así como la tesis aislada, localizada también en la Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX de septiembre de 2004, página: 1903, tesis: I.7o.C.53 C en materia civil, la cual explica ampliamente al juzgador que por violencia familiar debe entenderse el estado de vida que va mermando tanto la salud física como mental de la víctima y que se realiza a través de “el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave que se ejerce contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente del lugar en que se lleve a cabo y que pueda producir o no lesiones” (véase el Anexo 2).

Seis meses después de presentada la demanda, el 20 de septiembre del mismo año, la Juez del conocimiento, contrariando las tesis antes transcritas y la tesis: I.6o.C.351 C (véase el Anexo 3), negó ordenar la salida del presunto agresor, al considerar: “que la suscrita no encontró elementos de violencia intrafamiliar y como se demuestra de las constancias, que no se ha acreditado la copropiedad que manifiesta la actora del inmueble que fue el domicilio conyugal, no es procedente decretar la salida del cónyuge demandado”.

El 15 de noviembre de 2005 la Superioridad adquem revocó la decisión de la a quo, reiteró que se había probado la existencia de la violencia familiar y ordenó la salida del domicilio del cónyuge demandado, a la vez que ordenó la restitución forzosa al domicilio conyugal de Elizabeth y de sus dos menores hijos. Cabe mencionar que en la demanda de divorcio se precisaron con pulcritud las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se perpetraron las agresiones a Elizabeth, aunque ocurrieran en la intimidad del hogar. Por tal confliaiva probatoria, se señala la tesis aislada vigente en ese año y localizada en la Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII de julio de 2005, página: 1419, Tesis: I.6o.C.351 C, en materia civil, cuyo rubro ordenaba: “Divorcio necesario a causa de violencia familiar. Procede el estudio de esa acción, sin necesidad de que el promovente precise las circunstancias de tiempo, modo y lugar, quedando obligado el juzgador a intervenir de oficio, atento a las facultades que le otorga la ley en esos casos” (véase el Anexo 3).

Al efecto, el demandado promovió juicio de amparo indireao, el cual le fue negado el 19 de septiembre de 2006, al considerar el Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal que estaba probada plenamente la violencia familiar ejercida en contra de Elizabeth por su cónyuge.

La justicia era lenta, pero avanzaba a pesar de que en julio del mismo 2006 se decretó la jurisprudencia P./J. 47/95 dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, tomo 11, diciembre de 1995, página 133, la cual estableció respecto a la violencia familiar que prevalecía la garantía de audiencia del demandado (con audiencia de parte) consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo, y su debido respeto impone a las autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento (véase el Anexo 4).

Un año y medio después de presentada la demanda (30 de octubre de 2006) se pudo dar cumplimiento a la medida provisional o preventiva ordenada por la Superioridad ad quem, se sacó al cónyuge demandado de la vivienda familiar y se reintegró judicialmente a la misma a Elizabeth y sus dos hijos menores. Sobre la sevicia, injurias y amenazas graves o violencia familiar en contra de Elizabeth, sólo como un dato refiero que en el expediente de divorcio necesario de mérito constan entre otras las siguientes pruebas:

DOCUMENTAL PÚBLICA original, consistente en REPORTE DE ENTREVISTA CLINICA remitido al Juzgado por el CAVI; la cual acreditó los efectos de la situación de violencia intrafamUiar, que sufrió la víctima en diferentes áreas;

SITUACIÓN PSICOEMOCIONAL; Debido a las agresiones constantes tanto físicas como psicológicas por parte de su cónyuge, el C [...], desde el inicio del matrimonio la usuaria, presentó en el momento de realizarle la entrevista clínica afectación psicoemocional en las siguientes áreas:

COGNITIVA; Presentó concentración dispersa, magnificación del agresor, auto evaluación negativa, dificultad en la toma de decisiones y resolución de problemas.

AFECTIVA; Presentó tristeza, angustia, irritabilidad, miedo, humillación, decepción, desilusión, afectación en la imagen propia, autorrealización, cansancio y apatía, con alta tolerancia al maltrato y la frustración.

2. En la demanda, la víctima declaró que era amenazada constantemente por su cónyuge con arma de fuego y al efecto exhibió treinta balas o municiones con sus respectivos cartuchos. El demandado —sin acreditar tener el permiso correspondiente— declaró en el escrito de contestación a la misma demanda, que sí tenía un arma de fuego: “tenía en el domicilio conyugal una pistola calibre 22 quejue de mi abuelo [...] se reitera [...] tenia una pistola calibre 22, [...] mis hijos sabían el lugar en que estaba, y si estaba a su alcance de mis hijos [...] (sic) A la vez, en diligencia de 20 de septiembre de 2005, los hijos manifestaron que sí existía ese artefacto en casa: “dice que su papá tiene un arma antigua [...] y que supone es un revólver”. En el Anexo 17 del mismo expediente se exhibieron las municiones de las diversas armas de fuego que se dijo tenía el enjuiciado dentro del domiciho conyugal y que se describieron de la siguiente manera:

Nueve balas (con cabezal color cobre) W-W 38 SPECIAL,
Nueve balas (con cabezal color plata) W-W 38 SPECIAL,
Seis balas (con cabezal color cobre) W-W 25 AUTO
Una bala (con cabezal color cobre) R-P 38 SUPER,
Una bala (con cabezal color cobre) PMC 9MM LUGER,
Una bala (con cabezal color plata) W-W M R S 38,
Una bala (con cabezal color plata) W-W 9MM LUGER,
Dos balas “U”.

3. Se realizó pericial en psicología ordenada por la C. Juez a quo, suscrita el 31 de agosto 2006 por la psicóloga adscrita al Hospital Fray Bernar- dino Álvarez, en la cual, sobre la personalidad del cónyuge demandado concluyó:

ÁREA DE PERSONALIDAD: [...] se muestra suspicaz, desconfiado, ofensivo, ansioso, irritable e impulsivo con una orientación concreta que lo lleva quizá a tener manifestaciones de rebeldía y agresividad abiertas.

En el Test de la figura humana [... ] persona con dificultad para manejar sus impulsos, es egocéntrico, superficial, extrovertido, con una fuerte necesidad de dominio, narcisista, agresivo especialmente en dimensiones de mucha presión ambiental, con actitudes de desprecio hacia el género femenino y con una probable conflictiva en el área sexual.

Finalmente [...] se esfuerza por rechazar los impulsos inaceptables y cuando no lo ha podido hacer para controlar su agresividad.

4. Asimismo, se realizó pericial en psicología, la cual fue presentada el 23 de febrero de 2006. El galeno dictaminó sobre la personalidad del cónyuge demandado, lo siguiente:

Existen rasgos de personalidad obsesivo compulsiva y paranoide. Tiene dificultad para controlar sus impulsos, alto grado de hostilidad hacia los demás, es petulante, arrogante y tiene gran dificultad para relacionarse con los demás. Existe un alto grado de egocentrismo que explica su sentimiento de inferioridad, lo que le impide mantener interacciones sanas. Existe un gran rechazo hacia la figura femenina y sobre valoración de la masculina lo que explica el conflicto sexual que proyectan las pruebas psicológicas.

En resumen es un sujeto con rasgos de la personalidad obsesiva compulsiva y paranoide, impulsivo, hostil y con dificultad para relacionarse con los demás. Existe conflicto sexual ya que existe rechazo a la figura femenina y sobre valoración de la masculina.

5. También se realizó pericial en psiquiatría sobre la salud mental del cónyuge demandado, y en el cuarto párrafo de las conclusiones se afirmó lo siguiente:

Además, presenta un conjunto de rasgos múltiples que en conjunción con los síntomas presentes y las defensas detectadas permiten afirmar la existencia de un trastorno de personalidad no especificado en el cual predominan los rasgos obsesivos y de desconfianza básica que afecta la calidad de vida propia y familiar... Por último, la persistencia de factores debilitantes de la función yoica (tolerancia a la frustración, control de impulsos, etc ), como la indefinición referente al vínculo matrimonial y la relación paterno filial, pueden llegar a desencadenar actos agresivos y profundización de las tendencias a proyectar la responsabilidad que le concierne.

Todas las periciales con las cuales se le tuvo por conforme al demandado acreditaron que Elizabeth sufría de sevicia y era maltratada por su cónyuge, por ser desconfiado, ofensivo, ansioso, irritable, impulsivo, con dificultad para manejar y controlar sus impulsos, egocéntrico, con una fuerte necesidad de dominio, narcisista, agresivo, con desprecio hacia el género femenino, obsesivo compulsivo y paranoide; con alto grado de hostilidad hacia los demás, petulante, arrogante, con sentimiento de inferioridad que le impidió mantener interacciones sanas; así como, tener gran rechazo hacia la figura femenina y sobrevaloración de la masculina, lo que también explicó su conflicto sexual y afectó la calidad de vida propia y familiar.

En enero de 2007 se decretó la Jurisprudencia la./J. 69/2006, visible en la Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, enero de 2007, página: 173, tesis: Jurisprudencia, materia civil, la cual ordenó: “Divorcio Necesario. Cuando se ejerce la acción relativa con base en la causal de violencia intrafamiliar, en la demanda deben expresarse pormenorizadamente los hechos, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron” (véase el Anexo 5).

El magistrado Lázaro Tenorio Godínez (Tenorio, 2007: 154) de la Primera Sala Familiar del TSJDF ha expresado que la jurisprudencia antes transcrita provoca graves consecuencias al considerar que el justiciable sufre tma doble victimización, primero por las agresiones físicas o psicológicas ya sufridas y luego por la carga de tener que probar los hechos, muchas veces aislados, sin testigos o mal invocados por sus abogados, los cuales por tecnicismos le repercutirán en un resultado inífuauoso, para que después de un largo y costoso proceso el juez emita un fallo absolutorio del culpable

bajo el argumento de que en la demanda inicial no se señalaron pormenorizadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, al tenor de lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante el cúmulo de pruebas que corroboran el dicho de la actora, tales como la pericial en psicología, toxicología, certificados médicos, diálogo con menores, estudios socioeconómicos, etcétera.

El 20 de marzo de 2007, con base en la jurisprudencia antes trascrita, la Juez de lo Familiar del tsjdf en el asunto de Elizabeth dictó sentencia definitiva resolviendo que "No encontró elementos suficientes para tener por acreditada la violencia familiar” y absolvió al demandado de las prestaciones que por dicha causal se le reclamaron y consecuentemente tuvo por acreditado el abandono del domicilio conyugal que el contrario demandó a Elizabetb. Debe agregarse que la juzgadora decretó el divorcio necesario al considerar acreditada la causal de falta de cumplimiento de la obligación alimentaria a cargo del demandado y decretó una pensión alimenticia a favor de Elizabetb y de uno de sus hijos, dado que el mayor había alcanzado ya la mayoría de edad.

Dicha resolución fue apelada por ambas partes, por lo que la Sala Familiar (ad quem), por sentencia del 25 de junio de 2007, revocó la sentencia definitiva de la Juzgadora (a quo), tuvo por acreditada la violencia familiar demandada por Elizabeth y consecuentemente desestimó el abandono del domicilio conyugal que el agresor le imputó y con el cual además pretendió privar a Elizabeth de sus alimentos. Esta resolución fue impugnada por ambas partes mediante juicios de amparo directo, de los que tanto un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, como la SCJN conocieron los diversos recursos que se esgrimieron.

El Tribunal Colegiado concedió amparo al cónyuge demandado, en contra de la causal de divorcio por violencia familiar por la que había sido condenado; con base en la tesis jurisprudencial del Pleno la./J. 69/2006 de enero de 2007 ya transcrita (véase el Anexo 5) y ordenó a su inferior jerárquico (Sala) que se pronunciara nuevamente sobre los alcances y el valor probatorio de las pruebas de violencia familiar que había aportado Elizabeth, que las adminiculara con todo el material de autos y motivara “adecuadamente su estimación”, normando su criterio sobre la existencia y objetiva demostración de esos actos de violencia... psicológica.

Cabe cuestionar en este punto: ¿cómo se demuestra objetivamente la violencia psicológica que ha ejercido un sujeto sino con periciales en la ciencia del comportamiento humano y la salud mental? Sólo éstas pueden acreditar la existencia de trastornos de personalidad o insania mental y las consecuencias perniciosas de estos padecimientos en la vida propia, en la de la víctima y en la familiar del enjuiciado. ¿Cómo acreditar en qué preciso momento, modo o lugar se infligió la lesión psicológica a la víaima? A pesar de la lógica acreditación de dicha violencia psicológica con las opiniones colegiadas de científicos expertos en cada materia de su conocimiento como lo ordena la ley, el Tribunal Federal ordenó —en tercera instancia— desestimar todas las pruebas periciales desahogadas conforme a derecho y congruentes entre sí sobre la salud mental del demandado y las consecuencias de su trastorno de personalidad, plasmadas científica y profesionalmente en el expediente; asimismo exigió a la Sala Familiar la demostración objetiva de la violencia psicológica que había ejercido el justiciable y de las lesiones emocionales que había sufrido la víctima: un real contrasentido de la justicia federal.

Cabe mencionar además la existencia en autos de la pericial psicológica realizada el 9 de agosto de 2006 al hijo menor de las partes y remitida al Juzgado por el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, suscrita por la psicóloga del nosocomio. En el rubro del peritaje y apartado identificado como la “ENTREVISTA CON LOS PADRES” constan la exteriorización y materialización física de la violencia familiar que la cónyuge denunció y la afeaación de la misma en el menor hijo. Claramente se asentó: “La Sra. Xmanifestó que en su relación de pareja sufrió violencia física por parte del padre de los menores: ‘me jalaba del cabello, me tiraba’ (sic), refiriendo que los menores escuchaban los gritos y que esta situación influyó en su comportamiento ya que a decir de ella, los hijos no se sienten felices”. Las jurisdicciones local y federal omitieron valorar que en la parte final de la propia pericial de mérito (que se identifica como Entrevista Final) se afirma que efeaivamente el menor directamente escuchaba los gritos de la progenitora y presenció los pleitos, lo que le provocó los efectos nocivos que resintió en su persona, mismos que sólo pueden ocasionar una real materialización de conductas violentas en el seno del hogar (no se debe olvidar que aunque el demandado estuvo conforme con los dictámenes periciales, éstos no fueron suficientes para los juzgadores). A saber, respecto al menor, la perito dictaminó:

Resultados Obtenidos e Interpretación.

En su dibujo libre representó una casa en donde refleja la problemática familiar, expresan su percepción de las relaciones dentro de este núcleo, en que está en desacuerdo con esta dinámica, así como dificultad para aceptarla, generándole inestabilidad, ansiedad, inseguridad y tendencia al aislamiento.

Test Matrices Progresivas de Raven Rango. II Dx. Superior al Término Medio.”

X presenta un Coeficiente Intelectual Superior alTérmino Medio [...] En el dibujo de la figura humana representa [...] su actual realidad la cual le resulta amenazante y poco segura.

En el dibujo de la familia se percibe un ambiente con baja comunicación, en donde predominan las reacciones impulsivas, viviéndose expuesto a las constantes desavenencias en este grupo en donde él se ubica cerca de su hermano [...] apreciando un ambiente familiar hostil y frustrante que no le permite ser espontáneo, con pautas rígidas que se guían por lo reglado, generándole conductas regresivas y de desconfianza [...] el niño se sentía desconfiado, porque no había tenido confianza con sus papas, se le quedó la imagen y ya no confiaba tanto.

En cuanto al conflicto legal a X le parece que los padres rivalizan entre sí [...] generándole insomnio ante la preocupación de los pleitos y discusiones que ha presenciado entre éstos; apareciendo ansiedad, y angustia ante la desintegración familiar.

Entrevista Final

El menor refirió [...] cuando estaba dormido escuchaba sus pleitos, porque como mi cuarto estaba al lado del de ellos los escuchaba.

Conclusiones y Recomendaciones.

En X se ha acentuado la inseguridad, aislamiento y timidez apareciendo baja autoestima, conductas regresivas, dificultad para interactuar socialmente, presentándose ansiedad, insomnio y angustia.

El 5 de octubre de 2007 el hijo mayor de edad, en comparecencia ante la Sala del Tribunal Local, se presentó a sí mismo y a su hermano menor; allí el menor declaró de viva voz a los Magistrados Familiares: “mi papá había declarado que no había violencia familiar, y sí la hubo”.

En sentencia de cumplimiento a la orden de la Magistratura Federal, el 8 de octubre de 2007 la Sala Local negó la acreditación de la violencia familiar cometida en agravio de Elizabeth, a pesar de que un mes antes, es decir, en agosto de 2007, se dictó la Tesis Aislada visible en la Novena Epoca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, página: 1896, tesis: XVII.2o.P.A.30 P. (en materia penal) que ordenó valorar siempre, las declaraciones de las cónyuges ofendidas, como consta en el rubro: “Violencia familiar. La declaración de la cónyuge ofendida tiene valor preponderante, por lo que dicho ilícito se acredita con la prueba circunstancial, adminiculando todos y cada uno de los hechos” (Legislación del estado de Chihuahua; véase el Anexo 6).

La Judicatura Federal concedió el amparo al cónyuge demandado y el 3 de abril de 2008 ordenó a la Sala Familiar que resolviera lo concerniente a la improcedencia del divorcio solicitado por

Elizabeth relativo al incumplimiento de los deberes alimentarios por parte del cónyuge y sobre la procedencia del divorcio planteado en contra de Elizabetb por el abandono injustificado del domicilio conyugal. Por sentencia de 29 de abril del 2008, la Sala Familiar diaó sentencia y resolvió que no procedía el divorcio demandado por Elizabetb por el incumplimiento alimentario del cónyuge, pero sí tenía acreditado el promovido en su contra, por abandono injustificado del domicilio conyugal y condenó a Elizabeth a la pérdida de su pensión alimentaria.

En octubre de 2008 apareció en la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, la Tesis Aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito, página: 2465, tesis: 1.7o.C.l 13 C, en materia Civil de rubro: Violencia Familiar, rubros que se deben acreditar. Esta tesis definió a la violencia como aquel acto u omisión intencional de una o varias conductas dirigidas a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemo- cional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, para causar daño. Explica que dos de sus clases son: I. Física y, II. Psicoemodonal; excluyendo la económica, como lo es el incumplimiento al pago de la contribución económica para el sostenimiento del hogar, el cual demandó Elizabeth, tal y como lo sancionaba la causal de divorcio relativa (véase el Anexo 7).

Veintiséis de febrero de 2009

En esta fecha la Judicatura Federal concedió el amparo y protección de otra injusticia a Elizabeth y ordenó a la Sala Familiar que se pronunciara sobre la subsistencia de los alimentos para la cónyuge actora. El 17 de marzo de 2009 la Sala Familiar absolvió a Elizabeth de la causal de divorcio por abandono injustificado del domicilio conyugal y ordenó el pago de una pensión alimenticia a cargo de su contrario. Como ninguna de las partes acreditó la acción de divorcio necesario demandada a su contrario, en la sentencia se dejó subsistente el vínculo matrimonial. Por lo anterior, el cónyuge —obligado alimentario— nuevamente solicitó un amparo a la justicia federal en abril del 2009; es decir, continuó para Elizabeth el capítulo de la última tragedia y del infierno jurisdiccional.

Este infierno también lo vivió Silvia, quien al igual que Eliza- betb demandó el divorcio necesario y el pago de una pensión alimenticia entre otras prestaciones. Esto también se tramitó ante el mismo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en que se ventiló el asunto de Elizabeth. De dicho asunto también conoció la SCJN, la cual, el 11 de marzo de 2009 anunció haber amparado a madre e hijos contra la resolución de la misma Sala Familiar que conoció del asunto de Elizabeth, dado que ésta había desestimado los diaámenes periciales rendidos por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y ordenó a la Judicatura local emitir una nueva resolución a fin de valorar adecuadamente las pruebas periciales, las manifestaciones de los menores —quienes sí refirieron las agresiones del progenitor— y la violencia familiar que ejerció por el demandado. En cumplimiento de lo dictado por la Sala Familiar se decretó un régimen de visitas y convivencias para los menores con su progenitor, vigiladas en el Centro de Convivencias del propio Tribunal Local; pero también se dejó subsistente el vínculo matrimonial para las partes.

Lo expuesto prueba que muchas mujeres ingresan al averno legaloide y lo sufren repetidamente cuando demandan justicia familiar, y esperan una eficaz protección en contra de los aaos violentos que ejercen por sus cónyuges o concubinos, y exigen la salida inmediata del ofensor del domicilio familiar; lo cual según hemos constatado, difícilmente se concede. Además terminan unidas en matrimonio con su agresor.

Surgió así en quien esto escribe la desafortunada necesidad de apoyar con esmero la propuesta judicial de regulación del Divorcio sin causa, unilateral o incausado. Esto no ha sido producto de una mera audacia del legislador local surgida de la nada, sino de la cruel realidad que sufren diariamente muchas mujeres víctimas de violencia familiar y que desespera a muchos de los abogados y abogadas y juzgadores que a diario también enfrentan las tragedias familiares que se ponen a su consideración y deben defender o resolver con estricto apego a las formalidades de ley.

Por ello, respecto a las medidas provisionales es muy importante destacar tres aspeaos fundamentales de la normatividad de la LGAMVLV a fin que todos los interesados en el tema sigan luchando para que sea posible su aplicación:

Primero. El artículo 27 de la LGAMVLV concede a la víaima una presunción, es decir, que de la simple narración de los hechos que se denuncien ante la jurisdicción y de los cuales surja la mera probabilidad que sean constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres, el juzgador —sin audiencia de parte— deberá girar todas las órdenes pertinentes para la protección de la presunta víaima; entre ellas, la salida del agresor del domicilio en el que habita el grupo familiar.

Segundo. Que todas las órdenes de protección de emergencia y preventivas deben expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento —por el juzgador local— de los probables hechos que impliquen violencia contra las mujeres, y el agresor deberá desocupar el domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble en que se encuentren.

Tercero. Antes de que se levanten las voces con argumentos válidos del debido cumplimiento a la legalidad y al derecho de audiencia de todo gobernado, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J.69/2006 (Anexo 5), (sin ignorar la posibilidad de la comisión de abusos ilícitos por parte de algunas mujeres que quisieren injustificadamente expulsar de sus domicilios a sus parejas varones, acusándolos falsamente de violencia familiar) exalto en este punto lo que la sabiduría popular afirma: “el que nada debe, nada teme”.

Por último, cabe observar que la promesa de prevención contenida en la Ley General resultó una quimera porque no se le explicó a la población que se trata de una ley marco, que sus objetivos son inaplicables directamente por quien expidió dicha ley, que no es posible ofrecer la protección federal a la integridad de las mujeres víaimas de violencia familiar, dado que la competencia corresponde al juzgador local, además que —en su momento— despertó falsas expeaativas en cuanto a que sería menos complicada la acreditación de la violencia familiar en los tribunales.

Es necesario aclarar que las prevenciones que se especifican en esa ley son únicamente declarativas y no aplicativas, ya que sólo reconocen la urgente necesidad de decretar judicialmente, de manera inmediata, la separación física y real del la mujer víctima de violencia familiar alejándola del presunto agresor, mas no informan al ciudadano común que se trata solamente de una ley marco.

Los casos de Elizabeth y de muchas otras mujeres victimizadas obligan a elevar la voz y exigir a las autoridades legislativas correspondientes que aseguren primeramente que el juzgador pueda otorgar con eficacia y sin demora la medida provisional referente a la separación del agresor del domicilio común; para lo cual se le confieran amplias facultades de oficio para resolver (como se conoce en materia agraria) a “verdad sabida” y reconociendo la presunción que la mujer debe tener a su favor al declarar que es víctima de violencia familiar cuando vive en pareja, otorgándole a dicha declaración un valor preponderante sobre la garantía de audiencia del varón, ya que la debida protección a la vida e integridad de la mujer es y debe ser el vértice estratégico e inicial que permita tutelar de manera eficaz el valor supremo de la convivencia social. Fue este fundamento lo que evidentemente impulsó la expedición de la LGAMVLV, pero los legisladores locales deben instrumentar y, en su caso, perfeccionar los preceptos protectores comprendidos en los artículos 27, 28 y 29 de dicho cuerpo legal para promover su real efectividad y cabal cumplimiento. Sólo así se logrará salvar la vida e integridad de una y de muchas mujeres.

Es inaplazable educar a la población y especialmente a las mujeres en la detección oportuna de las diversas manifestaciones y conductas que implican violencia familiar hacia la mujer, como la sevicia, las injurias y las amenazas graves, y clamar ante las legislaturas estatales para sujetar sus legislaciones al debido cumplimiento de los objetivos y criterios que refiere la LGAMVLV.

Es necesario regular con rigor la procedencia de las probanzas científicas en materia de violencia psicológica y apartarlas del rigorismo que suele exigirse para acreditar la violencia física.

Por último, se hace un llamado a la sensibilidad de la comunidad para que permita y solicite que en todos los estados de nuestro país se legisle el divorcio unilateral o incausado, ya que la experiencia en los litigios que con esta modalidad se dirimen en el Distrito Federal ha llevado a constatar que se corta de tajo la violencia familiar que se ejerce contra la mujer en el domicilio común cuando se decreta en la sentencia de divorcio, las más de las veces, la habitación o existencia de un domicilio distinto para cada una de las partes.

Todo lo anterior confirma la necesidad de continuar trabajando e instando a todos los aaores políticos y sociales a coadyuvar a fin de lograr el diseño de los mecanismos legislativos y jurisdiccionales que favorezcan la aplicación de las medidas protectoras y cautelares urgentes previstas tanto en la LGAMVLV como en todas las leyes y ordenamientos ordinarios de todo el país. Sólo así se conferirá una nueva dimensión y redefinición del fundamento de la estimativa jurídica que se expresa como cimiento de todo valor jurídico y de deber ser en la realización eficaz de la justicia.

Bibliografía

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Tenorio G., Lázaro. 2007. La violencia familiar en la legislación civil mexicana. Teoría y aplicación jurisdiccional, México, Porrúa.

1 Véase la tesis de jurisprudencia 80/2004 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión del 22 de septiembre de 2004.

2 El Tribunal Pleno de la SCJN, en su sesión privada que se celebró el 16 de noviembre de 1999, aprobó, con el número XCI/1999, la tesis aislada que se cita y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurispmdencial, en México, Distrito Federal, aló de noviembre de 1999.

3 Patricia es el nombre de la mujer genérica a quien, según la publicidad del Congreso de la Unión en 2007, la LGAMVLV haría justicia [nota de las compiladoras].

4 Aquí se hace referencia a un caso real.

Anexo 1

Registro No. 185020

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII,

enero de 2003

Página: 1892

Tesis: IV.3o.T34 P

Tesis Aislada

Materia (s): Penal

Violencia familiar. medida provisional que prohíbe al activo acercarse a la víctima. Para decretarse no se requieren pruebas (Legislación del Estado de Nuevo León).

Del contenido del artículo 287 bis del Código Penal del Estado de Nuevo León, se desprende que comete el delito de violencia familiar quien: 1) Realice una acción que dañe la integridad física o psicológica de uno o varios miembros de su familia; y, 2) Que dicha conducta se cometa indistintamente por los sujetos que se refieren en el propio precepto, con independencia de que habiten o no en la casa de la persona agredida. Por su parte, el artículo 287 bis 3 dispone lo siguiente: “Artículo 287 bis 3. En los casos previstos en los artículos 287 bis y 287 bis 2, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez que imponga al probable responsable, como medidas provisionales, la prohibición de ir a la casa del agredido o lugar determinado, de acercarse al agredido, caución de no ofender o las que considere para salvaguardar la integridad física o psicológica de la persona agredida.”. Del precepto antes transcrito se infiere que el órgano social podrá solicitar al Juez que imponga como medida provisional, al presunto responsable, la prohibición de ir a la casa del agredido o lugar determinado, de acercarse al mismo, o caución de no ofender, para salvaguardar su integridad física o emocional. Ahora bien, de una interpretación armónica de los numerales invocados se desprende que la facultad del Juez para decretar la medida provisional a que alude, surge en el momento en que concurran las siguientes circunstancias: A) Que se esté ante la presencia del delito de violencia familiar; B) Que se haya determinado al indiciado la probable responsabilidad en la comisión de tal ilícito; y, C) Que lo solicite el Ministerio Público. En ese orden de ideas, se concluye que la medida provisional en cuestión no está condicionada a que se acredite que la presencia del probable responsable pueda dañar la integridad física o emocional del sujeto pasivo, pues debe entenderse que la intención del legislador fue con el fin primordial de proteger a la víctima desde el momento mismo de la agresión, atendiendo a la secuela originada por dicha agresión y al alcance que tal circunstancia puede reflejar en el núcleo familiar. De ahí que la medida provisional aludida se justifique por sí sola y, por tanto, no es materia de prueba el que se acredite la necesidad de la misma.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.

Amparo en revisión 109/2002. 2 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretaria: Karla Medina Armendáiz.

Anexo 2

Registro No. 180420

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, septiembre de 2004

Página: 1903

Tesis: I.7o.C.53

C Tesis Aislada

Materia(s): Civil

Violencia intrafamiliar. Interpretacion del artículo 323 quater del Código Civil para el Distrito Federal

La interpretación del artículo 323 quáter del Código Civil para el Distrito Federal, vigente a partir del primero junio de dos mil, según lo dispuesto en el artículo primero transitorio del decreto por el que se derogan, adicionan y reforman diversas disposiciones del citado ordenamiento, publicado en la Gaceta OJicial del Distrito Federal el veinticinco de mayo de ese mismo año, que establece que “por violencia familiar se considerará el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave que se ejerce contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente del lugar en que se lleve a cabo y que pueda producir o no lesiones. ”, no debe limitarse a conceptuar como tal sólo aquellos hechos a través de los cuales se materializan las agresiones físicas o verbales hacia uno o varios miembros de la familia, pues la intención del legislador al referirse al uso de la fuerza moral o a la omisión grave que se ejerza sobre uno de ellos, propone una connotación más profunda sobre el tema, que válidamente lleva a concluir que la violencia familiar es todo un estado de vida constituido por un continuo sometimiento, dominio, control o agresión física, verbal, emocional o sexual dirigido por un miembro de la familia a otro u otros, a través de actos concatenados y sucesivos que se van dando en el seno familiar y que con el transcurso del tiempo van mermando tanto la salud física como mental del o de los receptores de esos actos, que si bien tiene puntos álgidos durante su desarrollo (hechos agresivos), no son únicamente esos actos los que ocasionan afectación, sino también el ambiente hostil y de inseguridad que ellos provocan, lo que lesiona la psique de los sometidos, cuya integridad también está protegida por el precepto legal en cita.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Amparo directo 448/2004. 26 de agosto de 2004. Unanimidad devotos. Ponente: Julio CésarVázquez-Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez.

Anexo 3

Registro No. 177979

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, julio

de 2005

Página: 1419

Tesis: I.6o.C.351 C

Tesis Aislada

Materia(s): Civil

Divorcio necesario a causa de violencia familiar. Procede el estudio de esa acción, sin necesidad de que el promovente precise las circunstancias de tiempo, modo y lugar, quedando obligado el juzgador a intervenir de oficio, atento a las facultades que le otorga la ley en esos casos

De una sistemática y armónica interpretación del contenido de los artículos 267, fracción XVII, 282, fracción VII, 323 quáter y 323 sextus, del Código Civil para el Distrito Federal, así como los numerales 940, 941 y 942, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad, se advierte que en los casos en que se promueva la acción de divorcio necesario con motivo de violencia familiar ejercida por uno de los cónyuges contra el otro, o hacia los hijos de uno de ellos o de ambos, para que se proceda al estudio de esa acción, basta que el accionante, en el escrito de demanda respectivo, narre ciertos datos, hechos o acontecimientos vinculados con la violencia familiar, sin que sea imprescindible que lo haga en forma pormenorizada precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron, porque aquéllos tienen implícita la caraaerística de que se pueden generar por conductas u omisiones ocurridas en diversos momentos, lo que aunado a la dinámica de la vida familiar en común, provoca que muchas veces no se recuerden de manera precisa o exhaustiva todas sus circunstancias; por consiguiente, para analizar la procedencia de la acción de divorcio en esos casos, el juzgador deberá tomar en cuenta lo narrado por el afectado, la naturaleza de la causa de divorcio invocada y su facultad legal para intervenir de oficio en los asuntos que se refieran a dicha violencia, considerando los elementos de prueba rendidos durante la sustanciación del procedimiento, o en su defecto, ordenar se recaben los necesarios para emitir su determinación final.

Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Amparo directo 5946/2004. 2 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 66/2006-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis la./J. 69/2006, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 173, con el rubro: “Divorcio necesario. cuando se ejerce la acción relativa con base en la causal de violencia intrafamiliar, en la demanda deben expresarse pormenorizadamente los hechos, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron.”

Nota: Esta tesis fue superada por contradicción.

Anexo 4

Registro No. 174570

Localización:

Novena Epoca Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, julio

de 2006

Página: 820

Tesis: P./J. 86/2006

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Penal

Violencia intrafamiliar. el artículo 8o., tercer párrafo, del código de procedimientos penales de Tlaxcala, adicionado mediante el decreto publicado en el periódico oficial de la entidad el 20 de mayo de 2004, viola las garantías de audiencia y defensa adecuada

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, estableció que la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estriba en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al aao privativo y su debido respeto impone a las autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, así como de alegar; y el diaado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese sentido, se concluye que el artículo 8o., tercer párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, adicionado mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 20 de mayo de 2004, al prever que el Juez que conozca de la causa penal vigilará el cumplimiento de las medidas proteaoras a las víctimas de violencia familiar y ordenará la destitución del agente del Ministerio Público que haya conocido de la investigación en caso de que no cumpla con las obligaciones de protección a dichas víctimas, transgrede el referido artículo 14 constitucional, pues no le garantiza una debida audiencia, ni una defensa adecuada. Lo anterior es así, ya que conforme al indicado artículo 8o., tercer párrafo, el Juez Penal podría ordenar una destitución sin tener que atender a las formalidades que en todo procedimiento seguido en forma de juicio deben observarse, lo que dejaría al agente del Ministerio Público desprotegido ante tal decisión, ya que cabría la posibilidad de que no conociera la razón de su destitución, ni de qué se le acusa, toda vez que no habría notificación; no podría ofrecer ni desahogar pruebas de descargo; no tendría oportunidad de esgrimir argumentos de defensa y no tendría garantizada la existencia de una resolución que dirimiera las cuestiones debatidas.

Acción de inconstitucionalidad 20/2004. Procurador General de la República. 18 de oaubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán.

El Tribunal Pleno, el primero de junio en curso, aprobó, con el número 86/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de junio de dos mil seis.

Nota: La tesis P./J. 47/95 citada, aparece publicada con el rubro:

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”

Ejecutoria: 1.-

Registro No. 19215

Asunto: Acción de inconstitucionalidad 20/2004.

Promovente: Procurador General de la República.

Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.E y su Gaceta; XXII, Diciembre de 2005; Pag. 1149;

Anexo 5

Registro No. 173572

Localización:

Novena Época Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV,

enero de 2007

Página: 173

Tesis: la./J. 69/2006

Jurisprudencia

Materia(s): Civil

Divorcio necesario. Cuando se ejerce la acción relativa con base en la causal de violencia intrafamiliar, en la demanda deben expresarse pormenorizadamente los hechos, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron

Cuando se ejerce la acción de divorcio necesario con base en la causal de violencia intrafamiliar, no basta que en la demanda se narren genéricamente los hechos que a juicio del actor actualicen dicha causal, sino que es necesario expresar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron. Lo anterior, no sólo para que la parte demandada pueda preparar su contestación y defensa, sino también para que las pruebas se ofrezcan y rindan en relación precisa con la litis establecida y para que el juzgador pueda estudiar la procedencia de la acción intentada. Además, si en los procedimientos contenciosos el actor debe narrar primero en su demanda los hechos y posteriormente probarlos en la etapa procesal correspondiente, resulta inconcuso que en el periodo probatorio no pueden subsanarse las omisiones de la demanda, pues las pruebas no son los instrumentos indicados para hacerlo.

Contradicción de tesis 66/2006-PS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 20 de septiembre de 2006. Mayoría de tres votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: José Ramón Cossío Díaz.

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. Tesis de jurisprudencia 69/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de septiembre de dos mil seis.

Ejecutoria:

1.- Registro No. 19874

Asunto: contradicción de tesis 66/2006-PS.

Promovente: entre las sustentadas por el tribunal colegiado

del Vigésimo Quinto Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cicuito.

Localización: 9a. Epoca; la. Sala; S.J.E y su Gaceta; XXV, Enero de 2007; Pág. 173;

Anexo 6

Registro No. 171561

Localización:

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI,

agosto de 2007

Página: 1896

Tesis: XVII.2o.P.A.30 P

Tesis Aislada

Materia (s): Penal

Violencia familiar. la declaración de la cónyuge ofendida tiene valor preponderante, por lo que dicho ilícito se acredita con la prueba circunstancial, adminiculando todos y cada uno de los hechos (legislación del Estado de Chihuahua)

Para acreditar el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 190 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, la declaración de la cónyuge ofendida tiene valor preponderante, en virtud de que, por lo regular, se realiza principalmente en el domicilio de los cónyuges, generalmente ante la ausencia de testigos presenciales, por lo que este delito se acredita con la prueba circunstancial, adminiculando todos y cada uno de los hechos que van ocurriendo en determinado tiempo en la vida de los cónyuges.

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Aministrativa del Décimo Séptimo Circuito

Amparo directo 139/2007. 25 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretario: Julio César Montes García.

Anexo 7

Registro No. 168522 Localización:

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII,

octubre de 2008

Página: 2465

Tesis: I.7o.C.l 13 C

Tesis Aislada

Materia (s): Civil

Violencia familiar. Elementos que se deben acreditar

La violencia familiar, puede definirse como aquel aao u omisión intencional de una o varias conduaas dirigidas a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, para causar daño. Dos de alguna de sus clases son: I. Física: consistente en todo aao intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro; y, II. Psicoemocional: todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o aaitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona. Es decir, es un fenómeno complejo que no puede tenerse por acreditado por un solo aao o de indicios no corroborados sobre su existencia. De ahí que, quien alega alguna de estas dos clases de violencia deberá acreditar: el daño físico o emocional y la intención por parte del generador de violencia familiar para causarlo; o bien, que la conducta desplegada es susceptible de provocar una alteración física o en alguna esfera o área de la estruaura psíquica del receptor de la violencia.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Amparo directo 451/2008. 19 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz.

El impacto traumático en las víctimas de violencia sexual: debates sobre su incorporación en los procesos jurídicos

Luciana Ramos Lira*

Introducción

En nuestro país una gran cantidad de obstáculos impide el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual, lo cual ocasiona una gran impunidad. Si consideramos la alta prevalencia de este tipo de actos —según los datos que proporcionan las encuestas—, es preocupante la baja proporción de agresores sexuales que son procesados y sentenciados. León Bendensky asegura en un artículo periodístico que la impunidad “ocurre por los boquetes que existen en la legislación, en el incumplimiento de las normas por quienes deben aplicarlas, desde la policía, los jueces, los legisladores, los burócratas de baja y alta jerarquía, y los presidentes. La corrupción es una derivación de la falta de castigo” (Bendesky, 2008).

Esta impunidad no es exclusiva de los delitos sexuales, sino que ocurre prácticamente en todos los casos, lo que nos habla de que un fenómeno estructural impide una verdadera procuración y administración de justicia a todas las víctimas de delitos, pero que se hace más evidente cuando las víctimas son mujeres. El esclarecimiento de la comisión de hechos delictivos y la persecución de sus autores mediante los procedimientos previstos en la legislación penal y, en su caso, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales mediante la intervención en otros procedimientos judiciales es un aspecto fundamental para el acceso a la justicia (Rodríguez Fernández, 2005).

La violencia sexual contra las mujeres (niñas, adolescentes o adultas) consiste en cualquier acto de chantaje, coerción emocional, física o económica, o amenaza, que se realiza para obtener algún contacto sexual con ellas. Aunque cualquier comportamiento que atenta contra la libertad sexual de la mujer es una violencia sexual, no todos los comportamientos de este tipo se consideran delitos. En el Distrito Federal, por ejemplo, se consideran delitos el abuso sexual, el estupro, la violación, la tentativa de violación y el hostigamiento sexual. Es notorio que existe variabilidad en la legislación de los estados.

Mientras que prácticamente todos los miembros de la sociedad experimentan la dificultad o falta de acceso a la justicia, en las víctimas de violencia sexual se agrega el hecho de que el suceso que experimentan suele conllevar una alteración psicológica que podría dificultar los procesos jurídicos en caso de que se quisiera hacer una denuncia. Recordemos que la violencia sexual existe en progresión continua; va desde formas de presión no físicas que obligan a las niñas y a las mujeres a realizar actos sexuales contra su voluntad, hasta violaciones en que el uso brutal de la fuerza física incluso puede ocasionar en la muerte. Esta violencia incluye el acoso u hostigamiento sexual, la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños; la esclavitud sexual; las violaciones masivas; las torturas sexuales en tiempos de guerra, y las violaciones a mujeres y niñas refugiadas y desplazadas. Según la información que han dado a conocer los sistemas de justicia y los centros de crisis para casos de violación de Chile, Perú, Malasia, México, Panamá, Papúa Nueva Guinea y Estados Unidos, entre una tercera y dos terceras partes de total de víctimas de agresión sexual tienen 15 años o menos. Durante la niñez y la pubertad las jovencitas pueden convertirse en blanco fácil de los parientes o amigos mayores que consiguen su objetivo por la fuerza o con engaños. Más adelante son los novios, los maestros, los parientes u otros hombres con autoridad quienes pueden forzar a las jóvenes a tener encuentros sexuales no deseados (Krug et al, 2002).

Son tantas las expresiones como graves sus efectos en la salud mental de las víctimas, e incluyen síntomas como el trastorno por estrés post traumático, la depresión, el insomnio, sentimientos de humillación y autoculpabilización, desórdenes alimenticios, adicciones y comportamientos autodestructivos (uso y abuso de alcohol y drogas), dificultades en la vida sexual futura, mayor frecuencia de intentos suicidas y suicidios consumados, y dificultad para protegerse de posteriores abusos, en especial cuando la violencia sexual sucede tempranamente en la vida (Barres 1997, 1998; González-Serratos 1995, 1997, 2001; Ellsberg y Heise, 2005; Krug et al, 2002; Ramos Lira et al, 1998, 2002; Yuan, Koss y Stone, 2006).

El Centro de Control de Enfermedades de EU (Cerner for Disease Control and Prevention, CDC, 2009) sistematiza las siguientes consecuencias de la violencia sexual, que afectan tanto a las víctimas, como a las familias y comunidades:

a) Físicas

Más de 32 000 embarazos resultan de violaciones cada año. Algunas consecuencias a largo plazo incluyen:

Dolor pélvico crónico

Síndrome premenstrual

Trastornos gastrointestinales

Complicaciones ginecológicas y en el embarazo

Migrabas y otros dolores de cabeza frecuentes

Dolor de espalda

Dolor facial

Discapacidades que limitan la posibilidad de trabajar.

b) Psicológicas

Puede haber consecuencias tanto inmediatas como crónicas. Las inmediatas incluyen:

Shock

Negación

Miedo

Confusión

Ansiedad

Retraimiento

Culpa

Nerviosismo

Desconfianza hacia las demás personas

Síntomas de estrés postraumático:

- Distanciamiento emocional

- Perturbaciones en el sueño

- Flashbacks

- Repeticiones mentales del ataque.

Las consecuencias crónicas pueden manifestarse como:

Depresión

Suicidios consumados o intentos de suicidio

Aislamiento

Síntomas de trastorno por estrés postraumático

Comportamientos no saludables relacionados con la alimentación como:

- Vómitos provocados

- Abuso de píldoras para bajar de peso

- Comer en exceso.

c) Sociales

Incluyen:

Menos apoyo emocional de amigos y familiares

Menos contacto con amigos y familiares

Menor probabilidad de matrimonio.

Comportamientos de riesgo para la salud

Conductas sexuales de alto riesgo como:

- Sexo sin protección

- Iniciación sexual temprana

- Selección de parejas sexuales poco saludables

- Múltiples parejas sexuales

- Cambiar sexo por comida o dinero.

Uso de sustancias dañinas:

- Fumar tabaco

- Beber alcohol

- Beber alcohol y manejar

- Consumir drogas.

En el presente capítulo pretendemos reflexionar sobre la importancia de que los procesos jurídicos tomen en consideración las consecuencias psicológicas que padecen las víctimas de violencia sexual, y las dificultades que de ella pueden derivarse para obstaculizar su acceso a la justicia debido a que el malestar asociado puede impedirles llevar a cabo la ya de por sí dura tarea de involucrarse en una denuncia legal. Para ello presentaremos la situación de la violencia sexual en términos estadísticos aclarando que la cifra oculta muestra la enorme brecha que separa los hechos que ocurren de los casos que llegan al sector justicia. Asimismo formulamos algunas recomendaciones y sugerencias para incluir como parte fundamental de la cuestión los problemas de salud mental de las víctimas.

Datos cuestionables

El fenómeno delictivo mexicano en general, a decir de Arango (2003), no puede analizarse tomando como base las estadísticas oficiales porque no existe un sistema confiable y coherente que permita conocer las tendencias y patrones del comportamiento delictivo. Esto deriva de que son diversas las autoridades que pueden conocer de hechos presuntamente delictuosos, incluidas las agencias de policía,1 mucho antes de que se establezca una denuncia o querella formal ante el Ministerio Público local o federal, pues no existe un catálogo único de delitos o un único código penal.

No existe un procedimiento estandarizado para el registro de los delitos y ningún centro reúne las estadísticas delictivas y de justicia para todo el país o determina su confiabilidad o validez. En lugar de eso, cuando se trata de estadísticas delictivas varios organismos entre agencias gubernamentales, académicas, organismos empresariales y otros sin fines de lucro utilizan sus propias cifras. La situación ha reducido la credibilidad de las estadísticas gubernamentales (López Portillo, 2003).

Tratándose de delitos contra las mujeres, la integración del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres es todavía un espacio de opacidad debido a que se sabe poco de él, aun cuando se espera que llegue a convertirse en una herramienta útil para la prevención y atención de los delitos que nos ocupan.

Los problemas en la legislación

Además, la legislación no es uniforme en todos los estados de la República en cuanto a la violencia sexual, tampoco lo son las causas de exclusión de responsabilidad, de extinción de la acción penal, las medidas de protección y las penas o sanciones que se imponen por la comisión de los diversos tipos penales (Gasman et al., 2005). De hecho, en algunos estados la legislación contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos.2

Este punto no ha pasado inadvertido en el contexto internacional. En el Informe de Human Rights Watch de 2006 se revisa esta situación y se da cuenta de cómo todavía se definen las sanciones para algunos delitos sexuales en función de la “castidad” de la víctima. A esto se aúna la instrumentación inadecuada de la ya de por sí inapropiada legislación que rige hoy día la prevención y el castigo de la violencia contra la mujer. Varios representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), abogados e incluso funcionarios públicos observaron en este informe tres problemas principales al respecto:

la desconfianza generalizada hacia los testimonios de las víctimas de violación;

las dificultades para acceder a las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales;

la falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público, los médicos forenses y otros testigos expertos en el tema de la violencia basada en el género.

La ocultísima cifra

La violencia sexual es aún más difícil de registrar, y las comparaciones entre los datos oficiales y los que derivan de encuestas suelen complicarse porque son distintas las definiciones que utilizan unos y otros, así como por la temporalidad con que se registran los sucesos. Además, los datos oficiales dan un panorama de los casos que tienen contacto con alguna institución, ya sea de salud o de justicia, y en las encuestas se incluye además a todos aquellos que no han reportado nunca lo ocurrido. Sin embargo, considerando el silencio histórico alrededor de esta violencia, cabe esperar que exista un alto subreporte en los estudios que se aplican en los hogares pero que no han sido diseñados específicamente para preguntar sobre la violencia de género. A continuación presentaremos un panorama de esta situación.

Las Encuestas de Inseguridad Ensi 3 y 4 (ICESI, 2004) reportan respectivamente 3.6% y 1.7% de víctimas de delitos sexuales ocurridos en el año previo, mientras otra encuesta, la Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, representativa de la población urbana de 18 a 65 años, arroja que 6.3% de las mujeres y 1.3% de los hombres manifestaron haber sido violados alguna vez en la vida; y 9.3% y 1.2% había experimentado al menos un abuso sexual (Medina Mora et al, 2005).

Como veremos, los datos disponibles parecen ser la punta del iceberg de una gran cantidad de casos que permanecen sin darse a conocer. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP, Conapo, 1997-2006), en el país se denunciaron de 1997 a 2006 ante el Ministerio Público alrededor de 13 violaciones anuales por cada 100 000 habitantes, cifra que se mantuvo estable, aunque con notables variaciones por estado. Sin embargo la Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización 2004 que realizó el ICESI reporta que 4% de las personas entrevistadas había sufrido algún delito sexual en los últimos cinco años, pero solamente una de cada diez formuló una denuncia, cifra mucho menor que la referida a los otros delitos en donde uno de cada cuatro se denuncia. Cabe destacar que 83% de las víctimas frieron mujeres y 17% hombres; 46% de los hechos ocurrieron en casa de la víctima o cerca de la misma, en 29% de los casos era conocido de la víctima, 37% un pariente, 25% un ex cónyuge o ex pareja y 18% pensaba que “no es un delito lo sucedido”.

Para hacer todavía más evidentes la magnitud y el ocultamiento de esta violencia conviene utilizar cifras de las encuestas nacionales. Destaca que según la ENVIM 2003 (INSP, 2003), la violencia sexual tuvo una prevalencia nacional de 17.3% en las mujeres, y cerca de la mitad de las encuestadas, 7.3%, la padeció antes de los 15 años de edad (Olaiz et al., 2006); dentro del contexto de una relación de pareja, esta prevalencia fue de 7% (Rivera-Rivera et al, 2006), cifra muy parecida a la que reportó la ENDIREH 2003: 7.8% (INEGI, 2004). Ahora bien, cabe destacar, aunque no profundicemos al respecto, que en algunos estados las prevalencias son mucho más elevadas que la media nacional, pues varían entre 20 y 25%, tales como Baja California, Baja California Sur, Colima, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo.

Para finalizar este apartado conviene ir más al detalle utilizando cifras de investigaciones propias. En 2001, una encuesta realizada en un centro de salud al sur de la ciudad de México nos mostró que 19% de las participantes declaró que al menos una vez en su vida había sido objeto de tocamientos sexuales contra su voluntad, 11% había sido violada, es decir, había sido forzada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, y 5% había sido forzada a tocar los órganos sexuales de otra persona en contra de su voluntad. En total, 21% de las mujeres que acudieron a pedir consulta a un primer nivel de atención médica había experimentado al menos una de estas formas de violencia sexual. Entre las que refirieron haber sufrido una violación, 27% manifestó que el agresor había sido el padre, un tío, un hermano u otro familiar, un porcentaje similar reportó a un desconocido, 18% a un conocido no familiar, 14% al novio y otro 14% no respondió a esta pregunta. Más de la mitad de las mujeres violadas (57%) reconoció que no le había referido a nadie lo ocurrido y solamente 16% de ellas denunció legalmente. A esto se agrega 24% de las mujeres que habían sufrido violencia sexual en la relación de pareja alguna vez en la vida, de forma tal que si consideramos a quienes han experimentado violencia sexual al menos una vez, sea inflijida por la pareja o por otras personas, la cifra aumenta a 34%. Es decir, una de cada tres mujeres había sufrido alguna forma de violencia sexual en su vida (Ramos-Lira et al., 2002).

¿Por qué no denuncian las mujeres?

Como se pudo observar, a pesar de que un alto porcentaje de mujeres experimenta violencia sexual a lo largo de su vida, los delitos sexuales son precisamente los que menos se denuncian, y cuando esto ocurre, son muy pocos los agresores a quienes se sentencia. Para Picatto, la impunidad es “el resultado de la desconfianza de la sociedad civil hacia un sistema judicial y un aparato policial generalmente percibidos como corruptos, y que por lo tanto disuaden a las víctimas de presentar denuncias” (s.f.).

La impunidad para los casos de violencia sexual y doméstica en México es consecuencia de tres problemas fundamentales (Human Rights Watch, 2006):

la baja proporción de denuncias que se registran y la subestimación de los niveles de violencia sexual y doméstica;

la existencia de un marco legal inadecuado para la prevención, la protección y el castigo; y

una laxa instrumentación de los estándares legales existentes.

El documento de Humans Rights Watch enfatiza que la legislación y la política sobre violencia sexual que se encuentran vigentes en muchos estados mexicanos contravienen los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Además, al igual que en el caso de la violencia doméstica, el marco legal en materia de violencia sexual varía de un estado a otro.

Las mujeres adultas que han sido violentadas sexualmente, sea por hostigamiento sexual, por abuso sexual o por violación, prefieren no denunciar llevadas principalmente por motivos como la vergüenza, el temor a las represalias y la incertidumbre respecto al trato que pueden recibir en las instituciones. El propio impacto psicológico que provoca en las víctimas el suceso las desalienta para denunciar o continuar con un proceso, pues en un alta proporción la violación y el abuso sexual se configuran como experiencias traumáticas asociadas con un malestar psicológico extremo (Ramos Lira et. al., 2001). Baste señalar que según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, en la que se incluyó la evaluación del Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT), 68% de la población ha estado expuesta al menos a un suceso susceptible de generar un trauma. Tal exposición varió por sexo (la violación, el acoso y el abuso sexual son más frecuentes entre las mujeres; los accidentes, las riñas y los robos, entre los hombres) y por edad (los grupos más afectados fueron los niños, adolescentes, mujeres adultas jóvenes y personas de la tercera edad). Había sido violado 6.3% de las mujeres y 1.3% de los hombres, principalmente entre los 5 y 10 años; y 9.3% de las primeras y 1.2% de los segundos habían sido abusados sexualmente, en su mayoría antes de los 15 años. La prevalencia total del TEPT fue de 1.45% en toda la población: 2.3% en las mujeres y 0.49% en los hombres; las tasas más elevadas fueron precisamente las asociadas con la violación, en donde 11.3% de quienes reportaron este suceso presentaba un TEPT (Medina Mora et. al., 2005).

Otros datos muy preocupantes provienen de la Encuesta de Maltrato Infantil que se realizó entre 2005 y 2006 en escuelas secundarias públicas y privadas de cuatro estados del país: Yucatán, Tlaxcala, Baja California y Sonora (Villatoro et al, 2006). Por un lado, la prevalencia de abuso sexual en las estudiantes se presentó entre 3.5 y 9.1%, en comparación con la de los hombres, que varió de 0.9 a 2.8%. Por otro, independientemente de la prevalencia, el abuso sexual fue el tipo de violencia que se asoció mayormente a un impacto postraumático severo: 42% de los hombres y 56% de las mujeres víctimas de éste mostraron que probablemente padecían TEPT.

Cabe explicar que entre los síntomas postraumáticos más frecuentes destacan los que se relacionan con la reexperimentación persistente del suceso (flashbacks o pesadillas que reproducen el hecho en cuestión, reacciones físicas o psicológicas ante estímulos internos que se asocian con el suceso); la evitación persistente de hechos, personas, situaciones o pensamientos asociados con el suceso traumático o la reducción en la capacidad de vincularse con otras personas y experimentar emociones; ciertos síntomas que manifiestan una hiperactivación fisiológica (como problemas para dormir, irritabilidad e hipervigilancia). A continuación presentamos el testimonio de una mujer violada por desconocidos que muestra el sufrimiento asociado con el impacto de este suceso:

Recuerdo la imagen de cuando salieron estos tipos de, del monte... Esa imagen hasta la fecha no se me ha quitado, o sea, y en cualquier momento, como que estoy pensando en algo y se me borra el casette, y empieza esto... Eso, esa, esa imagen, y luego cuando a mí me dejaron parada y con toda la gente formada o sea, esa, esa otra imagen no se me quita. Se aparecen esas imágenes así... se me vienen esas dos, dos imágenes. Como si estuviera presente, eso, y por ejemplo [...] pues de repente estoy viendo la televisión, y este... sacan muchos tipos con pasamontañas y no sé... cada que los veo, me da una angustia así, terrible. O sea, estoy viendo yo la televisión y pasa un comercial o algo y pasan esos tipos... y lo primero que hago es voltearme, o sea, porque no soporto, me da mucho miedo (testimonio obtenido de “Elena”, una mujer violada que acudió a un centro de atención no gubernamental).3

Yuan, Koss y Stone (2006) advierten que las consecuencias psicológicas de la violencia sexual en la edad adulta son diversas, de modo que sugieren no sobreenfatizar los síntomas relacionados con el Trastorno de Estrés Post-Traumático (TEPT), pues también son frecuentes otros problemas como la depresión, la ideación e intento de suicidio, el abuso de alcohol, trastornos alimentarios y disfunciones sexuales.

Ahora bien, suele conferirse mucho menos importancia al papel del apoyo social y de los factores sociales y culturales en la intensidad y duración del impacto psicológico de una violación. Como asegura Judith Lewis Hermán (1997), experta en el denominado trauma complejo, es más factible que se desarrollen problemas graves de salud mental como el TEPT si el suceso violento ocurre en individuos o grupos desempoderados (como niños, niñas y adolescentes, y personas en condiciones de pobreza) si no cuentan con redes de conexión con otras personas de la comunidad o el entorno cercano, si carecen de apoyos sociales e institucionales, y si no existen canales para comunicar lo ocurrido. La evidencia es clara: el fracaso en otorgar atención rápida y apropiada a las víctimas puede empeorar sus malestares emocionales y físicos (Kilpatrick, 2002); por tanto, este fracaso es un factor de riesgo para empeorar la reacción traumática. El siguiente testimonio, de la misma mujer citada, es una muestra brutal de la grave afectación que ocasiona la indiferencia y el maltrato del sistema de justicia y que lleva a preguntar, ¿no es ésta también una violación?:

En ese momento uno se siente humillada, se siente utilizada, se siente lo peor, le digo lo que uno quiere es “trágame tierra” no sé no sé, y aparte de que como que si uno fuera tocando en todas las puertas y todas las puertas se cerraran, o sea nadie hubo, a excepción de una persona que me ayudó, que le tienda a uno la mano. O sea no... o sea no me puedo explicar, pierde uno la confianza, es cierto porque todo... bueno ahorita ya no vale nada para mí, no sé como que ahora pienso. Yo sé que son autoridades, sé que deben ser frías porque si no se podría a ayudar a todo mundo, pero ¿dónde queda ese pedazo de bondad? O sea ¿dónde queda esa paciencia, ese corazón? (testimonio de “Elena”).

Cabe señalar que el diagnóstico de TEPT ha sido criticado porque no captura la profundidad y complejidad de las respuestas a la violación, no incluye los cambios cognitivos que son centrales en las reacciones postraumáticas y no capta las condiciones de abuso crónicas. Sin embargo su ventaja es que ofrece un marco para describir los efectos del trauma y da la posibilidad de intervenir psicológica o psiquiátricamente en auxilio de las mujeres violadas; asimismo, se configura como un diagnóstico importante a utilizar en peritajes legales.

Qué ocurre si denuncian

Si se llega a levantar una denuncia, la propia narración de lo ocurrido y el contacto con diferentes personas y procedimientos puede afectar grandemente a la víctima, quien con frecuencia literalmente reexperimenta emocional, cognitiva y físicamente lo que vivió. Por esto es importante considerar las posibles secuelas de la violencia sexual a corto, mediano y largo plazos, y el diferente efecto de los sucesos únicos frente a los crónicos. Además, y esto es central, se requiere pensar que esta violencia tiene una direccionalidad genérica que siempre se mira con sospecha y desconfianza, no hacia los agresores, sino hacia las víctimas. Las violaciones siguen ocurriendo y, además, el contexto sociocultural en el mejor de los casos ofrece poco apoyo, y definitivamente es un obstáculo para lograr el justo castigo a los culpables cuando se presenta una denuncia. El imaginario de la violencia sexual sigue operando de forma tal que no solamente afecta a las mujeres que son sus víctimas, sino que permea a las familias, las comunidades y las instituciones.

De hecho, cuando una mujer es violada y decide hablar, esto la hace objeto de suspicacia. Al menos ésta es la razón que dieron las participantes en un estudio con grupos focales acerca del silencio respecto de la violación (Ramos, Koss y Russo, 1999): “La mujer violada va a pensar que todos la van a mirar. Ella va a pensar ¿no? que todos le van a decir ah, una violada. Ya no sirve..."

Cuando una mujer denuncia un delito sexual se le debe tratar con apego a los derechos humanos y debe tener acceso a la justicia. Pero además, como se especifica en el “Manual de Justicia sobre el Uso y la Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder” elaborado por las Naciones Unidas en 1999: "Toda organización diseñadora de políticas de asistencia a la víctima debería entender el impacto de la victimización para promover la comprensión de la necesidad de asistencia."

Es decir, el acceso a la justicia implica, por supuesto, que se categoricen como delitos las diferentes formas de violencia sexual, que las mujeres sepan que estos delitos existen, y que sepan a dónde acudir a pedir apoyo sin que necesariamente formulen una denuncia legal si no se dan las condiciones mínimas de protección hacia su integridad física y emocional. Implica que, si deciden tramitar una denuncia, reciban una atención adecuada, eficaz y eficiente, respetuosa y que les dé apoyo —lo que incluye los centros especializados de atención en crisis por violación—, y que se pueda iniciar y mantener un proceso judicial en donde participen en forma no sólo pasiva, sino activa. Es muy importante comprender el efecto traumático de la violencia sexual para poder apoyar a las mujeres en diferentes etapas, y otorgarles herramientas que las ayuden a hacer frente al proceso que quieren llevar adelante. Opina una mujer sobre lo que perciben las víctimas de violación: “Las mujeres se sienten sucias. Que no valen nada. Que nadie las va a querer, ni sus padres, ni Dios, piensan ‘ya estoy sucia’, es muy triste” (Ramos, Koss y Russo, 1999).

Ana María Fernández (1998) expone: los procesos que hacen invisible cualquier forma de opresión, como la de género, son invisibilizados y naturalizados, por lo que se vuelve impensable imaginar un sentido diferente del que se le ha otorgado. Se ponen en juego las imágenes en bloque de las que habla Inés Hercovich (1992), es decir las creencias y mitos que otorgan una certidumbre apaciguadora. En general las imágenes sobre la víctima de violación sexual la culpabilizan, niegan que la violación exista o justifican a los violadores; se hacen evidentes en frases como “las mujeres fáciles provocan a los violadores”, “las víctimas de violación son mujeres jóvenes y hermosas que invitan a la violación”, “todas las mujeres desean inconscientemente serviciadas” o “los violadores son hombres urgidos de sexo”. La estructura patriarcal también ha contribuido a que muchas mujeres sostengan estas creencias, porque hacer de una mujer la participante voluntaria de su propia derrota es —como bien observó hace más de 25 años Susan Brownmiller (1981)— tener ganada la mitad de la batalla. Todo lo anterior dificulta el pensar y el accionar sobre estos hechos, lo que se refleja también en la escucha y puede constituir un obstáculo para el abordaje del tema.

Si las mujeres no perciben que lo que les sucedió fue una violación real pueden culparse a sí mismas y sentir vergüenza por ello, o también, aunque no se sientan culpables, pueden percibir —acertadamente— que es improbable que su propia red social, su pareja y quienes laboran en las instituciones las vean como víctimas legítimas si la violación no ocurrió en las circunstancias esperadas. Como reconoce una mujer: “y es cierto, muchas veces la preocupación también de uno es él, porque dice [una] pues, no pues, ¿qué van a decir mis papás, qué van a decir mis amigas? ¿Que yo también tuve la culpa?’ Prefiere uno callar” (Ramos, Koss y Russo, 1999).

La respuesta del sistema de justicia

La importancia de la respuesta social e institucional parece evidente. En el caso del sistema de justicia conviene pensar en las particularidades de diferentes sociedades. En el caso de México, como en el de otros países de América Latina, los problemas en el sistema de justicia son más la regla que la excepción. León (citada por Ramos, 2005) resume los principales obstáculos que dificultan las denuncias y el castigo justo a los violadores: la invalidación del reporte y el testimonio de la víctima, el descrédito que se le da a su conducta, las pruebas de buen nombre que ofrecen los agresores, la complicidad médica legal basada en el tipo de lenguaje que se utiliza en el certificado de lesiones, y la aplicación de penalidades mínimas a los agresores cuando se les juzga. La falta de evidencia física garantiza la impunidad del agresor sexual. De hecho, si no hay lesiones físicas evidentes, la impunidad es casi segura. Para León, estos elementos y el que los agresores siempre nieguen o justifiquen su conducta propicia que la mirada crítica que debería dirigirse hacia ellos se desvíe hacia la conducta de las víctimas.

“Dicen ‘pobre muchacha, ya se quedó así. No vale nada’”. “Las critican mucho, dicen que eso le pasó por andar de loca, exhibiéndose. Alrededor de hombres... en fin, la mujer siempre pierde” (Ramos, Koss y Russo, 1999).

Kilpatrick (2002) sostiene que las necesidades de salud mental de las víctimas en el sistema de justicia deben considerarse seriamente, ya que el no otorgar atención rápida y apropiada puede empeorar sus malestares emocionales y físicos. El trauma asociado con la victimización empeora la falta de habilidad o disponibilidad de muchas víctimas de delitos para cooperar con el sistema de justicia. Se les debe tratar mejor, pues en caso contrario serán incapaces de cooperar con el sistema de justicia y, por lo tanto, éste no podrá cumplir su misión.

Es importante comprender que cada uno de los pasos que forman parte del proceso legal: la denuncia, las presentaciones, los careos, etc., puede ser estresante para las víctimas y exacerbarles el trauma psicológico que experimentan. Por lo tanto, el proceso que se desarrolla en el sistema de justicia se puede ver obstaculizado tanto por los problemas de salud mental que presentan las víctimas de violencia al tener contacto con él, como por los propios factores del proceso judicial que les generan estrés. Es evidente que el personal que tiene contacto con las víctimas en el sistema de justicia y los profesionales de la salud mental entrenados pueden ayudarlas a hacer frente al trauma psicológico que ocasiona un delito, y al estrés asociado al sistema de justicia.

Según Kilpatrick (2002), el sistema de justicia se vuelve muy estresante porque requiere que las víctimas enfrenten muchos estímulos cognitivos y medioambientales que les recuerdan el delito, como:

ver al acusado;

tener que pensar en los detalles del delito para testificar;

confrontar estímulos asociados con lo ocurrido al relacionarse con policías, jueces, etcétera.

Estas condiciones con frecuencia generan comportamientos de evasión por parte de las víctimas, tal y como se presentan en el criterio del TEPT. La intención de rehuirlas puede ocasionar que las víctimas cancelen sus citas oficiales o con sus propios abogados o no se presenten a ellas.

Asimismo, el sistema de justicia puede ser potencialmente estresante porque las víctimas desconocen el sistema y sus procedimientos, y temen a lo desconocido; o porque están preocupadas respecto a si se les creerá y si serán tomadas en serio.

De ahí que sea fundamental asegurar que no serán revictimizadas por el sistema de justicia. A continuación se refieren algunos puntos que son útiles para los profesionales del sistema de justicia interesados en comprender y desarrollar políticas relacionadas con el tratamiento de la salud mental de las víctimas de delitos en este sistema:

Las víctimas de delitos sexuales y sus familiares pueden experimentar problemas de salud mental a corto y largo plazos y requerir tratamiento.

Ninguna víctima y ni ningún delito son iguales. Existen variaciones individuales notables en los tipos de problemas psicológicos que presentan las víctimas y en el tiempo que les toma reconstruir sus vidas, con o sin tratamiento.

Los niños y las niñas víctimas de violencia sexual requieren consideraciones especiales porque sus problemas psicológicos pueden aparecer muchos años después.

En situaciones de estrés —incluyendo el que genera el sistema de justicia—, los síntomas de las víctimas de delitos sexuales pueden empeorar, y en muchos casos esto requerirá también una intervención psicológica.

Muchos profesionales de la salud mental que laboran dentro o fuera del sistema de justicia y que realizan intervenciones en víctimas de violencia sexual carecen de un entrenamiento especializado para la evaluación y tratamiento de las secuelas psicológicas de la violencia sexual.

Para finalizar es preciso destacar dos factores posvictimización que desempeñan un papel fundamental en la recuperación de las víctimas respecto al trauma psicológico, y que son evidentes en el caso de la violencia sexual. El primero es el apoyo social: las buenas relaciones y el apoyo de sus familiares y amigos ayudan a la recuperación de las víctimas. Las mujeres que cuentan con poco apoyo social tienden a necesitar mayormente una intervención profesional. Por esto es importante promover un contexto cultural diferente en el que se modifiquen las imágenes en bloque para que permitan mirar la violencia sexual desde una perspectiva que no culpabilice a las mujeres que la padecen.

El segundo factor es el grado y la naturaleza de la exposición al sistema de justicia. Dado que suele ser muy estresante para las víctimas, si se hiciera más amigable se reduciría el trauma que provoca y además se podría incrementar el deseo de las víctimas de participar como testigos efectivos en la prosecución del delito y, en consecuencia, mejorar la impartición de justicia y reducir la impunidad.

Reflexión final

En el Estudio Multipaís de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005) se presenta una sugerencia específica en torno a la necesidad de sensibilizar a los regímenes jurídicos y judiciales sobre las necesidades específicas de las mujeres que son víctimas de violencia. Esta tarea debe incluir las siguientes metas:

Formar y sensibilizar a todos los integrantes de los sistemas de justicia penal (policía, investigadores, personal médico y jurídico, abogados y jueces, entre otros) para que tengan en cuenta las necesidades específicas y las prioridades de las mujeres que son víctimas de violencia, en particular de la violencia infligida por su pareja o ex pareja.

Que los encargados de investigar las denuncias de casos de violencia contra la mujer reciban una formación que incluya la utilización de técnicas para recabar pruebas de natnraleza médica y jurídica, sobre todo en el caso de las denuncias de violaciones y agresiones sexuales, de manera respetuosa y sin emitir juicios de valor. La recopilación de estas pruebas debe formar parte de un amplio programa de asistencia que incluya el asesoramiento y el tratamiento oportunos.

Evaluar los sistemas de justicia penal para garantizar que las mujeres que acudan en busca de justicia y protección reciban un trato adecuado y profesional. Los integrantes del sistema de justicia penal, sobre todo la policía, deben apoyar a las mujeres denunciantes y no socavar su confianza poniéndose de parte del autor de la violencia, denigrando a las denunciantes o poniendo en duda su testimonio.

Las leyes sobre agresiones suelen asumir que el autor y la víctima no se conocen, una pauta que se aplica con menos frecuencia cuando se examina la violencia contra la mujer. Para garantizar la seguridad de las mujeres se debería aplicar un enfoque coordinado entre los sistemas de justicia penal y de derecho civil. Además, los culpables deben recibir el castigo que establece la ley y se ha de examinar la posibilidad de imponer sentencias flexibles o sanciones alternativas con el fin de prevenir nuevos casos de violencia.

Los profesionales involucrados deben reconocer y valorar en toda su magnitud las necesidades de salud mental de las mujeres víctimas de violencia sexual, incluyendo las creencias y percepciones distorsionadas que se autoatribuyen y que incrementan su malestar. Noemí Ehrenfeld observa que:

La culpabilidad producto de una violación va más allá del hecho en sí, se acentúa desde las relaciones afectivas y familiares, hasta las relaciones sociales.

Se trata de una percepción intensa y constante que se genera sobre la idea de que la mujer violentada pudo ‘hacer algo para evitar la violación’, que a su vez se vincula con la fantasía de ‘haber hecho algo para provocar la violación.

Este nudo emocional refleja, con toda su fuerza, el problema de género de la violación; el mito de que la mujer que no quiere realmente ser violada puede o tiene la capacidad de rechazar al violador e impedir el hecho. La ideología, el discurso y las acciones de una sociedad que contiene una concepción del mundo en el cual las relaciones y posiciones de poder hombre/mujer son de dominación/subordinación, están profundamente incorporadas en las mismas mujeres (Ehrenfeld, 1990).

Resulta evidente que el impacto de la violencia sexual puede llegar a ser devastador, pero no sólo por las implicaciones amenazadoras y muchas veces brutales del hecho mismo, también por la carga simbólica que conlleva una violación para las víctimas, y porque en muchísimas ocasiones el contacto con el sistema de justicia las revictimiza y con ello empeora las secuelas postraumáticas. El trato ético, eficaz y justo a estos casos no es algo que vaya a ocurrir “automáticamente” por contar con una ley o una norma que lo obligue, sino que requiere una profunda reconfiguración de la manera en que se perciben la sexualidad, el género y la violencia en todas las esferas, y especialmente en todas las instituciones que tienen contacto con las víctimas y los agresores. Y por supuesto, es preciso hacer frente a la impunidad y la corrupción que las permean.

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* Agradezco a la abogada y victimóloga Verónica Martínez Solares su invaluable apoyo y asesoría en torno a los aspectos legales.

1 Con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 se han agregado a las funciones tradicionales de la policía otras que, dependiendo de la entidad federativa, están o no vigentes. Dentro de ellas se incluye la posibilidad de recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos cuando debido a las circunstancias del caso no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato al igual que las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine. Esto se establece en el art. 77 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2 Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (2008). Informe Hemisférico. Washington: OEA, julio de 2008. Véase en el mismo sentido Susana Chiarotti, 2009.

Aquí se pueden mencionar varios puntos controvertidos:

a) Respecto de la tipificación penal: el incluir calificativos cuestionables como la castidad y la honestidad para que se configure un delito, como en el estupro, que incluye la castidad en el art. 23 de la legislación penal para el estado de Aguascalientes; la castidad y la honestidad en el art. 182 de los códigos penales de Baja California, art. 271 del Estado de México, art. 258 del de Nayarit, y 184 del de Sinaloa; vivir honestamente en el art. 215 del Código de Sonora y el 185 del de Veracruz. Dichos calificativos desaparecieron recientemente de los códigos de Querétaro (2008) y de Colima (2007).

b) Respecto de las formas de extinción de la acción penal o exclusión de responsabilidad a favor del inculpado o imputado (casarse “con la mujer ofendida” como una causa de extinción de la acción y por lo tanto de no culpabilidad para el agresor): art. 183 del Código de Baja California; 231 del de Campeche; 145 del de Guerrero; 272 del Estado de México; 259 del de Nayarit; 130 de Quintana Roo; 186 del de Sinaloa; y 216 de Sonora. En 2009 se derogó de los códigos de Chiapas y Durango. Tratándose del rapto y el rapto equiparado, el matrimonio extingue la acción penal en Baja California; Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

c) Respecto de la aplicación de criterios de oportunidad, de mediación y de otras salidas alternas al proceso penal: éstos han sido ampliamente cuestionados en todo el mundo. En México la persecución de la violencia familiar (salvo que se trate de menores) o de la violación entre cónyuges se persigue a petición de parte ofendida (querella), por lo que con frecuencia la “mediación” y la “conciliación” son consideradas soluciones idóneas (es una de las posibilidades en la violación entre cónyuges de acuerdo a los códigos de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, donde dicho delito se persigue por querella).

3 Proyecto “Víctimas de violencia: procesos cognitivos y reacciones psicopatológicas” Financiamiento Conacyt (2073-H9302).